Destacado Contraloría detecta desorden fiscal por $1,5 billones en el Estado: contratos,fondos y sueldos.

El más reciente reporte de hallazgos de la Contraloría General de la República revela que entre abril de 2024 y marzo de 2025 se observaron irregularidades por más de 1,5 billones de pesos. Las principales fallas apuntan a contratos incumplidos, rendiciones de cuentas deficientes, gastos sin respaldo, pagos indebidos y descontrol en el uso de fondos públicos. El informe incluye 792 fiscalizaciones y objeta gravemente la gestión en gobiernos regionales, Carabineros, delegaciones presidenciales y municipalidades.

Más de un billón y medio de pesos en observaciones objetadas por la Contraloría General de la República (CGR) es el saldo que dejó el periodo de auditorías comprendido entre abril de 2024 y marzo de 2025. El número exacto asciende a $1.505.707.732.640. El documento, entregado ayer jueves al Congreso conforme al convenio suscrito el 16 de diciembre de 2014, reúne los hallazgos más críticos detectados en auditorías e investigaciones especiales ejecutadas durante ese año y evidencia el desorden estructural que persiste en la administración del Estado.
Las cifras no son menores. Sólo en incumplimientos de normas contables y presupuestarias se detectaron errores por más de $359 mil millones, seguidos de falencias en contratos por otros $328 mil millones y deficiencias en la rendición de cuentas que alcanzan los $316 mil millones. A esto se suman fondos mal gestionados por más de $252 mil millones, ingresos no percibidos, adquisiciones sin sustento legal y gastos improcedentes que, en su conjunto, reflejan una realidad donde el control de los recursos públicos es difuso, fragmentado y débil. Todo ello, de acuerdo con la CGR, puede configurar desde infracciones administrativas hasta posibles delitos.

Informe anual
El informe de 233 páginas fue construido a partir de 792 acciones de fiscalización, la mayoría de ellas ejecutadas durante el año 2024. Comprende auditorías de cumplimiento normativo, auditorías financieras, investigaciones especiales y exámenes de cuentas. Las observaciones —se aclara expresamente— fueron clasificadas según su complejidad, priorizando aquellas “altamente complejas” y “complejas”, en función del monto involucrado, la reiteración de las conductas, la gravedad del control fallido y las eventuales responsabilidades comprometidas.

La Contraloría fue tajante al advertir que el desorden fiscal que hoy afecta al aparato estatal no es coyuntural. En palabras del propio informe, “las observaciones de los informes de la Contraloría constituyen la manifestación formal de una situación en la que se ha detectado un incumplimiento de leyes, reglamentaciones, normas o manuales”, añadiendo que los hechos descritos corresponden, en muchos casos, a operaciones ejecutadas durante 2023 o incluso años anteriores.

Entre los hallazgos más graves, se identificaron prácticas sistemáticas que afectan la ejecución presupuestaria: estimaciones sobredimensionadas de ingresos, omisiones en registros contables, partidas de vieja data sin regularizar, falta de conciliaciones bancarias y desviaciones en el uso de fondos específicos. En otras palabras, una contabilidad pública que no refleja la realidad financiera de muchas entidades.

En materia contractual, la Contraloría cuestionó directamente modificaciones de convenios sin justificación técnica, ampliaciones de costos y plazos no respaldadas, e incluso la ausencia de garantías de fiel cumplimiento. Las entidades auditadas —se indica— incurrieron en prácticas como el fraccionamiento de compras, contratación directa sin sustento legal y omisión de controles establecidos por la Ley de Compras Públicas. El monto observado en esta categoría supera los $328 mil millones.

El sistema de rendición de cuentas también aparece profundamente debilitado. En múltiples casos se identificaron transferencias ejecutadas sin que las entidades ejecutoras hubieran rendido fondos de años anteriores. Otras veces, las rendiciones carecían de documentación de respaldo, presentaban inconsistencias entre lo declarado y lo efectivamente transferido, o simplemente se archivaban sin ser revisadas. En total, esta área concentra más de $316 mil millones en observaciones.

El manejo de fondos, por su parte, acumula errores y omisiones por $252 mil millones. Se detectaron saldos en cuentas que no existían en la contabilidad, fondos específicos sin respaldo bancario, deuda vencida no pagada, y desequilibrios entre conciliaciones bancarias y estados financieros. En varias entidades, las conciliaciones simplemente no se habían realizado en meses.

La CGR también objetó pagos improcedentes o sin respaldo por más de $57 mil millones. Estos incluyen desembolsos duplicados, pagos en exceso, ejecución de servicios no prestados o con cobertura parcial, fondos destinados a personas no habilitadas para recibir beneficios, y ausencia de documentos que acreditaran el uso de los recursos públicos.

En la categoría de ingresos, se alertó sobre más de $81 mil millones no percibidos por el Estado, producto de cobros no realizados, multas no cursadas, errores de cálculo y ausencia de gestión ante deudores. En varios casos, se verificó que las instituciones ni siquiera iniciaron procesos de recuperación.

Una de las conclusiones más alarmantes es la falta de acciones posteriores. Muchos de los organismos públicos auditados ni siquiera iniciaron procesos disciplinarios, juicios de cuentas, ni acciones de restitución. Peor aún: en varias entidades, los recursos observados ni siquiera fueron registrados como deudas, lo que impide su cobro.

El desastre de los GORE
Entre los servicios más cuestionados aparecen los Gobiernos Regionales, con más de $303 mil millones objetados por la Contraloría. Las auditorías revelaron una serie de irregularidades estructurales, tanto en la postulación, ejecución como en la rendición de proyectos financiados con fondos públicos.

En el Gobierno Regional de Tarapacá, por ejemplo, se aprobaron transferencias por $212 millones sin exigir garantías ni aplicar sanciones por incumplimientos. Se identificó el uso de facturas sin respaldo, ausencia de cotizaciones, falta de experiencia técnica de consultoras contratadas y la no aplicación de multas estipuladas en bases de licitación. Además, se detectaron iniciativas duplicadas por más de $500 millones que deberían haberse canalizado como un único proyecto.

En el Biobío, el panorama es aún más crítico: $324 millones fueron rendidos por la Corporación Cultural Artistas del Acero sin información que permitiera verificar su ejecución. Se transfirieron $180 millones a una fundación sin exigir garantías y se arrastran rendiciones atrasadas por $254 millones. A ello se suman 72 rendiciones por más de $1.500 millones sin pronunciamiento ni rechazo formal. Incluso, se constató que personal contratado por una fundación realizó funciones propias del Gobierno Regional, financiadas con cargo a fondos transferidos.

En Los Ríos, se contabilizan $54 mil millones sin gestión de cobro efectiva. Existen 1.704 iniciativas archivadas entre 2015 y 2020 por $5.866 millones sin revisión. Se pagaron viáticos improcedentes y no se rebajaron saldos en cuentas contables pese a las rendiciones y reintegros.

En el GORE de Aysén, el 64% de las iniciativas aprobadas por $67 mil millones entre enero y septiembre de 2024 no habían iniciado ejecución al cierre de la auditoría. Además, se denunció el uso de vehículos fiscales por parte del gobernador para actividades personales, incluidas acciones de campaña.

El GORE de Arica y Parinacota aprobó rendiciones sin respaldos y usó redes sociales institucionales para promoción personal del gobernador en período electoral. También se advirtió la existencia de calendarios y enlaces a cuentas personales en sitios oficiales. Se acumulan más de $21 mil millones en saldos no rendidos.

En Coquimbo, se detectaron viajes improcedentes al extranjero por parte de la exgobernadora y acompañantes, sobrecargos por IVA indebido y pagos por deudas ya saldadas. El GORE de Los Lagos realizó transferencias por $20 mil millones sin control preventivo de legalidad, además de pagar estacionamientos por $17 millones para consejeros regionales, beneficio no contemplado por la normativa vigente.

Antofagasta, en tanto, mostró la ausencia total de fiscalización en al menos 12 proyectos. Una fundación siguió “recopilando antecedentes” meses después de vencido el plazo de ejecución. Se advirtió que en muchos casos no había evidencia de supervisión o validación en terreno. Asimismo, se aprobaron gastos rendidos sin respaldo o por conceptos ya cubiertos en rendiciones anteriores.

En La Araucanía, se aprobaron rendiciones por $889 millones que no estaban registradas contablemente, mientras que en O’Higgins, Atacama, Los Ríos y Antofagasta se verificaron rendiciones sin documentación y pagos improcedentes a beneficiarios no habilitados.

La Contraloría también identificó conflictos de interés. En Biobío, el gobernador suscribió un convenio con una entidad dirigida por quien había sido su vocero de campaña, incumpliendo su deber de abstención.

Finalmente, se identificaron salvajes niveles de desidia en la gestión de cobros. En regiones como Biobío, Aysén, Los Ríos y Arica se acumulan más de $166 mil millones en transferencias pendientes de rendición o reintegro desde hace años, sin acciones de cobro efectivas. Algunos fondos no solo no fueron recuperados, sino que tampoco fueron siquiera registrados como deuda exigible.

Carabineros
Carabineros de Chile también figura en el corazón del informe, con más de $151 mil millones objetados. El detalle es demoledor: 754 solicitudes de videos de procedimientos fueron respondidas con la frase “no hay registro”, sin justificación. Se entregó armamento a funcionarios “no aptos” o sin capacitación, y se detectó que 1.820 carabineros que no recibieron formación adecuada manipularon escopetas antidisturbios y lanzagases. Además, en 463 casos, funcionarios percibieron remuneraciones indebidas por hasta 20 años, sin que se iniciaran acciones de recuperación.

Delegaciones y Subsecretarías
Las delegaciones presidenciales también exhiben un patrón repetido de pagos duplicados, adquisiciones con sobreprecio, contratos incumplidos y controles inexistentes. En Los Lagos, 15 proveedores contratados para repartir agua potable no cumplieron con lo pactado y no se les sancionó. En Coquimbo, se detectaron pagos por deudas ya saldadas y bombas de agua adquiridas con sobreprecios superiores al 180% del valor de mercado.

La Subsecretaría de Prevención del Delito, por su parte, instaló cámaras de seguridad que no tenían almacenamiento suficiente, carecían de reconocimiento facial o ni siquiera funcionaban. En 17 comunas, estas cámaras no cumplían las funciones comprometidas, y en otras, simplemente no estaban conectadas al sistema. La capacitación a operadores fue deficiente o inexistente. Según el informe, “no consta que se hayan efectuado inspecciones, visitas a terreno u otras acciones tendientes a corroborar su correcta implementación y funcionamiento”.

Todo este entramado muestra un Estado profundamente fragmentado en su responsabilidad administrativa. La magnitud de los montos y el volumen de las irregularidades varía por institución, pero el patrón es innegable: uso ineficiente, negligente o directamente irregular de recursos públicos que, en su conjunto, representan uno de los desórdenes financieros más grandes documentados por la Contraloría en la última década.

Este informe no había sido público en años anteriores. Según confirmó la propia CGR, era enviado al Congreso conforme al convenio de 2014, pero rara vez se conocía su contenido. Hoy, bajo la conducción de la contralora Dorothy Pérez, el reporte fue despachado a todos los congresistas, rompiendo con la práctica de mantener estos hallazgos en el anonimato institucional.

Porque, como señala una de las frases más claras del documento: “Rendición de cuentas tardía, mal hecha o incompleta no quiere decir que se robaron esa plata, quiere decir que no sabemos qué pasó con ella, pese a que es plata pública y que, por ende, todos deberíamos saber qué pasó con esa plata”.

El desorden no es nuevo. Este informe da cuenta de prácticas que se arrastran hace años, bajo distintos gobiernos, en todas las coaliciones. La diferencia hoy, quizás, es que ahora están documentadas con detalle, montos, fechas, responsables y omisiones específicas.

FUENTE: https://www.biobiochile.cl/noticias...en-el-estado-contratos-fondos-y-sueldos.shtml