Tambalea la candidatura de Bachelet a la ONU: Estados Unidos podría aplicar el veto y mandarla para la casa

Tambalea la candidatura de Bachelet a la ONU: Estados Unidos podría aplicar el veto y mandarla para la casa​

La diplomacia tiene sus propios códigos, y uno de los más reveladores es aquel en el que lo que no se dice termina pesando más que lo que se declara abiertamente. En el caso de la eventual candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, el silencio estratégico se ha roto. Y lo ha hecho por partida doble: primero, a través de las declaraciones del embajador Mike Waltz —figura de máxima confianza de Donald Trump— y, segundo, mediante la filtración de una posición que, aunque no oficializada, resulta ya incontestable. La conclusión, adelantada por la agencia Reuters, es clara: la ex presidenta chilena no cuenta con el respaldo de Estados Unidos, y todo indica que su postulación, de formalizarse, enfrentaría un veto en el Consejo de Seguridad.

El detonante inmediato de este posicionamiento fue una audiencia en el Senado estadounidense, en la que el senador republicano Peter Ricketts acusó a Bachelet de haber sido indulgente con las violaciones a los derechos humanos en China durante su mandato como alta comisionada de la ONU para los DD.HH. (2018-2022). En concreto, Ricketts le reprochó no haber calificado como «genocidio» la represión contra la minoría musulmana uigur en la región de Xinjiang, así como haber promovido el aborto como un derecho fundamental. Waltz, alineado con esa lectura, no solo respaldó los dichos de Ricketts, sino que además anticipó que el secretario de Estado, Marco Rubio, compartiría esa misma posición. En la jerga diplomática, semejante alineamiento equivale a un mensaje cifrado pero inequívoco: la administración Trump no solo no apoyará a Bachelet, sino que hará lo posible por bloquearla.

El trasfondo de esta decisión, sin embargo, no puede reducirse a un diferendo ideológico sobre derechos humanos. Hay aquí una dimensión geopolítica más profunda. El gobierno estadounidense ha dejado claro que su prioridad en la sucesión de António Guterres —cuyo mandato expira a fines de 2026— no es la paridad de género ni la rotación regional, sino un liderazgo «fuerte y eficaz» para una institución que, en palabras de Waltz, «necesita desesperadamente» una dirección firme. Esa declaración, leída en contexto, implica un rechazo explícito al activismo feminista y a ciertas corrientes progresistas que Bachelet representa. Como lo expresó en diciembre el académico Eugene Chen, experto en procesos electorales de la ONU: «Si una mujer resulta elegida, será a pesar de su género. Una candidata con sólida trayectoria feminista será vetada». La afirmación no es un juicio de valor, sino un diagnóstico: la combinación de Trump en la Casa Blanca y Putin en el Kremlin hace inviable una secretaria general percibida como demasiado afín a las agendas de derechos sexuales y reproductivos.

No es la primera señal de alerta. En octubre del año pasado, la embajadora adjunta de EE.UU., Dorothy Shea, ya había advertido que el próximo secretario general «debería rechazar iniciativas fuera del propósito de la Carta de la ONU». Y, en un recordatorio nada casual, añadió que Estados Unidos es el mayor contribuyente financiero del organismo. Esa frase, pronunciada en el contexto de una elección, suele interpretarse como un anticipo de condiciones: quien aspire al cargo deberá alinearse con los intereses de quien pone el dinero. Bachelet, por su trayectoria y por sus declaraciones previas sobre derechos humanos, no cumple con ese perfil.

El problema real, sin embargo, no es solo la falta de apoyo, sino la mecánica institucional del veto. La elección del secretario general de la ONU no es una votación universal ni directa. Se cocina en el Consejo de Seguridad, donde solo cinco países —China, EE.UU., Francia, Reino Unido y Rusia— tienen derecho a veto. Un solo voto negativo de cualquiera de ellos basta para fulminar cualquier candidatura. Y aunque existen otros diez miembros rotativos en el Consejo, su poder es meramente consultivo. El proceso formal comienza a fines de julio, pero las postulaciones pueden surgir hasta semanas antes de la elección, como ocurrió en su momento con Javier Pérez de Cuéllar, quien emergió en diciembre sin haber hecho campaña ni estar formalmente en carrera.

El instrumento clave de este proceso son las llamadas straw polls o sondeos informales. Los 15 embajadores reciben papeletas con la lista de candidatos y tres opciones: «alentaría», «desalentaría» y «sin opinión». En la práctica, la primera opción equivale a un veto seguro. Aunque teóricamente la votación es secreta, las cinco potencias suelen comunicar informalmente a los candidatos o a sus gobiernos si los vetarán. Es parte del ritual diplomático. Y en ese ritual, el nombre de Bachelet ya habría recibido señales desfavorables desde Washington.

Los especialistas no son optimistas. Brett Schaefer, investigador senior del American Enterprise Institute —un think tank vinculado al establishment republicano y crítico del multilateralismo— publicó en diciembre un análisis en el que calificaba como «extraordinariamente improbable» que Bachelet recibiera el apoyo de EE.UU., dadas sus posiciones políticas. Por su parte, Eugene Chen, exfuncionario de la ONU y académico de la Universidad de Nueva York, delineó en su blog Blue Helmets, Red Tape —seguido con atención por diplomáticos y funcionarios onusianos— un perfil de candidato viable que Bachelet no cumple. Según Chen, el próximo secretario general debería ser: un tecnócrata con experiencia en la ONU; alguien capaz de conciliar soberanismo e internacionalismo (por ejemplo, propuesto por un país europeo con un gobierno conservador); y, sobre todo, un candidato de consenso, probablemente uno que surja más adelante, cuando los nombres más visibles hayan sido descartados. «El candidato elegido —concluye Chen— deberá ser a la vez camaleónico y enigmático, al menos en público».

En ese escenario, la candidatura de Bachelet enfrenta tres obstáculos aparentemente insalvables. Primero, su perfil político progresista y su trayectoria feminista chocan frontalmente con las preferencias de la actual administración estadounidense y con las de Rusia. Segundo, su paso por la alta comisionaría de la ONU dejó posiciones que Washington considera blandas frente a China, justo cuando la competencia geopolítica entre ambas potencias alcanza su punto más álgido. Tercero, la regla no escrita de la rotación regional —que sugería que después de un europeo (Guterres) y un asiático (Ban Ki-moon) podría tocarle el turno a una latinoamericana— ha quedado subordinada a un criterio más crudo: el de la lealtad a los intereses de las grandes potencias.

Por ahora, los otros candidatos declarados son Rafael Grossi (argentino, director general del OIEA), Rebeca Grynspan (exvicepresidenta de Costa Rica) y Macky Sall (expresidente de Senegal). Ninguno de ellos, sin embargo, concita aún un respaldo claro. La elección se decidirá a más tardar en diciembre, y en ese intervalo el veto estadounidense se perfila no como una posibilidad remota, sino como un umbral inevitable. Para Bachelet, la pregunta ya no es si logrará el apoyo de Washington, sino si su nombre llegará siquiera a ser sometido a consideración formal. La historia de la ONU está llena de candidaturas que naufragaron antes de tocar el agua. Esta, muy probablemente, será una de ellas.