Gasto fiscal en PGU para migrantes se multiplicaría por 30 y superaría los US$1.600 millones al 2050
Un informe de la consultora Qualimet para el Consejo Consultivo Previsional advierte un crecimiento exponencial del gasto a partir de 2036, impulsado por la comunidad venezolana y el cumplimiento de los requisitos de residencia legal.
El sistema previsional chileno enfrentará un cambio estructural en las próximas décadas producto de la evolución demográfica de la población extranjera en el país. Según un estudio de la consultora Qualimet, solicitado por el Consejo Consultivo Previsional, el gasto fiscal asociado a la Pensión Garantizada Universal (PGU) para la población migrante experimentará un crecimiento exponencial, pasando de los US$60 millones proyectados para 2025 a más de US$1.600 millones hacia el año 2050.
La investigación, recogida por Pulso y titulada “Análisis de la migración en Chile: caracterización y desafíos para el Pilar Solidario”, detalla que este incremento responde a la “maduración” de las olas migratorias ocurridas en la última década. El número de beneficiarios extranjeros pasaría de los 13.464 registrados en 2022 a más de 511.000 personas a mediados de siglo, lo que representa un aumento de 35 veces la cifra actual.
El informe identifica un punto de inflexión a partir del año 2036, con una aceleración marcada en la década de 2040. Esto se explica porque es en ese periodo cuando las grandes cohortes que ingresaron a Chile entre 2017 y 2024 cumplirán simultáneamente con los dos requisitos clave de la normativa vigente: alcanzar los 65 años de edad y acreditar al menos 20 años de residencia en territorio nacional.
En términos de impacto macroeconómico, el gasto destinado a este segmento escalaría desde el marginal 0,0184% del PIB actual hasta situarse entre el 0,35% y 0,39% del Producto Interno Bruto en 2050. “Este hallazgo subraya la necesidad de una planificación fiscal y previsional a largo plazo”, advierte el documento elaborado por un equipo de economistas liderado por Juan Luis Correa y Juan Díaz.
Por nacionalidad, el estudio proyecta que Venezuela liderará ampliamente el crecimiento de la demanda de beneficios desde mediados de la próxima década. En contraste, países como Perú y Colombia mostrarán alzas más graduales debido a flujos migratorios más estables en el tiempo, mientras que Haití registrará un “despegue tardío” dada la juventud de su población residente en Chile.
El análisis también pone el foco en la brecha de género. Se espera que el gasto se concentre mayoritariamente en mujeres, quienes poseen una mayor expectativa de vida y, generalmente, niveles de pensión autofinanciada más bajos, lo que las hace más dependientes del apoyo estatal. A pesar de que la población migrante se ha duplicado entre 2017 y 2024 llegando a 1,6 millones de personas, el impacto inmediato en el Pilar Solidario sigue siendo acotado debido a que la mayoría se encuentra aún en edad laboral activa.
Gasto fiscal en PGU para migrantes se multiplicaría por 30 y superaría los US$1.600 millones al 2050
Un informe de la consultora Qualimet para el Consejo Consultivo Previsional advierte un crecimiento exponencial del gasto a partir de 2036, impulsado por la comunidad venezolana y el cumplimiento de los requisitos de residencia legal.
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