Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publicó el dato de inflación de abril. Con ese número, el acumulado del año llegó a 12,3%, guarismo que confirma aquello que analistas venían advirtiendo desde que comenzó el año: el Presupuesto Nacional aprobado por el Congreso en septiembre del 2025 quedó obsoleto antes de cumplir la mitad del año.
La ley de presupuesto fijó como meta central una inflación anual del 10,1% para el 2026. Enero registró 2,9%, febrero otros 2,9%, marzo cerró en 3,4%. Con el 2,6% de abril, la meta terminó de cruzar ese umbral.
Ese piso tiene una explicación estructural: una cadena de contratos y precios indexados a la inflación pasada. Alquileres, tarifas de servicios públicos, prepagas de salud, jubilaciones —que se actualizan con un rezago de dos meses respecto al IPC— y hasta las bandas cambiarias, que también se mueven en función de la inflación. “Todavía hay una arquitectura de contratos indexados que hace muy difícil que la inflación se desacelere por debajo de este piso”, explica Montagu.
El problema, según el economista, es que el Gobierno apostó a que la restricción fiscal y monetaria alcanzarían para vencer esa inercia.
“Eso no funciona así en Argentina, no funcionó así en el pasado”, dice. Las anclas que al inicio del plan económico contribuyeron a contener la subida de precios hoy habrían perdido efecto. Lo que queda, advierte, es una deflación que depende cada vez más de la recesión y de la caída del salario real —dos variables con costos sociales altos y límites políticos evidentes.
A eso se sumó un factor externo que nadie había anticipado: el conflicto en el Estrecho de Ormuz disparó el precio internacional del petróleo y empujó la inflación de marzo al 3,4%, cuando la mayoría de las estimaciones privadas esperaba un número más cercano al 2,6%.
La segunda explicación es política. Para Epstein, una meta de inflación baja en el Presupuesto cumple dos funciones simultáneas: anclar expectativas —mandar una señal a los mercados y a la sociedad de que los precios van hacia abajo— y, al mismo tiempo, generar margen de discrecionalidad para el Ejecutivo.
“En la medida en que planteas una inflación del 10% y ajustas partidas en función de esa expectativa, toda inflación que te quede por arriba le da mayor margen de discrecionalidad al gobierno para asignar, reasignar y ajustar partidas a lo largo de la ejecución presupuestaria”, explica.
No es la primera vez que ocurre algo similar en Argentina. Epstein recuerda que el gobierno de Macri presentó un presupuesto con una inflación prevista del 10% —más o menos dos puntos— y terminó con más de 40%. “Los presupuestos tienen un margen de error muy alto”, reconoce. Pero en este caso, agrega, ese margen de error también es margen de poder.
Las jubilaciones, por ejemplo, se actualizan mediante la fórmula de movilidad, que sigue con rezago la evolución del IPC. Eso las protege parcialmente del desfasaje, aunque el bono fijo de 70.000 pesos argentinos (hoy 50 dólares) —congelado desde hace dos años— sigue perdiendo valor mes a mes sin ningún ajuste inflacionario.
Donde el problema es más serio es en las partidas que no tienen indexación automática: los fondos transferidos a las provincias, los presupuestos de los organismos descentralizados, el financiamiento universitario, los salarios de la administración pública. En todos esos casos, la diferencia entre la inflación proyectada y la real opera como un ajuste encubierto, una licuación silenciosa de recursos. “Cuanto más fuerte sea la brecha entre la inflación prevista y la inflación que se dé finalmente al cierre de diciembre, mayor licuación vamos a tener”, señala Epstein.
Montagu agrega otra dimensión: el impacto sobre el ingreso disponible de las familias. El ajuste de tarifas de servicios públicos, combinado con la indexación de múltiples precios de la canasta básica, está comprimiendo el poder de compra en todos los deciles de ingresos —no solo en los más bajos. Parte de esa caída, dice, se está canalizando hacia el endeudamiento de las familias y hacia una mora bancaria que ya está alcanzando niveles récord.
El primero es aritmético: si la inflación anual termina en torno al 30% o 35% —como sugieren las estimaciones privadas— y el Presupuesto ajustó el gasto en un 8% o 10%, el recorte real de las partidas será brutal, aunque en términos nominales no parezca.
El segundo es político. En los últimos días ya se registraron recortes abruptos en distintas áreas de la administración, incluso con un presupuesto que contemplaba una inflación mínima. La pregunta que se abre de cara a los próximos meses, según Epstein, es hasta cuánto la sociedad tolera ese nivel de ajuste. Y si el equilibrio fiscal —el objetivo central que el Gobierno no quiere resignar— puede sostenerse en un contexto donde la recaudación lleva nueve o diez meses de contracción real.
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Oye pero el experto en crecimiento económico CON O SIN DINERO. Tiene la caga y próximamente en Chile, al facho le encanta vivir bajo la bota. Eso lo excita.
La ley de presupuesto fijó como meta central una inflación anual del 10,1% para el 2026. Enero registró 2,9%, febrero otros 2,9%, marzo cerró en 3,4%. Con el 2,6% de abril, la meta terminó de cruzar ese umbral.
Un diagnóstico que no contempló la inercia
Para entender por qué ocurrió esto, hay que ir más atrás que enero. Haroldo Montagu, economista jefe de la consultora Vectorial y exfuncionario del Ministerio de Economía, señala a BioBioChile que existe un piso de inflación inercial de entre el 2 y el 2,5% mensual que es “muy difícil de perforar”.Ese piso tiene una explicación estructural: una cadena de contratos y precios indexados a la inflación pasada. Alquileres, tarifas de servicios públicos, prepagas de salud, jubilaciones —que se actualizan con un rezago de dos meses respecto al IPC— y hasta las bandas cambiarias, que también se mueven en función de la inflación. “Todavía hay una arquitectura de contratos indexados que hace muy difícil que la inflación se desacelere por debajo de este piso”, explica Montagu.
El problema, según el economista, es que el Gobierno apostó a que la restricción fiscal y monetaria alcanzarían para vencer esa inercia.
“Eso no funciona así en Argentina, no funcionó así en el pasado”, dice. Las anclas que al inicio del plan económico contribuyeron a contener la subida de precios hoy habrían perdido efecto. Lo que queda, advierte, es una deflación que depende cada vez más de la recesión y de la caída del salario real —dos variables con costos sociales altos y límites políticos evidentes.
A eso se sumó un factor externo que nadie había anticipado: el conflicto en el Estrecho de Ormuz disparó el precio internacional del petróleo y empujó la inflación de marzo al 3,4%, cuando la mayoría de las estimaciones privadas esperaba un número más cercano al 2,6%.
¿Error de cálculo o decisión estratégica?
Martín Epstein, politólogo e investigador del Centro CEPA, plantea que la explicación de la meta tiene dos capas. La primera es técnica: el Gobierno subestimó la dinámica inflacionaria de la segunda mitad de 2025, cuando la inflación mensual fue subiendo consistentemente mes a mes desde mayo. Con esa tendencia a la vista, igual presentó en septiembre un proyecto de presupuesto que proyectaba una inflación del 10% anual para 2026. “Era demasiado alejado de un número razonable”, dice Epstein.La segunda explicación es política. Para Epstein, una meta de inflación baja en el Presupuesto cumple dos funciones simultáneas: anclar expectativas —mandar una señal a los mercados y a la sociedad de que los precios van hacia abajo— y, al mismo tiempo, generar margen de discrecionalidad para el Ejecutivo.
“En la medida en que planteas una inflación del 10% y ajustas partidas en función de esa expectativa, toda inflación que te quede por arriba le da mayor margen de discrecionalidad al gobierno para asignar, reasignar y ajustar partidas a lo largo de la ejecución presupuestaria”, explica.
No es la primera vez que ocurre algo similar en Argentina. Epstein recuerda que el gobierno de Macri presentó un presupuesto con una inflación prevista del 10% —más o menos dos puntos— y terminó con más de 40%. “Los presupuestos tienen un margen de error muy alto”, reconoce. Pero en este caso, agrega, ese margen de error también es margen de poder.
Qué se licúa y qué queda a salvo
La pregunta concreta es cuáles son las partidas que sienten el golpe cuando la inflación real duplica o triplica la proyectada. La respuesta, según Epstein, depende de si están o no atadas a algún índice.Las jubilaciones, por ejemplo, se actualizan mediante la fórmula de movilidad, que sigue con rezago la evolución del IPC. Eso las protege parcialmente del desfasaje, aunque el bono fijo de 70.000 pesos argentinos (hoy 50 dólares) —congelado desde hace dos años— sigue perdiendo valor mes a mes sin ningún ajuste inflacionario.
Donde el problema es más serio es en las partidas que no tienen indexación automática: los fondos transferidos a las provincias, los presupuestos de los organismos descentralizados, el financiamiento universitario, los salarios de la administración pública. En todos esos casos, la diferencia entre la inflación proyectada y la real opera como un ajuste encubierto, una licuación silenciosa de recursos. “Cuanto más fuerte sea la brecha entre la inflación prevista y la inflación que se dé finalmente al cierre de diciembre, mayor licuación vamos a tener”, señala Epstein.
Montagu agrega otra dimensión: el impacto sobre el ingreso disponible de las familias. El ajuste de tarifas de servicios públicos, combinado con la indexación de múltiples precios de la canasta básica, está comprimiendo el poder de compra en todos los deciles de ingresos —no solo en los más bajos. Parte de esa caída, dice, se está canalizando hacia el endeudamiento de las familias y hacia una mora bancaria que ya está alcanzando niveles récord.
El segundo semestre, en el aire
Con una inflación acumulada de 12,3% al cierre de abril y sin ningún mecanismo previsto en el Presupuesto para actualizar las partidas en función del nuevo escenario, el segundo semestre se presenta con dos problemas superpuestos.El primero es aritmético: si la inflación anual termina en torno al 30% o 35% —como sugieren las estimaciones privadas— y el Presupuesto ajustó el gasto en un 8% o 10%, el recorte real de las partidas será brutal, aunque en términos nominales no parezca.
El segundo es político. En los últimos días ya se registraron recortes abruptos en distintas áreas de la administración, incluso con un presupuesto que contemplaba una inflación mínima. La pregunta que se abre de cara a los próximos meses, según Epstein, es hasta cuánto la sociedad tolera ese nivel de ajuste. Y si el equilibrio fiscal —el objetivo central que el Gobierno no quiere resignar— puede sostenerse en un contexto donde la recaudación lleva nueve o diez meses de contracción real.
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