¿Quién Dice que no se Puede?: Argentina Renacionalizó Principal Empresa Petrolera del País[Debate]

Por cadena nacional de medios la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández, anunció este lunes el envío al Congreso de un proyecto de ley que establece la expropiación de la petrolera YPF, cuya propiedad corresponde en un 57,43 % al grupo español Repsol y en un 25,46 % al grupo argentino Petersen. Además, decretó la intervención de la compañía y designó al ministro de Planificación, Julio De Vido, como interventor. La jefa de Estado indicó que “somos casi el único país que no maneja los recursos naturales”, y señaló que “un motivo más fuerte” para tomar esta decisión es que desde la privatización la Argentina se convirtió en importador de gas y petróleo.


La presidenta de argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha anunciado hoy que toma el control de la filial de Repsol, YPF, tras anunciar que la producción de hidrocarburos será considerada de interés público. En una intervención en la sede del Gobierno, la jefe del Ejecutivo argentino ha informado de que el 51% de las acciones de YPF pasarán a estar en poder del Estado. El 49% de este paquete de control que será de titularidad pública se distribuirá entre las provincias petroleras.

Fernández de Kirchner, que no ha mencionado esta tarde, en ningún momento, un precio o pago a Repsol, ha justificado la expropiación por la falta de inversiones de la filial y ha asegurado que, durante 2010, Argentina se vio obligada a importar combustibles por casi 10.000 millones de dólares. "Somos el único país de América y casi del mundo que no maneja sus recursos naturales, pero hubo motivos más fuertes para tomar esta decisión", ha añadido. En este apartado, ha concretado que, Repsol obtuvo entre 1999 y 2011 un retorno de 16.490 millones de YPF y cobró en dividendos 13.246. La diferencia, ha defendido, corresponde a las inversiones realizadas, ha asegurado. El Tribunal de Tasaciones argentino decidirá en los próximos días el precio a pagar por acción, que según recuerdan los analistas tiende a ser más bajo de su cotización actual.

Los "fundamentos" que respaldan esta medida, ha enfatizado la presidenta argentina, son "claros y precisos". Entre las 50 páginas del decreto que habilita al Estado a tomar el control de la empresa se afirma que "a efectos de garantizar el cumplimiento de la presente, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF". El texto de la ley para nacionalizar YPF ha entrado este mismo lunes en el Parlamento. En él se fija un periodo de vigencia de la medida de 50 años. El decreto de intervención de la compañía, por su parte, ya ha entrado en vigor, lo que ha permitido al Gobierno expulsar a los directivos españoles de YPF.

Con vistas al futuro, la presidenta ha garantizado desde la Casa Rosada que su Gobierno impondrá en YPF, que gestiona un tercio de la producción de hidrocarburos del país, "una dirección de la empresa absolutamente profesionalizada". Actualmente, el Estado ya tenía un representante en la dirección de la empresa. Sin embargo, Fernández de Kirchner ha confirmado la "remoción" de todos los directores de YPF, "titulares y suplentes" una vez se apruebe la nacionalización.

Para garantizar "la operación de la empresa, la conservación de sus activos, y del abastecimiento de hidrocarburos", el Ejecutivo y el interventor de YPF nombrado hoy mismo por podrán "adoptar todas las acciones y recaudos que fueran necesarios, hasta tanto asuma el control efectivo de la empresa".

Según ha continuado la presidenta, el ministro de Planificación, Julio de Vido, el que dijo que nadie le iba a pasar por la izquierda, estará al frente de YPF, junto a Axel Kicillof, cuya experiencia en la industria petrolera es nula. Sin embargo, era el que llevaba la voz cantante en las negociaciones del Gobierno argentino con el presidente de Repsol, Antonio Brufau.

A partir de ahora, según reza el texto del proyecto de ley remitido al Parlamento, YPF "acudirá a fuentes de financiamiento internas y externas y a la concertación de asociaciones estratégicas, uniones transitorias de empresas, y todo tipo de acuerdos con otras empresas públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras".

Tras amenazar con la expropiación de YPF durante semanas, el Gobierno argentino al final ha anunciado la medida pese a la ofensiva diplomática iniciada por el Ejecutivo español. Desde el gabinete de Mariano Rajoy, quien esta misma semana viaja a Latinoamérica para participar en la cumbre del G20 de México, su titular de Exteriores, José Manuel García Margallo, advirtió de que la nacionalización de la petrolera supondría una ruptura entre ambos países, y "no solo en términos económicos". La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció "medidas" si optaban por la expropiación y el ministro de Industria, José Manuel Soria, con "represalias".

Hasta ahora, Repsol controlaba el 53,47% de YPF, mientras que el grupo argentino Petersen tiene otro 25,46%. La presidenta argentina ha alentado desde hace meses la escalada contra Repsol, a quien acusa de no invertir lo suficiente, lo que según su versión ha hecho bajar la producción y está forzando a Argentina a importar petróleo. Repsol se había comprometido a más inversiones sin llegar a convencer al Ejecutivo de Fernández de Kirchner, con quien se quiso reunir Brufau en las pasadas jornadas sin éxito. En función de la compensación que Argentina entregue por la petrolera, que no está aclarada, la expropiación provocaría graves pérdidas para la española, quien tiene el control de YPF desde 1999, cuando pagó 13.158 millones de dólares por ella.

Precisamente, Fernández de Kirchner ha explicado que los orígenes del conflicto que ha llevado a la expropiación surgieron cuando se "desnacionalizó" YPF en 1998.

YPF supone la mitad de la producción de Repsol (472.000 barriles día); algo menos de la mitad de sus reservas (en torno a los 1.000 millones de barriles de un total de 2.180 millones) y un tercio del beneficio bruto (1.230 millones de euros). Según datos de la petrolera, en el último lustro, el total de las inversiones realizadas por YPF en Argentina ha sido de 11.000 millones de dólares (8.330 millones de euros) y ha triplicado la cifra de dividendos repartidos por la empresa (3.500 millones de dólares).

Pocos minutos después de que Fernández anunciara la intervención de la principal productora de hidrocarburos del país, el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación de Argentina, Roberto Baratta, junto a un grupo de colaboradores, se presentó en la sede corporativa de la petrolera para tomar el control de la compañía, desplazando a sus directores ejecutivos españoles y argentinos.

Baratta, que hasta hoy era el único representante del Estado argentino en el directorio de YPF, se presentó con una lista de directores ejecutivos que, según el Gobierno, deben renunciar, y ordenó cambiar la seguridad del edificio, según fuentes de la petrolera consultadas por

Reacciones en España

"La decisión que el día de hoy ha tomado el Gobierno argentino de nacionalizar la mayor parte de las acciones de YPF [propiedad] de Repsol, es una decisión hostil contra Repsol, por tanto, contra una empresa española, y por tanto contra España y el Gobierno de España". Así de tajante se ha mostrado el ministro de Industria, José Manuel Soria, en sus declaraciones tras el gabinete de crisis gubernamental organizado en el Ministerio de Exteriores, tras el anuncio del Gobierno argentino, que nacionalizará el 51% de las acciones de la filial de la petrolera.

El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha advertido además de que las decisiones de intervenir y nacionalizar la compañía petrolera YPF "rompen el clima de cordialidad y amistad entre Argentina y España". El Gobierno, ha asegurado, tomará medidas claras y contundentes en los próximos días". para empezar, ha anunciado que se reunirá mañana con el embajador de Argentina en España, Carlos Bettini.

Según García-Margallo, el Gobierno ha pedido que "por vía de urgencia se discuta esta medida en el pleno que tiene lugar en Estrasburgo". Una medida que ha calificado de "extraordinariamente lesiva y arbitraria", no solo para España, sino también para el pueblo argentino. "Quiebra el clima de confianza necesario para atraer las inversiones. Es una pésima decisión para España, para Argentina y una malísima noticia para la seguridad jurídica que debe regir en los negocios".

La petrolera Repsol, por su parte, también ha anunciado medidas legales contra Argentina y su decisión de expropiar. Considera la medida "ilícita y gravemente discriminatoria". La nacionalización reduce la deuda del grupo en 1.854 millones.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha capitaneado junto al ministro de Industria, José Manuel Soria, y el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, la estrategia para hacer frente a la nacionalización de Repsol YPF.

La reunión, que se acaba de mantener y que el Ejecutivo ha preferido no calificar de gabinete de crisis, tenía el objetivo de estudiar una respuesta al Ejecutivo de Cristina Fernández, después de que la presidenta argentina haya anunciado hoy que toma el control de la filial de Repsol, YPF, porque la producción de hidrocarburos será considerada de interés público.

Esta misma noche Rajoy viaja a México, donde tiene previsto entrevistarse con el presidente, Felipe Calderón.

La primera valoración pública de un dirigente político había llegado de la mano de Dolores de Cospedal minutos después del anuncio de Fernández, a media tarde. "No me cabe la menor duda de que el Gobierno va a dar cumplida respuesta a esta situación. Será la respuesta suficiente y completa para defender el interés de las empresas españolas en Argentina", ha asegurado secretaria general del PP.

La número dos de los populares y presidenta de Castilla-La Mancha ha asegurado además, al salir de una reunión con Mariano Rajoy, que en esto España estará "acompañada de los socios europeos" y también "con otros socios", sin aclarar cuáles serán. La secretaria general de los populares ha añadido, sin embargo, que el comportamiento de los Gobiernos tiene que ser el "más acorde con las convenciones internacionales".

Fernández de Kirchner, que no ha mencionado en ningún momento un precio o pago a Repsol, ha justificado la expropiación por la falta de inversiones de la filial y ha asegurado que, durante 2010, Argentina se vio obligada a importar combustibles por casi 10.000 millones de dólares. "Somos el único país de América y casi del mundo que no maneja sus recursos naturales, pero hubo motivos más fuertes para tomar esta decisión", ha añadido.

Por otro lado, la Organización Mundial del Comercio (OMC) solo podría pronunciarse sobre la expropiación si la Unión Europea plantease una demanda.

Así lo indicaron en declaraciones a Efe fuentes la OMC al ser preguntadas sobre los planes anunciados hoy por la presidenta argentina.

Las fuentes consultadas por Efe explicaron que la OMC no es competente en esta materia y que solo se pronunciaría en el caso de una demanda comercial ante el Órgano de Solución de Disputas (OSD), que tendría que plantear la Unión Europea (UE) y cuyo proceso se prolongaría más de un año.

Sobre la posibilidad de que España pudiera adoptar represalias, las fuentes señalaron que en ningún paso podrían tener una naturaleza comercial, como la subida de aranceles o la imposición de obstáculos a la importación de productos, porque estaría vulnerando los compromisos de la UE, que actúa con una sola voz en la OMC.



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