Se Aprueba Ley Hinzpeter o Antiprotesta

Se Aprueba Ley Hinzpeter

Comisión de la Cámara aprueba la llamada “Ley Hinzpeter”

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó completamente los artículos del proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público, también conocida como “Ley Hintzpeter”.​

La instancia legislativa estaba convocada para las 18:30 horas de hoy, pero se presumía que el texto no sería revisado, debido al debate por la reforma tributaria que debía ser votada en sala, sin embargo, la votación del texto en el plenario sobre la última iniciativa terminó antes de lo esperado.​

Con un ambiente de división, ya que el PPD votó a favor del proyecto, el presidente de la comisión, el UDI Cristián Letelier, cumplió con la convocatoria y citó a sesión para votar el proyecto. Así, la mayoría que ya posee el oficialismo se impuso con mayor facilidad y consiguieron la aprobación de todos los artículos del texto, despachando el mismo en poco tiempo.​

El diputado PS Carlos Montes explicó a TERRA.CL “la sesión de sala comenzó muy cerca del horario de inicio de las comisiones, todos supusieron que no habían comisiones, fueron avisándose que no habían comisiones entre los parlamentarios de la oposición. Ellos (la Alianza) tenían el objetivo de sacar como fuera el proyecto hoy día, no permitieron reemplazos en la comisión, querían arrasar, logramos votar unidos, pero perdimos en todas las materias”.​

Las críticas del debate en sala de la reforma tributaria se enfocaron en el Partido Por la Democracia, en este caso hubo una votación más ordenada, aunque de los 6 diputados de la Concertación, sólo hubo 5 en la instancia, falto el diputado de ese mismo partido, Cristián Campos. El diputado PPD Felipe Harboe señaló a TERRA.CL “igualmente somos minoría frente al oficialismo, todos los votos fueron ordenados, pero somos minoría y perdimos. Lo increíble es que se aprovechan justo días de incidentes para esta votación”.​

Visiblemente contentos, los parlamentarios de la Alianza destacaron la aprobación. Incluso consiguieron el despacho rápidamente y sin la presencia del Ministro del Interior Rodrigo Hinztpeter, quien viajó al Parlamento para defender el texto y regresó a La Moneda, sin haber participado de la votación, ni saber que la sesión igualmente se realizó.​

El diputado de la UDI Arturo Squella reivindicó la votación “es por los cientos de miles de chilenos que quieren vivir tranquilamente en sus ciudades que no se opone a las manifestaciones, pero respetando los derechos de los demás, fue un estrecho margen, y lamentamos que no se sumara la Concertación, sobre todo considerando los incidentes que se produjeron en la capital”.​

Organizaciones como la CONFECH, Amnistía Internacional y la Comisión ética contra la tortura se hicieron presenten en la comisión, pero no pudieron intervenir en ele debate legislativo, como lo tenían pensado antes de la votación. Al saber que el texto prosperó, no dejaron de expresar su molestia. ​

Camila Vallejo, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, señaló a TERRA.CL después de la votación “esto pone en evidencia las falencias del sistema político y lo inservible del sistema electoral, creando mayorías ficticias que votan en contra de los movimientos sociales. Hoy se pone en demostración que el movimiento social debe tener más fuerza, más presencia y presión”.​

Marjorie Cuello, Secretaria General de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso señaló “aprobar esta ley en menos de media hora nos parece una bofetada al movimiento social, sin escuchar a las organizaciones, a los actores que hoy se van a ver pormenorizados con esta ley. Dejemos de pensar que la represión es la única vía para solucionar los conflictos en el país”.​

Con esto, el proyecto de fortalecimiento del resguardo del orden público pasa a la sala de la Cámara de diputados, para cumplir su primer trámite constitucional. Todavía no se conoce la posición que puedan adoptar los diputados independientes y del PRI, ya que ellos no tienen diputados en dicha comisión y por ende no resolvieron voto ante el texto del ejecutivo.
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La vision de la CUT


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Con las pautas de los medios concentrados en la magia del consumo, la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso aprobó la ley reprime las manifestaciones sociales. En esta semana mientras las personas se dedicaban hacer sus compras navideñas, en la cámara de Diputados, específicamente en la Comisión de Seguridad Ciudadana, se aprobó por siete votos a favor, cinco en contra y una abstención el proyecto de "RESGUARDO DEL ORDEN PÚBLICO", enviado por el gobierno con el fin único de reprimir las manifestaciones de cualquier índole, ya sean sociales o estudiantiles. Ésta es bien conocida dentro del gobierno como la Ley Antiprotesta o Ley Hinzzpeter.
Dicho proyecto será votado la primera semana de enero, y nuevamente dependerá de los votos de los diputados del PRI y los "independientes", donde cabe señalar que dentro de esta comisión se componen cinco UDI, dos RN, dos DC, dos PPD y dos PS.
En el momento en que se aprobó dicho proyecto estuvo presente el ministro que está en contra de toda manifestación el Ministro Hinzpeter, quien recordó algunos de los puntos centrales de la iniciativa, que comenzaría a ser votada en particular en la primera semana de enero.
Destacó la importancia el Gobierno le concede a la iniciativa e indicó que sus objetivos principales son sancionar efectivamente a quienes cometen delitos encapuchados; proteger a los pequeños y medianos comerciantes, que ven sus locales saqueados; y castigar a quienes con violencia comenten un conjunto de conductas que alteran la paz social e impiden a muchos compatriotas vivir con tranquilidad.

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En la oportunidad, algunos diputados también aprovecharon de fundamentar su voto, replicando posiciones ya manifestadas en sesiones anteriores. En el oficialismo el apoyo a la iniciativa fue bajo la premisa que la normativa es necesaria y que, incluso, existe un atraso en este tema en el país.
El sector opositor estimó que el proyecto presenta elementos peligrosos y cuestionó el fondo de la necesidad de hacer una reforma a la Ley Penal cuando el problema radica en la identificación de los hechores. En este sentido, se postuló la necesidad de fomentar un mejor trabajo de identificación por parte de las policías.

Proyecto
La iniciativa aprobada aclara la aplicabilidad de la disposición a los ataques en contra de los integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad y a los funcionarios de Gendarmería de Chile que se encontraren en el ejercicio de sus funciones; elimina las multas como penas facultativas para los delitos comprendidos en la disposición, o sea deja la pena de cárcel como única alternativa, y distingue la gravedad de las distintas hipótesis, para asignar la respectiva pena privativa de libertad.
Junto con ello, se incluye una remisión a la Ley N° 17.798, sobre control de armas, para efectos de determinar si el ataque contra la autoridad se ha producido a mano armada. Finalmente, establece que las penas se impondrán siempre que el atentado contra la autoridad no constituya un delito al que la ley le asigne una pena mayor, caso en el cual se aplicará únicamente ésta.
GOBIERNO DE PIÑERA

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La normativa reemplaza el tipo penal del delito de desórdenes públicos, contenido en el artículo 269 del Código Penal, por una nueva figura que sanciona con una pena de presidio menor en su grado medio, esto es, de 541 días a 3 años, a los que participen o hayan incitado, promovido o fomentado, desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia que implique: paralizar o interrumpir algún servicio público, tales como los hospitalarios, los de emergencia y los de electricidad, combustibles, agua potable, comunicaciones o transporte; invadir, ocupar o saquear viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, industriales, educacionales, religiosos o cualquiera otro, sean privados, fiscales o municipales; impedir o alterar la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes; atentar en contra de la autoridad o sus agentes; emplear armas de fuego, cortantes o punzantes, artefactos o elementos explosivos, incendiarios o químicos u otros capaces de producir daños a las personas o a la propiedad; o causar daños a la propiedad ajena, sea pública, municipal o particular.
Junto con lo anterior, se establece que la pena se impondrá sin perjuicio de la que, en su caso, corresponda aplicar además a los responsables por su intervención en los daños, incendio, atentados, robo, infracciones a la Ley sobre Control de Armas y, en general, cualquier otro delito que se cometa con motivo u ocasión de los desórdenes o de los actos de fuerza o violencia.
Se introduce como novedad en el sistema, la sanción de presidio menor en su grado medio, esto es, de 541 días a 3 años, al que impidiere o dificultare la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinadas a prestar auxilio en un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.
En la misma línea, se establece que respecto de los delitos de atentados contra la autoridad, atentados y amenazas contra los fiscales del Ministerio Público y defensores penales públicos y desórdenes públicos se impondrá en su máximo (si consta de una escala) o bien no se aplicará el grado mínimo, si ella constare de dos o más grados, a los responsables que actuaren con el rostro cubierto o utilizando cualquier otro elemento que impida, dificulte o retarde la identificación del autor.
Finalmente, entre otras materias, el proyecto agrega dentro de las actuaciones de las policía sin orden previa, contenidas en el artículo 83 del Código Procesal Penal, una nueva letra f) que permite a las fuerzas de Orden y Seguridad consignar la existencia y ubicación de fotografías, filmaciones, grabaciones y, en general, toda reproducción de imágenes, voces o sonidos que se hayan tomado, captado o registrado y que sean conducentes para esclarecer los hechos que constituyan o puedan constituir delito y obtener su entrega voluntaria o una copia de las mismas.
Desde ya puede entenderse la gravedad de que el Parlamento apruebe semejante legislación, que por su amplitud puede castigar cualquier expresión de protesta, más aún cuando le entrega la facultad legal a las policías para fabricar pruebas casi a voluntad, ya que no solo castiga y condena a los implicados a llamar a algún tipo de manifestación, sino que también obliga a los gráficos y/o audiovisuales a entregar su trabajo.
Es más urgente que nunca que la sociedad civil se movilice de todas las formas que sea posible, para oponerse a esta ley liberticida, un verdadero autorretrato del Ministro que la elaboró.
ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE

fuente: http://www.cutchile.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=479&catid=182

 

hace treinta minutos que la aprobaron.... o es muy vieja la noticia???

 

te diste cuenta de la fuente?, no queria usar el tipico terra o emol.

 

la edite para que no wueveen...