Cámara aprobó informe de investigadora sobre reconstrucción en zona norte por aluviones

Las indagatorias, que se iniciaron en mayo de este año y se extendieron hasta septiembre, dan cuenta de fallas de diseño de la Ley de Reconstrucción, que dificultan la fiscalización del sistema, así como falta de rigurosidad en torno a la definición de los proyectos que se contemplaron en los planes de Atacama y de Antofagasta.


Falta de un fondo especial y obras financiadas que no estaban contempladas en el plan de reconstrucción, definidos para las regiones de Antofagasta y Atacama por efecto de los aluviones del año 2015, son algunas de las conclusiones del informe de la Comisión Investigadora que se abocó a analizar este tema y que fuera aprobado hoy por la Sala de la Cámara de Diputados, por 130 votos a favor y una abstención.

La Comisión Investigadora, aprobada por la Corporación en abril de 2018 y constituida en mayo, fue presidida por la diputada Daniella Cicardini (PS) y desarrolló su trabajo durante casi cinco meses con el fin de indagar el uso y gasto de los recursos de la Ley Reservada del Cobre destinados a la reconstrucción de las zonas mencionadas, afectadas por el frente de mal tiempo de 2015.

Una de las primeras conclusiones del informe, entregado a la Sala por la diputada Sofía Cid (RN), observa la carencia de un fondo especial con los recursos destinados para este efecto a las regiones afectadas. Así, se inyectaron recursos frescos al Estado provenientes de la Ley Reservada del Cobre (que se ingresaron al Tesoro Público) y se estableció luego un monto equivalente a estas sumas destinado para la reconstrucción.

Se estimó que la Ley 20.833, de reconstrucción, no permite una adecuada fiscalización de los recursos que se traspasan desde la Ley Reservada del Cobre y no es amigable con el principio de transparencia que debe primar en todas las actuaciones del Estado.

Los legisladores informaron que, efectivamente, se hicieron los traspasos de recursos de la Ley Reservada del Cobre a las arcas fiscales, desde de julio del año 2015 hasta marzo del año 2016, hasta completar US $500 millones. Esto implicó que se incrementara el presupuesto para diversos ministerios, en especial para las carteras de Obras Públicas y Vivienda.

En línea con lo anterior, se especificó que, en 2015, hubo reasignaciones presupuestarias en las zonas afectadas por la catástrofe y los ministerios debieron priorizar el gasto por existir una situación de emergencia. "Esa es simplemente una reorganización del presupuesto, pero no aumentó el presupuesto de 2015 con motivo de la Reconstrucción", se criticó.

Asimismo, se observó que los decretos de reasignaciones fueron muy escuetos, sin mayor detalle, que, en definitiva, no tuvieron como fundamento la reconstrucción, es decir, la Ley 20.833.

En cuanto al Plan de Reconstrucción en la región de Atacama, la Comisión llegó a dos hallazgos:

1. Con cargo al presupuesto del Plan de Reconstrucción Atacama se financiaron obras y proyectos que no dicen relación directa con los aluviones, tales como: Conservación Caleta Pan de Azúcar Conservación Camino Básico Ruta C-440 Sector Canto del Agua, Provincia Huasco 2018-2019 Conservación Camino Básico Ruta C-351 Sector Caldera-Negro Pastene, Provincia Copiapó 2018-2019

Esta situación se generó porque los Servicios presentan planes regionales, entre los que se incluyen áreas y sectores aluvionados.

2. Otro tema que se expuso en la Comisión y que no quedó aclarado es la situación de una planta desaladora incluida originalmente en el Plan de Reconstrucción. Sin perjuicio de ello, en la lista de 86 proyectos informados por el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo a esta Comisión Especial Investigadora como parte del Plan de Reconstrucción, no estaba considerada.

Si bien la Comisión estima que los trabajos y obras consideradas pueden ser necesarios para la comunidad, no tienen relación con el aluvión y, por tanto, no es correcto que fueran financiados con cargo al Plan de Reconstrucción, así como tampoco es correcto que se impute a gastos de reconstrucción.

También se concluyó en este marco que el Plan de Reconstrucción de Atacama 2015-2020 funciona a través de una cartera de proyectos aprobados por el directorio. A septiembre, estaría conformado por 86 iniciativas o proyectos con un presupuesto estimado de más de $469.509 millones, respecto del cual se encuentra ejecutado el 54,01%.

En este sentido, es importante hacer presente que el Plan de Reconstrucción para la Región de Atacama está contemplado hasta el año 2020, quedando pendiente la realización de varios proyectos necesarios para la región y cuyos recursos ya estaban comprometidos por el gobierno anterior.

En cuanto a la región de Antofagasta, se observó que no se constituyó un plan específico de reconstrucción, ya que, como los daños estaban focalizados, se tuvieron que enfrentar de manera sectorial.

En este caso, se levantaron iniciativas específicas en las comunas de Antofagasta y Taltal, por un poco más de 10.000 millones de pesos. De lo informado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a esta Comisión, se habría dado el financiamiento y ejecución a las 10 iniciativas consideradas para reconstrucción de esta comuna afectada por los aluviones de 2015.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones, se sugiere dejar claramente establecido en las futuras leyes de financiamiento para reconstrucción por catástrofes o desastres naturales, la destinación inmediata y exclusiva de los recursos obtenidos. De esta manera cada vez que se realice un gasto en tareas de reconstrucción, se impute a esos recursos y vayan disminuyendo hasta su total utilización.

Asimismo, se plantea la creación de un “fondo especial” donde se contemplen recursos exclusivamente para fines de reconstrucción y la obligación de informar respecto de la ejecución de estos de manera desagradada.

También se recomienda dejar señalado expresamente que los recursos comprometidos para estos fines son adicionales al presupuesto normal; un procedimiento de fiscalización; y la realización de un informe único, centralizado y actualizado de los costos, gastos y avances de la Reconstrucción de Antofagasta y Atacama por los aluviones de 2015.

Como medida de transparencia, se pide que la Subsecretaría de Desarrollo Regional explique que no se destinaron 500 millones de dólares para la reconstrucción directamente, sino que se estableció una obligación de invertir o gastar los 500 millones de dólares, en un periodo de tiempo definido por el Plan de Reconstrucción, en ejecución hasta el 2020.

Además, se sugiere que, en lo sucesivo, el directorio del Plan de Reconstrucción Atacama evite introducir nuevos cambios al procedimiento establecido y que informe respecto de las razones por las cuales se incorporaron algunos proyectos que no guardaban relación con las zonas afectadas por los aluviones del año 2015.

Finalmente, entre otros puntos, el informe pide oficiar al Presidente de la República, al subsecretario de Desarrollo Regional, al intendente de la región de Atacama y al Gobierno Regional de Atacama a fin de que se dé cuenta respecto de los avances en el Plan de Reconstrucción, durante el año 2018.


https://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=135415

 

Contralor informó a la Cámara los resultados de auditorías realizadas en 2017


Dentro de este contexto, el organismo fiscalizador informó que durante 2017 objetó $ 644.439.185.821, los que estuvieron relacionados a gastos improcedentes o sin respaldo, deficiencias asociadas al manejo de fondos, deficiencias en el proceso de rendición de cuentas, falencias en el proceso de adquisiciones y falencias ligadas al cumplimiento de contratos.



El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, entregó en la Cámara de Diputados un reporte con los principales hallazgos de los actos de fiscalización realizados durante 2017, con el fin de colaborar en la identificación de debilidades transversales que puedan afectar el cumplimiento de las funciones y la correcta y eficiente inversión de los recursos públicos.


En la ocasión, la autoridad partió por señalar que, a través de estas auditorías, se evalúan los sistemas de control interno de los servicios y entidades; se fiscaliza la aplicación de las disposiciones relativas a la administración financiera del Estado, particularmente las que se refieren a la ejecución de los estados financieros.


Junto a ello, se comprueba la veracidad de la documentación de respaldo; se verifica el cumplimiento de las normas estatutarias aplicables a los funcionarios; y se formulan las proposiciones que sean adecuadas para subsanar los vacíos que se detectan.

En ese contexto, expresó el contralor que, como resultado de las auditorías e investigaciones realizadas, se detectaron un total de 15.215 observaciones, de las cuales, el 24% corresponde a la clasificación de “altamente compleja” y un 47% a “complejas”.

Agregó que, para este análisis, además de las auditorías e investigaciones especiales del año 2017, se consideraron 21 fiscalizaciones que se iniciaron el año 2016, pero sus informes finales fueron despachados con posterioridad, ya sea durante el año 2017 o hasta el 31 de mayo de 2018.

En relación a los resultados transversales detectados, y respecto de los gastos improcedentes o sin respaldo, el Contralor aseguró que el monto objetado es de más de $44 mil millones, donde los sectores con mayores montos son el Municipal, con más de $21 mil millones; y el sector Interior, con más de $8 mil millones.

En cuanto a las deficiencias asociadas al manejo de fondos, señaló que el monto objetado asciende a $152 mil millones, donde las entidades con mayores recursos objetadas son la Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile, por más de $23 mil millones; y la municipalidad de Valparaíso, por más de $21 mil millones.

En lo que respecta a las deficiencias en el proceso de rendición de cuentas, Jorge Bermúdez indicó que el monto objetado es de $73 mil millones, siendo las entidades con mayores recursos objetados la Secretaría Regional Ministerial de Educación de La Araucanía, con más de $36 mil millones; y la Superintendencia de Educación Escolar, con más de $11 mil millones.

El monto objetado en relación a las falencias en el proceso de adquisiciones, mencionó, supera los $45 mil millones, por lo que las entidades con mayores recursos objetados son Carabineros de Chile, con $17 mil millones; y la Fundación Integra, por más de $14 mil millones.

En cuanto a las falencias asociadas al cumplimiento de contratos, relató que el monto objetado asciende a los $27 mil millones, donde las entidades con mayores recursos objetados en esta materia son la Municipalidad de Antofagasta, con más de $6 millones; el Servicio de Salud Antofagasta, con más $4 millones; y el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, por $4 millones.

Posteriormente, el Contralor desglosó los resultados por sector, mostrando el número de observaciones “altamente complejas” y “complejas” detectadas, en promedio por cada fiscalización, donde los sectores que presentan mayor cantidad de observaciones son Salud, Municipal y Educación.

Para concluir el contralor Bermúdez planteó las siguientes recomendaciones:

• Correcta utilización de recursos públicos.
• Resguardo de los fondos públicos.
• Contratación de acuerdo a la normativa
• Exigir el cabal cumplimiento de los contratos.
• Mejorar los procesos de rendición de cuentas.

https://www.radioagricultura.cl/pol...ultados-de-auditorias-realizadas-en-2017.html

https://www.latercera.com/nacional/noticia/contraloria-informo-objeto-644-439-millones-2017/374339/