Cómo Suecia pasó de una política de puerta abiertas a cerrarse a la migración

Cómo Suecia pasó de una política de puerta abiertas a cerrarse a la migración

Manifestantes frente al Parlamento sueco en Estocolmo, en septiembre de 2016. Foto: Reuters

Tras la crisis de los refugiados en Europa en 2015, el gobierno sueco ha adoptado medidas cada vez más restrictivas, lo que llevó este año a que el índice de emigración superara al de inmigración. Expertos explican a La Tercera cómo el país nórdico cambió radicalmente su política.

Por primera vez en 50 años, más personas abandonan Suecia de las que llegan. Así lo informó a comienzos de agosto la ministra de Migración Maria Malmer Stenergard, tras reportar que entre enero y mayo de 2024 la inmigración neta ha disminuido un 15% en comparación con el mismo período del año pasado, mientras que la emigración ha aumentado en un 60%. El resultado es un negativo neto de 5.700 personas. También dijo que se esperaba que esta tendencia continuara y que el número de solicitudes de asilo no había sido tan bajo desde 1997, una prueba de que “el trabajo del gobierno da resultados”.

Suecia enfrentó una crisis migratoria en 2015 con 163.000 solicitudes de asilo, el mayor índice per cápita en la UE. Desde finales de ese año, el Partido Socialdemócrata Sueco adoptó una postura más restrictiva, y desde octubre de 2022, el gobierno conservador del premier Ulf Kristersson, apoyado por el partido de extrema derecha Demócratas de Suecia (SD), ha intensificado las restricciones migratorias. Como coalición, firmaron el Acuerdo de Tidö, que ha aplicado políticas de asilo cada vez más restrictivas.

“El ascenso del partido populista de derecha SD influyó en todos los demás partidos y especialmente en los dos partidos tradicionalmente más grandes de Suecia, que fueron despojados de cientos de miles de votantes que se fueron al SD, es decir, el Partido Socialdemócrata de los Trabajadores y el Partido Moderado”, explica a La Tercera Tobias Hübinette, profesor de estudios interculturales en la Universidad de Karlstad.

Hoy, el país nórdico cuenta con dos proyectos de ley para abordar la inmigración irregular. El primero, llamado por algunos como la “ley del soplón”, busca obligar a los trabajadores del sector público a denunciar a inmigrantes indocumentados a las autoridades. La segunda iniciativa pretende incentivar la emigración de extranjeros de Suecia mediante un programa de compensación económica, donde los refugiados legalizados que decidan abandonar el país recibirán alrededor de 850 euros si se trasladan a un país fuera de la UE.

En el primer semestre de 2024, se emitieron 47.711 permisos de residencia, un incremento del 5% respecto al mismo período de 2023, según la Agencia Sueca de Migración. Antes, Suecia “era considerada el mejor país del mundo en cuanto a políticas de integración, pero ahora la integración ya no es el objetivo, sino la asimilación, debido al SD, que ha dejado claro que los refugiados y migrantes que no puedan asimilarse tendrán que abandonar el país”, afirma Hübinette.

En 2023, Suecia recibió 12.644 solicitudes de asilo. A finales de 2024, Estocolmo habrá registrado unas 10 mil, sin contar a los refugiados ucranianos, según la misma agencia. Un fuerte contraste con la década de 1980, en que Suecia experimentó un aumento en las solicitudes de asilo, incluyendo muchos chilenos que huían de la dictadura de Pinochet. Actualmente, Suecia alberga la tercera comunidad chilena más grande fuera de Chile, con aproximadamente 45.000 personas, según sweden.se, una organización financiada con fondos públicos y operada por el Instituto Sueco.

Marcello Ferrada de Noli, chileno residente en Suecia desde finales de 1974 y presidente de la organización Médicos Suecos por los Derechos Humanos (SWEDHR), comenta a La Tercera que “la opinión directa del ciudadano sueco brilla por su ausencia, a excepción de algún escaso artículo de opinión”.
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Sobre cómo podrían afectar los proyectos de ley a la comunidad chilena, el secretario de prensa de la ministra Malmer Stenergard, Richard Wahlström, aclara a La Tercera que “no existe ninguna política o propuesta dirigida a los grupos a los que se les ha concedido legalmente el estatus de residente, como los numerosos chilenos que Suecia recibió en los años 70 y que ahora se han convertido en parte de la sociedad sueca. Sin embargo, se espera que las personas cuya solicitud ha sido rechazada o no se encuentran legalmente en el país se vayan”.

Es decir, el acuerdo adoptado por la coalición de gobierno no afectaría por ahora a las personas migrantes que cuentan con una residencia regular, o a quienes cuenten con ciudadanía sueca. “Para deportar a alguien, debe haber una análisis muy profundo y legal de por qué esa persona no puede quedarse. Así que muchas veces hay razones por las que alguien no puede ser deportado”, explica a este medio Michele LeVoy, directora de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM).

Sobre los proyectos en curso del gobierno sueco, LeVoy, quien dirige la ONG belga -que a fines de mayo expresó su oposición a la iniciativa en el Parlamento sueco-, advierte que “este tipo de propuesta sería terrible para los migrantes. También podría aumentar el perfil racial. (...) Es una propuesta muy negativa”.

Algo en lo que discrepa, por supuesto, el Ministerio de Migración sueco. “El plan adopta un enfoque integrado e incluye estrategias y medidas para prevenir y combatir el racismo y los delitos motivados por el odio mediante una mejor coordinación y supervisión”, defiende Walhström en su respuesta a este diario.

Para Jacob Lind, investigador postdoctoral en migración internacional en la Universidad de Malmö, la serie de políticas migratorias acordadas en el gobierno de coalición “tiene como objetivo enviar un mensaje: ‘no vengan a Suecia. Tenemos demasiados inmigrantes. No necesitamos más. Necesitamos que más gente se vaya’”. “No se trata tanto de la larga lista de políticas específicas. Todas son terribles por diferentes razones. Pero el objetivo general es asustar a la gente”, asegura.

“Cuando los refugiados no se sienten bienvenidos, puede obstaculizar su capacidad de establecer conexiones dentro de sus nuevas comunidades, lo que complica aún más su integración. (...) Con el tiempo, esto podría afectar el sentido de comunidad y responsabilidad compartida que ha sido fundamental para el enfoque de Suecia en materia de protección de los refugiados”, comenta a La Tercera Annika Sandlund, representante de la ACNUR para los países nórdicos y bálticos.

Consultado sobre posibles proyecciones, Lind anticipa que la situación política en Suecia con respecto a la inmigración no va a cambiar rápidamente. “Aunque la izquierda está liderando las encuestas para las próximas elecciones, será complicado para los socialdemócratas llegar a un acuerdo con los partidos más pequeños de la coalición pro-inmigración sobre las futuras políticas migratorias”, prevé.
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