Rechazan cautelar de firma mensual en formalización de acusadas de agredir al presidente del TC

Este lunes fueron formalizadas dos mujeres acusadas de agredir al presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, tras la sesión donde se analizaron las libertades condicionales que podrían beneficiar a condenados por delitos de lesa humanidad recluidos en Punta Peuco.

El Séptimo Juzgado de Garantía rechazó la cautelar de firma mensual solicitada por el Ministerio Público y fijó en 60 días el plazo de investigación, en que ambas acusadas, Ingrid Ugarte y Cecilia Ibáñez, no podrán acercarse a Aróstica ni al TC.

Ambas mujeres, que pertenecen al Colectivo contra el Olvido, fueron formalizadas por los delitos de atentado y amenazas contra la autoridad.

El fiscal Marcelo Leiva señaló que hay pruebas suficientes para acreditar que fueron ellas quienes agredieron al presidente del TC , arriesgando penas de tres años de privación de libertad.

La abogada María Magdalena Rivera, de la Defensoría Popular, valoró la resolución del magistrado de rechazar la cautelar solicitada e indicó que sus representadas declararon de forma voluntaria, instancia en que señalaron que no agredieron a Aróstica.
Por otro lado, el abogado de Aróstica, René Valenzuela, rechazó la decisión del tribunal por no considerar la firma mensual y la calificó de “garantista”.

A las afueras del Centro de Justicia grupos feministas y de Memoria y Derechos Humanos se reunieron en apoyo a las mujeres formalizadas, quienes han advertido que no ofrecerán disculpas públicas.


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Agresión a presidente del TC: aunque fiscalía solicita pena de cárcel, esta puede ser sustituida

Seis meses después del ataque que sufrió Iván Aróstica a la salida del tribunal

El Ministerio Público pidió casi dos años de presidio menor para las dos únicas personas identificadas, pero el juez puede determinar que cumplan una eventual condena en libertad.El 19 de diciembre pasado, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Iván Aróstica, fue atacado a la salida del recinto en Huérfanos.El hecho ocurrió en la tarde, tras la primera jornada de audiencias públicas en el tribunal por el requerimiento presentado por congresistas de la UDI y RN ante la reforma al sistema de libertades condicionales para condenados en causas de derechos humanos. El ataque tuvo un rechazo transversal.En febrero, Ingrid Ugarte y Cecilia Ibáñez fueron formalizadas por este hecho y se les imputaron los delitos de atentado y amenazas contra la autoridad. Ellas son las únicas participantes en el incidente que la fiscalía logró identificar. Los registros audiovisuales de ese día muestran a más de una decena de personas rodeando a Aróstica.El martes, el fiscal Francisco Jacir, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, presentó la acusación en contra de las dos mujeres por el delito de atentado y amenazas contra la autoridad, mismos delitos por los que se las formalizó.Según la acusación, Ugarte tomó por la espalda a Aróstica, “girándolo y encarándolo, gritándole y cuestionándole su actuar en supuesta defensa de ‘milicos asesinos', empujándolo y zamarreándolo a la vez”. Luego de esto se unieron otras personas al ataque, entre ellas, Ibáñez.El grupo comenzó a agredir a Aróstica “con golpes de pies y puños en diversas partes del cuerpo, como el rostro, brazos y torso, botando a la víctima al suelo, pues la violencia de los golpes hace que pierda el equilibrio, poniéndose de pie, intentando defenderse y tratando de alejarse del lugar para evitar las agresiones”.La acusación indica que el presidente del TC resultó con “contusión en el pómulo izquierdo, tórax lado izquierdo y rodilla izquierda”.Por este hecho, el Ministerio Público pide una pena de “800 días de presidio menor en su grado medio”.Si el juez lo determina, esta puede ser sustituida, y las acusadas podrían terminar con remisión condicional, es decir, cumplir su pena en libertad.


“Una cosa es lo que se ve en las imágenes y otra es lo que se puede demostrar”

Los abogados Gonzalo García Palominos, Jean Pierre Matus, Alex van Weezel y Claudio Feller estiman que en la acusación, la fiscalía optó por los delitos que tienen mayor pena y que son demostrables. El maltrato de obra —o agresión, que es lo que vio la opinión pública en las imágenes— tiene baja penalidad, y debe demostrarse con lesiones graves.Jean Pierre Matus indica que “una cosa es lo que se ve en las imágenes y otra es lo que se puede demostrar en los procesos. Si hay dos personas acusadas, probablemente son las dos que se han individualizado dentro de esa turba. Hay que individualizar para acusar”.Comenta que “el solo hecho de atentar contra la autoridad es un delito, sin que se deba constatar las lesiones. Lo cual no significa que les hayan rebajado el delito”.Gonzalo García Palominos analiza: “Lo que hace la fiscalía es determinar cuál de los delitos comprende de forma más real o especial la agresión del caso concreto: la opción es el atentado a la autoridad. Dos son probablemente los objetivos de imputar dicho delito contra las dos mujeres: enviar un mensaje de reforzamiento del respeto de la autoridad y a las instituciones y pedir la sanción del delito más grave y con una sanción levemente más alta”.Recuerda que la pena por delito calificado de atentado a la autoridad es de 541 días a 3 años; y las penas del delito de lesiones menos graves no superarían de 61 días a 540 días.Alex van Weezel advierte que ambos delitos imputados a las dos mujeres, el de amenaza y el de atentado a la autoridad, “están en el Código Penal. Siempre ha existido la discusión política de si debería existir este último o no; pero para cambiar las valoraciones de lo que se puede hacer o no, hay que ponerse de acuerdo. Y el Ministerio Público tiene que someterse a lo que la ley dice”.Respecto de los otros responsables de la turba, “puede haber mil razones para que no hayan sido acusados: que no se han podido identificar, que las acciones que realizaron no son suficientes, en fin”.


“Se justifica una sanción más severa”

Claudio Feller dice que formalmente, la pena solicitada por el Ministerio Público se ajusta al marco contemplado en el Código Penal. Y menciona los cuestionamientos que hay a la existencia del delito de atentado a la autoridad.“La pena asignada es más severa que para el delito de lesiones menos graves, que sería el aplicable en este caso si el agredido no hubiera sido autoridad. Por eso hay quienes dicen que sería un resabio del autoritarismo protegido penalmente”.Y acota: “En mi opinión, sí se justifica una sanción más severa cuando la autoridad agredida es atacada por el solo hecho de tener esa calidad. Las normas mínimas de convivencia y de expresión de las disidencias en contra de la autoridad en un sistema democrático tornan a esta clase de agresiones en un ataque no solo contra la persona que ejerce el cargo: existe un plus de gravedad por la afectación de esas normas de convivencia y expresiones de disidencia, que emanan directamente del modelo democrático de sociedad que, aun imperfectamente, ha adoptado nuestro país”.La audiencia de preparación de juicio oral quedó fijada para el próximo 18 de julio, en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

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