Tirita la Tercera Sala: nombran como abogados integrantes de la Suprema a ex defensor de Ponce Lerou

En la imagen, Ricardo Enrique Alcalde Rodríguez y Pedro Hernán Águila Yáñez.

A dos meses de que la Corte Suprema enviara las ternas con los candidatos a abogados integrantes del máximo tribunal, el Ministerio de Justicia remitió la lista con las nuevas designaciones. Dentro de la nómina no hubo mayor sorpresa, a excepción de los abogados Ricardo Enrique Alcalde Rodríguez, marido de Teresa Marinovic, y Pedro Hernán Águila Yáñez, quien encabezó hasta hace muy poco la defensa de Julio Ponce Lerou en el caso Cascada y que fue favorecido por la Tercera Sala Constitucional con una rebaja de US$59 millones a la multa de US$62 millones, que originalmente le había interpuesto la SVS al hombre fuerte de SQM. Con la jubilación de la ministra María Eugenia Sandoval, la preocupación crece en el sector judicial, ya que, de sumar en esta sala a estos dos nuevos abogados integrantes, los ministros titulares Sergio Muñoz y Mario Carroza quedarían en minoría. La Tercera Sala Constitucional es una sala clave para el mundo privado, ya que suelen llegar a esta los recursos de protección contra las empresas.

Dos meses después que la Corte Suprema enviara las 12 ternas con los nombres del candidatos a abogados integrantes del máximo tribunal, el Ministerio de Justicia evacuó la lista con los doce profesionales escogidos para el trienio 2021-2024. Entre los designados (siete hombres y cinco mujeres), hay de todo. La mayoría participa del mundo académico, son profesionales de prestigiosos estudios jurídicos, expertos y expertas en distintas ramas del derecho con privilegio en el área comercial y constitucional. Varios de estos también poseen importantes vínculos con el mundo privado.

Dentro de la nómina no hubo mayor sorpresa, a excepción de los abogados Ricardo Enrique Alcalde Rodríguez y Pedro Hernán Águila Yáñez. Estos dos influyentes abogados habían integrado -antes de su nominación- la séptima y octava terna, respectivamente, que envió la Suprema al Ministerio de Justicia. A diferencia de lo que pasa con los ministros Supremos, cuya nominación debe ser confirmada por el Congreso, en este casos, a los abogados integrantes solo les basta la decisión del Ejecutivo para que pasen a integrar alguna de las cuatro salas de la Corte Suprema.

El punto es que tanto Alcalde como Águila figuraban en sus respectivas ternas junto a dos abogados que ya eran integrantes de la Suprema: Julio Pallavicini y Pedro Pierry. Hasta el pasado trienio, esto era considerado una desventaja porque lo usual era que el Ministerio de Justicia confirmara a los abogados que ya integraban la Suprema.

Este año, sin embargo, las cosas cambiaron. Luego de haber transcurrido cerca de dos meses desde que la Suprema enviara las 12 ternas, el jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, Héctor Mery, se comunicó con el el Presidente de la Suprema, Guillermo Silva Gundelach, para comunicarle la decisión del Ejecutivo de no nombrar a abogados con más de 75 años. Con esa decisión, Pedro Pierry quedó inmediatamente fuera de carrera.

Esta decisión había sido anticipada con preocupación desde el Poder Judicial, porque Pedro Pierry junto con el ministro titular de la Suprema, Sergio Muñoz, fueron los únicos votos de la Tercera Sala Constitucional que se opusieron a la rebaja en US$59 millones, que finalmente terminó concediendo dicha Sala a favor de Julio Ponce Lerou, el “ideólogo y promotor de un esquema de transacciones que lo benefició a él y a personas y sociedades relacionadas”, conocido como el caso Cascada. Cabe recordar que el fallo que favoreció al expresidente de la minera no metálica contó con los votos de las ministras externas María Eugenia Sandoval y Ángela Vivanco, ambas ministras externas al Poder Judicial y consideradas pro empresa, y el del abogado integrante Diego Munita, cercano al mundo de la minería, en donde ronca a sus anchas SQM.

Con la imposibilidad de Pierry de ejercer nuevamente como abogado integrante, el Ministerio de Justicia eligió al número dos de la octava terna, el abogado Pedro Hernán Águila Yáñez. Águila, hasta hace muy poco, había ejercido como cabeza del equipo de abogados que defendía precisamente a Ponce Lerou, en el caso Cascada.

El el caso de la séptima terna, la situación -aunque diferente- obtuvo el mismo resultado. Esta terna estaba encabezada por el abogado Julio Pallavicini, que al momento de enviar las ternas, ya ejercía como abogado integrante tanto de la Segunda Sala Penal como de la Tercera, en donde había quedado fuera de carrera Pierry. Pallavicini, estando muy lejos de cumplir 75 años, no fue reelegido y en su reemplazo, el Ministerio de Justicia nombró al segundo de la lista, Ricardo Enrique Alcalde Rodríguez, otro hombre con grandes vínculos con el mundo privado, siendo incluso también interviniente del caso Cascada pero por parte de las AFP Hábitat y Provida. Alcalde además es el marido de la activista de ultraderecha, Teresa Marinovic.

Estas designaciones, según fuentes judiciales, vuelven a generar preocupación, pues si bien los abogados integrantes forman en conjunto unpool, ciertamente llegan a integrar las salas en el cupo del abogado integrante que encabeza la terna. Y la preocupación crece cuando se observa que en la probable integración de la Tercera Sala Constitucional, los ministros titulares Sergio Muñoz y Mario Carroza, podrían quedar en minoría frente a la ministra externa Ángela Vivanco -conocida mujer cercana al mundo privado- más dos abogados integrantes del mismo sector, ya que la otra ministra, María Eugenia Sandoval - también mujer proempresa- jubiló en febrero de este año.

Y como si fuera poco, el que sí fue reelegido como abogado integrante de la Suprema fue Diego Munita, quien integró la Tercera Sala cuando se vio la causa de Julio Ponce Lerou, votando en línea con las ministras Vivanco y Sandoval para favorecer al hombre fuerte de SQM y uno de los principales financistas irregulares de la política.

La Tercera Sala Constitucional es una sala clave para el mundo privado, ya que suelen llegar a esta los recursos de protección contra las empresas.

 

Y todo esto lo aprovecharon de hacer mientras la opinión pública estaba esperanzada en encontrar con vida la niño .