Contraloría pide revocar concurso del gobierno anterior para cargos en Ministerio de la Mujer

UDI denunció 19 nombramientos, cuyo proceso se inició en noviembre. Contraloría señaló que pautas del concurso “eran contrarias a derecho”. Diputado Coloma dijo que “es la primera prueba de los amarres que intentó dejar” la administración de Michelle Bachelet.


La Contraloría General de la República dejó sin efecto un concurso público iniciado el 24 de noviembre del año pasado, en el gobierno de Michelle Bachelet, por detectar pautas “contrarias a derecho” en los requisitos para 19 cargos en el Ministerio de la Mujer.

Esto, luego de que en febrero la bancada de diputados de la UDI -entre ellos, Juan Antonio Coloma, María José Hoffmann, Javier Macaya y Renzo Trisotti- ingresaran una denuncia a la Contraloría por dicho concurso público, acusando que los requisitos exigidos para los 19 cargos no se condecían con lo establecido en la ley.

En el texto ingresado por los parlamentarios se deslizaba incluso que la fecha del concurso les parecía extraña, pues, según dice el escrito, “es del todo sospechoso que haya sido convocado en un periodo inmediatamente previo a las elecciones presidenciales y, por otro lado, que los candidatos seleccionados sean, en su mayoría, militantes adherentes a partidos políticos del actual gobierno”.

Así, los diputados de la UDI pedían que se despejaran los requisitos de un concurso público que ellos catalogaban como “viciado” y que se dejara sin efecto tal proceso administrativo para los 19 cargos en la Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género.

En esa línea, los parlamentarios planteaban que ese concurso citó vacantes de la planta profesional, técnica, administrativa y auxiliar en los que se exigía un perfil con vicios de ilegalidad. Según se consigna en el texto, se establecieron requisitos “deseables” que luego aparecieron como “verdaderas exigencias no establecidas en la planta de la institución”.

“Lo grave ocurre al momento de evaluarse la experiencia laboral, pues únicamente se pondera y valora la experiencia laboral ‘afín con la especialidad del perfil del cargo de postulación’. Es decir, si un postulante no cuenta con un título profesional de los denominados ‘preferentes’, se le impide, de antemano, poder ser seleccionado, pues en ningún caso podrá tener experiencia laboral afín con la especialidad del perfil y nunca va a poder obtener los 40 puntos considerados como mínimo para aprobar el factor”, se señalaba en la denuncia.

Así, el jueves pasado la Contraloría dio respuesta a la denuncia de los diputados de la UDI y ordenó revocar el concurso público.

En el escrito elaborado por la institución se describe que efectivamente los requerimientos “deseables” fueron elevados a la categoría de “indispensables”, sin que esos requisitos estuvieran previstos por ley.

En ese sentido, en la respuesta se indica que “las referidas pautas eran contrarias a derecho”, pues, se agrega, “la autoridad no puede imponer condiciones para el desempeño de un empleo público que no se encuentren estipuladas en las leyes, ya que de hacerlo vulneraría el principio de juridicidad establecido en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política”.

Por eso, la Contraloría determinó que se debe “dejar sin efecto el llamado a concurso en comento, y disponer las medidas tendientes a convocarlo nuevamente”.

Al respecto, el diputado Coloma sostuvo que “de esto hablamos cuando nosotros hemos reclamado respecto de los amarres que intentó dejar instalado el ex gobierno de la Presidenta Bachelet”. Y recalcó: “Esta es la primera prueba de los amarres que intentó dejar el gobierno anterior.
Coloma añadió que, bajo este escenario, el gobierno actual deberá definir ahora qué pasos seguir respecto de estas contrataciones.

En la misma línea se manifestaron el resto de los diputados que recurrieron a Contraloría. “Los apernamientos del gobierno anterior son vergonzosos. Este dictamen demuestra el interés de dejar amarrados a funcionarios a última hora que no corresponden y que revelan designaciones con nombre y apellido más allá de sus capacidades”, criticó la diputada Hoffmann.

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Aprueban comisión investigadora por contrataciones en gobierno de Bachelet


Instancia fue impulsada por Chile Vamos. Nueva Mayoría dio su respaldo, argumentando que “no hay nada que ocultar”.
Por unanimidad fue aprobada el miércoles en la Cámara de Diputados la creación de una comisión investigadora que indagará todas las contrataciones públicas realizadas por el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, entre noviembre de 2017 y marzo de 2018.

La instancia, que fue promovida por la diputada Paulina Núñez (RN) y contó con el respaldo de la UDI, tendrá 120 días de plazo para investigar todos los actos en materia de contratación de personal tanto “en los órganos del gobierno como de los servicios públicos, sean estos descentralizados o desconcentrados, y en los gobiernos regionales”.

En la solicitud ingresada por los parlamentarios se advierte un “aumento considerable” en la dotación de personal en la administración pública, “particularmente desde 2014 en adelante”, y se acusa que en los últimos años “la práctica de realizar contrataciones mediante la contrata u honorario ha ido extendiéndose, transformándose estos funcionarios en una verdadera planta invisible dentro de la administración”.

“Esa situación ha sido empleada, en ocasiones, para fines de suyo ilícitos, toda vez que bajo modalidades de contrata y honorarios se han realizado contrataciones de los llamados ‘operadores políticos’, es decir, de personas que no realizan verdaderos cometidos para la administración, situación que desde toda perspectiva es contraria al ordenamiento jurídico”, se lee en el documento.

La ofensiva de Chile Vamos se da luego de que desde ese sector acusaran a la exadministración de dejar supuestos “amarres” en distintas reparticiones públicas para dificultar la instalación del actual gobierno. Y, además, luego de que Contraloría decidiera dejar sin efecto un concurso público iniciado en noviembre del año pasado por el entonces Ejecutivo, específicamente en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, por considerar -tras una denuncia de la UDI- que sus disposiciones no se ajustaban a derecho. Este jueves, desde esa cartera anunciaron que llevarán a cabo un nuevo concurso público.

“No hay nada que temer”
Desde las bancadas de la ex Nueva Mayoría justificaron su respaldo a la creación de la instancia investigadora argumentando que “confían” en que el exgobierno no tiene “nada que ocultar”.

El jefe de bancada del PPD, Ricardo Celis, aseguró que “la derecha ha hecho un abuso comunicacional” sobre este tema, por lo que “queremos que esto se transparente”.

Por su parte, su par de la DC, Matías Walker, señaló que “dimos la unanimidad, porque aquí no hay nada que ocultar. Quién nada hace, nada teme”.

Ofensiva UDI
A la creación de la comisión investigadora y a las denuncias presentadas ante la Contraloría, la próxima semana se sumará una nueva acción en este sentido.

La bancada de la UDI tiene previsto ingresar un proyecto de ley que, precisamente, busca poner fin a las contrataciones en la administración pública en los últimos seis meses de un gobierno.

“Sin perjuicio de las normas establecidas en los ar- tículos anteriores, se prohíbe la contratación o promoción de personas en la administración pública que se desempeñan en calidad de honorarios a contrata y, de esta calidad, a la planta del personal dentro de los seis meses anteriores a la expiración del mandato presidencial”, se lee en el borrador del proyecto.

La iniciativa es impulsada por el jefe de bancada de la colectividad, Javier Macaya, y los diputados Issa Kort, Juan Antonio Coloma y Álvaro Carter.

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