Los familiares de políticos contratados en la Municipalidad de Ñuñoa

Los familiares de políticos contratados en la Municipalidad de Ñuñoa


En su primer mes como alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos contrató a la pareja del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD). También ingresó a la municipalidad al esposo de la diputada socialista Maya Fernández y al sobrino del candidato a gobernador, Pablo Maltés (PH).

La pareja del alcalde de Maipú, el esposo de la diputada Maya Fernández (PS) y el sobrino del excandidato a gobernador, Pablo Maltés (PH), han sido las últimas contrataciones de la alcaldesa Emilia Ríos (RD) en la Municipalidad de Ñuñoa. A un mes y medio del cambio de mando, en que la candidata frenteamplista asumió la alcaldía, luego de 24 años de administraciones de derecha, Ríos se ve enfrentada a cuestionamientos “éticos” por sus contrataciones y desvinculaciones en el municipio.

Aunque las designaciones no son ilegales, son tildadas como poco éticas por los concejales de Chile Vamos que integran el Concejo Municipal. Germán Sylvester (RN) sostiene que “éticamente no corresponde, es diferente si fuera por votación popular, pero en este caso se ve como un favor político”.

El concejal señala que es “entendible” poner gente de confianza en los cargos que la nueva administración decida, pero no comparte el “doble discurso” de la alcaldesa. “Independiente si es o no favor político es éticamente repudiable y poco transparente”, subraya.

El primero en llegar a Ñuñoa fue Felipe Maltés Cañas, quien inició su trabajo en la municipalidad el 28 de junio -día que asumieron los nuevos alcaldes- como Director de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco). Maltés es sobrino del excandidato a gobernador de la Región Metropolitana Pablo Maltés, quien es pareja de la diputada Pamela Jiles. Es bibliotecario documentalista con Magister en Bibliotecología y antes de su arribo a la comuna se desempeñó como coordinador del centro de recursos de información social del Ministerio de Desarrollo Social.

En julio, otras dos contrataciones llamaron la atención por su parentesco con políticos cercanos a Ríos. La alcaldesa dictó el decreto número 495 para autorizar la contratación a honorarios de Tomás Monsalve Egaña en la Dirección de Comunicaciones con una remuneración de más de $2 millones. Monsalve es psicólogo y está casado con la diputada Maya Fernández (PS), quien apoyó a la representante del Frente Amplio durante la campaña y no al candidato de Unidad Constituyente -coalición que integra- Juan Pablo Sáez (DC).



El contrato a honorarios tiene fecha del 5 de julio y establece que Monsalve debe “efectuar análisis y coordinación de las actividades de la Alcaldía, a través de agendas colaborativas, optimizando el tiempo y respuesta de parte de las autoridades, debiendo presentar un informe mensual del cometido asignado”. Monsalve es socialista y dentro de su trayectoria política ha sido jefe de gabinete de Isabel Allende, del entonces ministro de Economía Luis Felipe Céspedes y de su sucesor, Jorge Rodríguez Grossi.

El mismo día la alcaldesa firmó el decreto 493 para contratar en la Dideco a Maite Licán Martínez, pareja del alcalde electo en Maipú, Tomás Vodanovic, quien comparte militancia en Revolución Democrática con Emilia Ríos.



Licán deberá realizar el “estudio de racionalización administrativa de todos los procesos internos de servicios a la comunidad que entrega la Dideco, a fin de elaborar una propuesta de mejoramiento y optimización de los mismos” y tendrá una remuneración mensual de casi $1.700.000. En su perfil de Linkedin consta que Licán Martínez es ingeniera comercial y forma parte del programa Originarias de ONU Mujeres, para el “empoderamiento de mujeres indígenas” desde hace casi dos años.

El concejal UDI, Julio Martínez, señala que “la nueva gestión y alcaldesa están en su derecho de contratar a quienes ellos estimen conveniente y cumple con la legalidad que es lo que a nosotros los concejales nos interesa. No pasa por nuestra aprobación la contratación de estas personas”. Aunque advierte que cuando llegan nuevas administraciones “se habla de favores políticos y estos se estilan”.

Aunque ninguna de las tres contrataciones de Ríos transgreden el ámbito legal, han sido reprochadas por “favoritismo” político por los concejales, quienes acusan un “doble discurso” de la alcaldesa. En otros organismos ya hay relaciones familiares que se han prohibido para celebrar contratos, como es el caso de la Convención Constitucional.

Este miércoles, los convencionales aprobaron un reglamento en el que se establece la prohibición de “celebrar cualquier contrato con personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el sexto grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive”, lo que también aplica para quien tenga la calidad de conviviente civil.

Desvinculaciones masivas a un mes y medio del cambio de mando
Ambos concejales de Chile Vamos denuncian que Ríos ha despedido trabajadores además de aquellos cargos de confianza que renovó. Sylvester contó hasta 18 despidos, mientras que el concejal Martínez sostiene que son, al menos, 40.

“Se está haciendo lo que estila la izquierda. Cuando llegan nuestros alcaldes la derecha no hacen estos verdaderos terremotos de despidos masivos. Esto es una maniobra clásica de la izquierda a todo nivel de gobierno que cuando llegan lo primero que hacen es sacar a la mitad de los funcionarios para poder poner a sus funcionarios de confianza, es la forma de tratar de imponer su ideología”, asegura Martínez. Explica que los contratos tienen cláusulas que permiten que existan desvinculaciones anticipadas y asegura que también en las corporaciones se está despidiendo personal.

“Ella dice que está a favor de los trabajadores, el feminismo, incluso despidió a un minusválido. A las dos semanas empezó a echar gente sin su firma. Ese tipo de cosas uno no las entiende”, alega Sylvester, quien sostiene que Ríos despidió a trabajadores a quienes les deberán pagar los meses restantes del año debido a los contratos firmados.

En Maipú, otro de los municipios emblemáticos de la derecha en que vencieron candidatos de izquierda en la última elección, también denuncian desvinculaciones masivas en el primer mes de administración. Fuentes de la municipalidad, fuera de micrófono, sostienen que Vodanovic ya ha despedido a más de 900 personas y ha puesto fin a al menos dos programas sociales relacionados a la salud, en plena pandemia. Además, señalan que no existe información verídica sobre el estado financiero, ya que el municipio está en proceso de auditoría a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).

Vodanovic aseguró que la municipalidad se encuentra en quiebra debido a un déficit causado por presuntas irregularidades en la gestión anterior de Cathy Barriga, por lo que anunció medidas como el fin de pago de horas extras a directivos y el establecimiento de topes máximos para el resto de funcionarios a partir de agosto, además de cientos de ceses de contratos. Ante estos anuncios surgió la denuncia de los funcionarios de la municipalidad, quienes afirmaron que habían sido desvinculados sin justificación y por “preferencias políticas”.

Estas desvinculaciones comenzarían a hacerse efectivas a partir del 31 de agosto. Según las fuentes consultadas el número de puestos que se perdieron partió en 400, pero podrían llegar a ser más de mil despidos.


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