Casi 60% para sueldos: las dudas sobre los $75 millones que Presidencia le pasó a think tank del FA

Casi 60% para sueldos: las dudas sobre los $75 millones que Presidencia le pasó a think tank del FA para proyecto en Juan Fernández
Se trata de un proyecto de manejo de residuos domiciliarios que contempla la instalación de 360 contenedores y la construcción de un galpón. Sin embargo, en el presupuesto que aprobó Presidencia, no existe el ítem de traslados de materiales al archipiélago. La fundación, cuyo giro no tiene que ver con asuntos medioambientales, sino que políticos, destinó más de la mitad de lo asignado a remuneraciones y apenas un 14,5% en insumos propios de la iniciativa. En la presentación de este aparece una consejera RD que se había desligado del tema.



El 35% de los desechos que produce la población de Juan Fernández (de unas 926 personas), son residuos orgánicos, por lo que con un manejo adecuado de compostaje se podría reducir el volumen de lo que llega al vertedero. Ese es el objetivo principal del proyecto de la fundación Territorios Colectivos financiado con $75 millones de subvención presidencial, pero cuyo presupuesto destina apenas 14,5% ($ 10.9 millones) a los insumos que necesitarán para implementarlo. En cambio, 57% se va en remuneraciones ($42.7 millones)

Otras de las dudas sobre la iniciativa vinculada a militantes de Convergencia Social y Revolución Democrática (RD), es que en el desglose del proyecto no se habría contemplado el traslado de los materiales del continente al archipiélago, pero sí su movimiento desde el muelle de Juan Fernández a los “puntos de construcción”. Es decir, plantearon construir un galpón y 360 contenedores para el compostaje, pero sin considerar el costo de llevarlos a Robinson Crusoe.

El Líbero se contactó con Gustavo Vergara, miembro de la fundación que tiene el rol de coordinador técnico del “mejoramiento de manejo de residuos en el archipiélago Juan Fernández”, pero declinó hablar con este medio.



Viajes, alojamiento y alimentos, el segundo ítem más abultado
Vergara, ingeniero comercial a cargo del área “Núcleo Economía” de la fundación, es justamente en quien se concentra el pago de honorarios: $27.350.427 en un año, $2.279.202 por mes.

La fundación solicitó inicialmente $80 millones, pero Presidencia -vía Ministerio de Hacienda- le transfirió $75 millones, al eliminar el ítem “Confección de informe final de implementación”, el que habían valorizado en $5 millones.

Como se ve en lo aprobado, $14.2 millones se utilizarán en viajes, alojamiento y alimentación en la isla, lo que también supera lo destinado al galpón y los contenedores, que tienen un costo de $4.690 cada uno ($1.688.400 en total). La publicidad y difusión, en tanto, se cifró en $6.6 millones.


Oficios a Hacienda y Contraloría
La fundación Territorios Colectivos fue parte de los llamadas #CentrosdeEstudiosPorBoric, data de 2020 y no tiene ningún giro registrado en el Servicio de Impuestos Internos (SII) para la gestión de residuos. Por el contrario, sus actividades económicas afectas a IVA son “actividades de organizaciones políticas”, “fundaciones y corporaciones: asociaciones que promueven actividades culturales” y “actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales” (sin IVA).

Por todo lo anterior, este es el primer proyecto que hacen en materia de residuos y a juicio del diputado Andrés Longton (RN) tiene tantas inconsistencias, que ofició tanto a Contraloría como a Hacienda por los dineros públicos destinados a la iniciativa: “Llama la atención que siendo un proyecto que contempla infraestructura, sea en lo que menos se gasta. El 70% se va entre honorarios, alojamiento y alimentación, que es contradictorio con un proyecto que necesariamente tiene infraestructura. Estamos hablando acá de residuos domiciliarios y de compostaje”. Longton agrega que como el proyecto se extenderá hasta 2024, ello contraviene un dictamen de Contraloría, pues se excede el tiempo previsto en la glosa presupuestaria.

El parlamentario cuestiona además las nulas competencias de Territorios Colectivos en la gestión de residuos y sostiene que «pareciera ser que estamos viviendo una situación parecida a lo que está ocurriendo a través de otras fundaciones a lo largo del país, donde parte importante del presupuesto se iba para financiar a los integrantes de una fundación y todos sabemos que los integrantes -muchos de ellos- tienen una relación directa con este gobierno”.

El presidente de la fundación, Sam Leiva, y el director ejecutivo, Juan Pablo Espinoza, pertenecen a Convergencia Social (CS). Hasta diciembre la consejera regional Nataly Campusano (RD) era su directora de incidencia y su periodista también asesoraba las comunicaciones de la fundación.

Longton espera que Contraloría “dilucide si esto es una rama de lo que está pasando en Antofagasta, con la gravedad de que son recursos entregados directamente, sin ningún tipo de filtro ni concurso. No media nada. De garantía ni hablar (…). Los cuestionamientos se ven profundizados del punto de vista de la arbitrariedad que podría haber habido en la entrega de estos recursos y sobre todo respecto del gasto de los mismos”.

Core RD sí aparece presentando el proyecto

La consejera regional Nataly Campusano (RD), ex pareja del expresidente de RD y senador Juan Ignacio Latorre, tiene Juan Fernández dentro de su territorio de representación y consultada en julio sobre su relación con este proyecto, la core dijo a Ciper que no había tenido relación con este: “No tengo nada que ver con ese convenio. Mi expertise no es el medio ambiente, mi área es materia de género, mi vínculo con Territorios Colectivos principalmente es porque se alojó un proyecto que venía de la Fundación Decide, Ciudad con Lentes de Mujer, donde hace muy poquito sacamos un libro. Yo no tengo relación con este proyecto ni su contenido”, afirmó.

Sin embargo, en la ficha de presentación del proyecto, aparece su nombre como parte del directorio.


La subvención se aprobó entre marzo y abril y los fondos fueron transferidos en mayo de 2023.

En qué consiste el proyecto
El proyecto comenzaría a ejecutarse en agosto y según consta en las redes sociales de la Municipalidad de Juan Fernández, la iniciativa ya le fue presentada a la comunidad.

https://www.instagram.com/reel/CwAz...a&ig_mid=A79F99A9-51C3-4407-BC16-FDD6EC7D553D


Este tendrá una extensión de 12 meses y tres líneas de acción: “involucramiento de la comunidad local en el manejo de residuos”, “mejoramiento de la infraestructura municipal para el manejo de residuos” y la “creación de un sistema centralizado de compostaje a escala municipal”.

Así, se contempla un programa de educación ambiental que concientice a los vecinos sobre el impacto de categorizar los desechos; un programa de formación en “técnicas de bioconstrucción para las y los trabajadores municipales de aseo y ornato (12) que también tendrá cupos abiertos para personas del archipiélago que trabajen en el rubro de la construcción”, con foco en usar materiales que usualmente se desechan; la instalación de los contenedores de 20 litros en las casas y la construcción de un galpón de 50 metros cuadrados para proteger el proceso de compostaje del viento y la lluvia.

Se espera reducir en 15% el volumen de residuos finales, sólidos y chatarra que recibe el vertedero municipal.

El Líbero intentó, sin éxito, comunicarse con el alcalde de Juan Fernández, Pablo Manríquez, para conocer los avances y dificultades del proyecto.

https://ellibero.cl/actualidad/casi...-tank-del-fa-para-proyecto-en-juan-fernandez/