Daniel Rodríguez: Los acertados profetas del caos

Quienes se opusieron a las reformas educacionales de Bachelet fueron capaces de identificar con bastante precisión cuales serían las consecuencias de esta política: desfinanciamiento del sistema, pérdida de diversidad y merma en la calidad.

En uno de sus discursos frente al Congreso pleno, la ex Presidenta Bachelet llamó “profetas del caos” a quienes advertían que sus reformas educacionales podían tener consecuencias negativas en el sistema. Efectivamente, gran parte del impacto de la agenda legislativa del único gobierno de la Nueva Mayoría no se había observado en ese momento y aún es incipiente. Tanto los efectos negativos, como los supuestos cambios positivos, han sido en general difíciles de observar.



La segregación del sistema escolar ha sido bastante resistente al fin de la selección, porque probablemente se trata de fenómenos conectados solo en el margen: los colegios son segregados porque las ciudades son segregadas. Los establecimientos educacionales no parecen rebosar en recursos, por lo que aparentemente el lucro, si acaso existía, era bastante poco. Los aumentos en remuneraciones de los docentes son, en palabras de su propio gremio, menores a lo prometido. Y de cambios en la calidad y valoración social de los profesores se ha sabido poco. Obviamente hay que seguir esperando, pues la implementación de los llamados cambios estructurales son prematuros.



Lo anterior es válido para todas las reformas, menos para la gratuidad. Los profetas del caos, quizás debido al simplón diseño de la gratuidad, fueron capaces de identificar con bastante precisión cuales serían las consecuencias de esta política: desfinanciamiento del sistema, pérdida de diversidad y merma en la calidad.



Desde hace algunas semanas y a propósito de la discusión de la ley de presupuestos, rectores de universidades del Cruch han vuelto a hacer ver en los medios y en el Congreso Nacional la grave situación deficitaria a la que las somete la gratuidad.



El impacto en menores ingresos producto de la gratuidad fue patente desde el primer año de aplicación, y dañó en mayor grado a las universidades privadas que no reciben aportes basales. Tanto es así, que el gobierno anterior se apuró en crear un fondo compensatorio en la ley de presupuestos para paliar estos déficits, que en un acto tan elegante como hipócrita llamó “Fondo de Investigación”. En la misma normativa que creaba la gratuidad se reconocía que las instituciones sufrirían mermas en los ingresos que de alguna manera se debían compensar. Algo sonaba mal.



Pero no fue suficiente. El avance de la gratuidad al 60% más vulnerable agravó la situación de las universidades que no cuentan con aportes fiscales directos. Una de ellas amenazó varias veces con retirarse de la política de gratuidad, pero parece que nadie la estaba escuchando. Me imagino que su sorpresa habrá sido mayúscula cuando se enteraron que la Ley de Educación Superior fijaría los precios de los estudiantes no beneficiados, y restringiría el cobro a los estudiantes que superaran la duración formal de la carrera, llevando los déficits a volúmenes objetivamente imposibles de manejar. Aun así, con todo ello de público conocimiento, las instituciones decidieron permanecer en la nociva política de gratuidad.



Desde hace algunas semanas y a propósito de la discusión de la ley de presupuestos, rectores de universidades del Cruch han vuelto a hacer ver en los medios y en el Congreso Nacional la grave situación deficitaria a la que las somete la gratuidad. Dados el restringido presupuesto fiscal, esta vez no hubo un fondo bajo la manga, y al parecer deberán hacerse cargo de la decisión de adherir a la gratuidad, política que, confusamente, el Consejo de Rectores siempre apoyó. Hasta aquí con el desfinanciamiento, no creo que sean necesarias más pruebas.



La disminución en la calidad y diversidad de los proyectos es otro asunto, mucho más difícil de mostrar. Pero el impacto negativo de la gratuidad se dotó de un rostro y nombres la semana pasada. Tres profesores de tiempo completo de la Universidad Diego Portales, a quienes no conozco, fueron desvinculados evidentemente en razón de las restricciones presupuestarias que la universidad debe tomar para lograr una situación financiera razonable producto de la fijación de aranceles. Si bien alguien podría argumentar que se debe tener en cuenta la proporcionalidad (gratuidad versus tres jornadas completas parece buen negocio para la rectoría), no ha sido así la interpretación que le ha dado la opinión pública. La lectura externa ha sido una: la calidad de la universidad disminuye debido a este sistema de financiamiento. La lectura interna, según informan los medios, es que las comunidades de docentes han visto subvertida su autoridad interna y los estudiantes amenazan ir a paro, pues la identidad de su institución se ve mermada con la pérdida de estos académicos. Quod erat demonstrandum.

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