El martes 15 de febrero comienzan las votaciones de normas en la CC

Llegó la hora: a partir de este martes 15 el pleno de la Convención Constitucional realizará sus primeras votaciones de normas. Esto significa que la próxima semana podríamos conocer el primer contenido definitivo de la propuesta de nueva Constitución que se plebiscitará este año. Lo digo en condicional porque aún no hay una calendarización precisa sobre cómo se realizarán las votaciones y porque es posible que algunos artículos no logren los dos tercios de apoyo y por lo tanto se rechacen, con lo cual volverían a su comisión de origen en busca de un acuerdo más amplio.

¿Qué votará el pleno?
Hay dos comisiones que ya terminaron la votación en particular de su primer bloque de normas, las que quedaron listas para el pleno. En esta etapa debían revisar las indicaciones al texto que ya habían aprobado de manera general. Un dato importante es que gran parte de esas indicaciones contaron con dos tercios de apoyo en las comisiones.

En la Comisión de Sistemas de Justicia esta fase incluyó cambios relevantes, pero sólo referidos al acápite de los principios, por lo que aún queda por verse la forma en que se aplicarán en detalle.

En lo formal, quedó a firme (por ahora) que el capítulo en la Constitución se llamará Sistemas de Justicia en vez de Poder Judicial. Como te he contado, se utiliza el plural porque establece el pluralismo jurídico, es decir, que los distintos pueblos indígenas puedan tener sus propios sistemas jurídicos de acuerdo con sus tradiciones, con el límite del respeto a los derechos humanos.

Se estableció que ambos sistemas coexistirán “en un plano de igualdad”, lo que en principio implica que los sistemas indígenas en ningún punto se entroncarán con el Sistema Nacional de Justicia (por ejemplo, esas causas no terminarían en los tribunales superiores nacionales). El cómo funcionará cada sistema se definirá en general en la siguiente fase del debate constitucional y en el caso indígena es posible que en parte dependa de lo que se apruebe en la Comisión de Formas de Estado, donde se definirá, por ejemplo, cómo se determinarán las autonomías indígenas.

Volviendo al capítulo Sistemas de Justicia, su primer artículo contiene una declaración simbólica, en que se establece que “la jurisdicción es una función pública que se ejerce en nombre de los pueblos”.

¿Los jueces tendrán plazo fijo?
Qué bueno que me recuerdes uno de los temas polémicos: el debate sobre si los jueces deben estar en sus cargos durante un plazo determinado (muchos expertos dicen que esta limitación afectaría la imparcialidad). Esto aún no se define, pero sí se aprobó que los jueces deberán retirarse a los 70 años (hoy jubilan a los 75) y se abrió la puerta a que sus cargos tengan una duración fija. Sin embargo, habría cierto acuerdo en la comisión para que ello no aplique a los jueces de instancia (tribunales inferiores) y en las próximas semanas se definiría si afectará a los jueces de apelación o sólo a los supremos, que durarían 12 años en sus cargos.

Quizás la indicación más controversial entre las aprobadas es aquella que termina con el fuero de los jueces (es un fuero que sólo impedía detenerlos, salvo que el delito fuera flagrante). Sin embargo, este fuero podría reponerse en otra parte del articulado pues no es un principio, o simplemente establecerse por ley.

Otro tema muy relevante es que las sentencias de tribunales internacionales de derechos humanos, como por ejemplo la Corte Interamericana, permitirán revisar fallos que están a firme en Chile, sobre los que ya no aplicará la cosa juzgada. También se estableció que en el Sistema Nacional de Justicia operará la paridad y que los jueces deberán fallar con perspectiva de género.

¿Qué otra comisión pasó al pleno?
La Comisión de Formas de Estado despachó la primera parte de su articulado, que revoluciona la forma en que se organiza el país, en busca de una verdadera regionalización. En su primer artículo establece que Chile será un “Estado regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado”.

¿Qué significa?
Es una nueva forma de organización que incluye regiones autónomas, comunas autónomas y autonomías territoriales indígenas que pueden autogobernarse (también crea territorios especiales). Para ello tienen personalidad jurídica, un estatuto que ellas mismas definen y patrimonio propio, lo que les otorga autonomía política, administrativa y financiera.

Las regiones estarán a cargo de un gobernador o gobernadora, tal como ahora, pero los consejos regionales serán reemplazados por asambleas regionales. La Asamblea Regional será un órgano legislativo que podrá dictar leyes de carácter regional, incluyendo la creación de tributos y empresas regionales.

¿Chile será un Estado federal?
Tiene similitudes y por eso es una pregunta que han respondido muchas veces esta semana los integrantes de la comisión que apoyaron el Estado regional. Cada vez han dicho que no. Entre las diferencias con el federalismo han mencionado que las regiones no tendrán constitución propia (sí un estatuto) y que habrá un ordenamiento jurídico nacional.

En este hilo de Twitter el convencional Claudio Gómez (Colectivo Socialista) lo explica en detalle:



¿Las asambleas regionales reemplazarán al Senado?
No, porque sólo discutirán leyes regionales. Sin embargo, hay quienes creen que este tema debió verse dentro de la Comisión de Sistema Político, que es donde se debate cómo será el próximo Poder Legislativo.

¿Y habrá Senado?
Por ahora, no. Esta semana volvió a ratificarse la idea de que el Congreso sea unicameral, pues en la Comisión de Sistema Político se rechazó una iniciativa popular constituyente que proponía un Congreso bicameral. En la votación se mantuvo inamovible el 13-12 en favor del unicameralismo (todavía lejos de los dos tercios que necesita en el pleno).

¿No hay cambios al sistema político?
La estructura se mantiene igual, pero se aprobaron algunas normas relevantes. Por ejemplo, se incluyó al pueblo tribal africano en aquellas materias en que se aplique la plurinacionalidad en el Estado, además de en la repartición de escaños reservados en el Congreso.

También se aprobó una iniciativa constituyente indígena que señala que “el Estado reconoce su responsabilidad en el genocidio, saqueo, marginación y discriminación de los que han sido objeto los pueblos originarios y se compromete a su reparación, compensación y a dar garantías de no repetición”.

Esta comisión debió analizar la polémica propuesta de la convencional María Rivera (Coordinadora Plurinacional) de disolver los poderes del Estado para reemplazarlos por una asamblea plurinacional de trabajadores. La respuesta de la comisión fue contundente: todos sus integrantes votaron en contra, incluyendo los que pertenecen al colectivo de Rivera.

¿Se aprobaron muchas iniciativas populares e indígenas?
En la Comisión de Sistema Político se rechazó la gran mayoría. En muchos casos el contenido de estas iniciativas se refería a temas que ya habían sido votados por los convencionales, a veces en la misma línea de las propuestas. Otras fueron rechazadas porque los convencionales no estaban de acuerdo con el contenido, como lo que te conté del bicameralismo.

Aún no hay un balance final sobre la tasa de éxito de las propuestas hechas por la ciudadanía, pero te puedo nombrar algunos casos relevantes. En la Comisión de Sistemas de Conocimiento se aprobó una iniciativa de norma con los votos afirmativos de todos los convencionales que integran la instancia, algo bastante excepcional. Se trata de la propuesta que consagra el derecho a la privacidad, a la autodeterminación informativa y a la seguridad informática.

En tanto en la Comisión de Derechos Fundamentales se aprobó con más de dos tercios de los votos la primera iniciativa popular de norma que consiguió las 15 mil firmas. Bajo el nombre “Será ley”, reconoce los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho al aborto. Se rechazó, en cambio, aquella denominada “cannabis a la Constitución”.

¿Qué otras normas se aprobaron?
Uf, muchísimas. Todas las comisiones tuvieron votaciones esta semana y se analizaron cientos de iniciativas de norma e indicaciones. Es imposible detallarlas todas y seguro se me escapan varias que son relevantes, pero quisiera destacar una que es importante para mí como robota periodista.

La Comisión de Derechos Fundamentales analizó muchas propuestas que afectan directamente mi trabajo y –por esta vez me permitiré opinar– creo que lo hizo en el sentido correcto. Por un lado rechazó la idea de crear un consejo que regule a los medios de comunicación y la exigencia de que el contenido de lo que difunden sea veraz. No te equivoques, yo creo que la información entregada por los periodistas debe ser veraz, pero la experiencia demuestra que dejar la evaluación sobre la calidad de los medios al poder político termina afectando la libertad de prensa y, a la larga, la calidad de la democracia.

En cambio, la comisión aprobó el derecho de cualquier persona a crear medios, determinó que no se puede restringir el derecho a expresión de manera directa o indirecta, y reconoció la cláusula de conciencia de los periodistas y el secreto profesional. Entre las normas que innovan en esta materia se incluyeron medidas para que el Estado fomente la creación de medios indígenas y que garanticen la difusión de información en lenguas originarias.

¿Algo más que me tengas que contar?
No me quiero alargar, pero es importante que sepas que esta semana la Convención entró en modo urgencia. El lunes la directiva citó a los representantes de todos los colectivos para hacerles ver que tal como iban, era imposible terminar de escribir la propuesta de nueva Constitución a tiempo. Incluso calcularon que les quedarían entre tres y seis meses adicionales. Hubo voces que plantearon alargar el plazo de la CC, pero primó el realismo: esto requeriría una reforma constitucional que depende del Congreso y no están los votos.

Por eso el acuerdo fue apurar el tranco todo lo posible, buscando acuerdos, evitando votar normas que no concitan suficiente apoyo y extendiendo las horas de trabajo. Se habla incluso de reunirse los fines de semana. Todo eso ya se notó estos días, con sesiones maratónicas, jornadas extendidas y con el retiro de algunas propuestas repetidas o inviables.

Sobre los acuerdos, el asunto es más complejo. Hubo llamados públicos desde la derecha y el centro para que los colectivos que integran el próximo gobierno (socialistas, frenteamplistas y comunistas) asuman la tarea de generar los consensos necesarios para que la Convención avance, dejando de lado los maximalismos.

Frente a eso te puedo decir que, más allá de las frágiles confianzas que existen entre estos colectivos, tienen diferencias de fondo en materias constitucionales. Y están optando por que sea el pleno el que dirima las diferencias, pese a la incertidumbre que esto genera: es posible que la propuesta aprobada hasta ahora no consiga 2/3 de apoyo y no está claro si la única iteración extra que considera el reglamento permitirá llegar a acuerdos.

¿Qué hacer?
Frente a ese problema, la académica Miriam Henríquez –quien fue candidata a convencional y ha asesorado a Independientes No Neutrales– desdramatizó los desacuerdos en una columna en La Tercera. Ahí plantea que hay asuntos que pueden omitirse en la nueva Constitución y quedar en manos del legislador, y otros que pueden ser abordados de forma ambigua o vaga para que los interprete la justicia o los determine el Congreso. Para Henríquez los únicos asuntos esenciales son “las cuestiones fundamentales vinculadas con la regulación del poder”, como el régimen político, “y el establecimiento de los derechos (que) deben estar previstos en la futura Constitución”. En una línea similar, la convencional del Frente Amplio Amaya Álvez dijo en The Clinic que “no pasa nada” si en algún tema no hay acuerdo y queda en manos del legislador.

El mismo medio publicó que el nuevo gobierno y el Frente Amplio habían acordado una estrategia para intentar “reencauzar el debate”. La primera señal es un tuit del presidente electo Gabriel Boric en que apoya a la convencional Constanza Schonaut quitándole el piso a la iniciativa de María Rivera de disolver los poderes del Estado. Según me explicaron en ese colectivo, la estrategia es aún informal, pero la idea es “salir a responder y fijar nuestras posiciones públicamente frente a opiniones peregrinas”.

Fuente: https://www.ciperchile.cl/2022/02/11/🤖-la-hora-de-la-verdad/