Disminución de expulsiones en Chile: Los datos que explican panorama y cuestionamientos que existen

Disminución de expulsiones en Chile: Los datos que explican el panorama y los cuestionamientos que existen


Solo en el primer trimestre del 2024, se registraron 17 mil ingresos clandestinos y 668 expulsiones.
A menos de un mes de asumir la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ya ha expulsado a una gran cantidad de migrantes, siendo su insignia en la campaña electoral. En Chile, la situación ha sido diferente, y a propósito de una carta enviada por Evelyn Matthei, donde cuestionaba la labor del Gobierno respecto a las deportaciones, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, aseguró en una entrevista en radio Cooperativa, que existe un aumento de las expulsiones administrativas, que se refieren a sentencias del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) para aquellas personas que cometen infracciones migratorias graves.
En su cuenta de X, Matthei aseguró que, a diferencia de Estados Unidos, que tiene una lucha importante contra la migración ilegal, el Gobierno del país, “deporta solo aproximadamente a mil irregulares al año, siendo que hay 30 mil expulsiones pendientes. Se requiere coraje y una voluntad política”.
En septiembre del año pasado, la ministra del Interior, Carolina Tohá, junto con el Presidente Gabriel Boric, se reunieron con distintos diputados y senadores de la Comisión de Seguridad, esto con la finalidad de tratar la creación de una fuerza especial de la PDI para, precisamente, dar respuesta a las 30 mil expulsiones pendientes hace más de cinco años. Para ese momento, la titular de la cartera mencionó que “el Estado tiene que tener el control sobre sus movimientos (extranjeros irregulares), que hoy no tiene ninguno; vamos a presentar al Parlamento una modificación a la ley en ese sentido”. Varios meses después, la situación continúa igual.

Solo en el primer trimestre del 2024, se registraron 17 mil ingresos clandestinos y 668 expulsiones, esto de acuerdo con un informe de Migraciones presentado a la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados.
Tal como consignó El Mercurio, los datos del Sermig muestran la situación del país. Para el año pasado, se alcanzó el número más alto de expulsiones administrativas (690) en los últimos seis años. Pero en el caso de las judiciales la situación fue diferente. Solo se concretaron 410, la cifra más baja en los mismos seis años.
En cifras totales, para el 2024 solo se materializaron 1.100 deportaciones. Si se compara con el indicador de hace seis años, es decir, el 2019, la cifra alcanzó 2.232 expulsiones.
En los argumentos que dio el Gobierno de la disminución de expulsiones judiciales; que es para los extranjeros que han sido condenados por cometer delitos con penas inferiores a 5 años y 1 día, Cordero puntualizó que esto es “producto de una modificación legal a la Ley de Drogas, promovida por parlamentarios de oposición, que impide expulsar a las personas condenadas por Ley 20.000 como medida sustitutiva”.
“Debilitamiento del control migratorio”
Álvaro Bellolio, exdirector del Sermig, comenta que la disminución de las deportaciones es “un reflejo del debilitamiento del control migratorio en el país” y una muestra de la magnitud del problema actual. “Desde 2022, han ingresado de manera clandestina aproximadamente 127.000 personas, mientras que en el mismo período solo se han materializado 3.000 expulsiones. Esta brecha demuestra que la política migratoria del gobierno ha sido insuficiente y ha generado incentivos perversos para la inmigración irregular", menciona.
Además, detalla que esta disminución de las deportaciones se da en un contexto donde la criminalidad ligada a extranjeros ha crecido. “De los 9.100 extranjeros presos en Chile, un número importante está vinculado a bandas criminales organizadas. Sin embargo, en lugar de fortalecer las herramientas para deportar a quienes representan una amenaza para la seguridad pública, el gobierno ha optado por priorizar regularizaciones. Esta inacción no solo pone en riesgo la seguridad ciudadana, sino que también erosiona la confianza en el Estado de derecho”.
Ahora bien, en cuanto a los factores que pueden influir, Bellolio señala que, teniendo en cuenta la cantidad de expulsiones pendientes, esto se trata de un “problema que va más allá de una reforma específica”. En el caso de la Ley de Droga, que impide expulsar a las personas condenadas por ese delito, señala que “Chile cuenta con herramientas internacionales como el Convenio de Estrasburgo, que permite que los extranjeros condenados cumplan su pena en su país de origen. Sin embargo, el gobierno ha optado por no utilizar esta vía y, en cambio, busca una reforma que permitiría liberar a estos delincuentes sin que cumplan su condena”.
¿Mano dura para Chile?
Andrés Longton, diputado de Renovación Nacional e integrante de las comisiones permanentes de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Seguridad Ciudadana, comenta que los argumentos de Cordero son “una excusa”, ya que, la modificación a la Ley de Drogas es con la intención de que la persona migrante que cometa un delito de esa índole, cumpla la condena para luego ser expulsado.
Asimismo, señala que Chile “necesita mano dura, pero para eso el Gobierno debe tener convicción, determinación y voluntad de que la migración irregular no le hace bien al país y que ha traído consecuencias nefastas. Y para eso, el control de nuestras fronteras, la eficiencia de las expulsiones y eliminar incentivos es fundamental para poder avanzar en mayor control de la migración ilegal”.
En la mirada de Bellolio, más que "mano dura", Chile “necesita una política migratoria seria, eficiente y basada en el cumplimiento estricto de la ley. La actual administración ha priorizado la regularización de personas que ingresan clandestinamente en vez de fortalecer las expulsiones o reconducir, lo que ha generado incentivos para que más extranjeros sigan llegando de manera irregular”, asevera.

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