La inquietud del futuro Gobierno por el aumento en la contratación de funcionarios públicos

Al próximo subsecretario Rodrigo Ubilla le "llama la atención el incremento del 21 por ciento en la dotación de personal, tanto en la subsecretaría como en el ministerio (del Interior), más aún cuando un área tan importante, como es el Programa de Derechos Humanos, que tenía alrededor de 30 funcionarios, desde el año pasado ya no es parte de este ministerio. Esto hace aún más grave la situación y la gran pregunta es si se justifica este incremento y eso es lo que tendremos que evaluar".



"Los cargos de jefes de departamento y los de niveles de jefaturas jerárquicas equivalentes de los ministerios y servicios públicos serán de carrera y se someterán a las reglas especiales que se pasan a expresar. La provisión de estos cargos se hará mediante concurso en los que podrán participar los funcionarios de planta y a contrata de todos los ministerios y servicios regidos por este Estatuto Administrativo que cumplan con los requisitos correspondientes, que se encuentren calificados en lista N°1, de distinción, y que no estén afectos a las inhabilidades establecidas en el artículo 55. En el caso de los empleos a contrata se requerirá haberse desempeñado en tal calidad a lo menos durante los tres años previos al concurso".

La frase forma parte del artículo 8° del Estatuto Administrativo y contempla que, como resultado del concurso, un comité de selección propondrá entre tres y cinco candidatos pertenecientes a la planta de servicio que hayan obtenido los mejores puntajes respecto al cargo a proveer. Su permanencia en las jefaturas, en el caso de los funcionarios elegidos, será por un período de tres años.

En Chile Vamos han seguido de cerca las contrataciones que, por esta vía, ha realizado la actual administración desde agosto del año pasado. En febrero, de hecho, el diputado UDI Juan Antonio Coloma pidió públicamente a la Contraloría que suspendiera los procesos concursables vigentes por vulneración al principio de probidad administrativa: informó que de acuerdo a las cifras entregadas por el Servicio Civil, los concursos desarrollados representaban un incremento de 53% respecto a 2016, y un 245% de aumento en comparación al último año de la administración anterior.

La preocupación ha escalado en los últimos días al futuro Gobierno. El próximo subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, lo plantea: "Llama la atención el incremento del 21 por ciento en la dotación de personal, tanto en la subsecretaría como en el ministerio (del Interior), más aún cuando un área tan importante, como es el Programa de Derechos Humanos, que tenía alrededor de 30 funcionarios, desde el año pasado ya no es parte de este ministerio. Esto hace aún más grave la situación y la gran pregunta es si se justifica este incremento y eso es lo que tendremos que evaluar".

Según diversas fuentes del sector, la Contraloría estaría indagando la situación que, de acuerdo a Chile Vamos, involucraría a cerca de 500 contratos que el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet habría realizado a partir del segundo semestre de 2017. Las cifras darían cuenta de que los ministerios con más contrataciones son Agricultura, Hacienda e Interior.

"Es raro que un ministerio como el de Agricultura, que tiene tantos funcionarios en todo Chile y tantos servicios, tenga una planta de funcionarios de 22 personas, de los cuales 15 son los seremis, y el resto está todo a contrata. Entonces vemos que esto es muy curioso", afirma el próximo subsecretario de la cartera Alfonso Vargas.

En Agricultura existe una amplia red de instituciones dependientes, como Indap, Conaf y el SAG, entre otras. En Chile Vamos sostienen que dicho ministerio lideraría la cifra de contratados -156 en total- desde septiembre del año pasado, vía concursos públicos.

En el futuro equipo que llegará a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), en tanto, están comenzando a revisar los traspasos de honorarios a contratas: ya habrían constatado que la dotación aumentó en alrededor de un 30% y el gasto en remuneraciones habría subido en un 70%, entre diciembre del 2013 y octubre de 2017.

El subsecretario entrante, Claudio Alvarado, explica que "en el caso de la Segpres hay una diferencia respecto a otros ministerios. Por su naturaleza política, gran parte de los cargos directivos, ya sea de planta o contrata, son de confianza. Entonces, si no renuncian, existe "un procedimiento express para solicitar el cargo".

En el entorno de Piñera aseguran que el caso del Ministerio de Defensa es uno de los más complejos. Durante el último período se habrían realizado 15 concursos para llenar los cupos de directores de departamentos en la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. De ellos, 7 habrían sido renovados del período anterior y otros 7 habrían asignados como funcionarios del gobierno entrante, algunos con contrato hasta el 2021. Sólo un concurso quedó pendiente para abril de este año. El caso que más inquieta es del Departamento de Auditoría, por su relevancia en el sistema de control interno, cuya directora permanecería en ese cargo hasta julio de 2020.

Ministerio de la Mujer

En el futuro Gobierno señalan que existen algunos concursos cuyas fechas coinciden con las del período electoral, por lo que, presumen, fueron diseñados para que su resolución recayera en autoridades del gobierno saliente. En algunos casos, se afirma, se encuentran vacantes hace más de dos años. Así ocurría al menos en el Gobierno Regional del Bíobío, cuyos cargos se encuentran vacantes desde 2012 y en la Dirección de Crédito Prendario, en cuyo caso datarían de 2013.

Un grupo de parlamentarios de RN y la UDI viene denunciando desde inicios de año esta situación. A través de oficios han solicitado a la Contraloría -organismo que se encontraría analizando los antecedentes- su intervención y que revise si se ha cumplido con todos los requisitos exigidos en materia de concursos públicos. Incluso, le han pedido a dicho ente fiscalizador que, si el actual gobierno no ha cumplido con los requisitos, se inicien sumarios y se anulen contrataciones.

Uno de los oficios presentados corresponde a la diputada RN Marcela Sabat quien, a fines de noviembre, pidió la suspensión del concurso público para llenar las vacantes de la planta técnica, administrativa, y auxiliar del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, cartera que estipula un total de 93 cargos de planta.

A juicio de Sabat, resultaba "sospechoso" de que se haya convocado a dicho concurso poco antes de las elecciones presidenciales -el 24 de noviembre de 2017- y que los seleccionados hayan sido en su mayoría militantes y adherentes de los partidos políticos del gobierno.

A tres meses de esa denuncia, la diputada espera que exista un pronunciamiento de la Contraloría. Dice no creer que todos los funcionarios públicos puedan ser calificados de operadores políticos, pero que "es evidente que este gobierno se ha esmerado en dejar instalada a su gente, los que en muchos casos entraron por la ventana el último año y sin cumplir funciones claras. Acá se debe permitir la instalación de nuevo gobierno y sus equipos y será una misión esencial eliminar a todo aquel que este siendo pagado con recursos públicos como pago de favores y sin justificación".

Circular de Hacienda

El pasado 9 de febrero, la entonces ministra subrogante de Hacienda, Macarena Lobos, emitió un oficio a los ministros de Estado, subsecretarios, intendentes y jefes superiores de servicios con el fin de "dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 de la Ley N° 21.053, Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2018, relativo al traspaso de personal a honorarios a contrata de acuerdo al artículo 18 de la Ley N° 20.948, sobre reposición de las vacantes a contrata".

Según el oficio, "el número máximo de personas que podrán modificar su calidad jurídica de honorarios a suma alzada a contrata será de 8.000". El diputado Coloma (UDI) señaló que "este apuro por llevar adelante este proceso revela lo que hemos señalado con los contratos y con los distintos llamados a concurso que están muy apurados por dejar instalada gente de su gobierno. Lo mínimo que uno esperaría es, primero que tengan requisitos más estrictos y, segundo, dejar este proceso para el próximo gobierno, para entender que cuando se gana o se pierde una elección, se tiene que aceptar el resultado de la ciudadanía".

Desde Hacienda, Lobos señaló entonces que "sorprende que se critique el contenido del oficio circular, toda vez que él no hace más que precisar cómo han de aplicarse normas legales recientemente aprobadas por el Congreso por amplia mayoría y que materializan el compromiso del Ejecutivo de regularizar a los trabajadores a honorarios que desempeñen labores permanentes hasta un máximo de 8.000".

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