El irregular caso de un remate que tiene en vilo al hijo de un juez de la Corte Suprema

Golpes, gritos e insultos son tan improbables en el edificio ubicado en El Golf 40, en el sector oriente de Santiago, que la recepcionista del piso 12 no daba crédito a lo que escuchaba esa mañana del 29 de marzo de 2017. Corrió hacia una de las oficinas y se encontró con una pelea en la que participaba un grupo variopinto de personas, compuesto por pequeños empresarios y abogados. En el piso, papeles rotos, una cédula de identidad inutilizable y un notebook destrozado completaban la escena. Al único que logró reconocer ese día la recepcionista fue a Manuel Valderrama Escobar, un abogado que estaba ahí oficiando de árbitro en una partición de terrenos.

Había sido el mismo Valderrama quien minutos antes la había contactado. Quería que llamara a seguridad, pues el remate del terreno que estaba dirigiendo se le había escapado de las manos. Una de las partes, los dueños originales de ese terreno, acusaban ilegalidades en todo el proceso y estaban dispuestos a ir a la cárcel por defender su propiedad. Y así ocurrió ese día. Los hermanos Rubén y Pablo Padilla se fueron detenidos por Carabineros, pues golpearon a Valderrama y a Eduardo Lagos, uno de los abogados de la otra parte, la que se quería adjudicar el remate de los terrenos. Valderrama y Lagos correrían la misma suerte.

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La pelea en El Golf 40 no fue más que la consecuencia de una larga lucha judicial que mantiene enfrentados hasta hoy a los Padilla con Juan Cristi, dueño de la Minera Santa Laura, dedicada a la extracción de áridos y que funciona precisamente al lado del terreno en disputa, ubicado en la comuna de San Bernardo. Esa lucha, además, ha escalado a varios estamentos del Poder Judicial, el cual sancionó a Valderrama y abrió sumarios a un juez suplente y un histórico notario del centro de Santiago. La Corte Suprema, de hecho, tiene el caso en tabla para analizarlo, mientras que la Fiscalía Centro Norte continúa con sus diligencias.

El nombramiento del árbitro
El litigio comenzó el 3 de agosto de 2015, cuando Cristi adquirió los derechos sucesorios a Pamela, la quinta hermana Padilla, en 360 millones de pesos. Así logró ingresar a la propiedad y se quedó con una parte de ella. Ese fue el inicio formal del conflicto, pues Cristi ya había tratado infructuosamente de comprar todo el terreno, que fue tasado en 2.200 millones de pesos, aunque los Padilla estiman que puede llegar a valer 10.000 millones de pesos. Cristi, tras hacerse de una parte de ese terreno, podía forzar a una partición del mismo y luego a un remate público, para adquirir lo que le faltaba y que aún conservan los otros cuatro hermanos Padilla.

Los abogados de Minera Santa Laura, la empresa de Cristi, eran Eduardo Lagos, un exdiputado del Partido Radical Social Demócrata (PRSD) procesado y absuelto en un caso de corrupción; y José Luis Pérez Calaf, actual fiscal regional occidente, quien por ese entonces ejercía libremente la profesión. El 8 de septiembre del mismo año, ambos abogados presentaron ante el 25° Juzgado Civil de Santiago un escrito en el que Cristi manifestó su voluntad de no pertenecer más a la comunidad, solicitando la designación de un árbitro para dividir la tierra en partes iguales. En los hechos, Cristi estaba llevando adelante el plan que se había propuesto cuando compró la parte del terreno que correspondía a Pamela Padilla.

Fue así como el 18 de noviembre de 2015 ese juzgado designó a Manuel Valderrama Escobar, quien al momento de asumir llevaba dos años titulado de abogado y poseía poca experiencia en arbitrajes. Su nombramiento como juez partidor llamó la atención de los Padilla, pues uno de los abogados de la minera, específicamente Pérez Calaf, tendría vínculos de amistad con el padre de Valderrama Escobar, el ministro de la Corte Suprema, Manuel Valderrama Rebolledo. De hecho, en al menos dos oportunidades Pérez Calaf ha visitado en su casa al magistrado junto a su pareja, María Teresa Díaz, miembro de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Díaz también tiene una relación de amistad con Myriam Escobar, esposa del supremo, quien a su vez se desempeña como notaria, archivera y conservadora de minas en Buin.


El abogado Manuel Valderrama Escobar (a la izquierda) y su padre, el ministro de la Corte Suprema, Manuel Valderrama Rebolledo (a la derecha). / Facebook personal.
Durante la tramitación del caso por parte de Valderrama Escobar, acusan los Padilla, se cometieron una serie de anomalías que llevaron a una subasta absurda, donde el único oferente era precisamente Cristi, a través de Minera Santa Laura. Y no sólo eso. Valderrama Escobar también desobedeció una resolución emanada del 29° Juzgado Civil de Santiago, que le impedía subastar la propiedad (revisa acá esa la petición de suspensión y la resolución del juzgado).

En entrevista con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, Valderrama Escobar aseguró que nunca llegó a sus manos el documento judicial que le impedía llevar a cabo el remate. Aunque sí le llegó a su actuario y ministro de fe, quien supuestamente nunca le informó.

La movida ante el notario
Después de la pelea en El Golf 40, Rubén y Pablo Padilla quedaron detenidos en la 17º Comisaría de Las Condes, en el sector oriente de Santiago, y al día siguiente fueron liberados y formalizados por lesiones. Valderrama Escobar, en tanto, quedó libre pasadas las 13.00 horas del mismo día que fue detenido, sin ningún tipo de medida en su contra.

Como en esa misma pelea los vale vista, el notebook de Valderrama Escobar y la cédula de identidad de Eduardo Lagos, el abogado de Cristi, habían sido destruidos, los hermanos Padilla creyeron que el remate se postergaría, que a falta de documentación no tenía cómo llevarse a cabo. Pero se equivocaron. Valderrama y Lagos volvieron a la oficina de El Golf a las 17.00 horas de ese mismo día y reanudaron la subasta sin que hubiese otro oferente más que Minera Santa Laura, la empresa de Cristi. No estuvieron presentes los Padilla, detenidos en ese momento, ni sus abogados. Tampoco estuvo el secretario y juez suplente del 18° Juzgado Civil de Santiago, Adrián Reyes, quien por ley oficiaba como el actuario del juicio arbitral y era pieza clave en el procedimiento como ministro de fe.

Cuando Valderrama terminó el remate y adjudicó el terreno a Minera Santa Laura, se dirigió a al centro de Santiago, donde se ubica la tradicional notaría Cosme Gomila, que cierra a las 18.00 horas. Allí lo esperaba Lagos y el dueño de la Minera Santa Laura, Juan Cristi. Las escrituras ya estaban listas, porque una funcionaria de la notaría Gomila las había recibido en dos correos electrónicos (a las 13.56 y 13.58 horas, respectivamente), enviados por el propio árbitro después de salir de la unidad policial.

Pasada la hora de cierre de la notaría, el empresario firmó la escritura que lo trasformó en dueño del predio, solo habiendo comprado derechos sucesorios y previo a un breve llamado a remate en el diario El Mercurio. El remate y el negocio, hasta ahí, parecían cerrados. Sólo faltaba pasar los documentos por el Conservador de Bines Raíces (CBR) de San Bernardo. Pero en esta parte del proceso fue cuando todo se complicó aún más y lo obrado por Valderrama Escobar comenzó a retrotraerse.

“Una mirada sencilla en Google Earth muestra que por la hora en que fueron firmados los documentos, es imposible que llegaran a la notaría ubicada en Ahumada 341”, cuestiona Mauricio Duque, abogado que patrocina a los hermanos Padilla en un juicio civil que surgió como arista de todo el proceso.

Duque cuestiona el horario porque cree que todo fue parte de un gran acuerdo entre las partes. Es decir, ve poco probable que Valderrama Escobar levantara un remate, se fuera detenido, no tuviera documentos ni notebook en buen estado para retomarlo y finiquitarlo y, luego de todo eso, viajara hasta el centro de Santiago para pasar todo por notaría, antes de las 18.00 horas.

Sin embargo, hay un detalle que revela por qué todo se hizo con rapidez. Y es que Valderrama Escobar, un día antes del remate, llamó personalmente a la notaría. Se contactó con Gomila, a quien le indicó que debía extender escrituras de compraventa y no de “compraventa en remate”. Para convencer a Gomila de su premura, le indicó que tenía programado un viaje al extranjero al otro día. Pero no era así. El viaje sería varias semanas después, según reconoció a Radio Bío Bío.

Gomila hizo que la escritura fuera revisada por un abogado, que oficia como notario suplente, quien no halló mayores problemas, por lo que el documento quedó en regla el 30 de marzo de 2017. A los pocos días, Eduardo Lagos, el abogado de Minera Santa Laura, concurrió al Conservador de Bienes Raíces para inscribir el documento. Luego de revisar cómo estaba extendido, la titular del CBR, Amelia Gálvez, estimó que existían errores formales que debían ser corregidos y no realizó el trámite de formalización. Nada de esto, por cierto, fue conocido por los Padilla sino hasta días más tarde, iniciándose un nuevo frente judicial.

El 6 de abril de ese año, el abogado Mauricio Duque fue a la oficina de Gomila y pidió una audiencia. Le indicó que, al momento del remate, pesaba una resolución judicial sobre Valderrama Escobar que le impedía llevar adelante la venta del terreno. Fuentes que conocieron de la escena, aseguran que Gomila se manifestó sorprendido y explicó que desconocía por completo la situación. En efecto, Valderrama Escobar nunca le contó aquello.


Familia Padilla.
Mayoría abrumadora
Los hechos llegaron a oídos del Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago a través de un recurso de queja interpuesto a fines de 2017 por los hermanos Padilla, los dueños del predio, en contra de las actuaciones de Valderrama Escobar. En él se le acusa de cometer “falta o abuso” para favorecer a la Minera Santa Laura.

Tan grave fue considerado el actuar de Valderrama Escobar, que en enero de este año el tribunal de alzada capitalino lo sancionó por 27 votos a favor y cinco en contra, con una “censura por escrito” y abrió un cuaderno disciplinario al magistrado suplente y secretario del 18º Juzgado Civil de Santiago, Adrián Reyes, quien se desempeñó como actuario y ministro de fe en el juicio de partición, incumpliendo las labores del cargo, según dice la resolución.

La determinación también afecta al notario Gomila, por haber inscrito la escritura fuera del horario de funcionamiento.

En todo caso, el tema escaló el pasado lunes 23 de abril, porque el mismo ampliado de ministros resolvió designar a un fiscal judicial para que realice un sumario, lo que podría terminar en un cuaderno de remoción para ambos. Distintos miembros de la instancia, consultados por este medio, aseguran que el asunto podría empeorar, opinión compartida por varios ministros de la Corte Suprema.

Un extracto del fallo, que publica íntegramente la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, es elocuente sobre los actos de Valderrama Escobar: “Solo cabe concluir que se trata de actuaciones que no pueden sino calificarse como faltas o abusos graves en el desempeño de su cargo que trascienden los desaciertos jurídicos cometidos, ya que no solo comprometen la disciplina judicial, sino dañan el prestigio y la respetabilidad de su labor jurisdiccional, pues antes de dar seguridad a las partes de un juicio ecuánime que dé garantías a todas ellas, generan dudas que no hacen sino crear mayor animosidad y beligerancia entre ellas, agudizando un conflicto que debió resolverse de manera rápida y sin llegar a los extremos indebidos a los que lo condujeron con sus reprochables conductas” (lea acá el fallo completo).

El dictamen judicial es por estos días el comentario obligado en los pasillos de tribunales, ya que la sanción debe ser revisada en los próximos días, previos alegatos, por el ampliado de la Corte Suprema. Desde ya se prevé una discusión compleja, en la que Valderrama padre no podrá estar presente por la causal de inhabilidad que le afecta. Tampoco el magistrado Lamberto Cisternas, ya que el abogado que defendió en primera instancia al árbitro, Ángel Valencia, trabaja en el estudio jurídico de su hijo, Cisternas & Cía.

Actualmente, Valderrama Escobar es patrocinado por Juan Carlos Manríquez, quien dijo que “para el caso de la sanción que le aplicó la Corte de Apelaciones de Santiago, vamos a sostener una defensa en torno atacar los supuestos que habrían, provisionalmente, hecho sostener la sanción que se le pretende imponer. Obviamente, busco anularla o bien atenuarla, atendido los argumentos que expondré y que la Corte Suprema evaluará en su mérito”.

Querella envenenada
En medio de la guerra de recursos judiciales, la familia Padilla contrató al abogado Carlos Hidalgo e interpuso una querella criminal, el 2 de junio de 2017, en contra de Valderrama Escobar, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de prevaricación y desacato. También está incluido el abogado Eduardo Lagos, patrocinante de la Minera Santa Laura, por estafa (lea la querella).

Lo particular, es que el juez Darwin Bratti, al día siguiente, emitió una resolución, previo a dar curso a la querella, para que Hidalgo entregara “antecedentes que den verosimilitud a los hechos relatados” en el libelo, advirtiendo que, de no ser así, éste no sería admitido a tramitación. Hidalgo presentó un nuevo escrito, recordándole a Bratti que la Corte de Apelaciones de Santiago ya había señalado que de existir hechos que a su vez tengan tipificación en el Código Penal, era suficiente para que se tramite una presentación.

Cuatro días más tarde, el mismo Bratti Jorquera emitió una nueva resolución, en la que sostuvo que “habiendo tomado conocimiento” el mismo día de que una jueza del tribunal, a quien no identificó, tenía una relación de parentesco con Valderrama Escobar, se declaraba inhabilitado para seguir conociendo los hechos materia de la querella. Radio Bío Bío pudo averiguar que la juez a la que se refería Bratti es Tatiana Escobar, prima del árbitro y sobrina del ministro de la Suprema.

Finalmente, siete días después, un periodo largamente inusual en los tribunales de garantía, el juez Mario Cayul acogió la presentación y fue enviada a la Fiscalía Centro Norte. Sin embargo, en el Ministerio Público la indagatoria ha pasado por cuatro fiscales distintos. Primero, estuvo en manos del perseguidor penal César Urzúa, luego fue designada a la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, donde Jaime Retamal se excusó de tramitarla. Posteriormente, la tomó Tania Sironvalle y ahora está en manos de Héctor Carrasco, de la misma unidad.

El Ministerio Público dijo que el cambio de fiscales respondía a una situación normal, relacionada con una correcta distribución interna del trabajo. Sin embargo, Radio Bío Bío conversó bajo reserva con varios persecutores, quienes admitieron que el caso les incomodaba, dada la trenza de relaciones de los implicados.

Maniobras dilatorias
El 10 de agosto del año pasado, Valderrama Escobar se presentó ante el fiscal César Urzúa para a prestar declaración voluntariamente, en calidad de imputado y con el patrocinio del abogado Luis Masferrer, designado recientemente como nuevo director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

En nueve páginas, el profesional explicó, al tenor de las preguntas formuladas por los querellantes en su presentación, el rol que le cupo en el arbitraje (lea acá la declaración). En síntesis, indicó que todo se apegó a la legalidad, que los querellantes habían realizado todo tipo de maniobras dilatorias para evitar que se llevara adelante el juicio y que todas las resoluciones se apegaron a las reglas de la partición.

Además, argumentó que nunca fue notificado de la suspensión y que el actuario del caso, Adrián Reyes, nunca le informó nada, razón por la cual realizó el remate.

Consultado por qué, una vez que fue dejado en libertad reanudó el remate a las 17.00 horas, Valderrama Escobar dijo: “como ya había dado comienzo a la audiencia, como no se habían presentado más postores y justamente por haber sido agredido, tomé la decisión de terminar luego esto para no saber más del tema”.

En el mismo testimonio, Valderrama Escobar aseguró que José Luis Pérez Calaf no es amigo de su padre, el ministro de la Suprema. Sin embargo, en la entrevista con este medio, reveló que, al menos, en dos oportunidades lo vio junto a su pareja en la casa de sus padres. De hecho, los antecedentes sobre Pérez Calaf, el actual fiscal regional occidente y abogado en el inicio de la causa de Minera Santa Laura, fueron remitidos a la Fiscalía Nacional, para determinar si el caso debía ser visto por un persecutor penal del mismo rango, en caso de que se descubrieran hechos que pudieran constituir delitos o bien anomalías administrativas.

La respuesta a esa remisión de antecedentes fue que la causa debía quedarse en la Fiscalía Centro Norte.

En tanto, Manríquez, el abogado de Valderrama Escobar, planteó que “en el caso de la indagatoria que lleva la Fiscalía Centro Norte, nosotros vamos a seguir a disposición. Mi cliente ya prestó declaración y dentro de los próximos días vamos a tomar una posición más activa a través de la petición de diligencias”.

Este medio intentó obtener una versión de todos los involucrados en el caso. Pero gran parte de ellos se excusaron de participaron en este artículo.

https://www.biobiochile.cl/noticias...-al-hijo-de-un-juez-de-la-corte-suprema.shtml