La economista ex Concertación que sí cree en las AFP y de hecho creó una

Fundó junto a la familia Álvarez la AFP UNO, que está pronta a salir al mercado. Pero la semana pasada tuvo que dejarla, porque se fue al Banco Central.

Es muy trabajadora, responsable y hábil, ya que es capaz de manejar muchos temas a la vez”.Rodrigo Valdés Exministro de Hacienda

El 15 de marzo, la ingeniera comercial de la UC y doctora en Economía de la Universidad de Chile Bernardita Piedrabuena asumió como gerenta de Riesgo Corporativo del Banco Central, un cargo nuevo en el ente emisor que la sacó de la aventura en la que estaba envuelta desde hace un par de años: sacar al mercado una AFP nueva.Piedrabuena (48), una economista “matea y muy metódica”, según sus amigos, será responsable de identificar los riesgos de mayor relevancia estratégica, internos y externos de la institución, y su superior directo será el gerente general Alejandro Zurbuchen.Más allá de ser hija del ex fiscal nacional Guillermo Piedrabuena y estar casada con el ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, en lo profesional ha corrido con colores propios.Salió de la universidad en 1993, como “The Best of the Generation”, según su propio LinkedIn.Trabajó en el Ministerio de Hacienda en las administraciones de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1996-99), Ricardo Lagos (2002-2006) y de Michelle Bachelet (2014-2018) lo que le permitió generar estrechos lazos con el mundo que hoy es oposición, en particular con la ex Concertación. Previo a su llegada al Central, estaba enfocada en su primera experiencia emprendedora. Mientras trabajaba como economista jefe en Zahler & Cía, era socia y directora de la AFP UNO, que está pronta a salir al mercado, junto al ex gerente general de Cuprum Ignacio Álvarez, su esposa Isabel Said y sus hermanos José Manuel y Juan Antonio Alvarez (vicepresidente ejecutivo de Parque Arauco). UNO fue la única gestora que presentó oferta para administrar la cartera de nuevos afiliados lanzada por la Superintendencia. “Dado que su cargo es incompatible con el negocio previsional, Bernardita dejó de lado toda ligazón con la AFP”, dijeron fuentes del Banco Central.Ignacio Álvarez describe a su ahora ex socia como “una tremenda profesional y persona”. Piedrabuena fue clave en la conformación de la empresa y en su presentación en sociedad. Según el portal Infolobby, se reunió junto a la plana mayor de UNO con el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, dos veces en julio del año pasado, y el 16 de agosto del mismo año con el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, con el fin de conocer detalles sobre el proceso de licitación de administración de cuentas de capitalización individual de las AFP.


Experta en el mundo público

Pese a que transitó por el mundo privado, donde por ejemplo asesoró a BBVA (entre 2000 y 2001), su camino profesional está marcado por el servicio público. Comenzó a trabajar como economista junior en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 1996, bajo la jefatura de Eduardo Aninat.En la gestión de Ricardo Lagos, Piedrabuena fue la coordinadora de Política Macroeconómica, donde trabajó junto a Rodrigo Valdés, y su jefe era Eyzaguirre .“Bernardita es muy trabajadora, responsable y hábil, ya que es capaz de manejar muchos temas a la vez. Yo trabajé con ella en el Ministerio de Hacienda y luego como ministro. Ella fue una muy buena ayuda, ya que conoce toda la institucionalidad pública y privada. Será un gran aporte para el Banco Central”, comenta Rodrigo Valdés, ex coordinador de Política Económica del gobierno de Ricardo Lagos y ex ministro de Hacienda de Bachelet.En enero de 2016, Piedrabuena llegó al directorio de Enap en reemplazo de Fidel Miranda, ocupando el cupo que tiene Corfo para designar un miembro en la mesa de la petrolera. En septiembre de 2017, cuando Nicolás Eyzaguirre llegó al Ministerio de Hacienda, Piedrabuena tomó una determinación drástica. Cambió la cartera de Teatinos 120 por el Ministerio de Economía.“Dejó Hacienda cuando su marido llegó al ministerio. Eso habla muy bien de su transparencia a la hora de hacer las cosas. Después llegó a Economía justo cuando salió el ministro Luis Felipe Céspedes y acompañó de cerca a Jorge Rodríguez Grossi, su sucesor”, comenta un ex colega.Según explica en su cuenta de LinkedIn, la profesional se encargó fundamentalmente de llevar la agenda legislativa de economía al Congreso, promoviendo las leyes de Protección de Datos Personales, General de Bancos y de Productividad.“Trabajar con ella es muy fácil. Creo que es muy hábil para trabajar en el Congreso. Si a mí me pregunta, yo la veo más ligada al mundo público que a las empresas o a una AFP. Ella es un gran aporte a las políticas públicas y si bien no es política, tiene gran diálogo con los parlamentarios”, comenta Jorge Rodríguez Grossi, su jefe en la última administración Bachelet.

http://impresa.lasegunda.com/2019/03/20/A/5P3IQ3ER/all#DH3IQ5ME

 

Nueva AFP ofrece la comisión más baja del mercado y se llevará a los nuevos afiliados por dos años

La nueva AFP UNO se adjudicó la licitación para que, por los siguientes dos años, los nuevos afiliados al sistema de pensiones deban comenzar a cotizar en ella.

La Superintendencia de Pensiones (SP) ya había autorizado el 11 de marzo pasado el funcionamiento de la AFP UNO, la primera administradora de fondos en ingresar al mercado desde 2007, cuando irrumpió AFP Modelo.

También fue la única que postuló a la licitación de la SP para quedarse con la cartera de afiliados en el periodo 2019-2021.

Este lunes se abrió el sobre con la oferta que presentaron en el proceso. Y la propuesta sorprendió al mercado con una comisión de 0,69%, desplazando al 0,77% de AFP Modelo, que la encumbraba como la administradora más barata.

La nueva compañía arrancó con un capital inicial de 4.800 millones de pesos, tiene como socio fundador al ex gerente general de Cuprum, Ignacio Álvarez y en su directorio se encuentra Isabel Margarita Said, socia de diversas empresas del Grupo Said; y José Pedro Donoso, actual director de Mall Plaza.

Según el calendario establecido en las bases de licitación, a partir del 1 de octubre de este año, quienes ingresen por primera vez como afiliados al sistema de pensiones tendrán que incorporarse obligatoriamente a AFP UNO y mantener una permanencia de dos años, hasta el 30 de septiembre de 2021, periodo en que la administradora tampoco podrá subir su comisión.


Contexto
En tanto, quienes ingresen al sistema de pensiones como nuevos afiliados hasta el 30 de septiembre próximo, deberán incorporarse obligatoriamente a AFP Modelo, puesto que es la administradora que en este momento ofrece la menor comisión del sistema, equivalente al 0,77% de la renta imponible.

En el caso de los trabajadores a honorarios obligados a cotizar, que a partir del 1 de octubre de este año emitan su primera boleta de honorarios y no estén afiliados a ninguna AFP, serán incorporados automáticamente a AFP UNO, pero en la Operación Renta de abril de 2020.

AFP Planvital fue la última administradora en adjudicarse una licitación de cartera de nuevos afiliados, en enero de 2016, al ofertar una comisión de 0,41% por el período comprendido entre agosto de 2016 y julio de 2018, aunque tras ese periodo reajustó su cobro y lo subió a 1,16%, lo que le generó una fuga masiva de afiliados, pero que de todos modos le dejó un alza de 100% en sus ingresos de 2018.

Con todo, la adjudicación de la licitación a UNO será oficialmente emitida a más tardar el 1 de abril próximo para su posterior publicación en el Diario Oficial.

https://www.biobiochile.cl/noticias...ara-a-los-nuevos-afiliados-por-dos-anos.shtml

 

Corte de Apelaciones de Rancagua: tres ministros investigados por tráfico de influencias y pagos indebidos



La suspensión de sus funciones del ministro Emilio Elgueta es solo la superficie de una explosiva investigación por corrupción al interior del Poder Judicial. CIPER investigó y descubrió una trama que une a tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua. En ella se mezclan beneficios a un doctor condenado por tráfico de sicotrópicos, registros telefónicos que dan cuenta de cómo una banda narco obtiene la libertad de uno de sus miembros a cambio de dinero, y de los vínculos con abogados que litigan en causas que ellos deben dirimir. También hay préstamos y pagos a ministros. Esta es la otra cara del “desastre de Rancagua”.

Rumores sobre nexos impropios entre ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua y abogados e imputados recorrían desde hacía meses los pasillos de los tribunales de esa ciudad. La presión se hacía insostenible. Hasta que el 22 de marzo la Corte Suprema hizo estallar el misil al anunciar un duro castigo disciplinario para el ministro Emilio Elgueta Torres: la suspensión en su cargo mientras dure la investigación por irregularidades en que habría incurrido en el ejercicio de sus funciones, y que dirige la suprema Rosa María Maggi.

Ese viernes, muchos se preguntaron cuánto tardarían en llegar las esquirlas de ese sumario a los otros dos ministros que forman junto a Emilio Elgueta el trío más poderoso y polémico de la justicia en la Sexta Región: Marcelo Vásquez Fernández y Marcelo Albornoz Troncoso.

La pregunta tiene asidero: a la investigación que lleva la ministra Maggi y que continúa en desarrollo, se suma otra que abrió el Ministerio Público en octubre del año pasado en contra de los ministros Elgueta y Vásquez. Y en esa indagatoria hay también novedades. Poco después de que se conociera la decisión del Pleno de la Corte Suprema, la Fiscalía de Rancagua solicitó al tribunal de Garantía de esa región fijar audiencia para formalizar al ministro Elgueta por tráfico de influencia y prevaricación. La audiencia se fijó para el próximo 26 de abril.

“Tráfico de influencias o algún tipo de actuaciones que se estiman irregulares, preliminarmente”, fueron los motivos que informó el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, al anunciar la suspensión de Elgueta. A lo que agregó que también se están investigando “algunas tratativas que el señor ministro habría tenido con abogados de partes de algunos expedientes que se llevan en tribunales de la jurisdicción”. Todas actuaciones irregulares “que podrían terminar con una sanción y eventualmente con la remoción”.


Ministro Emilio Elgueta Torres (Fuente: pjud.cl)

La única hebra pública respecto de las acusaciones que pesan sobre el ministro Elgueta es aquella que lo vincula con el nombramiento de la hija de su amigo y también ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vásquez, como funcionaria de distintos juzgados de Letras y Garantía de la región.

La indagación de CIPER arrojó que en al menos 11 oportunidades Elgueta firmó el nombramiento de la hija de Vásquez para ocupar cargos en distintos tribunales de la Región de O’Higgins. Ello, mientras su padre, Marcelo Vásquez, fungía como presidente del tribunal de alzada. Lo grave es que el 11 de abril de 2017, fue el propio Marcelo Vásquez quien firmó la resolución exenta que nombró a su hija, Karla Vásquez Valenzuela, como consejera técnica suplente del Juzgado de Letras y Garantía de Litueche.

Pero lo más delicado de la indagación que sigue la Corte Suprema contra los tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua (Elgueta, Vásquez y Albornoz), es aún desconocido. La investigación que hizo CIPER durante meses arrojó resultados.

HUELLAS EN TRÁFICO DE SICOTRÓPICOS
La sospechas de que Emilio Elgueta ha intervenido en disposiciones judiciales para favorecer a terceros y que pudo haber recibido dinero por ello no son gratuitas. CIPER indagó en la causa judicial contra el médico cirujano Luis Arenas Contreras, quien lideraba en Rancagua una red de tráfico de fentermina, un tipo de anfetamina recetada para bajar de peso y sujeta al control de la ley de drogas.

El doctor Arenas, quien fue condenado el 4 de abril de 2018 en juicio abreviado como autor del delito de tráfico de sicotrópicos, ha sido también el médico de cabecera de Emilio Elgueta Torres, y también de los ministros Vásquez y Albornoz (y de sus familias). Otro de sus pacientes asiduos ha sido el secretario de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Hernán González, y de su esposa, la jueza de Garantía Jessica Bascuñán.

La historia de esta causa se remonta a enero de 2016. Fue entonces que el doctor Arenas Contreras presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Rancagua para anular una disposición de la Seremi de Salud de esa región que restringía la prescripción de medicamentos con fentermina (se vende bajo las denominaciones Sentis o Elvenir). La fentermina, catalogada como sicotrópico, por los riesgos que presenta para la salud está sujeta a la Ley 20.000 y puede ser adquirida solo a través de recetas cheque: talonarios entregados por los servicios de salud a los médicos y farmacias para la prescripción de estupefacientes y sicotrópicos.



Luego de que el Ministerio de Salud detectara un alza explosiva en el consumo de fentermina a nivel nacional (de 8 mil cajas en 2012 a más de 410 mil cajas en 2014), la Seremi de Salud restringió la entrega a solo un talonario de recetas cheque por médico al mes. Al doctor Arenas Contreras no le gustó la decisión sanitaria. Después se sabría que esa restricción perjudicaba sus intereses, ya que tenía montada una red ilícita de distribución de fentermina. En ella participaban al menos otras tres personas que recibían las recetas cheques del doctor para comprar el medicamento que luego era revendido a través de páginas web y redes sociales.

De ahí que Arenas presentara junto a otros facultativos un recurso ante la Corte de Rancagua solicitando levantar la restricción. El recurso está fechado el 8 de enero de 2016. Al día siguiente, el 9 de enero, el doctor Luis Arenas Contreras contactó al ministro Emilio Elgueta vía Whatsapp:

Luis Arenas: Estoy en la ceremonia de cuarto ¿Cómo salió el recurso hermanito?

Emilio Elgueta: No se vio hoy.

Arenas: Ok, te llamo más tarde o nos vemos donde el Marcelito Albornoz.

El recurso del doctor Arenas se resolvió tres días después de esa conversación. La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua declaró admisible el recurso y dispuso orden de no innovar, lo que en la práctica dejó sin efecto la medida de la Seremi de Salud de Rancagua. La resolución lleva la firma de Emilio Elgueta y tuvo un voto en contra: el de la abogada integrante María Latife.

A fines de ese mismo mes, el 28 de enero, los ministros Elgueta, Fernando Carreño y el abogado integrante Alamiro Carmona, acogieron el recurso de protección de Arenas y sus colegas, y tumbaron definitivamente la disposición de la Seremi de Salud. El doctor líder de la red de tráfico de fentermina en Rancagua volvió de manera oficial a tener acceso ilimitado a talonarios de recetas cheque.

Emilio Elgueta no era el único ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua con quien el doctor Luis Arenas tenía una estrecha relación. En distintas conversaciones telefónicas interceptadas por la policía, el doctor Arenas se refiere al ministro Marcelo Vásquez, como su “yunta”. En los mismos términos menciona al ministro Marcelo Albornoz: “El Marcelo Albornoz es bueno pal gueveo igual que yo, si con él estamos en la logia, bueno él está un par de grados más arriba pero se le extraña porque no tengo con quien lesear”, se lee en la transcripción de sus diálogos telefónicos.

En esas conversaciones se evidencia un vínculo aún más profundo entre el doctor Arenas y los ministros Elgueta y Albornoz. CIPER descubrió que tanto Elgueta como el doctor Arenas compartían “hermandad” en la Logia Masónica Nº 56 Jorge Washington de Rancagua. A esa misma logia también perteneció hasta hace pocos meses el ministro Marcelo Albornoz Troncoso.

En otra conversación telefónica el doctor Luis Arenas evidencia la relación de gran intimidad que mantiene con Marcelo Albornoz, quien está muy preocupado por su ascenso a la Corte de Apelaciones cuando aún era juez de Garantía:

“Estaba medio bajoneado mi compadre (Albornoz) porque va a tener que volver aquí a la Corte de Apelaciones… no se dio porque están muy ocupados en la Corte Suprema así que no pudieron confirmarle el reemplazo para el verano…”.

La estrecha amistad que une al doctor Luis Arenas con tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua es uno de los expedientes que agravan la situación de los magistrados. Y ello, porque su condena por tráfico de sicotrópicos no es el único delito en el que ha incurrido el facultativo. Arenas también fue procesado por otras dos causas: por emitir más de 3.500 licencias médicas fraudulentas y por fraude tributario. Y en el transcurso de uno de esos dos procesos aparece nuevamente la mano benefactora de sus ministros amigos.

Cuando el doctor Arenas estaba procesado por fraude tributario, se decretó que debía cumplir arresto domiciliario nocturno. Quien debe hacer el control de que el imputado cumpla esa pena es Carabineros. Durante 2017, en ocho ocasiones la policía reportó al Juzgado de Garantía de Rancagua que Arenas no se encontraba en su domicilio por las noches. Nada sucedió. Y cuando finalmente alguien en el juzgado reaccionó, se encontró con una sorpresa: los reportes de Carabineros dando cuenta del incumplimiento de Arenas habían “desaparecido” del tribunal. Solo se recuperaron gracias a que la policía uniformada guardó copia de ellos.

El juez del Tribunal de Garantía de Rancagua era el hoy ministro de la Corte de Apelaciones, Marcelo Albornoz. La indagación de CIPER descubrió que en medio de ese proceso judicial contra Arenas Contreras por fraude tributario, el juez Marcelo Albornoz le solicitó un “préstamo” de $1 millón al médico, dinero que le entregó en efectivo. Todos esos antecedentes –además de los que resultaron de otras conversaciones- están respaldados por las interceptaciones telefónicas que le hizo la policía al doctor Luis Arenas Contreras.

“LA CHOCLO” REPARTE MONEA’
La investigación de CIPER descubrió otro capítulo que podría agravar la situación de los ministros Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez. Interceptaciones telefónicas de fines de octubre del año pasado a los integrantes de un clan narco dan cuenta de posibles pagos a miembros del tribunal de alzada de Rancagua a cambio de modificar las medidas cautelares que pesaban sobre al menos dos de sus miembros privados de libertad. La banda era liderada por una mujer apodada “La Choclo”.

La historia que nos interesa se inicia el 16 de septiembre de 2018, cuando Kevin Gómez -miembro de la banda y sobrino de “La Choclo”– fue formalizado por robo con intimidación y el Juzgado de Garantía de Rancagua dictó prisión preventiva para el imputado. Un mes más tarde, el mismo tribunal revisó las cautelares y le dio a Gómez derecho al pago de una fianza de $1 millón para recuperar la libertad. El Ministerio Público impugnó la decisión y el 17 de octubre la sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua integrada por los ministros Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y el abogado Claudio Sepúlveda, revocaron la resolución del Juzgado de Garantía, manteniendo la prisión preventiva de Kevin Gómez sin derecho a fianza.

Doce días después, y a pesar de estar privado de libertad, Kevin Gómez se comunicó con su padre, Edison Gómez, hermano de “La Choclo”. En la interceptación telefónica que se hizo a esta comunicación del 29 de octubre se escucha:

Edison: vay a pasar unos días y te vay a venirte, pero no sé qué día, pero te vay a venirte…

Kevin: no si tranquilo, yo creo que voy a hacer unos 50 días…

Edison: si hubo que pasarle unas moneas a un weón de los de arriba ahora porque la weá va a ir pa’ la corte poh.

Kevin: si poh, pa’ allá poh, una luca creo que había dicho la Yoselyn.

Edison: pidió un resto más el weón.

Kevin: sí, a esperar no más.


Juzgado de Garantía de Rancagua

Dos días después de esta conversación, la justicia de Rancagua volvió a revisar la prisión preventiva de Kevin Gómez, la que nuevamente llegó a la Corte de Apelaciones de Rancagua tras la apelación de la Fiscalía. El 7 de noviembre los ministros Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez y el abogado integrante Claudio Sepúlveda, los mismos que hacía solo días (17 de octubre) habían dejado a Gómez en prisión y sin derecho a pago de fianza, modificaron la medida cautelar: la reemplazaron por una caución de $3 millones. Al día siguiente, Kevin Gómez quedó libre.

En una nueva interceptación telefónica del 22 de noviembre a otra comunicación entre jefes de la banda liderada por “La Choclo” se escucha que el clan narco tuvo que “invertir” $6 millones y medio para lograr la libertad de Kevin Gómez: $3 millones fueron destinados al pago de la caución y otros $3,5 millones a “otros pagos”.

A principios de diciembre pasado, nuevas interceptaciones dan cuenta de cómo miembros de la banda de “La Choclo” buscan modificar las cautelares de un cuñado de la familia, utilizando el mismo procedimiento que se usó con Kevin Gómez:

“Ya mira cuñao, igual te vay a irte, pero me dijo que hay que tener un poco de paciencia porque el loco tiene que buscar una sala para que un juez cambie la letra C”. También se insiste en que van a “hablar con el viejo de la corte”, para que cambie la “letra C”, lo que implica modificar la cautelar de prisión preventiva y reemplazarla por una caución.

En ninguno de los dos diálogos se identifican a los receptores de esos dineros.

DEPÓSITOS SIN RESPALDO
Otro capítulo que engrosa el expediente que pesa sobre los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua tiene relación con una disputa por herencia, causa que debió resolver ese tribunal. El fallo de la sala –integrada por los ministros Elgueta, Vásquez y el abogado Sepúlveda- y que le dio la razón al demandado, Pablo Latorres Ascui, pudo haber sido uno más de los cientos que se dictan en esa corte salvo por un par de detalles: poco antes de que la causa se viera en la Corte de Apelaciones, el tráfico de llamadas telefónicas del ministro Elgueta arroja que mantuvo varias conversaciones con el demandado Latorres Ascui. La historia no termina ahí. El 10 de mayo de 2018, el mismo día que la Corte de Apelaciones de Rancagua emitió su fallo, Elgueta se depositó $2 millones en efectivo en una de sus cuentas.



Emilio Elgueta recibe alrededor de $55 millones al año como ministro (Grado 4 del Poder Judicial), a los que suma otros $250.000 mensuales como docente de la Universidad de Aconcagua. Pese al flujo ordenado de sus ingresos, mantiene seis cuentas corrientes en cinco bancos: BCI (dos cuentas); Scotiabank, Banco Falabella, Banco del Estado y Banco de Chile. Y es en los depósitos ajenos al Poder Judicial y a la universidad donde se centra otra de las aristas de la exhaustiva investigación en curso.

Cerca de 20 depósitos que él mismo ha hecho por goteo y muchas veces en efectivo por cifras cerradas en esas cuentas y que suman más de $30 millones, están siendo rastreados ya que hasta el momento se desconoce su origen. La indagación de CIPER indica que, al menos uno de esos depósitos corresponde a un traspaso por $1 millón realizado en mayo de 2016 por el juez titular del Juzgado de Garantía de Rancagua, Gianni Libretti Peña, pocos días después de haber sido nombrado en ese cargo. La ficha comercial de Elgueta indica que es dueño de un vehículo marca Chevrolet, avaluado en $6 millones y no posee bienes raíces a su nombre.

Otro flanco abierto son las llamadas recurrentes que registra el ministro Emilio Elgueta con abogados que litigaban en causas que él debía revisar y dirimir. En ese tráfico telefónico llama la atención el cúmulo de 60 conversaciones que sostuvo con el abogado Gabriel Henríquez, quien ese mismo año asumió la defensa del ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz, acusado por presuntos abusos sexuales contra menores de edad. Su caso está radicado en tribunales de Rancagua.

DISPUTAS FAMILIARES LLEGAN A LA CORTE
Emilio Elgueta tiene 63 años y recorrió juzgados de menores y de Letras en la zona centro sur del país hasta llegar a integrar la Corte de Apelaciones de Talca en 2001. A la Corte de Apelaciones de Rancagua llegó en 2010, siendo su presidente en 2012.

El mismo año que aterrizó en Rancagua, el ministro Emilio Elgueta recibió una amonestación de la Corte Suprema por faltas a la ética, tras intervenir en una causa por violencia intrafamiliar que lo involucraba a él y a su ex pareja. En 2014, el ministro de Rancagua volvió a hacer noticia: una mujer –con la que Elgueta tuvo un hijo–, lo acusó ante el entonces presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, de acoso telefónico y hostigamiento. En esa oportunidad, se acusó a Elgueta de haber intervenido instruyendo a su amigo, Marcelo Vásquez Fernández, entonces juez de Garantía de Rancagua, para que presionara a la denunciante y desistiera de su acción judicial. La denuncia contra el ministro terminó por ser desestimada por “falta de méritos”.

El ministro Elgueta también enfrenta denuncias de distintas funcionarias de tribunales del país por acoso y hostigamiento. Lo mismo ocurre con el ministro Marcelo Vásquez. En el transcurso de esta investigación, CIPER recibió el testimonio de un hombre domiciliado en Rancagua cuya ex pareja inició una relación sentimental con el ministro Vásquez. Su relato –que también entregó en audiencia a la ministra Rosa María Maggi– indica que tiempo después de que su ex pareja iniciara una relación con el ministro, éste la nombró en cargos de reemplazo en el primer y segundo juzgado civil de Rancagua (también en el de Familia) y en los juzgados de Peumo y San Fernando. Su versión indica que Vásquez habría utilizado a su ex pareja para ocultar o hacer desaparecer expedientes de distintas causas. También acusa que el ministro le habría facilitado un departamento de propiedad fiscal al hermano de su ex pareja.

REDES EN EL PODER
Distintas fuentes consultadas por CIPER y que pidieron reserva de su identidad, describieron a Emilio Elgueta como una persona que acostumbra a hacer alarde de su poder por sus nutridas redes de contacto. Entre ellos, era usual en la administración pasada oírlo citar su cercanía con dos ministros del gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet: José Antonio Gómez y Jaime Campos. Este último, que fue ministro de Justicia, también ocupa un rol importante en la Masonería.

De hecho, los ministros Emilio Elgueta y Marcelo Albornoz jugaron un destacado rol en 2018 como “jefes de campaña” en Rancagua de Jaime Campos, cuando este anunció su candidatura a Gran Maestro de la Logia de Chile (Albornoz habría dejado de pertenecer a la masonería hace solo meses).

Otro de los hombres políticos con los que se relacionan los ministros Elgueta, Vásquez y Albornoz, es el senador por la Región de O’Higgins, Juan Pablo Letelier (PS). CIPER también encontró rastros de ese vínculo.



El 19 de noviembre de 2018, el senador Letelier acudió a las 10:30 al Ministerio Público para sostener una audiencia con el fiscal nacional, Jorge Abbott. La reunión quedó registrada sin detalle en la plataforma de lobby de la Fiscalía Nacional. CIPER solicitó vía Ley de Transparencia al Ministerio Público el detalle de lo conversado entre Abbott y Letelier en esa cita. En la respuesta se indica que Letelier le manifestó al fiscal nacional su preocupación “por la situación que afecta a la Región de O’Higgins, por las públicas diferencias que han mantenido algunos ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua con el Fiscal Regional de la misma región (Emiliano Arias)”. Letelier agregó que esa situación podría afectar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. El fiscal Abbott le respondió al senador que compartía su preocupación y que ya estaba al tanto de esas diferencias, que las estaba analizando y que serían “tramitadas y resueltas conforme los cursos normales de actuación de la institución”.

El mismo día 19 de noviembre y pocas horas después de la cita entre Letelier y Abbott, se instruyó desde el Ministerio Público un cambio en la investigación que abrió la Fiscalía de Rancagua contra los ministros Elgueta y Vásquez por los nombramientos irregulares de la hija de este último en distintos tribunales de la región: pasó a manos del fiscal regional del Maule, Julio Contardo.

Fue un paso en falso: el fiscal Contardo tuvo que inhabilitarse por su “amistad manifiesta” con el ministro Marcelo Vásquez y la investigación quedó radicada finalmente en la Fiscalía Metropolitana Sur y a cargo del persecutor Raúl Guzmán. Hasta ahora se desconoce el estado de avance de esa causa. Lo cierto es que Guzmán termina su periodo como fiscal jefe en junio próximo y es uno de los favoritos de la nómina de postulantes al cargo de secretario del Senado.

GUERRA SIN TREGUA
La pugna entre la Fiscalía de Rancagua y la Corte de Apelaciones de esa ciudad es de larga data y acumula varios episodios. La investigación iniciada en octubre del año pasado por la Fiscalía local en contra de los ministros Elgueta y Vásquez por las designaciones irregulares de Karla Vásquez en 20 juzgados de la región, terminó por encender la mecha. Pero las disputas se arrastran desde antes. Allí emergen dos episodios clave.

El 2 de enero de 2018 la Corte de Apelaciones de Rancagua sobreseyó a Sebastián Dávalos Bachelet en la arista madre del llamado Caso CAVAL. El fallo revocó el rechazo a ese sobreseimiento dictado semanas antes por el juzgado de Garantía de esa ciudad. Ese dictamen que fue exhibido horas después como un triunfo por Sebastián Dávalos, fue firmado por los ministros Marcelo Vásquez (quien presidió la sala), Emilio Elgueta y el abogado Álvaro Barría. Ese día Sebastián Dávalos acusó al Ministerio Público de corrupto. Para los persecutores fue un duro revés.

El fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema argumentando que la resolución de la Corte de Apelaciones de Rancagua “carecía de fundamentación” al no detallarse los hechos en base a los que se decretó dejar a Dávalos fuera de la indagatoria principal del Caso CAVAL.


Fiscal Emiliano Arias

El segundo hito que determinó la fractura definitiva entre la Corte de Apelaciones de Rancagua y los fiscales de O’Higgins ocurrió el 4 de octubre pasado, luego de que la primera sala de ese tribunal -integrada por Vásquez, Elgueta y el abogado Juan Guillermo Briceño-, acogiera un recurso de protección del obispado de Valparaíso. La decisión del tribunal de alzada paralizó durante 58 días las diligencias que llevaba la Fiscalía de Rancagua en la causa por abusos sexuales y encubrimiento al interior de la Iglesia Católica. Allanamientos e interceptaciones telefónicas a los sacerdotes bajo sospecha fueron anulados.

Solo semanas después, el 22 de octubre, la Fiscalía de O’Higgins inició la investigación contra el ministro Marcelo Vásquez por los sucesivos nombramientos de su hija en distintos tribunales, causa que también involucra al hoy suspendido ministro Elgueta. A fines de ese mismo mes, Elgueta y Vásquez acudieron a la Fiscalía Nacional para entregarle a su máxima autoridad, Jorge Abbott, una denuncia administrativa contra el fiscal Arias a quien acusaron de “odiosidad”, protagonismo excesivo y de actuar de manera arbitraria en su contra, luego de que ambos ministros admitieran el recurso de protección interpuesto por el obispado de Valparaíso.

El mismo viernes 22 de marzo en que la Corte Suprema anunció la suspensión de Emilio Elgueta como ministro y luego de que la Fiscalía de Rancagua solicitara ese mismo día audiencia para formalizarlo por prevaricación y enriquecimiento ilícito, el fiscal nacional Jorge Abbott instruyó la apertura de un sumario interno contra el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya.

El motivo nada tiene que ver con las irregularidades ya mencionadas y se relaciona con una serie de reuniones que el fiscal Moya sostuvo con el ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, y otros altos mandos de esa institución, justo en medio del estallido del montaje de la “Operación Huracán”, cuando Moya dirigía la indagatoria de una de las últimas aristas de esa operación de inteligencia (“Operación Andes”). Será esta vez el fiscal Sergio Moya quien deberá aclarar ante el propio Ministerio Público, el porqué de sus reuniones y lo que acordó con oficiales de Carabineros cuyos actos de corrupción y montaje político han quedado en evidencia en tribunales.

https://ciperchile.cl/2019/03/26/co...por-trafico-de-influencias-y-pagos-indebidos/