El sello socialista de la ONU de Guterres provoca inédito choque con la OEA por Venezuela

La región vive una situación atípica con respecto a Venezuela. Países del Grupo de Lima, Estados Unidos, la Unión Europea, y el Consejo Permanente de la OEA declararon ilegítima la presidencia de Nicolás Maduro. Incluso, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, reconoció al presidente del Poder Legislativo de esa nación como Mandatario interino. No obstante, la ONU navega en la dirección contraria. El portavoz de la Secretaría General, a cargo de António Guterres, señaló que continuarán trabajando con Maduro.

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el Congreso, expresó su disposición a llamar a un gobierno de transición; el diputado también convocó a elecciones y a una movilización nacional el 23 de enero. Esto ante la “presidencia ilegítima” de Nicolás Maduro, según han definido la mayoría de los países de la región, la OEA y la Unión Europea.

Guaidó se ampara en los artículos 333, 350 y 233 de la Constitución de ese país y además pide el apoyo del pueblo venezolano y las Fuerzas Armadas para convocar al proceso electoral.

El artículo 333 de la Constitución dice que todo ciudadano tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su vigencia; el 350 dice que los venezolanos están en derecho de “desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”, y el 233 se refiere a las condiciones para declarar la falta absoluta del Presidente.

De esta manera estarían contrarrestando la toma de posesión de Nicolás Maduro, ocurrida el 10 de enero; que solo contó con el respaldo de los líderes de Cuba, Nicaragua, El Salvador y Bolivia. Al tiempo que fue desconocida por alrededor de 50 países al considerar que la elección de mayo no había sido un proceso transparente.

Asumiendo la legitimidad que me da el artículo 233,333 y 350 de la CRBV convoco al pueblo de Venezuela, a la FAN y a la comunidad internacional para lograr la conformación efectiva del Gobierno de transición #ANRutaPorLaLibertad #CabildoAbierto

— Juan Guaidó (@jguaido) 11 de enero de 2019

La Asamblea Nacional de Venezuela es el único de los poderes que ha sido democráticamente electo en ese país. Así ha sido reconocido por los países del Grupo de Lima y por la Organización de Estados Americanos (OEA). Ambas instancias han resuelto no reconocer la legitimidad del gobierno de Maduro; y han ratificado su pleno reconocimiento a la Asamblea Nacional como la autoridad constitucional democráticamente electa.

El propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, tras conocerse que Guaidó decidió convocar a acciones para el “cese de la usurpación”, saludó la “asunción” del diputado como “presidente interino de Venezuela” y le brindó su apoyo y el de la comunidad internacional.

No obstante, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se mueve en una dirección diferente a la del resto del mundo democrático occidental.

“Hemos visto las decisiones tomadas por un número de países. El secretario general, la Secretaría, no nos dedicamos a reconocer a jefes de Estado o a no reconocer a jefes de Estado”, dijo el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric en una conferencia de prensa el propio 10 de enero.

Agregó: “Nosotros continuaremos trabajando con el Gobierno de Venezuela, notablemente en el marco de asistencia al desarrollo, en alimentación, salud, seguridad y nutrición”. Incluso, representantes de las Naciones Unidas, de Unicef y de la Organización Panamericana de la Salud fueron mencionadas como asistentes al acto por Maduro, durante la toma de posesión realizada en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, y no frente a la Asamblea Nacional como manda la Constitución.

Saludamos la asunción de @jguaido como Presidente interino de #Venezuela conforme al artículo 233 de la Constitución Política. Tiene nuestro apoyo, el de la comunidad internacional y del Pueblo de #Venezuela #OEAconVzla https://t.co/6MgJtbvMFd

— Luis Almagro (@AlmagrEA2015) 11 de enero de 2019

El portavoz insistió en que el jefe de la ONU, António Guterres, ha pedido repetidamente un “diálogo político inclusivo” en Venezuela.

Guterres ejerció como Primer Ministro de Portugal entre los años 1995 y 2002, y fue presidente de la Internacional Socialista entre 1999 y 2005. Alejandro González, abogado y miembro del Bloque Constitucional de Venezuela, explica que “el tema con los funcionarios públicos portugueses, con el gobierno portugués y, en este caso, un funcionario internacional de Portugal es que han tenido muchas relaciones con Venezuela en los últimos 20 años, porque ha habido muchos negocios entre Venezuela y ese país. Negocios formales, limpios, legítimos, lícitos; otros no tan limpios, no tan lícitos, no tan formales, pareciera que subyace bajo toda esta camaradería entre socialistas una relación de negocios de los últimos 20 años. Eso podría explicar las afinidades y las lealtades”.

A juicio de González, esta es una opinión política, incluso hasta personal, del secretario de las Naciones Unidas, que no tiene el mismo valor que el acto de la OEA. “Es una declaración que no tiene carácter vinculante porque el secretario general está emitiendo una opinión política, no se está produciendo un acuerdo de la Asamblea General o una resolución del Consejo de Seguridad o de alguno de los órganos calificados de la ONU. A diferencia, de lo que ha ocurrido en la OEA donde se convoca una asamblea extraordinaria, se hace una votación y 19 países de forma mayoritaria señalan que desconocen al régimen de Maduro”.

“La ONU tiene principios para todos los gustos”
Se trata, en todo caso, de un escenario atípico. Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Venezuela, toma distancia y señala que los acontecimientos en Venezuela todavía se están desarrollando. Dice que el hecho de la ONU reconozca a un Mandatario y la OEA a otro es un escenario que no puede prolongarse demasiado en el tiempo, “el efecto práctico sería que quienes se consideren representantes ilegítimos del Estado venezolano no tendrán mecanismos de diálogo o presencia en actividades de la OEA, en cambio, en Naciones Unidas sí”.

Para Miguel Ángel Martínez Meucci, doctor en Conflicto Político y Procesos de Pacificación y profesor de la Universidad Austral, “los acontecimientos parecen encaminarse de una u otra manera hacia una situación de ‘soberanía múltiple’: dos instancias contrapuestas de gobierno, cada una de las cuales cuenta con un importante apoyo y reconocimiento diplomático, brindado fundamentalmente por los Estados”. Explica que en un caso como este hay que estar atentos al comportamiento que desplieguen las Fuerzas Armadas, pues de la lealtad que profesen se puede inclinar el curso de los acontecimientos.

Hay países que expresamente violan algunos de esos derechos y esa es una contradicción en la cual vive la ONU. El principal problema es que las democracias son una minoría. Hay algunos países que están sentados en el Consejo de Seguridad que no son democráticos; entonces yo no esperaría de la ONU un compromiso mayor”, afirma Gabriel C. Salvia, director general de CADAL.

Maduro lo tiene claro y luego de juramentarse asistió a un acto de “reafirmación, reconocimiento y juramento” ante los cuatro componentes de las FF.AA. venezolanas.

Ante la disposición del secretario de la ONU a continuar trabajando con el gobierno de Maduro, Martínez Meucci asevera que “la ONU está integrada por casi todos los estados del planeta, muchos de los cuales están regidos por gobiernos no democráticos. Esta realidad se refleja en todas sus instancias, incluyendo el Consejo de DD.HH. o el Consejo de Seguridad. Por lo tanto, toda discusión orientada a penalizar o aislar gobiernos por su condición antidemocrática necesariamente divide a los miembros de la organización, situación que en caso de prolongarse la conduciría a una creciente inoperatividad”.

Gabriel C. Salvia, director general del Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina (CADAL), subraya que dentro de la ONU hay países en situaciones similares o peores a las de Venezuela en cuanto al respeto de la democracia y los DD.HH., menciona como ejemplo a Corea del Norte, China y Cuba.

La cruda realidad es que la función primordial de la ONU ha tenido más que ver con el mantenimiento de la paz, que con la promoción y defensa de la democracia y los DD.HH”, dice Miguel Ángel Martínez Meucci, doctor en Conflicto Político y Procesos de Pacificación.

“La ONU tiene principios para todos los gustos. Tiene una resolución que habla de la no intervención en los asuntos internos de los países, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Al mismo tiempo hay países que expresamente violan algunos de esos derechos y esa es una contradicción en la cual vive la ONU. El principal problema es que las democracias son una minoría. Hay algunos países que están sentados en el Consejo de Seguridad que no son democráticos; entonces yo no esperaría de la ONU un compromiso mayor, pues en la ONU hay de todo”, afirma Salvia.

Martínez Meucci, por su parte, asevera que “la cruda realidad es que la función primordial de la ONU ha tenido más que ver con el mantenimiento de la paz, que con la promoción y defensa de la democracia y los DD.HH., pudiéramos pensar que se trata de lo mismo, pero no siempre es así. Esta realidad nos conduce a otra: en la práctica, la defensa multilateral de la democracia y los DD.HH. depende más de la cooperación de los gobiernos democráticos que del funcionamiento de organizaciones internacionales en las que participan gobiernos autocráticos”.

Esto es así, explica el profesor de estudios políticos, porque estos gobiernos autocráticos están “prestos a cooperar entre sí con mayor eficacia que la que a veces demuestran las democracias. A fin de cuentas, sus gobiernos no están sujetos a la necesidad de alcanzar consensos políticos internos, ni al escrutinio de su población, ni a frecuentes elecciones limpias y competitivas”.

Chile espera que se pronuncie el Consejo de Seguridad de la ONU
Pese al escenario anterior, todavía hay quienes confían en que pueda haber un pronunciamiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Presidente Sebastián Piñera hizo un llamado en este sentido en el quinto punto del comunicado emitido el jueves en el que el gobierno de Chile no reconoce al régimen de Nicolás Maduro. El Mandatario solicitó con “urgencia” el apoyo del sistema multilateral.

Chile no reconoce el régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela. Entregamos nuestro absoluto respaldo a la Asamblea Nacional e instamos a Maduro a transferirle de forma provisional el Poder Ejecutivo para q convoque pronto nuevas elecciones democráticas, libres y transparentes. pic.twitter.com/plfXLgN65k

— Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 10 de enero de 2019

Trujillo, director del Centro de DD.HH. de la UCAB, indica que si bien las declaraciones del portavoz de la ONU parecen negativas, para el ámbito de protección de derechos humanos y de asistencia humanitaria no lo son. “La crisis política en Venezuela es indubitable, profundizada por la entronización de un gobierno que carece de legitimidad conforme a los procedimientos constitucionales, no obstante, si la ONU solo tuviese relación con Estados que tienen gobiernos democráticos, no pudiese abarcar varios de sus ámbitos de acciones, por ejemplo, relacionados con el caso venezolano, la protección de derechos humanos, la distribución de ayuda humanitaria y la promoción del desarrollo sostenible”.

Añade: “Sugerir que la ONU no tenga relación con el gobierno ilegítimo que representa al Estado venezolano, implicaría desmontar la tesis de responsabilidad internacional del Estado en materia de derechos humanos bajo la premisa de que si el gobierno no es democrático o legítimo, entonces el Estado no tiene responsabilidad sobre violaciones de derechos humanos, al no estar representado legítimamente. Esto ulteriormente sería un flaco favor a las víctimas de violaciones de derechos humanos”.

La Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH., que ocupa Michelle Bachelet, forma parte de este sistema. Y la entidad tiene el mandato desde septiembre de 2018 de verificar cuál es la situación de las violaciones a los DD.HH. en ese país. “De darse esa visita, debe hacerse con condiciones mínimas como por ejemplo, que la señora Bachelet asista al país con su equipo técnico, con plena libertad para reunirse con la sociedad civil organizada, víctimas y fuerzas vivas, visitar lugares que considere oportuno, entre otros, tal como ella misma y desde su oficina se ha precisado en distintas declaraciones”.



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