La Ficha de Protección Social dejará de existir esta semana

Luego de 36 años sin grandes cambios, el gobierno alista uno radical: crear un Registro Social de Hogares, asignar beneficios por tramos socioeconómicos y privilegiar los datos administrativos por sobre los reportados por las familias. El nuevo sistema comenzará su puesta en marcha progresivamente en enero próximo.



Después de un año y medio de evaluaciones, revisiones y testeos a diversos modelos de medición, el gobierno finalmente entró en la recta definitiva de lo que será la nueva Ficha de Protección Social (FPS). El nuevo instrumento comenzará su aplicación gradual desde enero próximo y uno de los principales cambios que contempla es el reemplazo del actual sistema de obtención de puntajes para acceder a los subsidios y beneficios que entrega el Estado, por un modelo basado en la asignación de recursos según tramos de clasificación socioeconómica de los hogares. El actual esquema data desde 1979 y en el tiempo ha experimentado diversos cambios en cuanto al levantamiento de datos, medición de la situación de las familias y de sus necesidades. La estratificación basada en puntajes se estableció en 1987.


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La FPS o también conocida como ex Ficha CAS (Comités de Asistencia Social, que ha tenido dos versiones) es el principal instrumento de focalización del gasto público y, en especial, del que se define como de tipo social. Lo que está en juego es relevante en materia fiscal, ya que desde 1990 el peso de los subsidios y beneficios que el Estado entrega a la población -independiente del grupo de ingresos al que pertenezca- ha aumentado en forma progresiva, y si bien entonces representaba menos del 50% del Presupuesto de la Nación, hoy explica casi el 68%. Si la base fiscal actual es de US$ 42.000 millones, para gasto social van unos US$ 28.500 millones. Sólo en subsidios al 20% más pobre se asignan al año unos US$ 2.000 millones.


La nueva ficha -cuyo nombre está en reserva- comenzará a aplicarse gradualmente desde enero próximo y se sustenta en tres grandes instancias, adelanta el ministro de Desarrollo Social (MDS), Marcos Barraza. La primera es la creación de un Registro Social de Hogares mediante datos sociodemográficos, como dirección y composición del grupo familiar. También tendrá datos de educación, sanitarios y de ingresos efectivos, y ya no estimados (distinguiendo, por ejemplo, si es primario, secundario, temporal, autónomo o condicionado).


La segunda es un nuevo diseño de instrumentos y mecanismos para la asignación de beneficios y prestaciones en base al esquema de tramos de clasificación socioeconómica de la familia y ya no de una tabla de puntaje continuo, como rige a la fecha (ver infografía).


La tercera instancia, en tanto, es la creación de una entidad de rectificación, actualización y cumplimiento, que también estará en línea y cuya información será provista tanto por los municipios como, principalmente, por las familias, que deberá reportar los cambios que vayan experimentando en su composición del hogar, situación sanitaria, educacional, de ingresos, vivienda, etc.


Este mes comenzará el proceso de capacitación en los 345 municipios del país para llevar a la práctica el nuevo sistema. La marcha blanca se iniciará en noviembre próximo y desde enero de 2016 todos deberán iniciar la implementación gradual y progresiva de la nueva ficha.



Registro en línea


La puesta en marcha del sistema ocurrirá a cuatro años del fallido cambio que dispuso la administración del ex Presidente Sebastián Piñera a la FPS. En enero de 2013, dos meses después de anunciar el lanzamiento de la Ficha Social, las autoridades de la época debieron suspender el proceso de actualización (ver recuadro).


Barraza precisa que el Registro Social de Hogares funcionará como una plataforma en línea que se alimentará principalmente de datos administrativos recopilados de instituciones como el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Tesorería General de la República, la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC Chile), el Registro Escolar, el Ministerio de Salud, el Servicio de Vivienda y Urbanismo y las superintendencias de Pensiones, Isapres, Educación y de Seguridad Social. Los datos provistos por esas instituciones (administrativos) se complementarán con información autorreportada por las personas en la municipalidad. La información administrativa y la autorreportada se someterá a un test de verificación de medios que permitirá contrastar los datos y detectar inconsistencias, arrojando de manera automática si lo reportado está correcto, incompleto, debe ser actualizado o si es falso.


Lo anterior es determinante, acota el ministro, porque en el nuevo sistema será a partir de los datos administrativos que se definirá un índice de vulnerabilidad basado en ingresos efectivos y a partir de la composición de los integrantes de la familia o el hogar.


Hoy el sistema opera con ingresos potenciales para efectos de la definición de vulnerabilidad de una familia. La capacidad generadora de ingresos define un potencial de ingresos, pero no es un monto efectivo, y lo que ahora busca el Estado es “tener una asignación transparente y justa de recursos; es efectivamente contar con datos que sean inobjetables desde el punto de vista de la percepción ciudadana”, sostiene el personero.


Adelanta algunos hitos que forman parte del índice de vulnerabilidad: a los mayores de 60 años no se les considerará el valor de la vivienda (aunque sea propia), si una familia tiene vehículo y en su grupo hay un integrante con discapacidad tampoco se considerará su valor, y si una persona entre 18 y 24 años está estudiando, pero trabaja, sólo se considerará que su ingreso es efectivo si suma más de dos salarios mínimos.


El nuevo formulario ya no considera preguntas relativas a los gastos del hogar, con lo cual se echa por tierra uno de los cambios principales dispuestos por el gobierno anterior sobre la ficha. Hasta 2012, la FPS tenía 67 preguntas, con la Ficha Social aumentaron a 90, tras fracasar ésta volvió a 67 y el nuevo sistema las reducirá a 56.


“Requerimos dotar al Estado de un sistema en que dentro de sus atributos y rasgos importantes prevalezca la objetividad de los datos. Nos interesa tener un índice de vulnerabilidad en base a datos administrativos. Este sistema ya no se sostiene sobre la orientación de registrar más gastos y autorreportar ingresos. Ahora prevalece el dato administrativo”, aclara.


Los nuevos tramos


El segundo frente del sistema es el rediseño de instrumentos y mecanismos de asignación de subsidios y beneficios estatales o fiscales, cambio que se incorporó en el trabajo del MDS siguiendo la recomendación del Informe Final del Comité de Expertos Ficha de Protección Social de 2012.


Usando el índice de vulnerabilidad, el sistema determinará en cuál tramo de clasificación socioeconómica se ubica la familia. Con ese dato, vendrá la focalización, transferencia y asignación de prestaciones y recursos de cargo fiscal, terminando con la lógica de puntajes que van aumentando según ingreso, patrimonio y gastos.


Lo anterior permitirá, por ejemplo, que aunque tenga vivienda propia, según el índice de vulnerabilidad y el tramo socioeconómico de la familia, una trabajadora podría recibir bono al empleo, pero también ayudas de tipo escolar si tiene hijos en el colegio y sus padres ancianos, aunque vivan bajo su techo, pensiones solidarias si cumplen los requisitos. Hoy, por la obtención de puntajes continuos las familias en situación no de pobreza, sino de vulnerabilidad, no pueden recibir ayudas complementarias de ese tipo, pues su puntaje excede los límites.


Responsabilidad ciudadana


La tercera entidad que integra el nuevo sistema es la de rectificación, actualización y cumplimiento, que tendrá como primer responsable a las propias personas o familias. Esto, porque de ellas dependerá la entrega de información correcta, fidedigna, comprobable y actualizada. Este proceso es clave para que el sistema no sólo no refute o cuestione beneficios o subsidios mal aplicados o asignados, que no cumplen el objetivo o no coinciden con el objetivo del programa o prestación estatal.


La autoridad destaca que lo anterior recoge una demanda central de la población en la línea de corregir la deficiencia actual del sistema que limita, restringe o incluso impide la entrega de beneficios a familias que tienen ficha y que aun cuando han cambiado o deteriorado su situación, tienen dificultad para recibir apoyos más acordes a los cambios que ha experimentado su condición.


Para que lo anterior tenga resultados, en adelante todo el proceso en torno a la FPS y el levantamiento de información estará regido por plazos, resultados y estándares de calidad homogéneos para todas las comunas. Esto -que hoy no es así, ya que cada una se guía por sus propios estándares de atención y cumplimiento- estará regido por un reglamento de tipo legal, el que está siendo trabajado por el MDS, tras recibir la opinión de la Contraloría General de la República.


“Estamos trabajando en un reglamento que permitirá por primera vez que el sistema funcione con una misma lógica para todas las municipalidades. Este reglamento viene a protocolizar, estandarizar y establecer calidad, eficiencia, respuesta y transparencia al proceso”, destaca el ministro. N


La fallida ficha de Piñera y Lavín


En noviembre de 2012, el entonces ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, anunció que tras un año de rediseño comenzaría la puesta en marcha de la nueva Ficha Social que reemplazaría a la Ficha de Protección Social (FPS). La apuesta era modernizar el principal instrumento de focalización del gasto social por uno que tenía como principal cambio el reporte prioritario ya no sólo de ingresos, sino también de los gastos de las familias.


Para eso, el formulario de la ficha aumentó de 67 a 90 las preguntas, y aunque el original recogía información de gastos, se introdujo un módulo especial que preguntaba en específico y asignaba un puntaje determinado a los gastos en servicios básicos, alimentación, transporte, estudios. Se pedían respaldos como boletas de facturación y otros documentos legales que los acreditaran. Pero el cambio más relevante fue la incorporación del gasto en enfermedades y tratamientos, también contra boletas, cuentas, certificados o documentos que acreditaran la dolencia y su costo económico.


A inicios de 2013, sin embargo, la autoridad decidió suspender el proceso de actualización de fichas por problemas con el software que aplicaba el nuevo algoritmo de cálculo de puntaje, que tuvo nueve modificaciones posteriores e impidió cumplir los plazos fijados inicialmente. Pese a ello, entre 2011 y 2013, el MDS invirtió un total de US$ 30 millones en el diseño y aplicación del instrumento de medición social sin nunca haberlo implementado, concluyó un Informe de Investigación Especial de la Contraloría General de la República difundido en julio pasado.


El organismo afirmó que los recursos se gastaron mediante transferencias a municipalidades y compras o adquisiciones de servicios y bienes necesarios para la aplicación de la herramienta, aunque ésta nunca estuvo en funcionamiento. Más del 70% de los municipios gastó el 100% de los recursos transferidos desde el MDS, aunque no logró actualizar ni el 60% de las fichas.



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