Codelco: Contraloría acusa débil control de Cochilco y revela millonario sobrecosto

Codelco: Contraloría acusa débil control de Cochilco y revela millonario sobrecosto en plan de retiro



En un informe reservado, el organismo cuestionó que algunas auditorías de la Comisión Chilena del Cobre solo terminaron en recomendaciones y no hubo seguimiento. Además, reveló que a 500 trabajadores se les elevó artificialmente el salario para mejorar las indemnizaciones en los planes de salida.

Quién debe fiscalizar a Codelco, si Cochilco o Contraloría, es uno de los temas que más debate generó el año pasado. La polémica se encendió cuando el organismo de control emitió el informe 900, acusando varias irregularidades en la estatal, las que la minera desestimó pues, a su juicio, Contraloría no tiene la facultad de fiscalizarla, pues esa potestad recae en la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). El tema incluso llegó a Tribunales.

En ese contexto, Contraloría emitió el final 1064 del 6 de febrero de 2018, que se encuentra en poder del Ministerio Público. El documento fue enviado por el fiscal nacional (S) Pablo Gómez a la Fiscalía Metropolitana Oriente, la cual está a cargo de la causa penal en que se investiga una serie de presuntas irregularidades en la Corporación Nacional de Cobre (Codelco).

En un principio, la investigación de supuesta negociación incompatible la lideró el exfiscal Carlos Gajardo, sin embargo, tras su renuncia, hoy está al mando el nuevo jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda.

El informe tomó como base algunos procesos de fiscalización de Cochilco e indagó si esta fue la adecuada. Los resultados no sólo cuestionan el actuar de Cochilco sino que, además, revelan nuevas irregularidades que fueron advertidas por Cochilco y que hasta ahora no se conocían. Es el caso de una investigación al plan de egreso de Chuquicamata entre 2012 y 2014, en que se detectaron irregularidades como, por ejemplo, que si bien el convenio establecía que no habría reposición de vacantes, la administración realizó 275 nuevas contrataciones, 241 de ellas en las mismas áreas operacionales. Además, Cochilco detectó el caso de un trabajador de 36 años que se acogió al plan de retiro, pese a que la edad mínima para hacerlo era de 46. Pero, además, el trabajador, a la fecha del informe, se encontraba de vuelta en Codelco, desempeñando funciones en la División Radomiro Tomic.

Sobrecostos

Otros dos casos detectados por Cochilco tienen que ver con sobrecostos de los planes de retiro. La práctica fue la siguiente: del total de 817 trabajadores, 498 percibieron un aumento en la escala de sueldos, lo que en definitiva engrosaba su indemnización por años de servicio. Uno de ellos incluso subió 6 niveles.

Esto generó un impacto monetario por unos $1.663,1 millones, acusó la Comisión. Esto fue advertido por Cochilco, que según el reporte de Contraloría, envió una serie de recomendaciones que fueron acogidas solo parcialmente por la corporación.

“Codelco no comprometió acciones en entera concordancia con lo recomendado por Cochilco”, acusó Contraloría.

También se reveló el caso de una “licuación” de los beneficios de salud ofrecidos en estos planes. Se trata de 95 personas a quienes les “compró” este beneficio, lo que suma $2.328 millones.

Al respecto, Cochilco recomendó a Codelco que realizara una investigación, la que de acuerdo con Contraloría nunca se acreditó que se hubiera realizado.

También hubo cuestionamientos por el aumento de la inversión en dos proyectos: Radomiro Tomic y Nuevo Nivel Mina El Teniente. En ambos casos, el presupuesto aprobado por Cochilco permitía una desviación de 25%, la que fue superada largamente en ambos casos. Si bien esto fue observado por la Comisión, no hubo seguimiento.

En respuesta, Cochilco comentó que “dimos respuesta íntegra a las observaciones contenidas en dicho informe antes del plazo otorgado por el órgano contralor, cumpliendo con la totalidad de los requerimientos formulados. (…) Hemos puesto en marcha una serie de iniciativas para robustecer nuestra función fiscalizadora, siendo una de ellas justamente una mejora al seguimiento de las auditorías”.

“Cochilco solicita todos los antecedentes que sean necesarios (…). Por tanto, no es efectivo que Cochilco no utilice las herramientas suficientes para fiscalizar a Codelco. Además, durante el año 2017 creamos el Panel de Sanciones, compuesto por el mayor nivel de esta institución, para resolver eventuales incumplimientos de entrega de los antecedentes necesarios para cumplir adecuadamente nuestras funciones fiscalizadoras”, dijo esa entidad.

Visión de Codelco

Codelco advirtió que, si bien no ha sido notificada ni tiene conocimiento del contenido, plantea que “las conclusiones del informe aludido necesariamente se refieren a la forma en que Cochilco desempeña sus funciones, no resultando procedente que Codelco, como sujeto fiscalizado, emita opiniones sobre la materia”.
Pese a ello, plantea que responde a algunos de los cuestionamientos, como es el caso de los planes de egreso que, según la minera, tuvieron como consecuencia la desvinculación de tres personas, la aceptación de renuncia a cuatro personas y la aplicación de otras sanciones, “además de reforzarse los mecanismos de control y de toma de decisión en estas materias para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. Este proceso de investigación estuvo en conocimiento y fue revisado por Cochilco”.


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Exauditora de la estatal acusa que Pizarro la obligó a retirar información sobre conflicto de interés


Profesional también acusó ante la Fiscalía que la empresa del cuñado del expresidente Ricardo Lagos se adjudicó un proyecto.



Dos declaraciones judiciales en calidad de testigo ha entregado la contadora auditora Ivonne Gallardo, quien trabajó como auditora interna de Codelco. Su primer testimonio lo dio el 22 de noviembre pasado al exfiscal Carlos Gajardo. Allí declaró que finales de julio de 2014 cuando trabajaba en Chuquicamata la llamó el auditor general de Codelco, Ignacio Muñoz para que viajara a Santiago a una reunión con Nelson Pizarro, quien en esa época era el presidente ejecutivo electo.

Sobre esa cita, Gallardo detalló que “Nelson Pizarro me indicó que el informe llamado ‘Auditoría al Proceso de Licitación de Servicios’, en su observación N°1 estaba malo y que debía sacar (…) lo relativo al conflicto de intereses y empresas ligada al gerente de minas de la época, René Oliva Saldías (…), ya que no era verdad, a lo que le respondí que si me traía la evidencia de que no era así cambiaba el informe y dejaba mi cargo a disposición”. Ante esto, indicó, “Pizarro me dijo que no pisara ‘caca’ y que él tenía mucho poder, a lo que le pregunté si me estaba amenazando y me dijo que no. Luego, todos nos retiramos del lugar”.

Por lo mismo, declaró como testigo el 6 de diciembre de 2017 el exgerente de minas de Chuquicamata entre 2013 y 2014, Juan George. “Fui a reemplazar al gerente René Oliva, a quien le habían solicitado su renuncia en virtud de los informes de auditoría interna realizados por la auditora”, indicó. Según explicó George al fiscal, la auditoría detectó que Oliva Saldías hizo el llamado a licitación para un proyecto de barreras duraderas por US$13 millones y que eligió a Construcciones y Montaje APC, empresa que no tenía experiencia, para realizar el proyecto. Además, según el ingeniero, esta construcción no debería haber superado los US$5 millones.

A ello se suma la denuncia de Gallardo y George respecto a la construcción de una casa de veraneo de 300 metros en Licanray que construía Oliva. Según George, el jefe de auditoría interna, Héctor Moraga, le dijo en 2014 que la construcción se había pagado con “una factura extendida a APC o a otra persona a nombre de Codelco por otro servicio”. Asimismo, Gallardo acusó ante el fiscal Gajardo el caso de la empresa contratista OHL Chile, “cuyo presidente es Roberto Durán de la Fuente, cuñado del ex presidente Ricardo Lagos Escobar, la cual no contaba con la experiencia técnica para desarrollar un sistema integral de trituración, transporte, curado de ácido y apilado de óxido de cobre, de igual forma fue contratada a través de una adjudicación directa”, dijo.

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