Fiscalía abre causa penal por mal uso de recursos del Gobierno

Fiscalía abre causa penal por presunto mal uso de recursos del Gobierno
La acción judicial fue presentada por el diputado Irarrázaval (PR), quien acusa la impresión de más de 700 mil ejemplares de la propuesta de nueva Constitución que superan los $400 millones.



El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella presentada por el diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, por malversación de caudales públicos por la impresión de más de 700 mil ejemplares de la propuesta de nueva Constitución que superan los $400 millones.

"Recibimos a través de redes sociales una información que corroboramos respecto de la compra por parte del Gobierno de las copias del proyecto de la Convención. Investigando, nos dimos cuenta de que esta se hizo de manera irregular. [...] Se gastó un dinero en la impresión de estos libros que por ley estaban prohibída. Se hizo en una cuenta de la Convención ya había caducado, se hizo además con una urgencia que no era tal. Y además se hizo a un proveedor de manera directa, sin ninguna licitación de por medio. Es por esto que nosotros presentamos esta querella para quienes resulten responsables".

Eso fue lo que anunció el diputado Irarrázabal tras oficializar la acción judicial en contra del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, quien aclaró que la cartera podía utilizar y disponer de recursos sólo para la instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional, pero que tras la impresión de los textos, la CC ya había sido declarada disuelta.

La impresión según el diputado supera los fondos de $400 millones, labor que no se encontraría autorizada por la Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2022.

Desde el Gobierno no se quedaron callados ante esta acusación, y el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, se pronunció por la querella y afirmó que no hay ningún hecho que haya faltado a la legalidad.

"Nos parece que es un show triste en términos políticos, constituye evidentemente una instrumentalización tanto de Tribunales de Justicia como también del Ministerio Público con evidentes fines electorales. Quiero recalcar la irresponsabilidad que esto significa donde, tanto Tribunales como la Fiscalía, se ven todos los días sobre pasados, y en este contexto que un parlamentario acuda a estas instancias a sabiendas que acá no hay ningún hecho que haya faltado a la legalidad", afirmó.


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En El 7⁰ juzgado de garantía de Santiago está la pandilla del comunista Daniel Urrutia.