Destacado Reglamento borra con el codo lo que escribió en Congreso: narcos papel

Reglamento borra con el codo lo que escribió en Congreso: Fondos contra el narco quedan en papel

Parlamentarios de distintos sectores acusan que el Gobierno vació el corazón de la modificación al artículo 46 de la Ley 20.000. ¿La razón? Lo aprobado para financiar la lucha contra el crimen organizado habría quedado en letra muerta, debido a un reglamento que —afirman— contradice el espíritu de la norma. Radio Bío Bío accedió a las minutas y conversó con el Ministerio Público para conocer su posición frente a este escrito.



Combatir el crimen organizado, las bandas y el tráfico de drogas es la principal preocupación de los chilenos. Por ello, durante 2023, la Cámara de Diputados debatió modificaciones a la Ley 20.000, buscando una fórmula para que tanto el Ministerio Público como las policías accedieran a mayores recursos.

Así, se incorporó una modificación en la Ley 21.575 que incluyó el artículo 46. ¿Qué señala? Que los dineros no reclamados y los bienes y valores decomisados ingresarán a un Fondo Especial administrado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).

Además, se estableció que parte de dichos recursos podrían destinarse a unidades del Ministerio Público que cumplan funciones de análisis, investigación o persecución del crimen organizado, así como a unidades de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones.

Aunque la modificación fue aprobada en 2023, recién el 7 de febrero de 2025 se publicó en el Diario Oficial el reglamento correspondiente, el cual —según diputados y el propio Ministerio Público— altera el objetivo de la normativa. Esto, porque los fondos que reciban las instituciones por concepto de bienes decomisados serían posteriormente descontados del presupuesto del año siguiente.

Radio Bío Bío conversó con representantes del Ministerio Público y con parlamentarios que participaron en la tramitación. También accedió a minutas internas del ente persecutor que dan cuenta del giro inesperado.

Reglamento
La primera molestia en el Parlamento y en el mundo que combate al crimen organizado fue la demora en la publicación del reglamento. Aunque las modificaciones a la ley fueron publicadas el 23 de mayo de 2023, el reglamento recién se dio a conocer el 7 de febrero de 2025, pese a tener fecha 27 de julio de 2023.

En su artículo 1, se establece que el Fondo Especial será administrado por Senda, y que “parte de dichos recursos podrán ser destinados a las unidades del Ministerio Público que cumplan funciones de análisis, investigación o persecución del crimen organizado dedicado a la comisión de delitos sancionados en la presente ley, así como también a las unidades de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a la perpetración de dichos delitos”.

Hasta ese punto todo parecía en regla. Sin embargo, en el artículo 3 se señala: “La Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año contemplará los aportes que se dispongan desde el Fondo Especial al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, al Ministerio Público, a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones de Chile, en conformidad a lo establecido en el artículo 1”.

Letra muerta
El diputado Jaime Araya (Ind-PPD) expresó abiertamente su molestia con lo establecido en el reglamento. Para él, la finalidad del artículo 46 no se cumple, y fue enfático en señalar que lo advirtieron al Ministerio de Hacienda en reiteradas ocasiones.

“Durante la discusión del Presupuesto 2025 planteamos innumerables veces al Ministerio de Hacienda, a la DIPRES y al propio Gobierno que, para que el artículo 46 de la Ley 20.000 fuera efectivo, estos aportes provenientes de incautaciones debían quedar fuera del marco presupuestario”, indicó.

Agregó que, aunque el reglamento fue elaborado y publicado por el entonces Ministerio del Interior y Seguridad Pública, “lamentablemente, la DIPRES no ha permitido que aquello ocurra. Por lo tanto, el artículo 46 es letra muerta y deja de ser el incentivo que plantea la ley. Es una lamentable decisión, porque en vez de generar incentivos correctos, crea desincentivos para esta labor. Es absolutamente absurdo que los recursos que ingresen por esta vía sean descontados del presupuesto regular, lo que convierte este sistema en un juego de suma cero, anulando cualquier interés en el incentivo creado por la Ley 20.000”.

Finalmente, planteó que “el Gobierno debiera abrirse a revisar esta situación mediante una modificación presupuestaria o mediante los decretos respectivos durante 2025, año en que este tipo de incautaciones ha aumentado sustancialmente. O bien, dejarlo claramente establecido como norma para que opere en 2026. Pero esta situación absurda que impone la DIPRES no puede continuar”.

En la misma línea, el diputado Jorge Alessandri (UDI) señaló a La Radio que el objetivo de la ley era que “las unidades especializadas pudieran usar lo que iban requisando a las redes de narcotráfico y del crimen organizado en las propias investigaciones”. Esto —agregó— ocurre en muchos países desarrollados, ya que “por un lado incentivas de esta forma, porque van a hacer un trabajo con más esmero para poder usar esas herramientas, y por otro lado les das recursos que no tienen y que siempre son escasos”.

Para el parlamentario, “que el Gobierno cambie esto y lo envíe al fondo común, por supuesto que no cumple con el objetivo de la ley. Vamos a pedirle al ministro de Seguridad que podamos corregirlo. Esto lo discutimos cuando él ya estaba en el gabinete, en otro cargo, y están las grabaciones, la historia de la ley, el objetivo de todo esto”.

Entusiasmo del MP
Cuando se aprobó el artículo, el entusiasmo en el Ministerio Público era evidente. Radio Bío Bío accedió a una minuta que explicaba a los fiscales cómo acceder a estos recursos, recomendaciones para la solicitud y lo beneficioso que sería contar con dinero extra para combatir el crimen organizado.

Un documento de noviembre de 2024 explicaba el sentido de la norma, indicando que “estas unidades dispongan de ingresos extraordinarios sobre la base de los bienes incautados y decomisados a las organizaciones criminales”, y que “los recursos del artículo 46 de la Ley 20.000 debieran estar a disposición de cada institución, fuera del marco presupuestario asignado por ley”.
También señalaba que el reglamento “debe atender únicamente a aspectos procedimentales y de imputación presupuestaria, como por ejemplo definir aquello que se autoriza a gastar”.

En noviembre de 2023, otra minuta interna sugería que los fiscales pidieran montos en porcentaje y de manera equitativa para todas las instituciones mencionadas en la norma.

Ampliar las capacidades
Radio Bío Bío consultó al Ministerio Público sobre su opinión respecto del reglamento. Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, declaró que “pensando en una perspectiva de futuro, claro que sería ideal contar con un reglamento que, sin salirse del marco legal, pueda ampliar o potenciar las capacidades que el propio Congreso buscó desplegar al aprobar esta reforma”.

Agregó que revisar el reglamento “no solo es posible, sino que también se acercaría, a nuestro juicio, al sentido más profundo de la reforma legal. Porque si de verdad se quiere ‘seguir la ruta del dinero’, no basta con repetir la consigna: hay que asegurarse de que ese dinero no se extravíe en el camino y llegue, con eficacia y oportunidad, a quienes están llamados a enfrentar el crimen organizado en el terreno”.

Y concluyó que “se trataba de implementar un modelo que, con adecuados mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas, permitiera ejecutar estos recursos al margen de los techos rígidos del presupuesto anual. Sin embargo, la fórmula finalmente adoptada canaliza esa ejecución dentro del ciclo presupuestario, lo que diluye el sentido operativo de la reforma legal: permitir que los bienes decomisados al crimen organizado se traduzcan, de manera ágil y eficaz, en capacidad institucional para enfrentarlo”.

Defensa del Ejecutivo
Distinta es la visión del diputado Raúl Leiva (PS). Para él, “todos esos recursos que ingresan de manera extraordinaria deben ser debidamente contabilizados, y mantener la asignación de recursos es una materia presupuestaria que claramente debe estar reflejada en el erario nacional y en el presupuesto público de cada año”.

Por ello, sostiene que “no tiene nada de anormal que esos ingresos extraordinarios se consideren al momento de evaluar o proponer un nuevo presupuesto anual para cada una de las instituciones”.

https://www.biobiochile.cl/especial...ndos-contra-el-narco-quedan-en-el-papel.shtml

 

Te leíste todo o solo la primera párte a verdad que eres weon no lees más y no comprendes la nota .

 

Según el maraque @Maria Gräfin von Maltzan trafican en 3 cuotas contado con tarjeta de crédito y según el saco wea del @PatoMonzon descontar fondos ingresados por decomisos no desincentiva una gestión más fuerte contra el narco y mayores recursos por la gestión.
Serán weones

 

Argumenta Gil culiao, se aprobó la ley y ese reglamento que se metió posterior .
Como siempre tu gobierno tratando de sacar plata por cualquier lado para mantener parásitos y sus privilegios.
Les importa un pico la seguridad del país y su gente