Quiebras de personas y empresas anotan fuerte alza y el sector inmobiliario lidera liquidaciones

Según las últimas cifras de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento la liquidación de bienes de personas deudoras creció 70% en el período enero-mayo de 2018 versus igual lapso del año anterior. Por su parte, la liquidación de empresas aumentó 56% en igual período.

Más de tres años y medio han pasado desde que entrara en vigencia la ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas -que reemplazó a la antigua Ley de Quiebras-, y ya son más de 11 mil los procedimientos que, tanto las empresas como las personas naturales, han iniciado. Y de ese número, parte importante se ha realizado en los últimos meses.

Entre enero y mayo de este año la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), institución que opera desde octubre de 2014, acogió 2.227 trámites de deudores, tanto de empresas como de personas, 48% más si se compara con el mismo período de 2017. Entre estas, destaca que el 77% se ha acogido al proceso de liquidación de bienes, mientras que el restante 23% logró reorganizar su deuda al acreditar su viabilidad financiera.

Respecto a las empresas, en lo que va del año un total de 564 empresas se han acogido a los procedimientos que realiza la Superir, de los cuales 96% terminó liquidando sus activos. Esto es 56% más que en igual lapso de 2017 y ya supera lo registrado en todo 2015, cuando los procedimientos totalizaron 305.

La mayor innovación en la nueva normativa vino por el lado de las renegociaciones y liquidaciones de personas naturales, ya que la antigua ley estaba enfocada en las compañías. Ahora la realidad es distinta. Reflejo de ello es el número de personas deudoras que a mayo accedió al procedimiento concursal de liquidación de bienes, que aumentó en 70%.

Es más, sólo en los cinco primeros meses de este año la quiebras de personas, que llegó a 1.172, representa un cuarto del total de este ítem desde que se puso en marcha la nueva ley.

“Un porcentaje de las personas a las que alcanzamos con nuestra difusión se encuentra en situación de insolvencia profunda, en la cual la única herramienta válida es la liquidación. En ese contexto, las personas están viendo la insolvencia no como algo negativo, sino más bien como una oportunidad para reemprender y volver a empezar, utilizando para ello las vías formales de solución que entrega la nueva ley”, señala Hugo Sánchez, superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento.

Desde la perspectiva de los sectores económicos, el 20% del total de empresas liquidadas correspondió a firmas de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, seguido por el 17% de empresas de comercio al por mayor y al por menor. En el caso de la reorganización de la deuda empresarial, donde los procedimientos aumentaron 8%, sumando 22 casos a mayo, la industria que predominó fue la manufacturera no metálicas (22%), mientras que las firmas de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y empresas de comercio, alcanzaron el 18% del total cada sector.

“Hay industrias que, por su naturaleza, para financiar su operación, tienen niveles de apalancamiento mayores a otras y están más expuestas a situaciones de insolvencia”, dice Sánchez. Por otra parte, señala que “de acuerdo con las estadísticas, quienes mayoritariamente están accediendo a la reorganización son empresas medianas y grandes”. Esto, según explica, porque dichas empresas tienen por lo general mayor acceso al conocimiento y asesoría contable y legal y porque el procedimiento de reorganización conlleva un costo para una empresa que ya se encuentra en una situación complicada.

Por regiones, contabilizando desde octubre de 2014, la Metropolitana y del Biobío lideran con 5.495 y 1.052 procedimientos que, tanto las empresas como las personas naturales. Le sigue Valparaíso y Maule con 713 y 666. “Nuestro balance de la nueva ley es positivo. Si comparamos la antigua ley de quiebras, bajo la cual no más de 100 empresas y 2 personas por año, en promedio, se acogían, podemos ver que muchas más personas y empresas están usando los instrumentos que ha dispuesto la Ley N° 20.720”, concluye Sánchez.

http://www.latercera.com/pulso/noti...tor-inmobiliario-lidera-liquidaciones/218919/

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Tres empresas se van a pique en 15 días y peligra Iansa en Linares


El diagnóstico de la Confederación de la Producción y del Comercio es tajante: lo ocurrido en estas últimas dos semanas es "pésima noticia", pero no por la sensación de inestabilidad que eso deja, sino porque no es algo casual. A estos hechos se suman ajustes relevantes en otros segmentos. Canal 13, por ejemplo, desvinculó a casi 300 personas. Chilevisión y TVN irían por el mismo camino de profundizar recortes. En otra área, Telefónica comenzó un plan de desvinculación de cerca de 200 trabajadores y se espera que la industria financiera, tras varias fusiones y ajustes, haga lo propio.


Mesas de trabajo, posturas en desacuerdo, remates, ministerios preocupados, dirigentes gremiales, pero, principalmente, trabajadores afectados. Ese es el que define al ambiente de los últimos 15 días. La empresa Maersk fue la punta del Iceberg de una realidad que ni las autoridades ni la sociedad civil han querido ver en toda su dimensión: otras dos compañías cerraron la semana pasada, la constructora Cial y Pastas Suazo, tres cese de operaciones sin vuelta atrás que sumaron en regiones dos mil 609 trabajadores y familias sin trabajo.

Nadie alcanzó a reaccionar, particularmente el Gobierno, que quedó como un espectador del caso. En efecto, ejecutivos de la firma danesa Maersk a la que se le han atribuido factores productivos y políticos en sus motivos para dejar Chile comunicó de forma simultánea a sus más de mil 200 trabajadores la desvinculación, sin conversarlo antes con ninguna autoridad. Los casos de Cial y Pastas Suazo, en tanto, se suman al listado de empresas que no pudieron evitar su quiebra.

Pero, pese a que los tres cierres se deben a situaciones diversas, el ambiente empresarial está en altera. El jueves pasado, el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín, realizó un diagnóstico duro de cara a la realidad. "No digo que sea la causa (factores políticos), pero Chile ha dejado de ser competitivo, no solo para atraer inversiones, también para retenerlas”, planteó.

Pasar de largo por estos despidos parece fácil en medio de una recuperación de la economía que han celebrado, con cautela, las autoridades y que los especialistas han advertido que se equipara con el inicio de 2017, con una tasa de comparación bajísima. A pesar de esto, el Presidente Sebastián Piñera ha dicho que hay que estar contentos; el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, habló de nuevos impuestos –a las empresas y Apps de tecnología–, pero los anuncios sobre cómo recuperar el vigor del empleo aún no llegan.

Swett detalló que han analizado los números en frío y el panorama no es alentador. Sobre todo por el ritmo que había tenido el crecimiento del trabajo por cuenta propia en el Gobierno de Michelle Bachelet. En el primer trimestre del año, la CPC estimaba la creación de unos 70 mil puestos más de trabajo. "El problema de los empleos por cuenta propia es que es un amplificador de desigualdad. Un empleo formal genera una media de ingreso de 573 mil pesos versus los de cuenta propia, que es de 287 mil pesos, según los datos que manejamos", indicó.

El diagnóstico de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) es tajante: lo ocurrido en estos últimos 15 días es "pésima noticia", pero no por la sensación de inestabilidad que eso deja, sino porque no es algo casual.
A estas noticias se suman ajustes relevantes en otros segmentos, como Canal 13,por ejemplo, que desvinculó a casi 300 personas. Chilevisión y TVN irían por el mismo camino de profundizar los recortes de personal, mientras que, en otra área, la Telefónica comenzó un plan de desvinculación de cerca de 200 trabajadores y se espera que la industria financiera –tras la fusión de Scotiabank-BBVA, CMR y Banco Falabella y ajustes en el Banco BCI– experimente también ajustes de relevancia.


El titular de la CPC, Alfonso Swett, reconoce que no se trata solo de una sensación. "Para debatir, lo que pido es que le pongamos número. Miremos el trimestre móvil febrero-marzo-abril: mientras la economía avanzó 4,8 puntos, el empleo lo hizo solo 2,1 puntos y, de ese total, solo el 0,6% es empleo formal, asalariado. El resto son puestos por cuenta propia", explicó. Para el timonel del gremio no puede ser mirado a la ligera que dos mil 600 familias hayan quedado sin ingresos: "Es un número muy alto que vemos con mucha preocupación, es una mala noticia para el país, preocupación por lo que está pasando por el mundo laboral, porque vemos en las empresas que se están perdiendo competitividad".


Swett detalló que han analizado los números en frío y el panorama no es alentador. Sobre todo por el ritmo que había tenido el crecimiento del trabajo por cuenta propia en el Gobierno de Michelle Bachelet. En el primer trimestre del año, la CPC estimaba la creación de unos 70 mil puestos más de trabajo. "El problema de los empleos por cuenta propia es que es un amplificador de desigualdad. Un empleo formal genera una media de ingreso de 573 mil pesos versus los de cuenta propia, que es de 287 mil pesos, según los datos que manejamos", indicó.

En lo que va del año, de paso, la quiebra de compañías ha aumentado un 56% a mayo, es decir, 564 empresas se acogieron al proceso y el 96% de ellas quebró, sin poder reorganizarse. El comercio y la construcción, los sectores más afectados.


La angustia en Linares


Hasta ahora son las regiones las que han resultado las principales afectadas, principalmente, por los despidos de las últimas semanas, donde la preocupación cunde. La compañía Iansa, que ha vivido una situación compleja que arrastra hace ya varios años, comunicó a los trabajadores de su planta en Linares que, si una serie de situaciones de mercado no cambian, deberán cerrar esa unidad.

"La planta azucarera de Linares continuará su operación durante el año 2019 si se contratan y siembran al menos 5 mil hectáreas de agricultores de la zona. Cuando concluya el proceso de siembra para la temporada 2019 y, si no se consigue la superficie antes mencionada, la compañía operará solo las plantas de Los Ángeles y San Carlos. De ser así, los agricultores remolacheros de Linares deberán entregar su remolacha en la planta de San Carlos, a su costo", puntualizó oficialmente la compañía.

La empresa explicó que la situación se funda en que "como es de público conocimiento, desde hace varios años, la industria azucarera nacional está enfrentando una serie de factores que la afectan profundamente, y que ha derivado en una importante reducción en la superficie de remolacha sembrada. Estimamos que para la cosecha 2019, esta disminuirá a alrededor de 14 mil hectáreas, sin duda, un nivel que nos impediría seguir operando 3 plantas. Los factores más relevantes que han gatillado esta situación, son la entrada en vigencia de la Ley de Etiquetado en el país, con la consiguiente disminución en el consumo; la caída en los precios internacionales del azúcar; los mayores costos derivados de la aplicación de los impuestos verdes a algunas de nuestras plantas y la fuerte caída que ha tenido el tipo de cambio".
Los trabajadores de la zona, sin mucho éxito, se han movilizado para tratar de evitar el cierre de la única industria que hay en Linares y han estimado que sus efectos podrían afectar la fuente laboral de hasta mil 900 familias, sumando puestos directos e indirectos.

¿Un debate de impuestos?

Tanto los dirigentes de la CPC como de la Sofofa comentaron ayer, en entrevistas a diversos medios, que el debate del desarrollo económico debería girar en torno a los impuestos. Swett señaló a El Mostrador que "hemos dicho que a la fuerza de mirar una reforma tributaria, miremos la competitividad tributaria de EE.UU., de Inglaterra y de los países de la OCDE, donde todos están bajando impuestos corporativos". A juicio de los gremios, un ajuste en la tasa, amarrado a una mejora de la salud fiscal, redundaría en mayor generación de empleos, poniendo a las empresas en una mejor posición.

Bernardo Larraín agregó –en entrevista ayer en El Mercurio que "hay elementos estructurales de la economía chilena cuyo deterioro se ha profundizado en los últimos tiempos. La productividad está estancada; la competitividad del país, de acuerdo a diversos estudios, ha caído; y ciertas reformas que se hicieron son elementos ante los cuales el inversionista extranjero no es indiferente. Si Chile tiene una tasa de 27% en las empresas e Irlanda tiene un 12,5%, nadie puede quedarse indiferente, porque al menos en términos tributarios, Chile es menos atractivo. Cuando hablamos de rebajar impuestos, no es una discusión interesada del mundo empresarial".

El ex presidente de la Asech, Juan Pablo Swett, señaló que el foco debería estar puesto en motivar a todo el ecosistema de pequeñas y medianas empresas, pues son las que pueden apoyar la creación inmediata de empleos, ya que los proyectos del Gobierno, si bien van en la línea correcta, "son visiones de largo plazo y apuestan por reactivar la inversión a gran envergadura, por lo que la generación de puestos de trabajo inmediatos se hace más lenta".

El Ejecutivo hasta ahora no ha mostrado una postura más flexible en el tema y tampoco se ha abierto a negociar la baja de impuestos a la que Piñera le cerró la puerta en su cuenta pública del 1 de junio ante el Congreso Pleno. Por el contrario, han anunciado nuevos tributos que, de paso, inquietan a los trabajadores que se han mantenido en el mercado gracias a los cargos informales en plataformas como Uber y Cabify, justamente parte de las compañías que serán gravadas.

http://www.elmostrador.cl/mercados/...-pique-en-15-dias-y-peligra-iansa-en-linares/

 

Monto de inversión privada ingresada a trámite ambiental retrocede 62% en el primer semestre


En lo que va del año, han ingresado 364 iniciativas a evaluación ambiental que en conjunto suman US$10.150 millones, mientras que en igual período del año pasado habían 360 proyectos por US$27.035 millones.

La ausencia de grandes proyectos de inversión durante este año se ha dejado sentir en el volumen de iniciativas ingresadas al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Así, lo revelan las cifras contenidas en el SEIA, que evidencian que entre el 1 de enero y el 25 de junio de 2018 las inversiones ingresadas a tramitación han retrocedido 62,4% frente al mismo período del año pasado, pasando de US$27.035 millones a US$10.150 millones. Esto si bien la cantidad de proyectos sometidas al sistema en los primeros seis meses subió levemente, de 360 a 364 proyectos en comparación con 2017.


De acuerdo con la información del SEA, uno de los sectores que más bajó las inversiones asociadas a sus proyectos fue el de energía, que en el período analizado en 2017 ingresó 47 iniciativas por US$16.442 millones, mientras que en lo que va de este año ha presentado 78 proyectos por US$3.018 millones, es decir, una diferencia de 81,6%, generada por dos proyectos de inversión que en conjunto suman US$11 mil millones: Fotoelectricidad El Loa y Electro solar Tamarugal, ambos de Andes Green Energy.

De igual modo, la actividad minera también ha reducido los montos de sus proyectos en tramitación ambiental. En lo que va de este año suma 59 iniciativas por US$2.296 millones, mientras que en igual período del año pasado habían 66 proyectos en el sistema por US$ 5.846 millones.

Los motivos

De acuerdo con el abogado ambiental y ex jefe de la división jurídica del Ministerio de Medio Ambiente, Jorge Cash, uno de los motivos que ha paralizado el ingreso de grandes proyectos de inversión tiene que ver con la reforma al SEIA que prepara el gobierno.


“Es probable que los grandes proyectos de inversión estén esperando mayores certidumbres respecto a los anuncios que ha dado el gobierno en materia legislativa”, señaló, puntualizando que entre ellos está el boletín Nº 11747-03, que modifica distintas leyes para promover la inversión como la ley de Bases del Medio Ambiente, facultades del Sernageomin, Código de Aguas, Decreto sobre Concesiones Marítimas, Ley de Urbanismo y Construcción. “La reforma que más pareciera inquietar, es la que introduce cambios estructurales al SEIA, que se ha propuesto abordar una cantidad muy importante de temas y altamente sensibles”, añadió, apuntando que “con este nuevo Congreso, ninguna de las leyes mencionadas verá la luz”.


Por eso dijo que “lo más razonable es que se legisle separadamente todo lo referido a perfeccionamientos en materia de reclamación administrativa y judicial, por un lado, y en otro proyecto, se legisle sobre perfeccionamientos duros al SEIA. Asimismo, parece aconsejable no apurar el proyecto pro-inversión hasta no tener resuelta la reforma al SEIA”, sostuvo.


Una opinión distinta tuvo el profesor de Derecho de la Universidad Católica, Edesio Carrasco, que indicó que un mayor o menor número de proyectos ingresados al SEIA entre un año y otro “se puede explicar por un conjunto de factores, los que, en principio, no se explican por la futura reforma al SEIA”.


Según Carrasco, “es prematuro hacer comparaciones recién iniciado el gobierno actual, correspondiendo esperar al menos un año para hacer un balance y sacar conclusiones”, dijo.


El presidente ejecutivo de Alianza Valor Minero, Álvaro García, en tanto, hizo la salvedad de que los proyectos que se ingresan al sistema no necesariamente son los que se ejecutan.


“Lo importante es que hay en el SEIA, contando los proyectos que no se habían aprobado desde antes, alrededor de US$ 40 mil millones de proyectos en inversión minera. Una cifra extraordinariamente alta”, apuntó”.


Consejo de Ministros visa cambios


El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, presidido por la ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, aprobó ayer el proyecto de ley que modifica y mejora el SEIA. Con esto la iniciativa quedó en condiciones de ingresar al Congreso. La iniciativa busca fortalecer el SEIA como el principal instrumento de protección del medio ambiente. Entre las medidas propuestas está la obligatoriedad de la participación ciudadana previa para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), y se elimina el Comité de Ministros y el Recurso de Reclamación Administrativo, buscando evitar una doble revisión administrativa de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

http://www.latercera.com/pulso/noti...mbiental-retrocede-62-primer-semestre/220405/

 

Endeudamiento impide reactivación minera y productores caen 10%


En los últimos dos años el precio del cobre subió 47%. Pequeñas y medianas empresas adeudan créditos por US$ 39 millones a Enami, suscritos en el ciclo de bajos precios.

El mejor precio del cobre y las positivas perspectivas que hay para el metal rojo en el corto y mediano plazo, aún no logran ser aprovechadas por los productores de la pequeña y mediana minería nacional.

Prueba de esto, es que en los últimos dos años el número de mineros que le vende cobre a la Empresa Nacional de Minería (Enami) ha caído fuertemente, pasando de los 649 vistos en el período enero-abril de 2016, a 587 en el mismo período de este ejercicio.

La cifra cae más si se comparan los niveles de producción de mineral. Y es que si hace dos años el cobre entregado por empresas pequeñas y medianas era de 4.314 toneladas de cobre fino, en el ejercicio actual la cantidad cae un 15%, situándose en 3.683 toneladas.

Según explican desde la Sonami, la razón principal de este entancamiento, se debe a los créditos suscritos entre los mineros y la empresa estatal durante el ciclo de bajos precios al amparo de la ley de sustentación, que se empinan sobre los US$ 54 millones, de los que a la fecha, han sido pagados US$ 15 millones.

"Necesitamos modificar el reglamento, el gobierno lo retiró, pero le hemos pedido al ministro que se suspenda la cobranza por seis meses para que el sector se reactive, que entren más productores y pueda comenzar a funcionar la rueda que está estancada", explica Francisco Araya, vicepresidente de la Sonami.

Y es que según quedó estipulado por el gobierno anterior, cada vez que el cobre supera los US$ 2,77, los productores deben devolver de inmediato el 50% del diferencial que van obteniendo a favor, lo que, a juicio de Araya, tiene en una situación desmejorada a los actores de la industria.

Estas condiciones incluso han llevado a los productores a vender su mineral a firmas privadas, para evitar el pago del crédito, extendido a nivel sectorial. Ante esto, la Sonami está en conversaciones con estos compradores, para que descuenten parte de lo pagado y destinen una fracción a cubrir el préstamo.

Desde la Enami siguen el tema, ya que al funcionar sus plantas a menor capacidad, suben sus costos. El vicepresidente ejecutivo de la institución, André Sougarret, señaló estar consciente de la demanda de la industria tras recorrer el país desde su llegada al puesto en abril. Aseguró que "estamos trabajando con el Ministerio de Minería para dar una respuesta, en el corto plazo, a los principales requerimientos que ellos hacen".

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=481819

 

Nueva ley de quiebras: personas que se acogen a liquidación suben 68% en últimos 12 meses


A cuatro años desde la nueva normativa, se han iniciado más de 13.000 procedimientos de empresas y personas.

La semana pasada se cumplieron cuatro años desde que entró en vigencia la nueva ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas -ex ley de quiebras-, y ya son más de 13.000 los procedimientos que, tanto las empresas como las personas naturales, han iniciado.

El superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez Ramírez, destacó que cuando se hace una comparación con la Ley de Quiebras, no más de 140 empresas y 2 personas por año, en promedio, se acogían a dicha normativa.

Si bien es cierto que el número de procedimientos de liquidación de activos de empresas ha ido al alza, la mayor innovación vino por el lado de las renegociaciones y liquidaciones de personas naturales, ya que la antigua ley estaba enfocada en las compañías, por lo que hacía más caro y difícil para un individuo acogerse a este mecanismo. Así, aunque la ley lo permitía, en la práctica no se hacía. Ahora la realidad es distinta.

La liquidación que han iniciado las personas naturales, son los que marcan los mayores incrementos año a año en comparación a los otros tres procedimientos que permite la ley. De hecho, según cifras de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), el primer balance fue un alza de 535%, pasando de los 141 procedimientos concursales que hubo entre octubre de 2014 y septiembre de 2015, a 896 liquidación de bienes en igual período entre 2015 y 2016.

Y la cifra ha ido al alza: entre octubre de 2017 y septiembre de 2018, 3.095 personas optaron por la venta de sus bienes para pagar a sus acreedores, representando un incremento del 68% en relación a igual período 2016-2017. Así, en estos cuatro años ya son 5.979.

Al hacer un balance de la normativa, la Superir también destaca el incremento que ha tenido el uso de la renegociación: si entre octubre de 2014 y septiembre de 2015, 735 personas se sometieron a este procedimiento, 1.208 lo han hecho en el último año, lo que significa un incremento de un 64%.

El superintendente resaltó que “nuestras estadísticas dan cuenta de que las personas tienen una buena disposición a hacer frente a sus obligaciones y responder a sus acreedores.

La alta tasa de acuerdo en las distintas audiencias de este procedimiento constituye, en este sentido, una potente y positiva señal, lográndose acuerdos en más del 92% de los casos”.

En estos cuatro años los que más han accedido a renegociaciones son hombres (57% del total), mientras que cuando se trata de tramos etarios son las personas de entre 30 y 44 años (47,3%).

Desagregado por situación laboral, aquellos que acceden a renegociación son en su mayoría trabajadores dependientes (73,6%), y aquellos que tienen tramos de ingresos entre $250.001 y $500.000 (29,7%).

En cuanto a las empresas, un total de 175 se han sometido al procedimiento de la reorganización, donde se experimentó un crecimiento del 19% desde que entró en operación la ley al cuarto año. Eso sí, son más las compañías que se han sometido a liquidación, sumando un total de 3.026 compañías.

Al hacer un balance desde 2014 por rubros económicos, las firmas que lideran el listado en reorganización son las del segmento comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos automotores/enseres domésticos (22,9%), y las empresas de construcción (18,9%). Por otro lado, las compañías que prefieren liquidar activos son las de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (22,2%).

Por tramo de ventas, las empresas deudoras que encabezan las reorganizaciones son las grandes (56,8%), y en liquidación son las pequeñas (38,5%).

Para el superintendente, “las cifras presentadas indican que está existiendo un mayor conocimiento de las herramientas que se crearon para ayudar a personas o a empresas a enfrentar sobreendeudamientos o situaciones económicas complejas
https://www.latercera.com/pulso/not...liquidacion-suben-68-ultimos-12-meses/366350/