Ana María Gazmuri y Fundación Daya: Contraloría confirma anomalías en convenios con municipios

La medida se debió luego de una serie de irregularidades detectadas por Contraloría tras analizar los convenios que firmó la Fundación Daya con 13 municipios del país para implementar el “Programa de Uso Compasivo de aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos y con epilepsia, entre otras patologías con dolor crónico”.


Todo comenzó cuando Contraloría auditó los contratos que se establecieron entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2023 en las municipalidades de Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Parral, Peñalolén, Puerto Natales, Quilicura, Quilpué, Quinta Normal y Tocopilla, donde se destinaron $423.426.000 millones, de los cuales fueron transferidos desde los gobiernos locales $359.025.625 de acuerdo al informe de Contraloría, que hizo público Mega Investiga.

Dentro de las situaciones más graves que concluye el reporte apunta a que los auditores no pudieron tener la certeza documental que el laboratorio encargado de la elaboración del fitofármaco contara con la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP).

Según el informe de fiscalización, difundido por el mencionado canal de televisión, la Fundación Daya, creada por la diputada Ana María Gazmuri, recibió los millonarios recursos entre junio de 2015 y diciembre de 2016, pero solo accedió a una autorización provisional del ISP en 2018 para crear 7.200 dosis, las cuales no alcanzaron para cubrir el total comprometido con los 13 municipios. En esa línea, el Instituto de Salud Pública no otorgó nuevas autorizaciones para la fabricación del fitofármaco ni le concedió el registro sanitario, expone la revisión de Contraloría.



Dosis de Emergencia y nuevos contratos
Contraloría detectó, además, que dichas dosis no estuvieron destinadas sólo al proyecto de la ONG con los municipios, lo que implicó que el medicamento alternativo no alcanzara a cubrir lo firmado con los gobiernos locales, cuyo diseño buscaba atender a 2.300 pacientes por año.

Así, el organismo constató que nueve de trece municipalidades no recibieron el tratamiento acordado y sólo dos obtuvieron una parte de las dosis. Esto, a pesar de que la Fundación Daya recibió una subvención de $288.454.625 para esos fines.

A pesar de que los convenios se realizaron entre 2015 y 2016, recién en 2018 el ISP autorizó un proceso para elaborar 7.200 dosis de emergencia, lo que derivó en que la Fundación Daya y el laboratorio realizaran gestiones con los municipios para entregar el fármaco a los pacientes, lo que derivó en nuevos acuerdos para fijar otros requerimientos.

De acuerdo al informe de Contraloría, los alcaldes tampoco ejercieron acciones judiciales para lograr dicho propósito, lo que vulnera la legislación vigente y transgrede los principios de control y eficacia de los recursos públicos.

Por esto, la entidad dirigida por Dorothy Pérez determinó enviar todos estos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para iniciar una avanzada penal de estos 13 convenios. Además, instruyó un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en estos graves hechos descritos.


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