La terapia milenaria china con la que capacitaron a funcionarios de la Cámara de Diputados

Curso contratado por la corporación para 10 funcionarios costó $2,5 millones y duró una semana. Expertos cuestionan pertinencia de algunas capacitaciones.
Dudo que la Contraloría deje que un servicio público gaste recursos en algo así, no dice relación con sus funciones”.

María Jaraquemada,directora de Incidencia de Espacio Público

(Son para) superar brechas de los funcionarios para el buen manejo de emociones ante posibles conflictos”.Gonzalo Vicente Molina,director de la Academia Parlamentaria.

En agosto de 2018, los funcionarios del Departamento de Seguridad y Gestión de Riesgos de la Cámara Baja aprendieron Chi Kung, terapia de origen chino para el manejo de la energía y la respiración cuyo método —según las tradiciones budista y taoísta— permite alcanzar la iluminación. En la ocasión, también practicaron técnicas de control de impulsos y emociones.

Estos tópicos fueron parte del curso “Control de impulsos, resolución de conflicto”, capacitación laboral solicitada por la Academia Parlamentaria —unidad interna de la Cámara— que se llevó a cabo en las instalaciones del Congreso. El taller implicó un gasto fiscal de $2.500.000 y fue pactado vía trato directo.
“La Cámara nos pidió capacitar al departamento porque sufren mucho estrés. Necesitaban trabajos en control de impulso, relajación y técnicas para manejar el estrés diario”, cuenta Horacio Masias, profesor de Educación Física, terapeuta de medicina tradicional china, director de una escuela de kung fu y proveedor que se adjudicó la compra. El profesional, comenta que impartió las sesiones junto a un psicólogo, que tuvieron 10 alumnos y realizaron las clases durante una semana.

La academia

En privado, al interior del Congreso hay quienes cuestionan la pertinencia de algunos de estos cursos, al considerar que no guardan relación con la formación deseada de los trabajadores del Poder Legislativo. Todas las capacitaciones 2018 se llevaron a cabo, además, vía trato directo y convenio marco, lo que implica que no hubo competencia para buscar un mejor precio.
El plan de capacitaciones de los funcionarios de planta y a contrata está a cargo de la Academia Parlamentaria, instancia que depende directamente del secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, quien nombra a su director ejecutivo. En marzo de cada año, el plan anual se somete a la aprobación de un consejo asesor de la Academia. “Tratándose de actividades grupales de interés general, se pueden hacer extensivas a asesores y diputados”, agrega Gonzalo Vicente Molina, director del organismo.

El año pasado, la Academia contrató poco más de 90 capacitaciones que implicaron un desembolso fiscal de $209 millones, sobre un presupuesto total de $255 millones. Cursos como “Control de impulsos, resolución de conflicto” distan de otros que tuvieron un costo menor, como el Diplomado sobre gestión financiera de instituciones públicas de la Universidad de Chile, para funcionario

El director de la citada unidad explica que para diseñar el programa de capacitaciones se toman en cuenta recomendaciones de las jefaturas, en función de la evaluación de desempeño de los trabajadores y de los objetivos de gestión. De hecho, sobre el curso de control de impulsos, acota, buscó “superar brechas de los funcionarios para el buen manejo de emociones ante posibles conflictos”.

Falta de fiscalización externa

“Sería relevante que todas las compras públicas que realiza el Congreso sean a través de Chile Compra. Porque si bien tienen un convenio firmado con ellos, la aplicación es discrecional. Lamentablemente estas capacitaciones no se pueden cuestionar más allá del sentido común, porque la norma permite que las contrataciones se hagan sin que exista una evaluación mayor sobre la pertinencia de estas”, señala Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente.Al ser un órgano autónomo, la Contraloría no tiene competencia para fiscalizar la pertinencia del uso de estos recursos, que solo son supervisados por una contraloría interna del Congreso. “Dudo que la Contraloría deje que un servicio público gaste recursos públicos en algo así, no dice relación con el ejercicio de sus funciones”, dice María Jaraquemada, directora de Incidencia de Espacio Público. Y agrega que en casos como estos, “se confunde la separación de poderes con la falta de control externo”.

Otros cursos

En la nómina del año pasado también aparece “Capacitación sobre comunicación laboral y calidad de vida”, a funcionarios de la corporación que cumplen funciones en la sede Santiago ($4.650.000). El director de la academia detalla que ese taller tuvo entre sus módulos “Convivencia laboral, clima y comunicación efectiva”, “Manejo de crisis y resolución de conflictos” y “Calidad de vida laboral y autocuidado”. Este último, abordó la inteligencia emocional y técnicas para el autocontrol para desarrollar tolerancia a la frustración y manejo del estrés.

En abril, la Cámara contrató un curso de compras públicas por $540 mil a la empresa YRC Asesorías y Capacitaciones EIRL, de propiedad de Yeremenko Rodrigo Rojas Cataldo, ex funcionario de ChileCompra. El mismo taller repitió en septiembre, por $450 mil. Esto, pese a que Chile Compra entrega capacitaciones gratuitas durante el año.

Otro de los cursos que la corporación pagó a privados el año pasado fue “Gestión efectiva del tiempo” (por $1.707.750). Ricardo Rivero, gerente general de Gestión22 —organismo que impartió el curso— dice que enseñaron cómo “desarrollar capacidades para priorizar y aprender a personalizar y administrar el uso del tiempo” a 15 funcionarios, en 16 horas cronológicas.

También costearon tres exposiciones por un total de $1,6 millones para el ciclo “Identidad de género: la problemática y transversalización de género en el contexto actual nacional e internacional”; “La realidad del encarcelamiento y las mujeres y su pérdida de libertad”; “La mujer en el mundo laboral”.

El curso más costoso contratado en el año fue “Capacitación coaching desarrollo de habilidades y competencias servicio de alimentación” ($15.118.469) dirigido a cerca de 40 trabajadores de servicios de cocina y comedores.

http://impresa.lasegunda.com/2019/01/09/A/623HFMC9/all#2L3HFST6