Los millonarios contratos a dedo»del principal activista contra Dominga con alcaldes del partido RD

Los millonarios contratos «a dedo» del principal activista contra Dominga con alcaldes del partido de Jackson

Ezio Costa, ex vocero ambiental de la campaña de Boric, abogado de la ONG Océana en los juicios contra Dominga y director ejecutivo de FIMA, ha prestado millonarias asesorías a una decena de municipios. La mayoría de los contratos han sido sin licitación, por “trato directo”, y algunos adjudicados por alcaldías dominadas por RD, como Maipú y Ñuñoa.


En la campaña presidencial de Gabriel Boric, el abogado y activista ecologista, Ezio Costa, fue miembro de su comando junto a la hoy ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y uno de sus principales voceros.

Costa es autor del libro “Por una Constitución ecológica”, promotor de una “ecoConstitución”, de los derechos de la naturaleza y de la función ecológica de la propiedad. De hecho, fue vocero de la campaña del Apruebo.

Además, fue uno de los principales rostros de la campaña “No a Dominga”, eslogan que repitió Boric el mismo día que ganó la elección.

Ayer, Ezio Costa celebró la decisión política del Comité de Ministros de rechazar el proyecto minero portuario Dominga, con varios tuits.

“Bien! #NoADominga Mi admiración por la comunidad organizada, que resiste la presión económica de la minera y se opone a un proyecto que destruiría su hogar y su futuro, en un lugar con una economía en verdad sostenible. Ese proyecto en ese lugar, simplemente no es compatible”, escribió el abogado.

Costa representó a Océana ante la Justicia contra Dominga
Ezio Costa tiene dos sombreros. Por una parte, es un ambientalista con un perfil público que representó como abogado a la ONG Océana en la arremetida judicial contra Dominga.

El otro sombrero es el de director ejecutivo de la Corporación Fiscalía Medio Ambiente (FIMA), con la que ha conseguido millonarios contratos en asesorías a municipios, varios de ellos adjudicados “a dedo”, sin licitación pública, por alcaldes de Revolución Democrática, partido fundado por el ministro Giorgio Jackson. De hecho, esa colectividad lo propuso como eventual carta ministerial según publicó Ex Ante.


En su alegato ante la Corte Suprema contra Dominga el 24 de noviembre de 221, en plena campaña presidencial, Costa pidió dejar sin efectos la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que ordenó que el proyecto Dominga volviera a votarse en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, “cerrando con esto la discusión sobre el proyecto”.

“Creemos que las razones por las que se rechazó el proyecto en su evaluación ambiental son correctas, y que dicho rechazo no pudo ser revertido por el Primer Tribunal Ambiental de la forma que lo hizo. Confiamos en que la Corte Suprema verá también lo mismo”, añadió el abogado de la ONG.

La Suprema, sin embargo, rechazó su alegato e instruyó un nuevo proceso de evaluación ambiental.

Los millonarios contratos de Ezio Costa con casi una decena de municipios
A través de FIMA, Ezio Costa ha participado en contratos de asesorías con nueve municipios y la seremi RM de Vivienda por más de $68 millones entre 2020 y 2022.






Ñuñoa ($16,2 millones), Maipú ($16,6 millones), Quilicura ($4,5 millones), Cerrillos ($7 millones), Peñaflor ($8,4 millones), Estación Central ($1,5 millones), Villa Alemana ($1,5 millones), Santa Bárbara ($1,7 millones), Natales ($7,8 millones) figuran entre los clientes de FIMA.

En el caso del Minvu fue una capacitación ambiental a 10 funcionarios el 4 de agosto de 2021, por un monto de $1,3 millones.






Varios de esos contratos han sido por la modalidad de “trato directo”, sin licitación pública en que haya más oferentes, y algunos han sido impugnados ante la Contraloría.

El resquicio legal es prestar una “asesoría jurídica especializada en materia medio ambiental”, contemplado en el artículo 107 del Reglamento de Contratación Pública, que se refiere a “Contratación de Servicios Personales Especializados”.

Costa ha cobrado varios millones por llevar su activismo a esos municipios, en muchos casos para evitar la construcción de diversos proyectos inmobiliarios y de infraestructura.

Entre su especialidad está impugnar por la vía administrativa o judicial permisos ambientales ya otorgados, y con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobadas.

Los contratos “a dedo” con alcaldes militantes del partido de Giorgio Jackson
Los alcaldes de Maipú, Tomás Vodanovic, y de Ñuñoa, Emilia Ríos, militantes de RD como Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social, le adjudicaron a Ezio Costa durante 2021 y 2022 contratos “a dedo” por $16,6 millones y $16,2 millones, respectivamente.

En Maipú no solo el actual alcalde contrató los servicios ambientales de FIMA. También lo hizo su antecesora, Kathy Barriga (UDI), con dos contratos, el 8 de abril de 2020 y el 15 de febrero de 2021 para representar judicialmente al municipio. Ambos contratos superaron los $18 millones.





En Maipú asesoró invalidar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto “Segunda Línea Oleoducto M-AAMB”, que busca abastecer al aeropuerto con kerosene de aviación a través de Maipú y Pudahuel utilizando el corredor energético ya existente.

Costa asesoró también al alcalde Vodanovic en la solicitud de invalidación de la calificación ambiental del proyecto inmobiliario “Edificio Pajaritos”, de US$90 millones.

Otro de sus trabajos en Maipú fue capacitar a 30 funcionarios sobre “institucionalidad y normativa ambiental, SEIA y vías de impugnación, litigación ambiental, instrumentos de gestión ambiental a nivel municipal, fiscalización ambiental, labor municipal y su coordinación con la SMA y otros servicios públicos, las municipalidades y el acceso a la Justicia: Recurso de Protección, Reclamaciones ante el Tribunal Ambiental, y Acciones de la Ley 19.300”.

La impugnación ante Contraloría de tres contratos “a dedo” de la alcaldesa de Ñuñoa a Ezio Costa
Ñuñoa es uno de los principales clientes de FIMA, ya que le ha adjudicado tres contratos sin licitación.

El 24 de noviembre de 2021 la alcaldesa Ríos le adjudicó “a dedo” a FIMA, mediante el decreto 1679, las asesorías contra el proyecto inmobiliario Egaña Comunidad Sustentable, de la empresa Fundamenta.

Luego, el 3 de diciembre, hizo otro contrato similar, mediante el decreto alcaldicio 1743, para “asesoría juicio especializado en materia ambiental”.

Un año después, el 28 de diciembre de 2022, contrató a la corporación que dirige Ezio Costa también “a dedo” para invalidar la RCA del centro comercial Mall Vivo Santiago Etapa II, así como su representación ante el Tribunal Ambiental y la Corte Suprema.

Esos contratos llevaron al concejal de Ñuñoa, Julio Martínez, a solicitar una investigación especial administrativa a la Contraloría el 11 de enero de este año.

La entidad contralora derivó los antecedentes al municipio, exigiéndoles que informaran al respecto.

Concejal Martínez: «alcaldesa Emilia Ríos infringió principios de legalidad, probidad, buena fe y transparencia”
En la denuncia, Martínez argumenta que una “Corporación” como la “Corporación Fiscalía del Medio Ambiente” (FIMA) no puede ser contratada bajo esa modalidad, por lo que la Alcaldesa Emilia Ríos Saavedra de la I. Municipalidad de Ñuñoa infringió los principios de legalidad, probidad, buena fe y transparencia”.

Concejal de Ñuñoa, Julio Martínez
“El aparentar que la ‘Corporación Fiscalía del Medio Ambiente’ (FIMA) es una persona natural, en los términos que exige la ley, es claramente un fraude a la ley, que no sólo perjudica los intereses del Fisco de Chile, sino de otros oferentes que, cumpliendo los requisitos legales de ser ‘persona natural experto’, fueron excluidos se la convocatoria a la licitación y la contratación directa”, dice el documento.

Por ello, le pide a la Contraloría “tenga a bien iniciar una investigación especial con el objeto de sancionar las infracciones, irregularidades, deficiencias y vacíos detectadas en el proceso de ‘contratación directa‘ hecho por la Municipalidad de Ñuñoa a la Corporación Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), lo que genera un perjuicio patrimonial para el Fisco de Chile, y así cautelar la correcta inversión de los fondos públicos y la defensa del interés fiscal, anulando dichas contrataciones ilegales”.

Para el abogado Marcelo Castillo, “las contrataciones directas sin licitación son extremadamente graves porque se lesionan las normas que regulan la contratación pública, a través de un artilugio que claramente viola la ley, y eventualmente, si se trata de un patrón reiterado se puede configurar una defraudación al fisco, lo cual también es grave”.

Los millonarios contratos con alcaldes RD de activista anti Dominga (ellibero.cl)