Ahora, los esfuerzos tanto de los investigadores como del juez instructor del caso, que ha decretado el secreto sobre las actuaciones que se están llevando a cabo para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido la muerte del niño, se centran en averiguar qué papel habría desempeñado cada uno de los detenidos en la muerte del pequeño y en los motivos que habrían llevado a los asesinos de Lucas a actuar con tal crueldad.
El menor fallecido tenía sólo cuatro años y su cuerpecito, brutalmente golpeado y sin vida, apareció el pasado 3 de diciembre cerca de la media noche en una playa entre los municipios almerienses de Garrucha y Mojácar, en un antiguo cargadero de mineral.
La madre, una joven de 21 años embarazada de cinco meses, se entregaba en el cuartel de la Guardia Civil esa misma noche y los agentes del Instituto Armado detenían poco después a la pareja de la mujer.
Ambos de origen venezolano, vivían en el municipio de Vera, cerca del chiringuito en el que trabajaban y no muy lejos del lugar en el que se encontró el cadáver del menor. Si bien la mujer y el niño estaban empadronados en Garrucha, donde también residen otros familiares de la detenida y su hijo.
De hecho, fue una de las tías la que alertó en redes sociales sobre la desaparición del niño alrededor de las 19:00 horas de la tarde. Había recibido un mensaje de la madre en el que, al parecer, le informaba de que había dejado al menor, abandonado y malherido, cerca de una caseta en la playa. Aunque no sería hasta pasadas las 22:00 horas de la noche cuando comenzó la búsqueda oficial de Lucas, cuyo cadáver se encontraría alrededor de una hora más tarde.
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