Corte revoca prescripción en dos casos de abuso sexual vinculados a Martín Pradenas

Corte revoca prescripción en dos casos de abuso sexual vinculados a Martín Pradenas


La Corte de Apelaciones de Temuco revocó la prescripción dictada por el tribunal de la ciudad por dos casos de abuso sexual impropio vinculado a Martín Pradenas.

Según determinó le Poder Judicial, se acogieron los argumentos de la defensa de las mujeres que acusaron al imputado de atacarlas cuando tenían 16 y 19 años, en 2010 y 2014, respectivamente.


Recordar que el juez Federico Gutiérrez aludió al tiempo transcurrido de los delitos y su respectiva denuncia para tomar la decisión el pasado 21 de julio.

LOS CASOS SEÑALADOS
El tribunal analizó el sobreseimiento de los dos delitos de abuso sexual atribuidos a Martín Pradenas y que fueron declarados prescritos en la audiencia de formalización por los cargos de violación en contra de Antonia Barra.

La primera denuncia data de noviembre de 2010, donde en un domicilio ubicado en Temuco, Pradenas habría agredido sexualmente a una víctima, que en ese entonces tenía 16 años.

se habría producido en abril de 2014, cuando también al interior de un domicilio de la ciudad de Temuco el imputado habría realizado actos de significación sexual con una víctima en estado de ebriedad, quien en ese entonces tenía 19 años.

Ambos delitos, que fueron denunciados después de la muerte de Antonia Barra, se declararon prescritos por haber transcurrido el plazo legal que establece la ley de cinco años para accionar penalmente.

LOS CAMBIOS QUE BUSCA EL PROYECTO "JUSTICIA PARA ANTONIA"
Un grupo de parlamentarios presentó el proyecto de ley que busca aumentar las penas para los responsables de violencia de género y potenciar la ayuda a las mujeres que sufren de ataques de distinta índoles en el país, promoviendo su protección, tras la connotación que ha tenido el caso de Antonia Barra.

Bajo la consigna "Justicia para Antonia, la iniciativa, liderada por las diputadas Maite Orsini (RD), Marcela Sabat (RN), Gael Yeomans (CS), Paulina Núñez (RN) y los diputados Gonzalo Fuenzalida (RN) y Marcelo Díaz (Unir) buscan modificar varios aspectos de la actual normativa "con el fin de proteger los derechos de las víctimas de delitos sexuales, brindándole apoyo estatal para que conozcan y puedan ejercer adecuadamente sus derechos, protegiendo su integridad y privacidad en la investigación y el proceso penal, evitando su revictimización y, en definitiva, garantizando su derecho a una vida libre de violencia".

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