10 Falacias y mentiras de la derecha?? "Robos de la Concertación desde 1991 al 2006"

Como es facil hablar de "La Falacias y mentiras de la derecha"
Yo les muestro ni falacias ni mentiras, si no la pura realidad de lo que hizo la desconcertación solo desde 1991 al 2006. Haa y se me olvida, es solo un estracto, hay muchos omitidos puesto que si se coloca todo se cae el servidor del foro por exceso de material virulento.

Tomen conciencia...Derecha...Izquierda...Centro...da lo mismo, robarán igual y cada cual deberá partirse = el lomo para subsistir, a sí que déjense de defender huevones que nadie lo hará por ustedes.

1991


Oficina Nacional de Emergencia (Onemi): En 1992 se presenta una denuncia sobre irregularidades por la no entrega de ayuda recolectada para los damnificados del aluvión de Antofagasta y por la erupción del volcán Hudson, en Aysén, por cerca de $700 millones. Se constata la existencia de delitos.


1992


Digeder: Señales de que la Dirección General de Deporte y Recreación, dirigida entonces por el DC Iván Navarro, había protagonizado irregularidades por $500 millones. La Contraloría sólo constató desórdenes administrativos.


Empremar: Se denuncian comportamientos gerenciales irregulares en las operaciones de la Empresa Marítima del Estado (que fue privatizada en 1995), y una comisión de la Cámara investiga la negligencia en las modificaciones de un contrato de agenciamiento con una empresa peruana, y el arriendo de naves con pago de comisiones excesivas.

En 2004, el ex gerente Patricio Vidal Walton; el ex gerente de servicios especiales, Heriberto Guerra Gálvez, y el broker Alexis Ramírez Amador, son condenados a penas remitidas de 541 y 300 días de presidio, por el delito de estafa, sanciones menores que las establecidas en primera instancia por fraude al fisco.

El perjuicio económico al Estado se estimó en casi US$3 millones.


1993


"Desmalezamiento": Diputados Raúl Urrutia (RN) y Laura Soto (PPD), denuncian el pago por parte de la Refinería de Petróleos de Concón (RPC), de $381 millones por desmalezado del recinto, encargado a una empresa de Francisco Zárate (en años anteriores el trabajo no había superado los $90 millones). Entonces, se apuntó a personeros de la DC y la Concertación rechazó crear una comisión investigadora. Sólo a fines de 2002 se conocieron las primeras sentencias judiciales.

Emporchi: denuncia de irregularidades en la administración por contratos, en que se aplican tarifas de almacenajes ilegales por $175 millones.


1994


Oficina Nacional del Retorno: Desviación de dineros destinados a personas que regresaban a Chile desde el extranjero.

Convenio celebrado por los gobiernos de Chile y Alemania, según el cual, este último otorgó un préstamo de diez millones de marcos alemanes, a tasa anual de 2%, y en plazo de 30 años con diez de gracia, para fomentar la reinserción de exiliados chilenos en Alemania que retornaran.

El informe de la comisión investigadora de la Cámara estableció como irregularidades: no haber sometido a la aprobación del Congreso el convenio; que el Banco del Estado habría otorgado créditos a no más de 8 años y con tasas significativamente superiores al 2%; que 9 millones de marcos no fueron utilizados según el convenio, ya que 4,5 millones fueron entregados a la Fundación de Asistencia al Retornado (FARET), para asesorías contables y seguimientos de proyectos, existiendo testimonios de retornados que no la conocían; que el Banco del Estado decidió en forma arbitraria el traspaso de los 4,5 millones de marcos a la FARET; créditos por montos mayores al permitido; omisión de la experiencia laboral o profesional requerida para los proyectos; imputación del costo de las asesorías a los beneficiarios. Pero la Sala Cámara rechazó por 40 votos contra 21 el informe unánime de la comisión.


Empresa Nacional de Carbón, Enacar-VIII Región: La Cámara crea una comisión investigadora por denuncias del entonces senador Arturo Frei Bolívar y del diputado Edmundo Salas de la Fuente, ambos DC, sobre negligencias, mala administración, pagos ilegales y préstamos que no se ajustan a derecho, lo cual fue reafirmado por la Contraloría, estimándose el daño en $84 millones. El informe de la comisión, que presidió el DC Roberto León, se emitió en 1996 y no determinó responsabilidades políticas, sino que centró anomalías en la gerencia de Hugo Zapata. Salas votó contra el informe indicando que se trató de echar tierra al tema. El informe de la comisión nunca fue votado por la sala; el informe de la Contraloría fue cuestionado por el ex Presidente Patricio Aylwin.


Codelco: El 26 de enero de 1994 se descubren pérdidas por cerca de US$217 millones, relacionadas con el operador de mercados de futuro de Codelco, Juan Pablo Dávila, quien venía realizando este tipo de operaciones desde fines de 1993. El escándalo tiene como consecuencia las renuncia de importantes figuras de la Concertación, como el vicepresidente ejecutivo de Codelco, Alejandro Noemi; el vicepresidente de Comercialización de la Minera, Gonzalo Trivelli; el gerente de Ventas, Owen Guerrini, y el subgerente de área, Carlos Derpsch.

El informe de la mayoría oficialista de la Cámara afirmó que las pérdidas tuvieron origen en decisión de Noemi, de iniciar operaciones de mercados de futuro, no autorizadas por el directorio; Felipe Valenzuela (PS) refutó la transgresión por parte de Noemi, y el entonces diputado PPD Nelson Avila, no estuvo de acuerdo con que el directorio no era responsable.

Con posterioridad, se gestó una moción para prohibir que los ministros de Estado sean directores de empresas públicas, que duerme en el Congreso.

Recientemente, la Segunda Sala de la Corte Suprema ratificó la condena contra Dávila a tres años por fraude al fisco y dos penas de 800 días por delitos de negociación incompatible; y absolvió a su esposa, Ximena Pradenas, la que en primera instancia había sido condenada a 60 días de prisión como encubridora del delito.


Aduanas: La Cámara de Diputados investigó la firma de contratos por parte del director nacional, Benjamín Prado, objetados por la Contraloría; la rehabilitación irregular de ex funcionarios; y el presunto delito de contrabando en que habrían participado funcionarios en 1993. Se estableció que el director no cometió acciones carentes de probidad; RN se retiró de la comisión, argumentando falta de garantías para investigar.


Ministerio de Educación/ aulas tecnológicas: Se generan dudas sobre el destino de US$4.700.000 del Mineduc, utilizados hacia 1994 y poco antes de las parlamentarias, cuando Ricardo Lagos era el ministro. La cartera habría pagado un sobreprecio por las aulas tecnológicas a un conocido empresario socialista español, sin concursos ni licitaciones.


1995


Esval: Informes de una comisión investigadora de la Cámara y de la Contraloría de Valparaíso demostraron en septiembre de 1994, que se había cometido una seguidilla de irregularidades en las labores de construcción del colector Viña del Mar-Valparaíso. El proyecto cruadruplicó los valores iniciales, generando pérdidas por $13.500 millones.

El informe de mayoría oficialista exculpó a los ministros de Estado y ejecutivos de Corfo.


1996


Intendencia de Valparaíso: Irregularidades y problemas de gestión. Se destituyó al intendente Hardy Knittel.


Dipreca: La fiscal de la institución, Dora Silva, presenta una querella criminal por los delitos de fraude, exacción ilegal y estafa.

Las acusaciones involucran desfalcos por $138 millones, por contratos no sometidos a licitación.

En 2001, Dora Silva y Carlos Nazar, ex director de Dipreca, son sometidos a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de negociación incompatible. Y se desestimó procesar por el mismo delito al ex subsecretario de Carabineros, Luciano Fouillioux.

La comisión investigadora de la Cámara confirmó irregularidades, pero con los votos de la Concertación indicó que Dipreca era un organismo autónomo y descartó responsabilidades políticas de la cartera de Defensa o la Subsecretaría.

1997


Conadi: Compra irregular de terrenos y derechos de agua en IX Región.


Instituto Nacional de la Juventud: Irregularidades en el manejo de los recursos del organismo, que terminaron con pérdidas por cerca de $600 millones.


Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb: irregularidades en la ejecución de programas de alimentación escolar 1996 y de verano 1997. La Contraloría remite los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.


Minvu / Copeva: Cientos de viviendas, recién entregadas a través de subsidios, quedan anegadas y presentan daños estructurales, producto de las lluvias. La empresa concesionaria es Copeva, de Francisco Pérez Yoma, hermano del ministro de Defensa. Posteriormente, se constata que el ministro de Vivienda, Edmundo Hermosilla, ha recibido de regalo un caballo de parte de Francisco Pérez Yoma, lo que le significa su salida del gabinete. Se demuestran graves irregularidades en las construcciones.

La Corte de Apelaciones de San Miguel dejó sin efectos el sometimiento a los tres máximos ejecutivos de Copeva por el delito de estafa que había resuelto el ministro en visita, Ismael Contreras.


Serviu-Concepción: Fraude al fisco conocido como "Casas Bilbao". 896 modestas familias de Concepción postulan vía Serviu a casas encargadas a Inversiones Bilbao S.A., relacionada a integrantes de la Concertación. A pesar de que la firma recibe un adelanto de $1.500 millones del subsidio, las casas nunca son construidas.

En marzo de 2006 se dictaron las condenas de primera instancia, sólo contra los socios de la empresa, ya que fueron exculpados los funcionarios públicos que inicialmente habían sido sometidos a proceso.


1998


Dirección de Gendarmería: El director de la institución arrendaba su propia residencia al servicio y la ocupaba en el cargo. Debió presentar su renuncia


MOP: La empresa mexicana Tribasa gana la licitación para la remodelación de la Ruta 5 y el Acceso Norte a Concepción, pero quiebra y abandona la obra, sin pagar indemnizaciones.

En 2001, como efecto del sumario instruido por el fiscal del MOP Claudio Flores, que propone sancionar a 11 funcionarios, Matías de la Fuente -ex gerente de Finanzas del comando de Lagos y primo de su esposa, Luisa Durán- renuncia a la secretaría ejecutiva de la Comisión Bicentenario. La Moneda le solicita que permanezca en su cargo, y de febrero de 2002 a marzo de 2003, ejerce como jefe del gabinete presidencial.

El diputado Víctor Pérez (UDI) afirma que el MOP rebajó las sanciones propuestas por el fiscal; que Tribasa antes de llegar a Chile estaba quebrada; y que no tiene dudas de que la empresa "fue generosa en retribuir los favores por un contrato de US$600 millones".


2000


Indemnizaciones millonarias: A comienzos de septiembre y a partir del conocimiento del pago de abultadas indemnizaciones en Correos de Chile (el gerente general se retira con $111 millones), se detecta esta práctica en diversas empresas del Estado, como EFE, Enap, Polla Chilena de Beneficencia y Enami. Entre los involucrados, se encontraba el padre del entonces ministro Alvaro García.

Lo ocurrido llevó al gobierno de Ricardo Lagos a impartir un instructivo presidencial, para establecer que las indemnizaciones no debían exceder lo establecido en el Código del Trabajo. Luego, se informó que la práctica venía desde antes, apuntando al gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien afirmó posteriormente que abusaron de su confianza.

El entonces ministro de Obras Públicas, Carlos Cruz, sostuvo que los directivos de las empresas no están en ellas sólo por su competencia técnica, sino por su compromiso político.

Y el Presidente Lagos declaró: "en la función pública se está para servir y no para servirse" y llamó a los ejecutivos a devolver lo recibido para permanecer en el Gobierno o renunciar. Muchos optaron por lo segundo.


2001


Conadi: denuncias sobre compras irregulares de terrenos y uso de $1.280 millones del fondo de tierras, en honorarios, viáticos y gastos de oficina.

2002


MOP: Los diputados Víctor Pérez y Lily Pérez acusan a la Dirección de Vialidad del MOP de despilfarrar $3.400 millones en los últimos tres años, bajo el argumento de hacer publicidad a la cartera. Cuestionan una conferencia de prensa de $850 mil, la suscripción a una revista por $8 millones al año, y asesorías.


Caso Coimas: Se denuncia una red de falsificación de certificados de revisión técnica y la investigación judicial da como resultado la culpabilidad del dueño de una planta revisora en Rancagua, Carlos Fillipi. En represalia, Fillipi denunció que él y su socio, Gabriel Alamo, operaban con el consentimiento del subsecretario de Transportes, Patricio Tombolini (PRSD), a quien habría pagado $15 millones para obtener el permiso para su planta. Además, implicó a Alejandro Chaparro y al ex ministro (entonces diputado) Víctor Manuel Rebolledo (PPD).

En tanto, el empresario Alejandro Denhan, dueño de 18 plantas, denunció a los diputados DC Jaime Jiménez y Cristián Pareto y al PRSD Eduardo Lagos (este último es excluido del caso más tarde). El ministro en visita Carlos Aránguiz tomó la investigación y consiguió el desafuero de los parlamentarios.


Ministerios de Salud y de Secretaría General de Gobierno: Se utilizan $600 millones del Estado para financiar la publicidad del Plan Auge en radio y televisión, cuando aún no era ley.

La Contraloría hizo una investigación y su dictamen fue que los funcionarios involucrados debían devolver al Estado los recursos. Sin embargo, el tribunal de última instancia, dictó un fallo favorable a los funcionarios.


Minsal: Fiesta con cerca de $28 millones por el aniversario del Servicio Nacional de Salud.


ISP: El subsecretario de Salud, Gonzalo Navarrete, es removido del cargo, luego de conocerse que el año 2000, como director del Instituto de Salud Pública, pagó honorarios "brujos", por lo cual fue sancionado por la Contraloría. Esta estableció irregularidades en un convenio con la Universidad de Chile por más de $250 millones. El gobierno sostuvo que el cambio de gabinete estaba previsto con anterioridad.


Seremi de Educación VI Región: Se denuncia fraude al fisco protagonizado por dos institutos de educación de Rancagua, que recibían subvenciones del Estado por impartir clases a ancianos de la zona. Casi todos eran abuelos postrados o físicamente impedidos para asistir a clases, incluso algunos habían fallecido. Las acusaciones apuntaron sobre todo a la directora del Instituto Manuel de Salas, Valentina Tapia. Lo ocurrido significó la salida del Seremi de la VI Región, Víctor Olea.

Un informe de la Contraloría de marzo de 2003 verificó la existencia fraude al Fisco por más de $400 millones.


MOP-Gate/sobresueldos: En 1997, el ex Seremi de Transportes, Héctor Peña, crea la empresa Gestión Ambiental y Territorial (Gate). En 2000, Peña Véliz denuncia el robo de $190 millones a Gate, pero Investigaciones concluye que se trató de un autorrobo y culpa a la secretaria, Sara Oliva, y su madre, María Martínez, como autoras. Se recuperan $172 millones. Tiempo después las mujeres denuncian que Gate era una empresa falsa para desviar fondos públicos a campañas políticas. En abril de 2001 la Contraloría detecta las primeras irregularidades en un contrato Gate, luego de una fiscalización realizada al MOP. El ministro en visita, Carlos Aránguiz, mientras investigaba el "Caso Coimas", descubre que la empresa había estado pagando sobresueldos a funcionarios del MOP, comprometiendo seriamente al ex ministro Carlos Cruz (PS). Se verifica que Gate recibía pagos por más de $1.700 millones, mientras que el contrato con el MOP registraba $1.400 millones.

El ministro Javier Etcheberry envía a la Contraloría los resultados de una investigación interna.

El 7 de enero Aránguiz deja detenidos y somete a proceso a Carlos Cruz y Sergio Cortés por presunto fraude al Fisco y estafa residual, respectivamente. Y luego la Corte Suprema nombra ministra en visita a Gloria Ana Chevesich, para que investigue el caso, con dedicación exclusiva.

En diciembre de 2005 la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones estableció que los delitos del caso MOP-Gate estaban prescritos.


MOP / Ciade (Universidad de Chile): Se detecta la participación del Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (CIADE), de la Universidad de Chile, en trabajos con el MOP que fueron pagados, pero no ejecutados. El caso tiene otras aristas: el robo de uno de los computadores de los implicados en el caso, el hallazgo de los restos del contador del Idecon, Daniel Figueroa, y el suicidio en Las Condes del sociólogo Enrique Ponce de León Milnes, procesado en el marco del caso.

Se indicó que cerca de 12 seremis recibieron sobresueldos por un total de $120 millones, pero en octubre de 2003, la Corte de Apelaciones anuló los procesos por fraude al fisco que pesaban sobre ellos.


2003


Seremi de Educación IX Región: 14 funcionarios fueron expulsados por irregularidades en dineros y falsificación de documentos públicos.


Sence/Escuela de conducción Siglo XXI: Una investigación de la Contraloría dejó al descubierto que una serie de sospechosas fallas en los mecanismos de control del servicio habían permitido el uso malicioso de recursos estatales, especialmente por parte de la escuela de conductores "Siglo XXI", que recibió más de $1.000 millones en franquicias tributarias para una capacitación en la que figuraban personas que nunca asistieron a los cursos y que, en otros casos, no tenían relación laboral con quienes cobraron las facturas.


Ministerio Secretaría General de Gobierno / Ceduc: En el marco del programa Pro Empleo, por intermedio de la Municipalidad de Tocopilla, se denuncia el traspaso de $400 millones desde el Gobierno a la ONG Ceduc, cuyo director ejecutivo era funcionario del Ministerio Secretaría General de Gobierno.


Ministerio de Relaciones Exteriores: Después de decidirse el traslado de la Cancillería a las dependencias del Hotel Carrera, el diputado Arturo Longton afirmó que se habían pagado cerca de US$8 millones por sobre el valor real del edificio.


Banco Central-Corfo-Inverlink: El 29 de enero, el presidente del Banco Central, Carlos Massad, se percata que un e-mail, no enviado por él, había rebotado en su computador. Se descubre que la segunda secretaria de Massad, Pamela Andrada, envía información clasificada desde el computador del titular del ente rector al gerente general de Inverlink, Enzo Bertinelli. Andrada es despedida y Bertinelli renuncia.

El Central se querella; Andrada es sometida a proceso por cohecho e infracción a la ley de informática, y Bertinelli también por soborno.

El CDE se hace parte del caso; y la SVS presenta una querella contra quienes resulten responsables por uso de información privilegiada.

El 3 de marzo, asume el ministro en visita titular Patricio Villarroel. Y Corfo es alertada por el fiscal del Banco Santander, Gonzalo Romero, que documentos financieros de su propiedad están siendo transados en el mercado. Corfo informa que el jefe de la mesa de dinero sustrajo $80 mil millones en papeles de depósito a plazo y los dejó en custodia en la corredora de bolsa Inverlink, la que los endosó y vendió en el mercado para hacerlos efectivos ante su falta de liquidez; presenta una querella criminal y decreta orden de no pago. Posteriormente renuncia Gonzalo Rivas, vicepresidente de Corfo.

Después se descubre que Inverlink habría mantenido $30 mil millones en una "cuenta negra". La SVS se querella contra del presidente del holding, Eduardo Monasterio, y el gerente general de la corredora, Patricio Collarte.

El 31 de marzo, se concreta la resistida renuncia de Massad a su cargo.

Según los últimos antecedentes del proceso, el CDE y el Central solicitaron el procesamiento de los principales ejecutivos de Inverlink, por el delito de asociación ilícita, argumentando que desde 1998 los acusados se organizaron para defraudar.

La Corfo logró que la Corte de Apelaciones de Santiago procesara a la plana mayor del holding, entre otros aspectos por uso de información privilegiada.


2004


Casa de Moneda: Por 46 votos afirmativos y 43 negativos, la Cámara crea una comisión para investigar presuntas irregularidades cometidas en la institución relacionadas desde 2002, con publicidad realizada en un diario alemán (21 mil euros, en un acto administrativo objetado por la Contraloría, que generó a la institución una deuda de $15 millones), aclarar la deuda con Aduanas por el no pago de derechos, no pago de derechos de importación, adquisición de insumos y maquinarias sin los requisitos de establece la ley; extravío de planchas impresoras de billetes; la compra de pintura para confeccionar placas patentes por $112 millones y luego US$120 mil, según indicaba el proyecto de acuerdo.

Por votación de mayoría de la Concertación, se aprobó un informe que estableció que no se podía aseverar la existencia de dolo.


Puente Loncomilla: El 18 de noviembre se derrumba el puente Loncomilla, acceso principal a Constitución. En enero de 2005 el ex director de Vialidad del MOP, Oscar Ferrel, admite que hubo negligencia de parte del MOP. La comisión de Obras Públicas de la Cámara declara que, si bien se había conocido la condición del puente por parte del MOP, el tránsito en este no fue suspendido. Los sumarios internos concluyeron con la destitución del Jefe del Departamento de Puentes y Estructuras, y el jefe del Departamento de Construcción de Vialidad.

El presidente de la Cámara, diputado Pablo Lorenzini (DC), arremete contra el titular del MOP, Javier Etcheberry, consultando públicamente si "¿le falta sobre sueldo a usted para trabajar o son las multinacionales de las autopistas las que le están pagando sobre sueldo? Creo que este ministro se acostumbró a recibir billetitos extras". Lo ocurrido generó el rechazo del Gobierno; Lorenzini debió renunciar a la presidencia de la Cámara y Etcheberry dejó el MOP para asumir en el Banco Estado.

El diputado critica a la actual administración del MOP, debido a que la Contraloría devolvió el sumario hecho por la cartera.


2005


Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence): En febrero de 2005, diputados UDI denuncian irregularidades cometidas con anterioridad por organismos de capacitación, Otec, acreditados por el Sence, afectando a 15 mil microempresarios. Afirman que en varias ocasiones los cursos no se efectuaron, que las organizaciones se quedaron con $4.000 millones, y que los dineros habrían derivado a la entidad fiscalizadora Proem.

El Sence reconoció irregularidades en Proem, pero indicó que los afectados eran 5.671 personas, y afirmó que la repartición tomó medidas de inmediato, citando una formalización de cargos contra la entidad, en enero de 2004.


MOP-Ficor: Dentro de la investigación llevada por la ministra Gloria Ana Chevesich, se indica que la empresa contratista Ficor había reconocido que en 1999 el MOP había utilizado a la firma como caja de cuadre para desviar fondos hacia la campaña presidencial de Ricardo Lagos.


Chiledeportes: Una investigación que analizó proyectos presentados entre 2003 y 2004, develó un abuso en las franquicias tributarias y la presencia de empresas intermediarias que lograron favorecer con los fondos actividades deportivas de élite, violando así el espíritu del organismo.

La comisión de la Cámara encargada de investigar las denuncias comunicó en octubre de 2005 que los procedimientos cuestionados estaban ajustados a las normas vigentes.

Ministerio de Justicia / DJP S.A.: Los diputados UDI Marcela Cubillos, Cristián Leay y Víctor Pérez, denuncian que durante el periodo de Soledad Alvear, el Ministerio de Justicia entregó millonarias licitaciones de las defensorías públicas de la RM, entre 1994 y 1999, a una de las firmas de abogados integradas por su marido, Gutenberg Martínez. De las 123 sociedades jurídicas que postularon, 90 habían pasado la evaluación técnica, pero sólo 2 de ellas captaron 80% de las defensas licitadas: La Sociedad de Defensa Jurídico Penal (DJP S.S.), integrada por la Universidad Miguel de Cervantes, que preside Martínez, y la Sociedad Defensores Penales Metropolitanos. 48% del total de causas adjudicadas lo obtuvo la DJP. También se reveló que el subsecretario de Justicia y miembro del comité de Licitaciones era entonces profesor de esa universidad.


MOP / Presidencia/ Gescam: En junio, el candidato presidencial, Joaquín Lavín, exigió al Presidente Lagos que explicara la presencia de una millonaria licitación que fue adjudicada a su cuñado, Hernán Durán. La información apareció en el transcurso de la investigación que Chevesich estaba realizando sobre todos los contratos extendidos por el MOP, descubriendo uno de diciembre de 2002 para asesorías por cerca de $2.000 millones, entregado a la firma Víctor Faraggi y Gescam Consultores Ambientales, del hermano de la Primera Dama. Otro importante socio de la consultora era el embajador de Chile en Francia, Hernán Sandoval. Luego de ocho intentos fallidos por abrir una comisión investigadora en el Congreso, la oposición logró aprobarla.

Por unanimidad, la comisión determinó que no hubo irregularidades en contratos MOP-Gescam.


Codelco: Paralelamente al caso anterior, la Alianza denuncia la contratación por parte de Codelco de diversas asesorías que, de forma directa o indirecta, involucran a familiares de personeros de gobierno o a funcionarios que trabajan en la empresa. En este contexto, se denuncia que Gescam, se adjudicó 18 entre 1997 y 2995, por US$956.861, trece de ellas por adjudicación directa. Evelyn Matthei (UDI) señala que Codelco había extendido similar tipo de contratos sin licitaciones a firmas de propiedad de los hermanos del ex ministro del Trabajo, Ricardo Solari, y del entonces ministro MOP, Jaime Estévez.

Pero un informe de la comisión investigadora aprobado por la Concertación y rechazado por la Alianza, descartó irregularidades.

En marzo de 2006, el diputado Alejandro García-Huidobro (UDI) solicitó ampliar la investigación a Codelco, dado que la Contraloría constató graves incumplimientos y transgresiones a la normativa vigente, como la asignación directa en la contratación, contratos con fines distintos a la producción de cobre, inexistencia de informes que certifiquen la realización de los trabajos contratados y pagos realizados antes de suscritos los contratos.

En agosto pasado, la SVS sancionó a Codelco por operaciones con personas relacionadas durante la administración de Juan Villarzú.


MOP / Gesys: En octubre, la ministra Chevesich estableció la existencia de dineros desviados por el ex Director de Planeamiento del MOP, Matías de la Fuente (primo de Luisa Durán y ex jefe de gabinete de Lagos) a la campaña presidencial de Ricardo Lagos en 1999 a través de su página web. De la Fuente y Sergio Cortés, ex jefe de Finanzas de Vialidad del MOP, fueron procesados por la jueza por fraude y estafa al fisco, al igual que Raúl Herrera, de Gesys, y Oscar Araos, de Abaco. Las triangulaciones se realizaron a través de la consultora y se destinaron a la empresa Faunes para la elaboración de una página web que apoyaba a Lagos. La operación fue realizada simulando un desvío de fondos hacia un supuesto programa de capacitación por $15 millones, que nunca se realizó. Tras ese monto, se descontaron dos facturas que se adeudaban a Faunes, sumando un total de $4.720.000. La Séptima Sala de Apelaciones revocó los procesamientos en diciembre.

Y en marzo de este año, la Suprema estimó que el recurso de casación en la forma interpuesto por la UDI no era la vía idónea para anular el fallo de la Corte de Apelaciones.

En junio pasado, Carlos Cruz es condenado en primera instancia por la ministra Chevesich, a cuatro años y un día de presidio con régimen de libertad vigilada y al pago de $39 millones, por fraude al fisco y falsificación de instrumentos públicos. Esto, relativo a una falsificación de contratos por asesorías comunicacionales suscritos por el MOP con la empresa Gesys, señalando que se dio la triangulación de fondos desde la consultora para pagar sobresueldos y crear un fondo para financiar la campaña presidencial en 1999.


Candidatura PS VI Región: El entonces diputado PPD y candidato por la VI Región, Aníbal Pérez, denunció la existencia de una red de corrupción estatal destinada a beneficiar la candidatura del socialista Juan Pablo Letelier, que involucraría uso de funcionarios, recintos y dineros públicos. Pérez puso estos antecedentes a disposición de la Contraloría.


MOP / Ministerio de Transportes / Ministerio del Trabajo: Malversación de fondos del Ministerio de Transportes, Obras Públicas y del Trabajo, a raíz de la ley de modernización de los puertos.


Programa de Generación de Empleo (PGE): El 7 de diciembre el alcalde de Quillota, Luis Mella (DC), denuncia que la candidatura a diputado PS Marco Enríquez-Ominami (PS) utilizó fondos públicos para financiar parte de su campaña, comprar votantes y cometer cohecho. El dinero, unos $3 millones, habría sido de 55 documentos bancarios respaldados por el Estado y originalmente destinados a un plan de generación de empleos para trabajadores de Quillota, que iban a recibir $50 mil por desmalezar el cerro Macaya. El Fiscal Jefe de Quillota, Pablo Bravo, formalizó cargos contra 4 personas: los contratistas Giovanni Malatesta y Hernán Meza; el activista político Luis Fernández Sarmiento, y el ex Seremi de Trabajo en la V Región, José Manuel Mancilla, todos por fraude al fisco. En abril, el Ministerio Público acreditó que estos recursos estatales fueron utilizados para el pago de activistas políticos. En la querella se agregó al presidente regional del PS, Edgardo Lepe, al concejal de Rinconada de Los Andes, Ricardo Romero León, y el ex funcionario de la Intendencia Jaime Quiroz Moscoso.

Recientemente, el fiscal regional de Valparaíso, Jorge Abbott Charme, en el proceso conocido como "empleos brujos", formalizó por el delito de fraude al fisco a Edgardo Lepe ex presidente del PS regional, ex jefe de gabinete del senador Carlos Ominami y jefe de campaña de su hijo Marco Enríquez-Ominami.

Abbott pidió seis meses más para investigar. De acuerdo a las indagaciones que lleva con el fiscal jefe de Quillota, Pablo Bravo, se estableció un traspaso ilegal de fondos a las campaña "presidencial y parlamentaria 2005". "Entre los meses de octubre y diciembre de 2005, José Manuel Mancilla López (ex seremi del Trabajo) y Jaime Quiroz, ambos funcionarios públicos, se concertaron con Edgardo Lepe (ex jefe de gabinete y jefe de campaña de Enríquez-Ominami) a fin de usar dineros destinados a financiar programas de inversión en la comunidad para fines de campaña política".

En la audiencia de formalización de cargos contra varios de los supuestos involucrados en desvíos de fondos en la V Región, el Ministerio Público señaló $4400 millones, como cifra preliminar del perjuicio fiscal en la zona.

El 27 de febrero de 2006, el Ministerio Público formalizó cargos, también por fraude al Fisco, contra Mancilla y Malatesta y otras cinco personas por falsificación de facturas, el pago indebido a una persona que trabajó en la Intendencia y adulteración de documentos. Se investiga el uso de unos $70 millones de pesos.

Durante el proceso, el diputado Enríquez-Ominami se querelló por injurias contra el alcalde Mella.

En 2006 continúan saliendo a la luz antecedentes de uso indebido de los PGE en distintas localidades del país. El Ministerio Público investiga también a los diputados PPD Laura Soto y Rodrigo González.

Recientemente la comisión investigadora de la Cámara no logró consensuar un informe, pero de acuerdo a lo indicado por su presidente, Francisco Chahuán (RN), tanto el texto de la mayoría concertacionista, como el de minoría propuesto por la Alianza, establecieron el desvío de dineros de los PGE para contratar activistas en campañas parlamentarias.


Indap VIII Región: Supuesto envío de un documento por parte del director de Indap de la VIII Región, César Rodríguez, a los distintos jefes que trabajan en su repartición instruyendo recolec

AQUI EL 2007, LES ADVIERTO QUE AL ABRIR EL SPOILER SUS COMPUTADORES SE CAERAN AL SUELO DE LO LARGA LA LISTA DE CONDOROS...YA PODRE EL 2008...

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CAGAZOS AÑO 2008, AFIRMENSE DE LA SILLA

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YA...AQUI LOS CAGAZOS DEL 2009

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Espero que con estas pequeñas listas de los cagazos de la concertación, piensen antes de defender webones.

 

Jejejejjejejeje, pero debió decir "Somos delincuentes de cuello y corbata" jejejjejejejejejeeee