Ministerio Público alista academia para fiscales

Ministerio Público alista academia para fiscales y ya está nombrado abogado penalista que la dirigirá

El segundo tema que se abordó ayer en el consejo de persecutores —de alta relevancia interna— fueron las reformas propuestas por el Ejecutivo para el organismo. Hoy continuaría discusión.

Una Academia de la Fiscalía de Chile. Esa es una de las iniciativas impulsadas al interior del Ministerio Público y que ya comienza a tomar forma. Se trata de una especie de “escuela” para los investigadores, como ocurre con la que tiene el Poder Judicial para los jueces.Ayer, en el consejo de fiscales era el primer tema de la tabla, que incluyó además las reformas legislativas propuestas por el Ejecutivo para el organismo de persecución penal.Ya hay un plan de trabajo —que se compartió durante la mañana con los persecutores— y un director designado para la nueva instancia: Sebastián Salinero Echeverría, quien actualmente se desempeña como coordinador académico y profesor del Magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca y director del Observatorio del Sistema de Justicia Penal de la misma casa de estudios.Con su nombramiento, explican en el Ministerio Público, se concreta su implementación. La idea de su creación fue parte del Plan de Fortalecimiento institucional.

Un nuevo estándar a capacitaciones

El director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, dice mirar “con buenos ojos” la creación de esta academia, recuerda que ya existe en la fiscalía una unidad de capacitación, pero destaca que esto signifique darle un “nuevo estándar”.Los fiscales hoy —apunta— son “abogados, y los abogados en las facultades de Derecho tienen principalmente formación en proceso y litigación, y no en ciencias forenses”. Y ellas, advierte, son una herramienta que un persecutor requiere en su desempeño.Los profesores son abogados también y, en consecuencia, no imparten clases de otras especialidades, como Psicología, que puede serles útil para trabajar con testigos o víctimas, ejemplifica.Para el académico de la Universidad Diego Portales (UDP) Cristián Riego, es una iniciativa positiva: “Creo que está bien que tengan un programa de capacitación permanente”, afirma, pero “me parece más importante que transparenten y abran los concursos” para fiscales.—¿Los concursos, pensando en la designación de fiscales, como lo propone el Ejecutivo?—Así es. Ahora, no necesariamente como lo propone el Ejecutivo, que establece un organismo (un Comité de Selección). No me parece que eso sea lo más importante, sino que los concursos sean abiertos a cualquiera y verdaderamente competitivos.

Politización y autonomía

A comienzos de junio y tras la Cuenta Pública presidencial, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, detalló cómo proponía el Gobierno que operara el sistema de nombramiento de los fiscales. Un elemento central sería el Comité de Selección de los mismos.Cuando se eligiera un fiscal regional, esta nueva entidad estaría integrada por el presidente de la Corte de Apelaciones respectiva, un representante de la Alta Dirección Pública (ADP) y otro del Consejo de Rectores. Y si se trataba de un fiscal adjunto, el comité estaría presidido por un persecutor regional. Y la misma instancia elegiría una terna que luego enviaría al fiscal nacional, quien seguiría decidiendo el nombramiento final.Casi dos tercios de la jornada de ayer estuvo dedicada a ese y otros cambios planteados por el Gobierno, como la posibilidad de repostulación de fiscales regionales al cargo o las inhabilidades tras su salida.Según comentaron algunos de los asistentes, el debate comenzó cerca del mediodía y se extendió hasta alrededor de las 18:30 horas. Como no acabó, la discusión se retomaría hoy.Ya en las semanas previas, los fiscales regionales habían manifestado al jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, algunas aprensiones sobre estas eventuales modificaciones. Entre ellas, la posibilidad de una politización y la pérdida de autonomía institucional.Tienen también algunos reparos respecto de ideas expresas por el propio fiscal nacional; en específico, aquella que considera la intervención de más de un regional en causas de mayor connotación.

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