¿Quién paga? La "asesora" de Carlos Montes que no está contratada por Vivienda

Participa en comisiones parlamentarias a nombre del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Senadores y diputados asumen que es funcionaria pública ya que siempre está en compañía del titular Carlos Montes. De hecho, consultados algunos integrantes de la comisión ligada al área en ambas cámaras todos responden que es funcionaria del ministerio. Su nombre es Jeannette Tapia Fuentes, abogada de profesión. ¿El problema? No está, hasta hoy, contratada por la cartera que dirige el militante socialista, sino por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Consultados por Radio Bío Bío, desde el Programa señalaron que Tapia Fuentes “tiene la responsabilidad de brindar asesoramiento jurídico en la formulación e implementación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y en el desarrollo de los nuevos Planes Regionales de Ordenamiento Territorial”. También agregaron que “participa en procesos ministeriales e interministeriales relacionados con políticas públicas, programas y proyectos territoriales y urbanos”.

Al buscar en la internet el nombre de Jeannette Tapia Fuentes arroja una serie de resultados que la vinculan en la actualidad al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Uno de ellos, por ejemplo, lleva a la web de la Cámara de Diputados, puntualmente a la Sesión Nº 148 de la Comisión de Hacienda, donde se la define como “asesora legislativa” del ministro de la cartera, Carlos Montes (PS).
El fin de aquella citación, según la web de la Cámara, fue tratar asuntos relacionados a la modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones “en materia de plazos y sanciones por incumplimiento”. Junto a lo anterior, se consignó: “Asistieron del Ejecutivo, el ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Carlos Montes Cisternas junto con la asesora legislativa, señora Jeannette Tapia Fuentes”.
Sin embargo, al buscar datos de dicha funcionaria en el portal de Transparencia Activa del Minvu el resultado no es igual de exitoso. Los registros disponibles nos llevan entre el 2017 y 2018, cuando Tapia Fuentes cumplió funciones de jefa de gabinete de la entonces ministra Paulina Saball, durante la segunda administración de la ex presidenta Michelle Bachelet.
De hecho, en un buceo ampliando el márgen de búsqueda por fecha en el mismo portal se puede constatar que obtuvo remuneraciones como “asesora legislativa” entre los años 2008 – 2009, durante la gestión de la fallecida Patricia Poblete (DC), entonces ministra de Vivienda y Urbanismo. Es decir, Jeannette Tapia Fuentes conoce bien el funcionamiento del Minvu. No es una desconocida. Y así lo hacen ver parlamentarios consultados por Radio Bío Bío, que al escuchar su nombre afirman que “es una funcionaria gubernamental”. Ninguno de esos senadores o diputados saben que no tiene contrato estatal sino que quien le paga es un organismo internacional.
Los registros recabados señalan que Tapia Fuentes en el papel está lejos de ser “asesora legislativa” sino que su función está en apoyar el “Fortalecimiento del Desarrollo Urbano Inclusivo y Sostenible”. Es decir, su función en sí está muy lejos de representar el ADN del gobierno en un debate político en el Congreso sino en cooperar como estamento de la ONU en aconsejar políticas, claramente no vinculantes.
Salida del MINVU
Fue en mayo de 2018 cuando Tapia dejó el ministerio. Cristián Monckeberg era ya el ministro de la cartera y Saball había dejado el cargo en marzo. El proceso no fue expedito, explicaron conocedores del tema. La entonces asesora salió luego de una intensa negociación con los cercanos a Monckeberg, la que terminó con un acuerdo: Tapia podía tomarse sus vacaciones lo que calzó justo para poder obtener el “incentivo al retiro voluntario”, por lo que obtuvo un bono millonario. Al recibir dicha bonificación, según la ley que regula la materia, Tapia Fuentes no puede firmar contratos con el Estado por un periodo de cinco años.
“Los funcionarios que perciban los beneficios establecidos en esta ley no podrán ser nombrados ni contratados, ya sea a contrata, honorarios o en los términos del Código del Trabajo, en ninguna de las instituciones que conforman la Administración del Estado, durante los cinco años siguientes al término de su relación laboral, a menos que previamente devuelvan la totalidad de los beneficios percibidos”, señala el artículo 15 de la Ley 20.948, que regula los incentivos al retiro.
Según documentos a los que accedió Radio Bío Bío, fueron dos bonos los que recibió Tapia Fuentes, es decir, de haber sido contratada el año 2022 debería haber devuelto alrededor de 50 millones de pesos.
Regreso al gobierno
Al poco tiempo de su salida del MINU Tapia entró a trabajar como asesora del Comité Socialista en el Senado. Y regresó al gobierno en marzo de 2022, en menos de cinco años, y ha participado en distintas comisiones en el Congreso como asesora del ministro Carlos Montes. ¿Quién la contrató?
Ver video:
Jeannette Tapia Fuentes está contratada actualmente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuestión que fue confirmada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a este medio.
“Jeannette Tapia Fuentes es una funcionaria contratada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco del proyecto “Fortalecimiento del Desarrollo Urbano Inclusivo y Sostenible”, en calidad de asesora especialista en normativa urbana de la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (COMICIVYT), que preside el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes”, explicaron
Y agregaron, dentro de la respuesta técnica, que Tapia “cuenta con una vasta trayectoria en asesoría jurídica y, como asesora del COMICIVYT, le corresponde revisar numerosos proyectos de ley sobre política habitacional, urbana y territorial”. La iniciativa, señalan, es un “acuerdo firmado para su renovación, entre los días 17 y 27 de enero de 2023, por los ministerios de Vivienda y Urbanismo y Relaciones Exteriores y el PNUD”.
Lo anterior, reforzaron, “donde la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo transfirió recursos aprobados por la Ley de Presupuestos 2023 para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en dicho acuerdo, el cual cuenta, además, con toma de razón por parte de la Contraloría General de la República”.
Respuesta en la que el ministerio no hizo referencia al porqué se presenta a Tapia Fuentes como “asesora legislativa”, en condición que dentro del parlamento e incluso del propio ministerio, especialmente en el 4 piso, todos entendían que era un funcionaria pagada por el gobierno al tener acceso a información sensible y detallada.
Desde el ministerio finalizaron dando cuenta que “este proyecto se enmarca en el acuerdo suscrito entre el Gobierno de Chile y el PNUD, que data de 1960, bajo el cual el organismo dependiente de Naciones Unidas ha prestado y presta asistencia a distintas reparticiones del Estado”.
Y agregaron horas después que “este acuerdo establece que el Gobierno de Chile entregará facilidades para la ejecución de los proyectos, entre las que se encuentran los gastos de subsistencia local, el transporte dentro del país del personal, suministro y equipos, y los gastos de correos y telecomunicaciones con fines oficiales (art. V)”.
Convenio que fue nombrado en uno de los informes de la Contraloría General de la República acerca de las transferencias efectuadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
“Sobre la materia, el servicio auditado señala que el MINVU, efectivamente, ha provisto cuentas de usuarios para personas que no son parte de la dotación, debido a la existencia de personal externo que provee de servicios en calidad de; contratos de servicios con empresas externas, convenios para alumnos en práctica, honorarios por producto y programas tales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Chile (PNUD), principalmente”, indican.
PNUD
Desde el PNUD, tras consultas de Radio Bío Bío, explicaron que “el proyecto establecido entre el MINVU y el PNUD tiene el objetivo de fortalecimiento del rol del Estado en la promoción de un desarrollo territorial sostenible e inclusivo. Eso incluye el fortalecimiento de la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (COMICIVYT), que coordina al sector público en los ámbitos de infraestructura y ordenamiento territorial, potenciando inversiones en proyectos que reduzcan las brechas en materia de equidad urbana y territorial”.
Detallaron que Tapia Fuentes llegó al cargo en 2022 cuando “la Sede Regional del PNUD en Panamá hizo un proceso competitivo de selección de un/a Especialista en normativa urbana para trabajar en la COMICIVYT, que resultó en la contratación de la señora Tapia en el nivel NPSA 10”.
Sobre las responsabilidades de Tapia, indicaron que “tiene la responsabilidad de brindar asesoramiento jurídico en la formulación e implementación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y en el desarrollo de los nuevos Planes Regionales de Ordenamiento Territorial conforme a la Ley N° 21.074. Además, participa en procesos ministeriales e interministeriales relacionados con políticas públicas, programas y proyectos territoriales y urbanos, abarcando áreas como Desarrollo Urbano, Desarrollo Rural, Parques Urbanos y la Iniciativa Ciudades 2050, entre otras”.
También agregaron que “asesora técnicamente en procesos de Evaluación Ambiental Estratégica, participa en instancias de coordinación interministerial definidas por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, brinda apoyo técnico para la implementación de proyectos alineados con los objetivos de la COMICIVYT, sistematiza información y elabora material técnico de apoyo. Además, contribuye a discusiones, diseño y ejecución de mesas de trabajo, instancias de coordinación y consulta en el marco de la elaboración e implementación de políticas y planes territoriales, incluyendo su participación en instancias técnicas con organismos internacionales vinculados a asuntos territoriales, y presta asesoría técnica y jurídica en diversas materias relevantes para los desafíos de la COMICIVYT” .
El contrato de la abogada Tapia Fuentes , según indicaron del PNUD, finaliza a mediados de este año, el 30 de junio de 2024.


¿Quién paga? La "asesora" de Carlos Montes que no está contratada por Vivienda
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