En familia: 31 funcionarios del MOP tramitaron millonarios contratos de empresas ligadas a parientes

En familia: 31 funcionarios del MOP tramitaron millonarios contratos de empresas ligadas a parientes


Todo en familia. Así podría resumirse el actuar de 31 funcionarios de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas que participaron en la tramitación de millonarios contratos con empresas vinculadas a sus parientes. El caso más complejo quizás es el del hoy destituido director regional de Vialidad del Bío Bío, Juan Carlos Oviedo, quien visó contratos con la misma firma en la que trabajaban o trabajaron su hijo, su padre y su cónyuge. Misma compañía a la que él también prestó servicios. los 31 casos derivaron en un sumario al interior de la repartición gubernamental.

Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) tramitaron millonarios contratos con empresas contratistas donde trabajaban sus familiares directos. Así consta en un reciente informe de la Contraloría General de la República que determinó conflictos de interés en la Dirección de Vialidad de esa cartera.

El documento de 63 páginas —al que accedió BBCL Investiga— devela también que cinco trabajadores, en su mayoría altos cargos, pactaron acuerdos con empresas con las que en el pasado tuvieron vínculos laborales. Una situación que —a juicio de la CGR— “podría comprometer la objetividad en el ejercicio de sus funciones”.

Del informe se lee que, en total, hubo 31 trabajadores públicos que “no se abstuvieron de intervenir, en razón de sus funciones, en la ejecución de contratos de conservación de caminos, aun cuando existían parientes de dichos servidores que prestaban o prestaron servicios en las empresas contratistas que llevaban a cabo los aludidos trabajos”.

Todo lo anterior infringió la ley y las bases para los procedimientos administrativos. La Dirección de Vialidad, por su parte, se comprometió a implementar mejoras y “reforzar la probidad administrativa y prevenir los eventuales conflictos de intereses”.

Conflicto de interés
La razón de la Contraloría para fiscalizar a la Dirección de Vialidad es simple: cuenta con uno de los mayores presupuestos del MOP. Así las cosas, el ente de control analizó una muestra de 418 casos de un universo de 904, en los que se incluyeron 151 funcionarios de 257.

De este modo descubrió que 31 funcionarios de la Dirección de Vialidad, de diferentes regiones, no se abstuvieron de intervenir en procesos asociados al desarrollo de contratos de conservación de caminos pese a que parientes prestaban o prestaron servicios en las respectivas empresas. O pese a que ellos mismos hubiesen prestado servicios anteriormente a esas firmas.

El caso de Juan Carlos Oviedo Miranda, hoy destituido director regional de la Dirección de Vialidad del Bío Bío grafica bien lo sucedido. Según consta el escrito, Oviedo aprobó “actos administrativos” para la conservación de caminos indígenas en Contulmo a la empresa Ingeniería y Construcción Globalmix Limitada. Esto, entre 2022 y 2023.

¿El problema? El funcionario ejerció para dicha empresa desde 2020 hasta junio de 2022. Él mismo confirmó a Contraloría que estuvo cinco años en Globalmix.

En su rol de director, firmó resoluciones que autorizaban la devolución de retenciones y garantías, además del aumento de obras por $29 millones.

La CGR también advirtió que uno de sus hijos percibió remuneraciones de la misma empresa entre 2020 y 2022. Lo propio ocurrió con su padre, entre 2021 y 2022; e incluso su cónyuge, entre 2020 y 2023.

Oviedo además intervino directamente en contratos con Pavimentos Quilín Ltda., donde su hijo también recibió remuneraciones entre 2021 y 2023.

“Consultado el funcionario sobre la relación de su hijo con Pavimentos Quilín Ltda., reconoció que este trabajó en dicha empresa, pero que desconoce los periodos y los contratos en los cuales se desempeñó”, reza el informe de la Contraloría.

“Apartados del Código de Ética”
Otros cuatro funcionarios visaron documentos a empresas en las que habían trabajado con anterioridad. Así ocurrió, por ejemplo, con Jairo Andrés Mathinson Moya, inspector fiscal de la misma sección que Oviedo a la fecha de los hechos y ahora jefe provincial de la Dirección de Vialidad en Arauco. En su caso, tramitó los estados de pago de contratos de la empresa Constructora ECOPSA SpA. Lo hizo sabiendo que un año antes prestó sus servicios ahí.

Los otros que cometieron la misma falta son Gastón Alejandro Cifuentes Castillo, Alexis Alberto Arsil Riveros y José Rodrigo Mancilla Teneos. Todos inspectores fiscales del Bío Bío, La Araucanía y Los Ríos, respectivamente.

“De esta forma, la participación de los funcionarios mencionados, sin cumplir con el deber de abstención ante un posible conflicto de intereses, compromete la imparcialidad de sus acciones”, estipula el informe.

El conflicto principal es que, por normativa, no pueden aprobar contratos o —estar ligados— en un periodo menor a dos años.

“Los casos descritos se apartan del Código de Ética de la Dirección de Vialidad, del Ministerio de Obras Públicas”, sentencia.

Vínculos familiares
El documento también revela que además de Oviedo, otros 30 trabajadores participaron en la ejecución de contratos, incluso cuando existían parientes que prestaban o prestaron servicios en las empresas contratistas.

Entre los casos destacados por la Contraloría figura el de Claudia Alejandra Müller Soto, funcionaria de la Dirección Regional de Vialidad de Los Ríos y quien tramitó estados de pago en el sistema de la cartera como inspector fiscal. Estos pagos, que se prolongaron entre 2020 y 2022, fueron a dos empresas: APIA SpA y Sociedad Inmobiliaria Collico Limitada.

En ambas, trabajaba su cónyuge Rodrigo Alberto Arancibia Olivera. Fue Müller quien confirmó que tenía el cargo de asesor ambiental en “distintos contratos para diferentes empresas”.

Lo mismo hizo Robert Fabrizio Muñoz Becerra, inspector fiscal de la Dirección de Vialidad de la región de O’Higgins. En su caso tramitó los estados de pago para la Constructora Las Araucarias Limitada, lugar donde su hermano, Raúl Muñoz Becerra, recibió los dineros.

“Mediante acta de fiscalización de 14 de octubre de 2024, el mencionado inspector fiscal indicó que no informó formalmente a su jefatura directa la situación que le afectaba en relación con la citada empresa”.

Aquí también figura el jefe de Subdepartamento Regional de Conservación por contratos en la Región de Los Lagos, Héctor Edgardo Ibáñez Aguilera. Las actas de apertura de propuestas económica que firmó para otorgarles contratos a la Constructora Puerto Octay Ltda, expusieron que su cónyuge, Yohana Marcela Lagos Villegas, fue quien recibió las remuneraciones.

Caso similar es el de Natalia Andrea Monsalve Vargas, analista de Proyectos de la misma ciudad. Los contratos fueron directos a la empresa donde trabajaba su hermano, Carlos Alejandro Ojeda Vargas.

Rafael Leonardo Recabal Quijada, en tanto, participó de la apertura de la propuesta económica de la constructora donde trabajó su cuñado. Todos ellos, a excepción de Robert Muñoz, no presentaron su declaración jurada en la que manifestaban no tener conflictos de interés.

Todo ello, sostiene el organismo de control, “compromete la imparcialidad de las decisiones adoptadas”. La CGR es categórica al mencionar que debían abstenerse de participar en dichos contratos. Y ante todo, informar a su superior jerárquico.

Concursos con cercanos
La suma sigue. María Teresa Rodríguez Salazar, inspectora fiscal, de la Dirección Regional de Vialidad región de Magallanes y la Antártica Chilena, firmó la evaluación de la propuesta económica de julio de 2021 para la conservación de caminos de Las Torres del Paine.

El proceso iba en el segundo llamado y finalmente se la adjudicó la empresa Constructora Vilicic S.A. ¿El problema? Se verificó que su pareja, Carlos Roberto Vidal Santana, estaba ligado a la constructora y recibió remuneraciones desde 2020 hasta 2023.

La Dirección de Vialidad abordó con “celeridad y rigor cada una de las observaciones formuladas en el informe”. Por ejemplo, que todos declararan sus intereses y patrimonio. También hubo capacitaciones masivas en “delitos contra la probidad pública” y capacitaciones de ética y transparencia. Por último, actualizaron su Código de Ética.

Por ello, en los procesos de contratación, Vialidad ahora solicita una declaración jurada para transparentar cualquier vínculo que pudiese llevar a un conflicto de interés.

Carne y whisky
En el norte también hubo funcionarios involucrados. El primero es Jorge Arturo Padilla Guzmán, quien como inspector fiscal de Arica y Parinacota aprobó los estados de pago a la empresa donde estaba su hija, constructora F.V. S.A. Más tarde aclaró que ella estaba haciendo la práctica, pero igualmente recibió remuneraciones.

En la misma ciudad está el caso de Fernando Querquezana Quelquezana, que hizo lo mismo con la empresa donde estaba su hermano. Y Álvaro Diego de Jesús Núñez Cruz, que lo hizo donde trabajaba su tío.

El tercero es el director regional de la Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota, Rooney Miguel Focacci Yugo, quien intervino en un contrato con la empresa San Felipe S.A., lugar donde trabajaba su hermano.

Esta falta, sin embargo, es solo una de las tantas que ya ha cometido. Y es que Focacci Yugo ejerció el cargo desde 2018 hasta 2022. Durante ese tiempo, según fiscalía, compró carnes premium y botellas de whisky que le llegaban directamente a su casa. Más tarde le pedía a la constructora San Felipe S.A. que le rindiera una boleta con la lista del supermercado, que alcanzaban los $700 mil pesos.

Asimismo ordenó la compra de materiales de construcción por más de $25 millones de pesos para una casa en el sector de Villa Frontera. La remodelación era para su propia vivienda familiar.

“Además, para efectos de autorizar la aprobación del estado de pago correspondiente al mes de mayo del año 2021 de la Obra Global Putre adjudicada a la Constructora San Felipe, el entonces director regional solicitó a un ejecutivo de la firma el pago de una deuda en su tarjeta de crédito, concretándose un pago por la suma de $13.971.222 pesos”, señalaron en su momento desde el organismo persecutor.

“Robustecer la probidad”
Consultados por BBCL Investiga, la Dirección Nacional de Vialidad del MOP emitió una declaración en la que subrayan que, en diciembre de 2024, se dio inicio a un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades y posibles sanciones a los que se exponen los funcionarios investigados.

“La Dirección de Vialidad ha implementado una serie de medidas para fortalecer los sistemas de control como capacitar a los equipos de los diferentes estamentos y promover una cultura ética y de prácticas funcionarias que permitan avanzar en robustecer la probidad”, señalaron.

“El director nacional encargó la realización de auditorías aleatorias a las declaraciones de intereses y procesos de abstención, y verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas en respuesta a las observaciones de la Contraloría General de la República”, acotaron.

https://www.biobiochile.cl/especial...ntratos-de-empresas-ligadas-a-parientes.shtml