[Not] PDI detecta millonaria irregularidad en proyecto estrella de Parisi como Videcano de la FEN.

PDI detecta millonaria irregularidad en proyecto estrella de Parisi como Videcano de la FEN de la U. de Chile



Según la información recabada por la PDI, al menos 270 millones gastados por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile no tienen respaldo de boletas o facturas, a pesar de estar ingresados en el sistema. Las declaraciones del caso, que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte, revelan que el ex candidato presidencial tuvo un rol preponderante en la remodelación de la Biblioteca Andrónico Luksic Abaroa, que partió con un presupuesto de 800 millones de pesos y por el que terminaron desembolsando más de 1.700 millones de pesos.


Un monto que alcanza casi los 270 millones de pesos que no fueron posibles de validad con documentación de respaldo, aunque sí fueron ingresados en el sistema computacional de la Facultad, fue una de las conclusiones a las que llegó un informe elaborado por la PDI sobre las posibles irregularidades en el proyecto de remodelación de la Biblioteca Andrónico Luksic Abaroa de la Facultad deEconomía y Negocios de la Universidad de Chile.Las declaraciones que integran la investigación, denunciada por el decano Manuel Agosín, alude directamente a la gestión realizada por el ex Vicedecano de esa Facultad y ex candidato presidencial, Franco Parisi; además del ex Director Económico de la FEN, Pedro Gutiérrez, y otros dos administrativos.

Según el documento realizado por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana de la PDI, al que tuvo acceso The Clinic Online, los testimonios de testigos e imputados en la denuncia interpuesta en agosto de 2012 por el actual decano, de posibles delitos cometidos en perjuicio de la FEN, revelan el desorden y la forma “poco convencional” que tuvieron las obras para remodelar y ampliar la biblioteca Luksic.

Una obra que comenzó con la donación de 400 millones de la propia Fundación Andrónico Luksic Abaroa, con un presupuesto total inicialmente aprobado por el Consejo de Facultad de 800 millones, pero que tras una auditoría encargada a una empresa externa reveló que costó más de 1.700 millones de pesos.

Remodelación de la Biblioteca Luksic

La investigación, que en un principio llevó la fiscal Giovanna Herrera y que hoy tiene a su cargo la fiscal Macarena Cañas, se inició con la denuncia de Agosín, donde señala que el dinero restante a los 400 millones salió de la caja de la facultad y que “ha resultado dificultoso, con la información disponible, llegar a determinar por qué se produjo una diferencia tan importante entre los costos estimados y lo que efectivamente se habría desembolsado”.

Según la declaración de Agosín a la PDI, a pesar de haberse adicionado la construcción de dos salas sobre el Aula Magna de la Facultad al proyecto original, el costo aprobado fue sólo de 800 millones y el resto de los fondos (750 millones aproximádamente) fueron obtenidos desde la caja de la facultad, sin autorización alguna, por parte del Consejo de la Facultad”.

Pero además, Agosín -que reemplazó a Parisi en el decanato, quien asumió de forma interina tras la renuncia de Felipe Morandé en enero de 2010 tras ser nombrado ministro de Transportes- denuncia posibles irregularidades en el procesopor parte de algunos administrativos y señalando que “no hubo entrega formal del cargo en la que se consignara el estado de la documentación, proyectos y otros análogos”.

“En más de una oportunidad tomé contacto con Felipe Morandé, quien pese a haber asumido como Ministro de Estado seguía haciendo clases en la Universidad, objeto de que me explicase el funcionamiento de la Facultad y otros temas relacionados, pero no accedió a esta instancia. También fue invitado a exponer lo que sabía respecto de los hallazgos de la auditoría en tres ocasiones y tampoco se presentó”, dice el académico en su testimonio a la PDI.

El rol de Parisi

En la investigación a la que tuvo acceso The Clinic Online se encuentran las declaraciones de varios testigos e imputados en el caso, que sindican a Parisi como el encargado directo del proyecto.

Uno de los testigos entrevistados por la PDI señala que se creó un sistema de trabajo para proveer de recursos, con dinero en efectivo para la “caja chica”, a la arquitecto que fue contratada para ejecutar el proyecto de la remodelación y ampliación de la biblioteca.

La arquitecto, María Sol González Calderón, es hermana del ex asesor del Decanato de la FEN durante la gestión de Felipe Morandé y ex Director Ejecutivo de la Fundación FEN, Juan Carlos González Calderón. María Sol, según su testimonio y el de su hermano que constan en la carpeta de investigación, fue contactada directamente por Parisi para tomar ese puesto tras consultarle al ex asesor de la FEN.

Juan Carlos González dice que si bien él no tuvo injerencia en la contratación de su hermana y que que no tuvo participación alguna en su ejecución, también señala que cuando la FEN tomó la determinación de encargarse de la ejecución del proyecto, “el Vicedecano Franco Parisi, quien había conocido a mi hermana, estaba enterado de su condición de arquitecto y que había realizado algunas obras, me preguntó si ella podría prestar los servicios de asesoría en la ejecución del proyecto. Le manifesté que no sabía si ella estaba en condiciones de hacerse cargo del trabajo, pero que podría contactarse con ella para preguntarle directamente”.

Por su parte, la arquitecto señala en su declaración que fue contactada a fines de 2008 por el entonces Vicedecano Parisi, quien mencionó la donación de 400 millones que habían recibido de la Fundación Luksic y que necesitaban iniciar las obras porque ya había pasado un lapso considerable de tiempo desde la recepción del aporte y no se había hecho nada.

Según la arquitecto, Parisi la recibió en la Facultad, le mostró la biblioteca, le señaló que él se haría cargo de la demolición y que a fin de ese año, una vez terminadas las clases, querían darle curso a las obras. Además, dice que su presupuesto -que entonces consideraba sólo la obra gruesa- fue aprobado, que la universidad trabajaría con el sistema de Chilecompra -que ella desconocía- y que habría una comisión que autorizaría las compras, con el Director Económico como encargado.

“Por mi parte, se me solicita que aporte la mano de obra y suministre la misma, ya que la universidad no quería hacer contratos con maestros u obreros”, dice y agrega respecto a una pregunta del inspector de la PDI, que “antes de realizar las obras que a ellos les interesaba, lo ubicaba porque él trabajaba junto a mi hermano, mas nunca habíamos trabajado juntos”.

Según su testimonio, después que terminó la obra gruesa de la primera etapa, “me solicitaron realizar las terminaciones, para lo que le envié los presupuestos pertinentes a Franco Parisi, quien los visó y autorizó”.

González señala que la compras grandes de materiales se efectuaron vía Chilecompra y que al encontrarse con trabas para esas adquisiciones, los que provocaron retrasos, planteó el problema y Pedro Gutiérrez le dio como solución la de trabajar con una caja chica.

Como el método tampoco prosperó entregando las cotizaciones a la FEN para que ellos hicieran la compra, Gutiérrez -según la declaración de la arquitecto- le señaló que “me comenzaría a entregar montos de entre uno y dos millones de pesos cada cierto tiempo, de una a dos semanas, y cuando agotaba estos recursos, le entregaba las rendiciones correspondientes y él me volvía a suministrar dinero. De esta forma, hice entrega de 43 rendiciones, desde el 30 de diciembre de 2008 al 12 de julio de 2010”.

González dice que todas las rendiciones que entregó iban con los documentos de respaldo correspondientes en dos copias, y al momento de entregarlos exigía que me timbraran los mismos en señal de recepción. Con motivo de un juicio que entablé en contra de la Universidad, presenté toda esta documentación.

Además, González dice que cuando comenzó el Decanato de Agosín, se encontraba ejecutando la ampliación del Aula Magna y aún se encontraban pendientes de pago los últimos cuatro convenios que se habían suscrito, por un total aproximado de 80 millones. “Al finalizar las obras de la ampliación y remodelación del Aula Magna, en agosto de 2010, la nueva administración desconoce los convenios suscritos, aludiendo que no existía contrato marco”.

González dice en su declaración que por el no pago de los últimos convenios inició acciones legales contra la FEN, “donde presenté toda la documentación pertinente, entre ella la rendición de gastos y giros por rendir que se cuestionan en el informe de la empresa KPMG, a la que la contraparte, que en esta parte es la Universidad de Chile, tuvo acceso y conocimiento, por lo que me resulta extraño que ahora indiquen que esta información de respaldo no está archivada”.

Caja chica

Sobre esta modalidad de trabajo, uno de los administrativos contables de la Facultad señala que la universidad usaba esa forma de “gastos por rendir” para diferentes ítems y que estos eran aprobados por el ex Director Económico, Pedro Gutiérrez, previa petición de los directores o coordinadores de departamentos.

El testigo revela que una vez girado el cheque y ejecutado el gasto, se debe liquidar el giro mediante la rendición de los dineros entregados a través de una factura o boleta y que estos no debieran ser superiores a 3 UTM, ya que por sobre ese monto se deben realizar a través del portal Chilecompra.

El profesional señala que cuando se realizó la auditoría, él entregó los documentos disponibles pero se detectaron que existían giros y gastos por rendir que se encontraban liquidados en el sistema, pero no pudieron encontrar los respaldos documentales que justificasen tales liquidaciones.

Justo en ese momento, dos de los administrativos investigados, que estaban habilitados para liquidar los giros a rendir y archivar la documentos, ya no estaban. Uno ya había renunciado y la otra se encontraba con licencia médica. Ésta última, al volver, no le habría dado una respuesta satisfactoria sobre los respaldos. “De hecho, nunca los encontramos”, señala en su declaración.

Durante el transcurso del proyecto, entre 2008 y 2010, ambos administrativos fueron los encargados de proveer el dinero a la arquitecto González y tenían que encargarse de las rendiciones pertinentes y de liquidar los giros.

Según las declaraciones, al no poder ser contratada directamente por la universidad, María Sol González recibía dinero para la “caja chica” a través de los cheques emitidos por conceptos de “giros” o “gastos a rendir” que sólo se podían entregar a funcionarios con “fianza” de la Facultad.

“Esta fórmula de trabajo estaba aprobada por el Videcanato -puesto ocupado por Franco Parisi hasta enero de 2010-, asesorado por el departamento jurídico de la época”, dice uno de los administrativos que declararon ante la PDI.

El informe además contiene la declaración del jefe contable subrogante que hizo de contraparte de la empresa externa KPMG durante la auditoría, Álvaro Curiche, quien señala que sobre los 269 millones aproximados, se contrastó la información disponible y “llegamos a establecer que había giros que estaban liquidados en el sistema, los cuales no tenían sus correspondientes respaldos físicos. Determinamos que los cheques principalmente se habían emitido a nombre de Rodolfo Mendoza y Nancy Oros, entre otros”.

Curiche dice que ésta última trabajó de manera intermitente en esa época y sólo entregó algunos respaldos cuando le fueron requeridos. “Sobre los faltantes, no los aportó ni entregó ninguna explicación de por qué no estaban”, señala. Mendoza, en tanto, ya había renunciado y el ex jefe de la Dirección Económica, Pedro Gutiérrez, fue entrevistado por la propia empresa auditora sobre este tema.

A eso se suma la declaración de la ITO (Inspección Técnica de Obras) Lorena Hernández, que señala que en esa obra en particular el trabajo fue “de manera poco convencional” y no tuvo mayor acceso a la información.

“María Sol me comentó y a lo que vi durante mi desempeño como ITO, ella se entendía directamente con el Vicedecano, que en esa fecha era Franco Parisi, en lo que a las obras de remodelación y reconstrucción de la biblioteca se refería”.

Hernández agrega que en sus informes, elaborados cada dos meses, incluía información financiera entregada por Pedro Gutiérrez, la rendición de gastos de caja chica de María Sol González y un avance de la obra. Sobre la información financiera, Hernández dice que “se incorporaban al informe tal y como ellos me la hacían llegar”.

Los descargos de los imputados

Según la investigación, uno de los imputados Rodolfo Mendoza declara que las compras por gastos menores se entregaban las boletas y facturas a Nancy Oros -otra imputada- y en otras oportunidades González ejecutaba el gasto y presentaba las planillas junto a todos los comprobantes pertinentes.

Según Mendoza, los comprobantes de las liquidaciones de los giros por rendir y rendición de gastos se encontraban archivados en la Facultad previo a su renuncia de la FEN, asegurando que con anterioridad a la auditoría de KPMG ya se habían realizado otras revisiones y no se habían detectado inconvenientes a este respecto, entre ellas, por parte de la Contraloría General de la República y la Contraloría Interna de la Universidad.

Su versión es apoyada tanto por Nancy Oros como por Pedro Gutiérrez, quien presentó como antecedentes a la investigación copia de un sumario interno de la FEN, de enero de 2011, que señalaba que “se observó un cierto grado de desorden en las oficinas de Tesorería ingresos, Tesorería pagos y Jefe de Contabilidad, donde se encontraron con situaciones como comprobantes en bolsas e instructivos en los negocios sin archivar, entre otros”.

“Esta situación afecta el ambiente de trabajo, pero también implica el riesgo de extravío de documentos y falta de control”, dice dicho documento. Pero además, se replica en el ítem “Entrega de fondos por rendir” que “se observó que se generan fondos por rendir a nombre de funcionarios distintos de quienes efectivamente hacen uso de dichos fondos…”

En su testimonio, Gutiérrez señala que la arquitecto González “fue contactada como persona de confianza para llevar adelante el proyecto, ya que era hermana del asesor jurídico del Decano de la época, don Felipe Morandé, y tenía el título de arquitecto”.

Información no habida

Finalmente, el investigador criminalístico de la PDI concluye que no se pudo establecer la existencia de elementos que pudiesen configurar algún tipo de ilícito, pero que de acuerdo a los antecedentes incorporados en el informe de KPMG, que sirve de fundamento de la denuncia, hubo una diferencia de aproximádamente 270 millones que no fue posible validar con documentación de respaldo, ya que esta “no fue habida en la instancia de revisión”.

Sin embargo, la información aportada por los testigos da cuenta de que la información habría existido y que en auditorías internas no habría sido observada previamente y que sí se encuentran liquidaciones ejecutadas en el sistema. Es decir, que está consignado pero sin las boletas o facturas correspondientes.

Por último, el informe dice que al momento de producirse el cambio de administración de la FEN no existió una entrega formal de la documentación y antecedentes contables, entre ellos los faltantes. Todo esto, a pesar de que la obra por la que fue contratada María Sol González fue efectivamente realizada y finiquitada.

Por su parte, el ex Vicedecano de la FEN, Franco Parisi, no pudo ser contactado porThe Clinic Online para referirse a estos antecedentes.

Lo mismo ocurrió con el ex Decano de la FEN, Felipe Morandé, quien informó a The Clinic Online a través de un tercero que se encontraba por trabajo fuera del país.

http://www.theclinic.cl/2014/10/02/pdi-detecta-millonaria-irregularidad-en-proyecto-estrella-de-parisi-como-videcano-de-la-fen-de-la-u-de-chile/​