El 55% de la mayor recaudación tributaria en el gobierno de Bachelet se destinó a burocracia estatal

Durante el actual gobierno la recaudación tributaria aumentó en US$6.400 millones, de los cuales $3.500 millones se destinaron a gasto en personal y en bienes y servicios.

“Para alcanzar el desarrollo, Chile necesita hacer importantes transformaciones en algunas áreas. Una de las principales es una profunda reforma educacional. Estas transformaciones significarán un importante incremento del gasto público. Evidentemente, esto implica la necesidad de realizar una reforma tributaria para contar con ingresos permanentes que permitan alcanzar una sustentabilidad fiscal”.

Esa fue la promesa que planteó la Presidenta Michelle Bachelet en su programa de 2013 para justificar la polémica reforma tributaria que subió los impuestos a las empresas del 20% al 27% durante su gobierno, entre otras medidas.

Sin embargo, a pocos días de salir de La Moneda y tras publicarse las últimas cifras macroeconómicas de 2017, la realidad muestra que ocurrió algo muy diferente a lo que prometió Bachelet.

Ello, porque durante el actual gobierno la recaudación tributaria aumentó en US$6.400 millones, de los cuales $3.500 millones (el 55%) se destinó a burocracia estatal, que comprende gasto en personal y en bienes y servicios. De hecho, en pagar el sueldo a los funcionarios el costo llegó a los US$2.600 millones, lo que equivale al 40% de la mayor recaudación fiscal.

Incluso, durante buena parte de 2017 el gasto en sueldos, contrataciones, bonos, aguinaldos y regalías para los funcionarios públicos creció 6,4%; y los recursos estatales destinados a burocracia, como la adquisición de bienes de consumo, se disparó en 8,2%.

Si en el primer trimestre de 2016 el gasto total en personal fue de $2.009 billones (en moneda actual), esa cifra subió a $2.136 billones en marzo pasado, con un incremento neto de $127 billones.

El millonario gasto ha sido el resultado de las masivas contrataciones de funcionarios públicos, que explican casi el 80% de los empleos asalariados creados desde 2014. Un informe de Clapes-UC concluyó que el fuerte incremento de empleo asalariado en el sector público “ha permitido mantener el desempleo bajo control momentáneamente, pero el costo de esto es la incubación de desequilibrios fiscales en el mediano plazo, y por ende, no es una situación sostenible en el tiempo”.

De cada dos pesos públicos que se entregan a las personas, uno se pierde en burocracia

Para la investigadora del ESE Business School, Cecilia Cifuentes, es lamentable dicho comportamiento del gasto fiscal, ya que los recursos no se destinan a mejorar la calidad de vida de las personas, a través de mejores servicios o nueva infraestructura, sino que se gastan simplemente en burocracia estatal.

“De cada dos pesos públicos que se entregan a las personas, uno se pierde en burocracia. Eso muestra la captura del Estado por la burocracia funcionaria”, sostiene Cifuentes.

Además, advierte que el sostenido aumento de los recursos deteriora la ya compleja situación fiscal del país, que está con un reiterado y crónico déficit, y que las mayores contrataciones de funcionarios públicos en nada ayudan a mejorar las perspectivas económicas.

El fracaso de recaudación de la reforma tributaria
“La reforma tributaria recaudó notoriamente menos de lo que estimaba el gobierno, ya que sin contar los recursos provenientes del crecimiento, se esperaban US$ 8.200 millones adicionales, a los que debían sumarse US$ 4.700 millones producto del crecimiento de la economía”, sostiene Cecilia Cifuentes.

La economista plantea que el “fracaso de la reforma tributaria” en términos de mayores ingresos se evidencia también con el hecho de que el aumento en la recaudación del IVA aportó más recursos al fisco que la mayor recaudación del impuesto a la renta, explicado en parte por la introducción de la factura electrónica, reforma aprobada durante el gobierno de Piñera. Pareciera que perfeccionar el sistema, reduciendo la evasión, puede ser mucho más rentable que aplicarle una retroexcavadora a lo que había.

“En definitiva, el legado fiscal de Bachelet es muy negativo, tanto desde el punto de vista de la composición del gasto como de su financiamiento. Tratar de corregirlo es probablemente una de las tareas más complejas del gobierno entrante, y que va a requerir la colaboración de la futura oposición”, concluye Cifuentes.

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