El Gobierno de Piñera ante el proceso constitucional que se inicia

Una derrota electoral relevante, necesariamente implica un debilitamiento político de un Gobierno, exactamente lo que ocurrió el domingo 25 de octubre. Lo que no debe ocurrir es que el Gobierno, que aún tiene un mandato por año y medio más, haga abandono de sus posiciones institucionales, deje la impresión de abatimiento y desgano en el cumplimiento de sus responsabilidades y obligaciones ante la ciudadanía.

Tampoco debe pasar que las fuerzas que lo sustentan actúen como una manada feroz entre ellas, respecto a responsabilidades y cargos, y le muestren aversión a su propio Gobierno, considerando que el principal instrumento de poder político que tienen en sus manos es precisamente el Ejecutivo y que, si este se hunde, ellos también se ahogan. La actitud adoptada por Chile Vamos torna todo errático y crea una atmósfera de día del juicio final, que en política es todo lo contrario a lo que se espera de fuerzas racionales y articuladas con el poder político y económico del país.

La derrota experimentada no significa que no deban gestionar sus asuntos –Gobierno y su coalición– con racionalidad y cautela, habida cuenta de que los mayores derrotados son los sectores más conservadores, y el 80/20 de votos plebiscitarios tiene un toque transversal indudable.

Resulta dañino el abatimiento del Gobierno. Es indicativo de falta de convicción y debilidad política. El reemplazo en la cartera del Interior por Rodrigo Delgado, exalcalde de Estación Central, carece de relato institucional o político. Es absolutamente prescindible para entender la orientación que tomará el Gobierno en materias tan importantes como la reforma de Carabineros, y solo remarca la tendencia a desentenderse de los asuntos más relevantes y a confiar en la inercia y el manejo coyuntural de corto plazo. Las declaraciones del ministro Delgado a la prensa sobre su apoyo a Carabineros, con el general director Mario Rozas a su lado, demuestran que poco se puede esperar en esta fundamental materia.

Esto, por supuesto, ya está siendo percibido por los distintos actores políticos, acentuando el denominado “síndrome del pato cojo”, y ha trasladado las tensiones a ámbitos donde el Gobierno es absolutamente intrascendente. Así empiezan a entenderlo muchos alcaldes en zonas alejadas de Santiago, tomando acciones contrarias a las orientaciones gubernamentales para enfrentar la crisis económica y sanitaria, respecto de las cuales es poco lo que esperan de la capital.


El Gobierno debiera actuar de manera profundamente racional, responsable y austera a la hora de evaluar sus decisiones, hasta el final de su mandato. De otra manera, solo estaría abandonando de forma anticipada sus obligaciones y aupando el desorden administrativo o los conflictos que erosionan la paz del país. Esto mismo vale para las fuerzas políticas que lo sostienen y, en general, para todo el sistema político.

En este aspecto, es relevante señalar que la desorientación política que exhibe el Gobierno en su visión de lo que queda de mandato, va acompañada de la ausencia notoria de su equipo estratégico, especialmente del jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Cristián Larroulet, quien ya no se percibe como actor en la reorganización de los trazos de poder que conserva el Gobierno.

Esto es complejo, pues lo que está en juego en materia institucional y política es, ni más ni menos, que el debate sobre las reglas y procesos que conducirán a un nuevo pacto social, que quedará definido normativamente en una nueva Constitución, con los principios y valores de orientación de nuestra democracia, la organización del Estado, su Régimen Político, la definición de Gobierno y la arena política, incluidas las reglas del juego económico. Nada de eso es posible en el vacío.

Es requisito fundamental que el Gobierno en ejercicio se empeñe en un compromiso de buena administración. Que no se deje corroer por el desaliento ni los malos resultados de las encuestas y, menos aún, que caiga en la tentación obstruccionista de los sectores más conservadores frente al proceso de la nueva Constitución.

Su carácter de poder constituido para un ejercicio legal y legítimo del poder, proviene de una elección libre y soberana, que lo obliga a ejercerlo de manera responsable, transparente, proba y democrática hasta el último día de su mandato, y le otorga un papel en la historia que no puede ser desvirtuado.

Por lo tanto, la dejación y el desánimo momentáneo pueden ser una emoción de la política y de los gobernantes, pero nunca una pulsión para el ejercicio efectivo del poder que le ha sido mandatado por el Pueblo.

Fuente: https://www.elmostrador.cl/destacad...ante-el-proceso-constitucional-que-se-inicia/