Ex fiscal Carlos Gajardo: “Existían antecedentes para investigar a Bachelet y Piñera”

"La primera medida que tomó el fiscal nacional fue sacarnos al fiscal Norambuena y a mi de la causa SQM", aseguró el ex persecutor, quien cuestionó la cuenta pública que realizó el martes Jorge Abbott.



En una nueva faceta se encuentra el ex fiscal Carlos Gajardo, después de su renuncia tras la decisión del Ministerio Público de no perseguir los delitos asociados al financiamiento irregular de la política.

Junto al también renunciado Pablo Norambuena, asumieron la representación del municipio de Cerro Navia en una querella contra el ex alcalde de la comuna, Luis Plaza.

En entrevista con CNN Chile, Gajardo aprovechó de referirse a la cuenta pública del fiscal nacional Jorge Abbot, quien advirtió a los fiscales sobre los personalismos y pidió no afectar otros poderes de la República, lo que claramente fue interpretado como una sepultura a todos los casos judiciales que afectan a miembros del Parlamento.

“Lo que ha hecho el fiscal nacional en su cuenta pública es reconocer que eso es así, reconocer que hay dos sistemas de justicia, uno para el ciudadano de a pie y uno especial para personas que, en su palabra, han sido elegidos por votación popular porque eso puede afectar sus quórum, etcétera. Eso es de la máxima gravedad”, afirmó Gajardo.

El abogado cuestionó, por ejemplo, que para Abbott sean más graves las filtraciones de distintas causas que los delitos tributarios y posible cohecho en la ley del royalty, redactada en SQM y que llegó textual al correo del ex ministro Pablo Longueira.

Gajardo recuerda que cuando le manifiesta la existencia del correo a Abbott, le dijo que “habían antecedentes de un delito de cohecho (…) la respuesta fue que le parecían que las filtraciones eran más graves y que esos hechos no eran necesariamente constitutivos de delitos”.

“La primera medida que tomó el fiscal nacional fue sacarnos al fiscal Norambuena y a mi de la causa SQM”, agregó.

Consultado sobre si existían antecedentes para investigar a Sebastián Piñera y Michelle Bachelet por financiamiento irregular, Gajardo aseguró que estos “eran claros”.

“La persona que estaba a cargo de la campaña de Michelle Bachelet, Giorgio Martelli, fue condenado por estos hechos. Por supuesto esa investigación podría haber seguido hacia arriba para saber que otras personas estaban involucradas, probablemente Rodrigo Peñailillo. Y en el caso de Sebastián Piñera, su administrador electoral está formalizado por estos hechos por montos bastante semejantes, más de 300 millones de pesos. En ambos casos, para seguir hacia arriba era necesario el concurso de querellas del Servicio de Impuestos Internos, querellas que a la fecha nunca fueron presentadas”, sentenció Gajardo.

El ex persecutor aseguró no estar satisfecho con cómo se han cerrado estos casos, “pero hago la salvedad que en ambos casos para seguir había que haber querella del Servicio de Impuestos Internos”, las que hasta el día no existen.

“Los hechos fueron que las personas decidas a presentar querellas, Michel Jorrat y Cristián Vargas del SII, fueron removidos de sus cargos”, agregó.


INFO:

http://www.eldesconcierto.cl/2018/0...cedentes-para-investigar-a-bachelet-y-pinera/

 

Santiago Valdés es uno de los hombres de Piñera para el trabajo político y para los otros de turbiedad evidente. La prensa lo define como “el hijo de Flavio Valdés uno de los mejores amigos del Presidente”. Valdés hijo fue administrador electoral del Presidente y gerente de Bancard, el holding financiero de propiedad del magnate Piñera.

Comparecerá esta vez Piñera citado a declarar por el tribunal es la pregunta del millón.

En marzo de 2017, el ministerio Público pidió la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo en contra de Santiago Valdés “ex asesor de Piñera durante su primer gobierno” según la prensa capitalina. ¿Cambiará el pedido de la fiscalía ahora que Piñera es presidente? ¿Qué piensa Ud.?

Los hechos. Santiago Valdés está formalizado por el delito de facilitación de facturas truchas nada menos que a SQM. Estas facturas falsas fueron emitidas desde las sociedades Vox Populi, Bancorp e Inversiones La Música, por la friolera de $ 366 millones. También la fiscalía ha hecho acusaciones en su contra por ayudar en la emisión de boletas a las empresas Aguas Andinas y Pampa Calichera (de propiedad de Julio Ponce Lerou): 12 facturas, por un total de $ 58 millones.

Valdés también enfrenta imputaciones por delitos tributarios, debido a una movida financiera ilegal llamada “contrato de futuro” con la empresa CB Consultores de los Cruzat que manejaba con el grupo Penta de Délano-Lavín este instrumento financiero opaco llamado forward.

Por los cargos y evidencias Valdés, el hombre del Presidente de la República de Chile, es un corruptor-corrupto de siete leguas.

Las negociaciones actuales entre los abogados de Valdés y los fiscales del Ministerio Público tienen por objetivo impedir que éste vaya preso junto con bajarle el perfil a los delitos de fraude al fisco: que todo se arregle con el pago total de los montos facturados a SQM, algo así como 500 millones de peso más una multa. Algo irrisorio.

Lo que las negociaciones entre las partes quieren evitar a toda costa es ir a un juicio simplificado u oral, pues éstos implican que Sebastián Piñera comparezca citado por los fiscales; lo cual en toda investigación eficaz corresponde a la lógica legal. La pregunta que cae de cajón para cualquier ciudadano es si los fiscales le preguntarán a Piñera si Valdés actuó bajo sus órdenes.

 

Durante su tercera cuenta pública al mando del Ministerio Público, fiscal nacional Jorge Abbott hizo un llamado a los fiscales a ser responsables cuando sus investigaciones pueden afectar el funcionamiento de otros poderes del Estado, aludiendo a los desafueros.

“Los fiscales debemos estar conscientes de que nuestras decisiones, tomadas en sede administrativa, pueden impactar el funcionamiento de otras instituciones, como el Congreso Nacional, si es que afectan los quórums de votaciones legislativas, alterando con ello la representación popular que sus miembros ejercen”, dijo el máximo persecutor del país.

Y agregó: “En ningún caso puede interpretarse como la posibilidad de que los fiscales dejen de investigar con el mayor celo y profundidad tales conductas. Lo que digo es que debemos ser diligentes cuando hay representantes de elección popular involucrados, no por una protección especial hacia ellos, sino por la responsabilidad de no alterar más de lo necesario el funcionamiento del poder del Estado en el que se desempeñan, ni la soberanía que la gente ha depositado en los foros de elección popular”.

Y esta mañana, el fiscal insistió en sus dichos en una entrevista en T13 Radio, con una particular explicación respecto de por qué rechaza la idea de desaforar a los parlamentarios que deban ser investigados por eventuales delitos.

“Un sistema democrático tiene que actuar para que la ciudadanía esté representada. Mientras los parlamentarios están desaforados, las personas no están representadas y eso altera la democracia“, afirmó la máxima autoridad del Ministerio Público.

Pais culiao penca