No solo Monsalve: 67 solicitudes para fichar funcionarios con "exención" de límites de remuneración

La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío tuvo acceso, a través de Ley de Transparencia, al listado de funcionarios contratados por el Ejecutivo por los que se solicitó una exención de los límites de remuneración. En total son 67 oficios que ha recibido la Dirección de Presupuestos, de los cuales 61 fueron aprobados. La lista la lidera la Presidencia de la República y le siguen los ministerios de Hacienda y Salud. Desde la cartera que dirige Mario Marcel señalaron que la circular de austeridad “ha servido pues mantiene una contabilidad respecto de los sueldos de honorarios más altos en la administración pública, bajo parámetros conocidos, objetivos y transparentes”. Asimismo agregaron que las 61 personas por quienes se solicitó y aceptó esta excepción “representarían un 0,15% del total de quienes trabajan bajo esa modalidad en el sector público”. Eso sí, la respuesta no incluyó un mea culpa por contradecir lo que se había prometido por parte del presidente Boric.


“Reducir el sueldo de las altas autoridades del Estado y de asesores designados de confianza a no más de 10 veces el sueldo mínimo que esperamos subir a $500 mil”. Esta fue una de las promesas de campaña del actual Presidente Gabriel Boric, la que se vino a materializar, tras su victoria en segunda vuelta, el pasado 25 de marzo cuando se dictó el instructivo “sobre el buen uso de los recursos fiscales”.


Dicho documento entregó una serie de recomendaciones con el fin de “establecer reglas de buen uso de los recursos públicos en la Administración Central del Estado”, las que iban desde el “uso del agua y energía”, hasta la “contratación a honorarios” de funcionarios. Sobre este último punto, el Ejecutivo transmitió que “la contratación a honorarios (…) deberá sujetarse estrictamente a los siguientes montos máximos, determinados en función del nivel académico y de los años de experiencia laboral de la persona a contratar”.


Pero pese a dicho instructivo, en el mes de junio La Radio dio a conocer que existían casos particulares de ministerios que solicitaron a la Dirección de Presupuestos (DIPRES) una excepción a la regla. Uno de ellos, por ejemplo, fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), quien solicitó el fichaje de cuatro asesores “exencionándolos de los límites de remuneraciones”.


Tras la revelación el subsecretario se defendió e indicó que “en casos justificados se puede solicitar esta excepción, y estos han sido casos considerados justificados”. Pero no fue solo Monsalve quien pidió la contratación de funcionarios bajo dicha exención. La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío accedió, a través de Ley de Transparencia, al listado de funcionarios por quienes se solicitó dicha media.

En total, hasta el 5 de agosto pasado, la DIPRES ha recibido 67 oficios de ministerios y subsecretarías solicitando excepciones en remuneraciones de personas contratadas a partir del 11 de marzo de 2022. De estas, 61 fueron aprobadas y seis rechazadas. El listado lo lidera la Presidencia de la República y le siguen los ministerios de Hacienda, del que depende la DIPRES, y Salud.

POR CARTERA

Al observar los datos estos muestran que desde Presidencia se pidió excepción para 15 contrataciones a honorarios. De estos, los nombres que resaltan son los de Lucía Dammert, jefa de asesores del Segundo Piso, con una remuneración de $5.945.159. Las funciones de la experta en seguridad, según Transparencia Activa, son las de “asesorar en la coordinación de equipos presidenciales y en comités políticos con los ministerios”.

Junto a Dammert se encuentra también el jefe de Gabinete del Presidente Boric, Matías Meza-Lopehandía, con una renta de $5.990.000. El abogado de la Universidad de Chile tiene como misión “asesorar en materia de relaciones públicas de S.E. el Presidente de la República, y en la coordinación de las actividades presidenciales”, junto a “colaborar en la relación de la Presidencia de la República con los con los ministerios”.



A estos dos se suman Diego Pardow, asesor en materia de “políticas públicas y seguimiento al cumplimiento de compromisos presidenciales y ministeriales”, con una retribución mensual de $5.450.000, y Carlos Durán, asesor en materia de “gestión y coordinación de proyectos presidenciales”, con un salario de $5.459.840. Por Felipe Valenzuela, ex director de Prensa de Presidencia, y Nelson Alveal Silva, “asesor de coordinación de avanzada y producción” también se solicitó la excepción.

En segundo lugar está el Ministerio de Hacienda con 14 solicitudes. De estas, 13 fueron aceptadas y una rechazada. En detalle, la cartera que dirige Mario Marcel solicitó la contratación de Andrés Sansone, licenciado en Economía, quien recibe honorarios por $7.450.000. Sansone, según la solicitud enviada a la DIPRES, ostenta el cargo de asesor en materia Macroeconómica. Su llegada a Hacienda se da luego de un largo paso por el Banco Central, institución desde la que saltó Marcel al Ejecutivo.

A Sansone le sigue la abogada María Consuelo Fernández, quien es máster en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard. La profesional llegó a Hacienda como asesora del ministro en la Coordinación Legislativa, para que en el “ámbito de su especialidad profesional preste asesoría en materias relacionadas con el Congreso Nacional”. Fernández tiene un honorario bruto mensual de $6.000.000.

En Hacienda, además, fueron contratados por cinco meses dos ex funcionarios de la administración anterior en calidad de “consultores externos a honorarios”. Se trata de Geraldine González Santibáñez, ex jefa de la División de Políticas Regulatorias y Estudios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), y de Roberto Von Bennewitz Álvarez, ex jefe de la División de Fiscalización de la misma entidad.

Según reportó Pulso en su oportunidad, tanto Von Bennewitz como González renunciaron en octubre de 2018 a la Subtel a raíz del descongelamiento de la banda 3,5 GHz que en ese entonces realizó la subsecretaría. Ahora, su retorno se produce -por el tiempo señalado- para apoyar a la “Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP)”, en el contexto de un “estudio sobre ‘Productividad en el sector de las telecomunicaciones’”. Su honorario bruto mensual será de $3.000.000 por cinco meses.


En tercer lugar está el Ministerio de Salud (Minsal) con 12 solicitudes. De estas, 7 fueron aceptadas y 5 rechazadas. Cecilia Morales Veloso, quién es médico cirujano de la Universidad de Chile con magíster en Salud Pública, es uno de los nombres que resalta con un sueldo bruto mensual de $5.900.000. Llegó a Salud, según el oficio, para liderar la “coordinación de funciones de asesorías del gabinete con funciones de línea organizacional”.

Luego de Morales, hay otras cinco personas con un honorario bruto mensual de $5.000.000. Primero el periodista Pablo Jofré, quién tiene master en relaciones internacionales y comunicación. Con 25 años de experiencia, llegó a Salud como asesor político, comunicacional y estratégico del gabinete de la ministra. Y también para apoyar la labor de la dirección de comunicaciones del ministerio y jefatura de gabinete de la ministra.

La segunda es Javiera Vivanco, fonoaudióloga con magister en Salud Pública, quien trabajó anteriormente como consultora en materias de Salud Pública en la OPS, CONADIS y BID y actualmente es asesora en línea estratégica de la Rehabilitación, Cuidados y Discapacidad.

Jaime Junyet Ruiz es el tercero. Abogado de la Universidad de Chile con magister en Gerencia y Políticas Públicas y máster en Derecho y Bioética. Quién llegó al ministerio para ser asesor legislativo, apoyar en la tramitación y elaboración de proyectos de ley. El cuarto, es Javier Errázuriz Araneda, quien es asesor de la Subsecretaría de Salud Pública, del subsecretario y de las jefaturas de las divisiones. Es ingeniero industrial con mención en tecnología de la información de la Universidad Católica con magister en Data Science de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Finalmente, la quinta persona que recibe el mismo monto es Ignacio Vidaurrázaga. Periodista de la Universidad de Arcis con magister en Literatura con mención en Hispanoamericana y Chilena. Es asesor directo del subsecretario de Redes Asistenciales. En el oficio enviado a la DIPRES se indicó que “la agenda político-comunicacional de la que se hace cargo el Sr. Vidaurrázaga es de vital importancia para la articulación de esta subsecretaría con otros actores en salud”.

En la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo que dirige Nicolás Grau, se solicitó el fichaje de cinco funcionarios exceptuando los límites de remuneraciones. Uno de ellos es el ingeniero comercial Andrés Zahler Torres, quien es magíster en Economía Aplicada con mención en Macroeconomía y PhD en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard. En lo profesional, según el oficio enviado a la DIPRES, Zahler se ha desempeñado en la Bolsa de Comercio, en el Banco Mundial -una pasantía-, y ha sido asesor en Política Económica en gobiernos anteriores. Tiene una remuneración de $5.500.000.

A Zahler le sigue la abogada de la Universidad de Chile Suina Chahuán Kim. La jurista es la jefa de gabinete del ministro Grau desde el 11 de marzo y cuenta con una basta experiencia en el ámbito profesional, con pasos por el estudio Grasty, Quintana, Majlis y Cía., y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), por mencionar algunos. Antes de su llegada al Ejecutivo, fue asesora legislativa del entonces diputado Giorgio Jackson, y su monto bruto mensual asciende a $5.500.000.

A la jefa de gabinete de Grau se suma Fernando Cortés Yáñez por un monto de $3.200.000, quien asesora a dicha subsecretaría en el “análisis, evaluación, implementación y revisión de aquellas materias económicas relacionadas con pymes, empresas de menor tamaño, de innovación para la competitividad y emprendimiento, y otras que le sean asignadas en su ámbito”. Cortés es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y egresado del magíster de Políticas Públicas de la misma casa de estudios.

Los dos restantes son Francisca Ochoa Medina, ingeniera comercial de la Universidad de Chile y quien actualmente cursa un magíster en Políticas públicas en dicho recinto universitario. Ochoa es ex vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y su rol, por el que recibe un monto bruto mensual de $3.000.000, es el de asesorar “a la subsecretaría en la coordinación y vinculación con las seremis regionales del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo”. Cierra la lista Juan Ignacio Bugueño, abogado de la Universidad de Chile, por quien se solicitó un monto bruto mensual de $3.500.000 para asesorar en temas “relativos al estudio, análisis, desarrollo, y tramitación de proyectos de ley, normas, reglamentos y en general temas legales a implementar dentro del ámbito de las competencias del ministerio”.

A la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, le siguen el Ministerio del Interior, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República (Segpres), y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT). En total, de los 24 ministerios -sin contar Presidencia- fueron 10 los que enviaron oficios a la DIPRES solicitando incumplir la circular de marzo. A los anteriormente mencionados se suma Trabajo, Minería y Medio Ambiente.

Uno de los funcionarios por el que se solicitó dicha “excepción” explicó a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío que “a cada ministro se le autorizó excepcionar a ciertos asesores para poder ofrecerles remuneraciones acordes a su experiencia y trayectoria laboral, considerando que el tope establecido no era competitivo con su remuneración de mercado”. En la misma línea recalcó que “básicamente se permitió la excepción porque para asesores directos de alta experiencia en general sus sueldos de mercado estaban muy distantes del límite establecido”. Asimismo menciona que en muchos casos estos puestos son de dedicación “completa y exclusiva”. La misma fuente señala que en su antiguo trabajo “tenía un sueldo ‘líquido’ un poco mayor que el actual”.

POLÍTICA DE AUSTERIDAD: “HA SERVIDO”


Desde el Ministerio de Hacienda, en representación del Ejecutivo, señalaron que lo realizado por los distintos organismos se ampara en el punto 56 del instructivo de buen uso de los recursos. Este indica “que previa solicitud fundada de la respectiva autoridad y excepcionalmente, la DIPRES podrá autorizar la contratación de honorarios cuya renta mensual sea superior a los límites máximos señalados en los numerales precedentes (50), siempre que la experiencia laboral, las aptitudes de la persona y las características de la tarea que se le encomienden así lo justifiquen”.

En la misma línea agregan que “el instructivo presidencial aplica todos los contratos a honorarios que se desempeñan en el Estado, los que sumando los servicios locales de educación y servicios de salud, llegan aproximadamente a unas 40.000 personas. En ese universo, las 61 personas que han sido autorizadas como excepción representarían un 0,15% del total de quienes trabajan bajo esa modalidad en el sector público”.

Pero, ¿de qué depende que la DIPRES acepte o rechace las solicitudes? Al alero de los seis rechazos que ha realizado, desde Hacienda indicaron que “tal como lo señala el art. 56, la autorización depende de que la experiencia laboral, las aptitudes de la persona y las características de la tarea que se le encomienden justifiquen la excepción solicitada. Por ejemplo, que los estudios de postgrado estén relacionados con la tarea que desempeñará la persona”.

Finalmente defendieron la circular del 25 de marzo. “Ha servido pues se mantiene una contabilidad respecto de los sueldos de honorarios más altos en la administración pública, bajo parámetros conocidos, objetivos y transparentes, que evita un pago arbitrario de remuneraciones con recursos del Estado. Además, ha permitido que la gran mayoría de los casos se mantenga dentro de los parámetros definidos en el instructivo presidencial”, recalcaron.

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