¿Aprovechamiento o necesidad?: casas fiscales y funcionarios públicos que las ocupan eternamente

La seremi de Bienes Nacionales, Francisca Rojas Philippi, fue clara en señalar que el estatuto no indica
plazos de ocupación. De ahí la importancia de lo que plantea: “Hacer una modificación legal,
que permita poner un tope y que sea para todos igual, poniendo fin a la perpetuidad”.

“Por fin van a decir algo. Basta de tanta sinvergüenzura”, nos señaló molesto un funcionario público cuando le dijimos que andábamos averiguando antecedentes sobre el uso de las casas fiscales.

Enseguida vino el lapidario comentario, que se cruza con el de otras personas consultadas, en contra de funcionarios que llevan décadas ocupando viviendas fiscales: 30, 35, y 40 años.

Bajo la premisa de absoluta reserva de identidad, una persona nos comentó lo que muchos saben, pero de lo que nada se dice públicamente. Por ejemplo, el caso de un jefe de servicio que al inicio de este gobierno tuvo que entregar la casa que ocupó por más de tres décadas. “No fuera nada que viviera tantos años ahí, sino que tenía casa propia, la que tenía arrendaba, y sin embargo residía en la fiscal”.

Esta revelación es similar a otras, con la salvedad que los demás funcionarios no tienen casa propia, pero sí han hecho usufructo de la vivienda fiscal eternamente.

Se cuenta el caso de otra persona que vivió amparado en una de estas viviendas, entregadas por el Estado, y después de 30 años, cuando terminó de construir su casa, de grandes dimensiones, dejó la fiscal.

Esto le permitió ahorrar ya que los funcionarios pagan por concepto de arriendo sólo un 10 por ciento del sueldo base.

Falta regulación

La seremi de Bienes Nacionales, Francisca Rojas Philippi, fue clara en señalar que el estatuto no indica plazos de ocupación, es más bien un derecho a perpetuidad, “por eso es que hay personas que viven 30 ó 40 años en las viviendas fiscales. No hay como quitarlas. La única forma de devolver el inmueble es cuando la persona muere o deja de ser funcionario público”.

De ahí la importancia de lo que plantea: hacer una modificación legal, que permita poner un tope y que sea para todos igual, poniendo fin a la perpetuidad.

La cantidad de inmuebles fiscales destinados para uso habitacional en la Región de Magallanes es de 440 propiedades, según los registros que entregó Bienes Nacionales.

Por mencionar algunas, están las de la Armada, que tiene 85; la Contraloría General de la República, 15; Fuerza Aérea, 14; Carabineros, 6; Bienes Nacionales, 3; Ministerio de Defensa, 251; Obras Públicas, 29; Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 31.

Los inmuebles fiscales son muchos más. Falta consignar, por ejemplo, todas las viviendas que administra el gobierno regional o el Ministerio de la Vivienda.

Viviendas fiscales

Nacen en la década de los años 70 y comienzos de los 80, con el objetivo de poder traer profesionales a los diferentes servicios públicos de Magallanes, “sobre todo cuando éramos menos habitantes en la región”, indica la seremi.

Bajo el amparo del Decreto Ley 1.939 se construyeron estas viviendas y Bienes Nacionales las entrega a diferentes entidades del Estado que no tienen patrimonio.

Por ejemplo, el Servicio de Salud Magallanes o Conaf tienen patrimonio propio, así que ellos cuentan con sus propias viviendas. “Pero otros no pueden tener patrimonio, como las distintas secretarías regionales ministeriales, y ahí es que nuestro ministerio les destina un cierto número de viviendas fiscales para que ellos mismos las administren”, detalla la seremi Rojas.

“Nosotros perdemos la administración de esos inmuebles, que pasan a regirse por un estatuto administrativo, que regula el uso de las casas fiscales”, mencionó la profesional.

La fiscalización compete al servicio al que le fueron destinadas la viviendas. “Ellos son los que deben verificar que el funcionario no tenga otro inmueble y que lo esté usando como tal, con fines habitacionales, y no para tener una Pyme o un taller”, clarifica Rojas.

En el caso de Bienes Nacionales, lo único que pueden fiscalizar es que el ocupante sea funcionario público y que la esté usando para fines habitacionales.

En Magallanes hay dos tipos de viviendas fiscales. Las que están bajo la tutela de Bienes Nacionales y las que se construyeron con fondos del FNDR, que son 55 inmuebles, y dado esa vía de financiamiento fueron transferidas al gobierno regional, que son quienes las administran.

El gobierno regional está trabajando en un reglamento para poder regular el uso de estas viviendas.

Minvu

En el caso del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, el uso de las viviendas fiscales está reglamentado.

“El funcionario paga un 10% del sueldo base como canon mensual, lo cual le permite ocupar una vivienda a lo menos un año, para que al menos durante ese año el funcionario busque una solución habitacional o pueda postular a nuestros programas habitacionales”, explicó el seremi del Minvu, José Miguel Horcos.

“Sabemos positivamente que algunos funcionarios públicos, no de nuestro ministerio, sino de otros servicios, se quedan eternamente ocupando las casas, situación que no es normal”, comentó.

En el caso del Minvu, los beneficiarios firman un contrato de arriendo, con un plazo de un año, “y se les sugiere a los funcionarios del Minvu que abran una libreta de ahorro, para que, como pagan el 10% del sueldo base, el resto del dinero lo puedan destinar a ahorro para la vivienda. Ese contrato, en el caso del Minvu puede ser renovado un año más, y se supone que en dos años el funcionario tiene la obligación de postular a los programas habitacionales”, comentó Horcos.

“Como estas viviendas son de patrimonio fiscal, es obligación de cada servicio fiscalizar. Por eso cuando asumí el cargo de seremi formé una comisión, donde incorporé a la asociación de funcionarios, para que todo sea transparente”.


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