Piñera sale en busca del "jarrón perdido" del caso Inverlink

El caso Inverlink


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Santiago:
Ya parecía olvidado. El caso Inverlink, que estalló en 2003 y significó uno de los escándalos que remecieron a la administración del Presidente Ricardo Lagos, ya no está presente en ningún debate público.
Pero hoy, discretamente, es uno de los temas en los que el gobierno de Piñera está concentrado a través de Corfo, una de las principales instituciones afectadas en términos de patrimonio tras el caso.
La teoría del jarrón y la arista inconclusa
Pocos recuerdan que todo comenzó en febrero de 2003, cuando se detectó una fuga de información desde el correo electrónico del entonces presidente del Banco Central, Carlos Massad. La autora era nada menos que una de sus secretarias, Pamela Andrada, quien secretamente filtraba informes al gerente de Inverlink Corredores de Bolsa, Enzo Bertinelli.
Ese fue el comienzo de una polémica que creció sin parar ese año. A ese traspaso de información fraudulento se sumó la detección del robo de papeles financieros de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) por un monto cercano a los 84 mil millones de pesos, que habría sido realizado por el propio jefe de la mesa de dinero de Corfo, Javier Moya Cucurella, y derivados luego a Inverlink.
Por esos días, al conocerse la pérdida millonaria, el Presidente Lagos hizo famosa su controvertida teoría del "jarrón" para explicar que la pérdida de fondos no se trataba de corrupción en la institución y que los montos eran recuperables.

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"Es como si entran a mi casa, me robaran un jarrón y después lo llevan a un reducidor. Ese es el rol de Inverlink. Lo llevan a un reducidor y después se descubre el jarrón. Obviamente, lo voy a recuperar, porque el jarrón es mío. Es exactamente lo que ha ocurrido en la Corfo".
Pero las cosas no fueron tan simples. Y el caso provocó la renuncia a su cargo del vicepresidente ejecutivo de Corfo y yerno de Lagos, Gonzalo Rivas. También la del presidente del Banco Central, Carlos Massad. Y posteriormente el procesamiento de la plana mayor del holding liderado por Eduardo Monasterio, que incluía al ex ministro laguista y ex director de Inverlink, Álvaro García -quien finalmente fue absuelto-.
Siete años después, en marzo de 2010, ya sin masiva cobertura de prensa, se cerró la llamada "arista del Banco Central" en el caso, cuando el ministro en visita Patricio Villarroel dictó condenas contra la ex secretaria del Banco Central, el ex presidente de Inverlink, Eduardo Monasterio, y otros altos ejecutivos. Pero aún queda otra arista. Una en la que el gobierno tiene fija su atención. Y es la relacionada con la recuperación del patrimonio que perdió Corfo, en parte, debido a las llamadas "triangulaciones" que habría realizado Inverlink con otras instituciones bancarias.

La decisión de los ministros

El 2 de julio, en la sesión del Consejo de Corfo, que integran ministros clave del gabinete piñerista, se tomó la determinación unánime.
El tema sobre la mesa era el millonario daño patrimonial que le había provocado el caso Inverlink a Corfo. En esa cita, en la que son parte del consejo los ministros de Economía, Juan Andrés Fontaine (presidente); de Hacienda, Felipe Larraín; de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno; de Mideplan, Felipe Kast, y el de Agricultura, José Antonio Galilea, más el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernán Cheyre, los presentes señalaron la voluntad irrestricta de recuperar el patrimonio sustraído a Corfo y la necesidad de ir en busca de los responsables.
Eso, señalan fuentes de gobierno, fue un espaldarazo para seguir adelante con las acciones legales, no importando que ello derivara en un enfrentamiento legal con entidades bancarias a las que se les pediría restituir los fondos perdidos.
Pero el interés en el caso era previo. Desde marzo se había planteado reservadamente en el nuevo gobierno como prioridad seguir el caso. Tanto así que el fiscal de Corfo, Marco Riveros, tenía casi dedicación exclusiva al tema. Aunque en el Gobierno reconocen que los anteriores fiscales también tuvieron roles relevantes buscando avances en el caso.
Paralelamente, el 2 de junio, el ministro en visita Patricio Villarroel cerró el sumario de la arista conocida como "triangulaciones", acusando al ex presidente de Inverlink, Eduardo Monasterio, al ex operador de valores de BBVA Corredores de Bolsa , Juan Pablo Prieto, y al ex jefe de la mesa de dinero de Corfo, Javier Moya, por transacciones que generaron perjuicios a Corfo.
Últimas acciones
Exactamente un mes después, el 2 de julio pasado, a través de sus abogados Alfredo Etcheberry, Daniel Martorell e Ignacio Vargas, Corfo presentó una acusación particular por los delitos de estafa y los contenidos en la Ley 18.045, referido a que "ninguna persona podrá efectuar transacciones o inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores, regidos o no por esta ley, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento". En esa acusación se incluye, además de Monasterio, a Eduardo Tapia Donoso, a Luis Hernández Palma, a Lawrence Fletcher Vera, a Javier Moya Cucurella, a Juan Pablo Prieto Viviani y a Gino Tirapegui Palomino. Además, se presentó una demanda civil contra BBVA Corredores de Bolsa S.A. por su intermediación en once operaciones por un monto de $26.435.974.232, realizadas entre el 17 de diciembre de 2002 y el 4 de febrero de 2003.
El 14 de octubre pasado, la Décima Sala de la Corte de Apelaciones, presidida por el ministro Carlos Cerda, procesó al ex gerente general de la corredora, Frank Leighton Castellón.
Hasta ahora, el encausamiento de ese alto ejecutivo es considerado al interior del Gobierno como un "triunfo" en la línea de iniciar parte de la recuperación del "jarrón perdido", lo que -según las estimaciones más optimistas- podría suceder antes del término de la administración de Sebastián Piñera.
El cierre y las penas de la arista "Banco Central"

En marzo, después de siete años desde que se iniciara el caso Inverlink, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Patricio Villarroel, dictó sentencia en la arista "Banco Central".
En esa resolución quedó acreditado que "una secretaria de la presidencia del Banco Central de Chile, no obstante su obligación de mantener absoluta reserva de las situaciones o negocios que se relacionen con el banco, envió correos electrónicos con información obtenida desde la cuenta de correo electrónico del presidente de dicho banco, Carlos Massad, a un alto ejecutivo del grupo empresarial Inverlink, y que a cambio de tal información se le pagaba con medicamentos costosos y dinero. Los hechos se perpetraron en diversas oportunidades entre fines de 2001 y enero de 2003, por lo que revisten el carácter de delito reiterado".
Entre las sentencias estaba la de la ex secretaria Pamela Andrada Díaz (4 años de presidio menor en su grado máximo por el delito reiterado de cohecho), además de ejecutivos de Inverlink, quienes también fueron condenados por el delito de cohecho, como el ex presidente del holding Eduardo Monasterio Lara (300 días de reclusión menor en su grado mínimo) y el ex gerente general de la corredora Enzo Bertinelli Villagra (800 días de reclusión menor en su grado medio).
Otros condenados con penas similares fueron Pablo Schaffhauser Muñoz, Ignacio Wulf Hitschfeld, Cristián Schultz Rosales y José Torres del Pino.
En la mayoría de los casos en que se incluyeron días de reclusión, a quienes habían estado detenidos en 2003 y 2004, esos períodos les sirvieron de abono para completar la condena.
En los casos de Bertinelli, Monasterio, Schaffhauser y Wulf, también se incluyó una multa de $11.400.000.
Además, quedaron absueltos Mónica Bahamondes Abarca, Carlos Berríos Mancilla y Carlos Rubilar Muñoz de la acusación en su contra como cómplices del delito de cohecho. También se absolvió a Francisco Edwards Braun.

Fuente : Emol.com

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lo que pasa es que aqui no hay Amnesia......