Preocupación en ONGs ante los dichos de Bachelet en los que omite mencionar las violaciones a DDHH

La preocupación de las ONG venezolanas ante los dichos de Bachelet en los que omite mencionar las violaciones a los DD.HH.



Durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la Alta Comisionada habló de “violaciones a derechos civiles y políticos” en Venezuela, pero no mencionó los DD.HH, como sí lo hizo su antecesor Zeid Ra’ad al Hussein, quien en dos informes dio cuenta de la grave crisis que se vive en el país petrolero. Otro punto que llamó la atención de los activistas fue la mención a las “sanciones”, pues de esta manera la ex Presidenta se estaría alineando a la justificación gubernamental emitida por el gobierno de Maduro, siendo que la emergencia humanitaria comenzó antes de las medidas norteamericanas y de la Unión Europea.

Cuando el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en septiembre de 2018, entregó el mandato a la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, para que elaborara un informe exhaustivo sobre la situación de Venezuela ya expresaba en la resolución “su más profunda preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria”. Es por eso que ayer, al escuchar las palabras de Bachelet durante la 40ª sesión del Consejo en Ginebra, los activistas de DD.HH. en Venezuela quedaron, por decirlo menos, “preocupados”.

En su discurso, la Alta Comisionada no aludió a las violaciones a los derechos humanos, que ya han sido documentados por su Oficina, cuando en el cargo se encontraba Zeid Ra’ad al Hussein. En cambio, se refirió a las “violaciones de los derechos civiles y políticos” y a una situación de deterioro económico y social “exacerbado por las sanciones”.



“Tenemos más de 20 pronunciamientos de diferentes organizaciones internacionales que aluden a una situación de emergencia humanitaria en Venezuela, entonces no estamos hablando solamente de una situación de derechos civiles y políticos, estamos hablando de una situación compleja, donde hay masivas violaciones a los derechos humanos y eso se ha dicho, incluso, en los informes que fueron emitidos por su propia oficina no cuando estaba ella”, aclara Beatriz Borges, directora de la ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz).

Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, tampoco entiende la distinción: “Ese tipo de discurso a nosotros nos preocupa. El mandato de la Alta Comisionada es el mandato de la protección a los derechos humanos. Que haga este tipo de distinción, y se refiera a los derechos civiles y no a los derechos humanos en general habla de una discriminación que su mandato no le debe permitir. Ella tiene que ver los DD.HH. como una globalidad”. Insiste en que es preocupante porque “pareciera que en Venezuela la afectación va solo por ese lado cuando nosotros estamos en una crisis humanitaria desde hace casi cuatro años, mucho antes de que las sanciones del gobierno americano se empezaran a implementar”.

Lo dicho por Bachelet en Ginebra corresponde a un reporte preliminar. En Venezuela diversas personalidades, políticas o no, han exigido su presencia. Hasta el momento solo se ha confirmado que un equipo de avanzada llegará al país petrolero el domingo 10 de marzo, y que la presencia del grupo cuenta con la autorización del Gobierno de Nicolás Maduro. Su labor es determinar si las condiciones están dadas para que la Alta Comisionada también viaje a ese país.



La autorización de Maduro debe leerse con cuidado, pues allí dice que se pretende que la funcionaria de la ONU conozca al detalle “las repercusiones negativas” de las “medidas coercitivas unilaterales impuestas por factores adversos a Venezuela”, en alusión a las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá. Mismo discurso llevado por el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, a la plenaria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebrada el 27 de febrero en Ginebra: “Próximamente recibiremos a su avanzada (de la ONU) para que vaya a Venezuela y con absoluta libertad pueda presenciar y ver la realidad, los efectos del bloqueo y las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos”.

Para Alejandro González, abogado del Bloque Constitucional de Venezuela, la declaración de Bachelet es “inaceptable” pues, en su opinión, las declaraciones son de carácter “político”. “No puede decir que en Venezuela hay violación de derechos civiles y políticos. En Venezuela hay una política sistemática de violación de derechos humanos, incluso hay violación o incursión del régimen venezolano en crímenes de lesa humanidad, denunciados ante la Corte Penal Internacional. Darle una lectura distinta o atenuar es prácticamente complicidad”. El abogado constitucionalista diferencia que se puede referir solo a derechos civiles o políticos en el caso de un gobierno democrático de mal desempeño, “pero hacer esa declaración frente a un régimen que está embarcado en una postura totalitaria es inaceptable”.

“Pareciera que la Alta Comisionada no ha leído los dos informes que hizo su predecesor sobre el caso venezolano”
El discurso de ayer de la Alta Comisionada sí hablaba de violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, en el caso del “Territorio Ocupado de Palestina”. También se refirió a violaciones de los derechos humanos en la República Democrática de Corea. Así como en Libia en donde mencionó la existencia de grupos armados fuera de la estructura de mando del Estado –al igual que los hay en Venezuela.

Los activistas indican que sí hay diferencia al momento de referirse a violaciones a los DD.HH. y a violaciones a los derechos civiles y políticos. “Los derechos civiles y políticos son los llamados derechos de primera generación, que tiene que ver con la participación política y capacidad de las personas, de poder casarse, divorciarse, votar, ser elegido. Fueron los primeros derechos nacidos en la Revolución Francesa, y son una parte de los DD.HH. Decir que el tema de los derechos humanos se limita a los civiles y políticos es un desfase. Un anacronismo”, subraya Daniels.

Tenemos más de 20 pronunciamientos de diferentes organizaciones internacionales que aluden a una situación de emergencia humanitaria en Venezuela, entonces no estamos hablando solamente de una situación de derechos civiles y políticos, estamos hablando de una situación compleja”, dice Beatriz Borges, directora de Cepaz.

Agrega González: “Al referirse a violación de derechos civiles y políticos está siendo genérica; sin hacer mención concreta a los derechos humanos fundamentales que son: vida, libertad y seguridad. Da la impresión de que se refiere a un contexto genérico y no a lo que está ocurriendo en Venezuela, que es violación del derecho a la vida, a la seguridad y a la libertad, y además es una violación sistemática”.

En cambio, Zeid Ra’ad al Hussein en su informe de 2017 ya advertía de violaciones al derecho de manifestación pacífica, al debido proceso judicial y la existencia de “patrones de malos tratos” equivalentes a “torturas”. Afirmó en 2017: “Las estrategias empleadas por las autoridades en respuesta a las protestas se aplicaron a expensas de los derechos y las libertades de los venezolanos”.

“Pareciera que la Alta Comisionada no ha leído los dos informes que hizo su predecesor sobre el caso venezolano, donde ataca muy bien cuáles son las causas de las graves y masivas violaciones de los DD.HH. que hay en Venezuela. Es muy preocupante que la Alta Comisionada se exprese en esos términos cuando su mandato es sobre derechos humanos”, agrega Daniels sobre este tema.

“No existe razón alguna para que ella esté vinculando las sanciones a la crisis humanitaria que existe en Venezuela”
Otro punto que llamó la atención de los activistas, no de forma positiva, fue la alusión a las sanciones. “Esa es otra interpretación amañada y acomodaticia. Las sanciones se vienen aplicando en Venezuela desde el año 2015, las primeras las aplicó Obama, pero eran sanciones personales a dos tipos de funcionarios: los que incurrían corrupción y los que incurrieron en narcotráfico. Recién en 2019 hubo sanciones que tienen que ver con la empresa Citgo y con PDVSA; y sus efectos los vamos a ver en 90 días más. No existe razón alguna para que ella esté vinculando las sanciones a la crisis humanitaria que existe en Venezuela”, increpa González.

Borges coincide en que ya en 2016 se notaban los efectos de la crisis humanitaria, cuando no había sanciones. “Las sanciones no necesariamente son la causa ni realmente el problema. El problema es la desestructuración del Estado, la falta de institucionalidad, tener un Estado que no da la protección debida a los derechos humanos en Venezuela. Estas declaraciones no cumplen o, de alguna manera, no están en completa concordancia con situaciones que el Alto Comisionado ha planteado en el pasado, porque si bien es cierto lo que dicen sobre los derechos civiles y políticos, pensamos que la aproximación debiera ser mucho más comprensiva”.

Preocupa que el discurso justifique, explique o suavice la responsabilidad que tiene el Estado. “La preexistencia de las violaciones a los DD.HH. es un hecho en Venezuela. No puede venir el Estado a manipular una verdad, y no deberían los organismos internacionales respaldar una verdad a medias o una mentira que justifica y que de una u otra forma el estado usa como arma política para seguir en un sistema de violación sistemática de los DD.HH.”, sostiene la directora de Cepaz.

Las sanciones se vienen aplicando en Venezuela desde el año 2015, las primeras las aplicó Obama, pero eran sanciones personales a dos tipos de funcionarios: los que incurrían corrupción y los que incurrieron en narcotráfico. Recién en 2019 hubo sanciones que tienen que ver con la empresa Citgo y con PDVSA; y sus efectos los vamos a ver en 90 días más. No existe razón alguna para que ella esté vinculando las sanciones a la crisis humanitaria que existe en Venezuela”, subraya el abogado Alejandro González.

Una hipótesis que asoma Daniels, de Acceso a la Justicia, es que sus palabras son una estrategia diplomática para garantizar el acceso del grupo de avanzada a Venezuela. “Esa es la esperanza nuestra; pero nosotros como organizaciones de DD.HH. en Venezuela, que padecemos lo que ocurre, cualquier cosa que no sea la verdadera realidad y que no dé cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria nos preocupa. En los DD.HH., las palabras tienen un peso y cualquier omisión u exceso puede tener efecto”.

La misión es crucial, pues señalan que el informe es clave para sustentar, por ejemplo, la existencia de crímenes de lesa humanidad, para lo cual se debe demostrar que hay una violación sistemática y masiva de DD.HH. También porque del informe presentado por la Alta Comisionada pueden surgir medidas en el Consejo, que permitan proteger a la población. Concluye Borges: “Naciones Unidas cuenta con una infraestructura humanitaria, que es a la que nosotros apelamos como organizaciones de la sociedad civil, porque nadie tiene la capacidad para atender una crisis de esta magnitud. También hay mecanismos de activación de emergencias, para asistencia, por ejemplo, en elecciones, que permitan tener una salida a la crisis política. Pero la crisis política no espera la humanitaria. Por eso el sentido de la emergencia y la urgencia es vital”.



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