Empleos de emergencia en tiempos sin emergencia

La ley establece que los planes proempleo solo deberían existir en zonas donde la desocupación supere el 10%. Pero ese requisito no se ha cumplido por ninguno de los últimos gobiernos. Biobío es la gran beneficiada.

En 2007 comenzaron a destinarse recursos anuales para programas de empleo de emergencia en zonas con alta desocupación o que enfrentaran situaciones de emergencia que restringen la demanda de mano de obra. Más de una década después, y con autoridades de distintos gobiernos a cargo del tema, estas iniciativas "transitorias" se han transformado en empleos estables en algunas zonas y no implican intervenciones en las zonas con mayor desempleo del país.

Los cupos administrados por el Ministerio del Trabajo en el programa Inversión en la Comunidad (denominados coloquialmente "proempleo") se mantienen prácticamente inalterados y más del 70% de ellos siguen destinados a la Región del Biobío, donde partieron estos apoyos para enfrentar el cierre de la carbonífera Lota en 1997.

Según el informe correspondiente al primer trimestre, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) y el Ministerio del Trabajo (Mintrab), la cobertura de beneficiarios del programa Inversión en la Comunidad llegó a 19.971 personas, de las cuales 14.976 residen en la región del Biobío. En dicho período, la tasa de desempleo nacional, según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), llegó a 6,9%.

En Bíobío la tasa alcanzó el 6,7%, dos décimas inferior al promedio nacional y a distancia del 7,1% de la Araucanía y del 8,4% de Valparaíso, las otras dos regiones que le siguen como mayores captadoras de los cupos proempleo (con 1.866 y 1.416, respectivamente, en el mismo período). Este escenario de prioridad para Biobío se ha mantenido sin cambios al menos desde 2013, cuando comenzaron a informarse los cupos en forma regionalizada.


Un reglamento del Ministerio de Hacienda definió que la Subsecretaría del Trabajo es la que debe llevar a cabo la coordinación de los programas de empleo directo con apoyo fiscal, mediante un comité de seguimiento. La instancia está presidida por el subsecretario Fernando Arab e integrada por el subdirector de Presupuesto, Matías Acevedo; el subdirector del Sence, Ricardo Ruiz de Viñaspre, y los encargados de los programas de empleo del Mintrab, Subdere, Conaf y Fosis.

Según se detalla en el acta de la reunión correspondiente al mes de abril, la situación histórica de este programa tampoco registraría cambios relevantes este año. Esto, porque en la solicitud de cupos para el período julio-diciembre Sence pidió 7.419 cupos para Biobío (concentrados en Curanilahue, Coronel, Lota y Talcahuano) y la Intendencia regional solicitó 7.577 plazas adicionales. Las peticiones aún están en evaluación.

No es un misterio en la región que, con trabajadores organizados luego de años de desempeñarse en estos planes "proempleo", un recorte en los cupos generaría movilizaciones para defender estas regalías, que tienen respaldo político transversal, incluyendo a las autoridades de turno. Esta realidad se repite también en otras zonas del país.

Un programa cuestionado

En la detallada evaluación que encargó Dipres sobre este programa en 2016, se revelan deficiencias básicas de esta política pública: no hay cuantificación de la población objetivo y tampoco una definición de "salida" (en qué momento se debe retirar de un territorio y terminar con los cupos), de modo que "el logro del programa consiste solamente en activar cupos de empleo cuando se
requieran en la medida que el Comité lo estime necesario".

El documento también reveló que más del 40% de los beneficiarios ha recibido estos sueldos por más de seis años (cifra que en Biobío llega al 77%), lo cual no responde a una situación de desempleo cíclico sino estructural, donde deberían aplicarse otras políticas. Los empleos ofrecidos son de baja calidad y remunerados con el ingreso mínimo por una jornada completa ($301 mil mensuales): aseo y ornato de calles y plazas; reparaciones menores, manualidades.

El subsecretario Fernando Arab está consciente de estos problemas. "Entendemos que esta iniciativa debe responder a coyunturas y no extenderse en el tiempo. No es conveniente para las personas perpetuarse en este programa, donde hacen tareas de poca calificación que no les generan competencias que después puedan utilizar. Les hace más difícil buscar trabajo", afirma.

La autoridad comenta que en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera (donde también ejerció como subsecretario del Trabajo entre junio de 2013 y marzo de 2014) "se hizo un esfuerzo importante por disminuir los cupos e incluso hice un decreto para regularizar temas como la edad y el tiempo de permanencia de quienes ingresaban al programa, pero con el cambio de gobierno ese decreto se retiró y los cupos se volvieron a subir".


En octubre de 2018, los alcaldes de Coronel, Lota y Talcahuano encabezaron una marcha en apoyo a los trabajadores de los programas proempleo de la región que reclamaban por los anuncios de reducción de cupos. Crédito: Municipalidad de Coronel.

Arab añade que en 2018 se logró reducir los cupos en varias regiones, pero no en Biobío. Y explica que en esa región los trabajadores se han organizado en sindicatos y coordinadoras, y exhiben documentos suscritos con autoridades del gobierno anterior que avalarían "que no se reducirán los cupos y que si un trabajador sale del programa (porque se va otra región, encuentra trabajo u otra cirscunstancia) se reemplaza por una persona propuesta por la coordinadora, lo que genera incentivos negativos y un ambiente de poca transparencia". Desde la Subsecretaría del Trabajo no proporcionaron una copia de dicho documento.

En la zona existe desde el año pasado una mesa con esos trabajadores para buscar soluciones, en la cual el Ejecutivo ha propuesto avanzar en "planes de retiro" sobre la base de que los cupos perdidos no se reemplazarán.

El limbo de los recursos

Pero hay más problemas. La Ley N° 20.128 de Responsabilidad Fiscal creó el programa de Contingencia contra el Desempleo para financiar este tipo de proyectos transitorios, exigiendo para desembolsar recursos que la tasa nacional de desempleo trimestral informada por el INE supere el promedio de los cinco años previos o sea superior a 10%, aunque también se incluye que en las regiones o provincias donde se desarrollarán los programas ese indicador sea 10%.

La evaluación de Dipres ya citada confirmó que ninguna de estas condiciones se cumplió en los territorios analizados donde se desplegó el programa y que cuentan con datos oficiales sobre desempleo. Esa realidad se mantiene hasta hoy.
El programa Inversión en la Comunidad tiene un costo anual de $80 mil millones (US$ 116 millones), de los cuales $64.800 millones (US$ 94 millones) se destinaron a la Región de Biobío en 2018, dice su información oficial. Es decir, el Biobío concentra el 81% de todos los recursos del programa Inversión en la Comunidad.



Un abogado que conoce el tema explica que hay disposiciones legales que permitirían usar este financiamiento ante situaciones excepcionales, lo que explicaría el caso de comunas como Curanilahue o Lota, donde "si se corta este programa el desempleo podría subir al 30%".

Tras admitir que los requisitos efectivamente no se están cumpliendo, el subsecretario Arab sostuvo que "políticamente siempre es complejo eliminar empleos de emergencia; sin embargo, es importante cumplir con lo que la ley mandata para el programa". Explica que el Ministerio del Trabajo sólo actúa como intermediario, ya que Dipres mensualmente les transfiere recursos para financiar el programa, los que a su vez son traspasados a los organismos ejecutores. "Nuestra labor es fiscalizar que el programa que se lleve a cabo y controlar su correcta ejecución", dijo.

En la Dipres declinaron responder las consultas de PAUTA sobre este punto.

https://www.pauta.cl/economia/empleos-de-emergencia-en-tiempos-sin-emergencia