Conadi gasta $22.500 millones en comprar tierras que han sido violentadas...

Conadi gasta $22.500 millones en comprar tierras que han sido violentadas, ad portas de las definiciones de la Comisión para la Paz
La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) realizó 23 compras el año 2024 a través del artículo 20, letra b, de la Ley Indígena, que es el que permite a las comunidades hacer solicitudes de restitución territorial. Este es uno de los temas abordados por la Comisión para la Paz, que tiene como primer mandato hacer un diagnóstico de la demanda de tierras del pueblo mapuche. Esto, dado que uno de los reclamos que existen con respecto a la aplicación de la ley es la “compra de paz a cambio de tierras”. Mañana la Comisión debe entregar un informe al Presidente, considerando que el año pasado Conadi benefició a comunidades que han ejercido violencia y compró campos en los que han ocurrido atentados o robado madera.


Durante un año y medio la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento sesionó para, entre otras cosas, «realizar un diagnóstico de la demanda de tierras del pueblo mapuche, las tierras ya entregadas por el Estado de Chile… para poder cuantificar dicha demanda». Además, se proponía recomendar mecanismos y formas de reparación -distintas a la tierra- que contribuyan a la paz. Mañana se cumple el plazo que la instancia se dio para entregar una propuesta en esta línea al Jefe de Estado, Gabriel Boric. Sin embargo, al mismo tiempo que la Comisión sesionó, durante 2024, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) hizo algo que ya se le ha cuestionado en el pasado: comprar campos en donde han ocurrido hechos de violencia o comprarle a comunidades que han realizado usurpaciones de terrenos.

Conadi gastó $22.500 millones el año pasado por ese concepto. La mayor parte de ese monto, $10.240 millones del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas, lo utilizó para beneficiar al Lof Trapilhue (personalidad jurídica 1065), con 854 hectáreas que, antes de esta compra, constituían el Fundo El Nudo, ubicado en la comuna de Freire, Región de La Araucanía.

Ley Indígena, a través del artículo 20, letra b, permite a la Conadi financiar mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras. Sin embargo, desde hace varios años existe una glosa en la Ley de Presupuesto que impide a la Corporación adquirir terrenos cuando han sido vulnerados. Así, la glosa dice que esa compra se puede hacer “siempre que los inmuebles cuya posesión o mera tenencia no se encuentre de ninguna forma perturbada”; y el Fundo El Nudo es un vivo ejemplo de un predio “perturbado”.

La finalidad de esta glosa es evitar que haya presiones que obliguen a los propietarios a vender. Sin embargo, desde hace años el Fundo El Nudo ha sido objeto de reivindicaciones territoriales, precisamente por parte del Lof Trapilhue.


Conadi compró tierras que han sufrido desde quemas hasta «embanderamientos»
Y no es el único caso. Se difundió ampliamente en las noticias la quema en 2022 de diversas maquinarias agrícolas, vehículos, galpones y la casa patronal del Fundo Nilpe, que tiene entre sus propietarios al expresidente de la CPC, Juan Sutil. Sin embargo, Conadi invirtió $2.760 millones por 288,8 hectáreas de ese predio para la comunidad José Quilaleo Dos de Nilpe,

En cuanto a los fundos Portahue y El Esfuerzo, adquiridos por Conadi en la zona de Galvarino-Victoria, también han ocurrido hechos violentos. En Portahue la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) se adjudicó un atentado en 2021; y en 2018 El Esfuerzo estuvo usurpado.

En Curacautín, Conadi informó la compra de 257,4 hectáreas de los fundos La Rinconada, Rapaco y Tolhuaca. Este último nombre coincide con el campo de la familia Chahín, quienes también han sido víctimas de múltiples atentados, pero al ser consultados, señalaron que se trata de un alcance de nombre, pues no han vendido nada a Conadi. Sin embargo, la comunidad beneficiada con esta compra, Benancio Huenchupán, hizo usurpaciones en 2017.

Así Conadi incurre en algo que durante años se le ha cuestionado: «comprar paz a cambio de tierras» y dejar últimos en la fila a comunidades que no ejercen presiones indebidas a cambio de satisfacer su requerimiento.


Fuentes ligadas a la Comisión manifiestan que si hay un punto que mantiene entrampadas las conversaciones -a días de que se cumpla el plazo del 31 de enero, para el cual ya hubo una prórroga– es precisamente la tierra. Durante los últimos días los comisionados han tenido largas jornadas de sesiones, pero no habían logrado un acuerdo sobre una fórmula distinta a la entrega de tierras para resolver las demandas de las comunidades.

La división, según pudo conocer El Líbero, estaba entre quienes consideraban que a aquellas comunidades que ya cuentan con aplicabilidad sí o sí hay que satisfacer su demanda con tierra, y los que opinaban que hay que darle libertad a cada mapuche de decidir si prefieren este mecanismo u otro (como dinero, beneficios escolares, etc.). Y para complicar la discusión, la demanda no solo abarca las hectáreas respaldadas con títulos de merced, sino también las llamadas «tierras ancestrales».

Las cuentas de Conadi
La Corporación hizo 23 compras en 2024 a través del artículo 20, letra b, de la Ley Indígena, por un total de $65.492.894.952 para adquirir 8.053,3 hectáreas. Esto, de acuerdo con información obtenida vía Ley de Transparencia.

19 de esos campos se ubican en la Región de La Araucanía y los beneficiados fueron 17 comunidades indígenas y la familia Lemún Saavedra que, explicó la Conadi en un comunicado, firmó las escrituras de cinco predios “de acuerdo con el compromiso asumido por el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del caso iniciado en noviembre de 2002, cuando un funcionario de carabineros dio muerte al joven mapuche Álex Lemún Saavedra”.

El presupuesto 2024 asignó al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas un monto inicial de $87.867 millones.

Al revisar las 23 compras, se encontró que hay fundos en los que ha habido atentados incendiarios, robo de madera o usurpaciones que representan alrededor de 2.500 hectáreas y una inversión que supera los $22.500 millones.

Por otro lado, la compra de tierra más grande que hizo la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en 2024 fue de 1.731,9 hectáreas, por las que pagó $13.460 millones para la comunidad José Llancao, de Vilcún, y, según pudo conocer El Líbero, esta no es una comunidad violenta y el Fundo El Tambor tampoco habría estado perturbado.

La segunda compra de mayor cuantía fue la de El Nudo.

Fundo El Nudo en conflicto
Quienes conocen la situación del Fundo El Nudo dicen sentirse amenazados por todos los hechos de violencia que han ocurrido en torno a ese campo. Relatan, bajo condición de anonimato, que el predio tenía resguardo policial las 24 horas e incluso hubo patrullajes del Ejército porque lo estaban atacando en forma permanente.

Al menos desde 2021 hay registros del asedio que ha vivido esta propiedad. En julio de ese año desconocidos intentaron tomarse el fundo, apedrearon el lugar y quemaron diversos enseres.

Meses después ocurrió la “reivindicación territorial” de Trapilhue. El 23 de agosto de 2021, integrantes del Lof emitieron un comunicado en el que “reivindican” los predios El Nudo, Huichahue y Ufro. El texto indica: “Si tenemos que usar la autodefensa para frenar las arremetidas represivas de la las policías militarizadas, lo haremos porque dignificamos y validamos la autodefensa en pos del bienestar de nuestra gente, porque la policía no llega a nuestro territorio con armas de fantasía y balas de algodón”.

Al día siguiente ocuparon el campo y lo sembraron.


En abril de 2022 informaron de cortes de ruta, con barricadas, exigiendo la recuperación del fundo, lo mismo en abril de 2023, año en el que además se opusieron a la glosa en la Ley de Presupuesto que impide la compra de los campos perturbados, protestaron tomándose el aeropuerto y en mayo se enfrentaron a los Carabineros exigiendo varios campos, entre los que estaba El Nudo.



Ceder a las presiones
Un oficio de los diputados Miguel Mellado, Juan Carlos Beltrán y Jorge Rathgeb dirigido a la Contraloría –que debe tomar razón de las compras hechas por Conadi– señala que en ese período se reportaron incidentes como la destrucción de instalaciones y el robo de ovejas. “Es indiscutible que su posesión o mera tenencia se encuentra perturbada, estando los antecedentes en disposición de la Fiscalía Local de Pitrufquén”, plantean los legisladores.

En marzo de 2023 quemaron una vivienda deshabitada en el sector de Quepe, en la misma comuna de Freire donde está El Nudo. En el lugar del siniestro hallaron un cartón con un mensaje en el que exigían la «restitución» del Fundo El Nudo y libertad de comuneros en prisión.

“La Conadi le ha torcido la mano y la nariz a la ley. Ha hecho aparecer algo que no estaba perturbado cuando los medios de comunicación profusamente han declarado que fueron perturbados. Había denuncias en la Fiscalía, había vigilancia policial, incluso había containers donde se alojaban los policías. Entonces, no pueden venir a mentir y decir que el campo nunca había sido perturbado. Ese es un tema que tiene que investigar de oficio la Fiscalía, porque aquí hay algo que no cuadra”, subraya Mellado en conversación con El Líbero.

Al ser consultado sobre si la glosa se refería a que el campo esté perturbado en el tiempo presente, el parlamentario indica que no. “No pueden ser comprados aquellos predios que hayan sido perturbados, no habla de un espacio de 30 días ni un año, que hayan sido perturbados”, reitera.

Sobre esto, fuentes cercanas al Fundo El Nudo, lamentan que los dueños “hayan cedido a las presiones”, pero reconocen que la situación “ya era insostenible”.

En cuanto a la declaración que se hace ante notario, en la que se indica que no hay perturbación del campo, describen que la situación es similar a presentarse ante el notario, “pero detrás hay un gallo con un fusil”.

Pese a las advertencias, la Contraloría ratificó la legalidad de la adquisición.

https://ellibero.cl/actualidad/cona...-las-definiciones-de-la-comision-para-la-paz/