Una abogada trabaja en el Ministerio del Interior: el perfil de juristas tras querella a Gral Yañez

Una abogada trabaja en el Ministerio del Interior: el perfil de juristas tras la querella por la que se formalizará al general Yáñez
La causa contra el alto mando de Carabineros fue presentada por abogados cercanos al oficialismo. Una de estas juristas es la actual coordinadora de la División Jurídica del ministerio dirigido por Carolina Tohá. La situación no sólo complica al general director, sino que también al Ejecutivo, pues desde que la seguridad es el principal tema de la agenda, Yáñez es visto como un aliado.

(Agencia Uno)


Un incómodo escenario es el que vive el gobierno del Presidente Gabriel Boric, luego que los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong decidieran pedir la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco, por el supuesto delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, en el contexto del estallido de 2019, cuando el uniformado era director Nacional de Orden y Seguridad.

Y es que si bien en el pasado tanto Boric como varios miembros de su gabinete fueron los más duros críticos de Carabineros y de los generales al mando de la institución, desde que la seguridad se instaló como tema principal de la agenda, el gobierno ha visto en la policía uniformada y en Yáñez a un aliado.

De hecho, según el abogado del general director de Carabineros, el Mandatario llamó a Yáñez «y le manifestó todo su apoyo, tanto como Presidente de la República, como persona».

Pero lo paradójico es que la formalización de Yáñez que hoy complica al gobierno se desencadenó por una querella interpuesta por abogados cercanos al oficialismo. De hecho, una de estas profesionales trabaja actualmente en el Ministerio del Interior y otra pasó por el Ministerio del Deporte.

Se trata de Javiera Corvalán Schindler y Natalia Bravo Peña, por la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem); Karinna Fernández Neira, Sebastián Velásquez Díaz y Magdalena Garcés Fuentes, por “Londres 38, casa de la memoria”; y Miguel Astudillo Lara y Francisca Hernández Mardones, del centro de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Coordinadora de la División Jurídica de Interior

Javiera Corvalán Schindler estudió en la Universidad de Chile y juró como abogada en 2019, siendo socia de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem). Trabajó como procuradora en Carey y como interrogadora en Abusleme Pinto Muñoz & Campos, pero en 2019 entró a trabajar como asociada en el área de litigios penales y civiles Chaves Awad Contreras Schürmann; con Miguel Schürmann y Alejandro Awad, quienes durante 2023 también acapararon prensa al ser los abogados de Rodrigo Topelberg, uno de los involucrados en el Caso Audio, y defender al ex ministro Giorgio Jackson en el Caso Convenios.

El actual bufete de ambos, (BACS, junto a Antonio Bascuñán, Esteban Barra y Marcos Contreras), es uno de los favoritos del gobierno, que también es el escenario laboral de la hija de la periodista Mirna Schindler.

En efecto, según DFMás, fue desde BACS que recomendaron a Javiera y a otra jurista para trabajar en el Ministerio de Interior y Seguridad Pública cuando abogados de la División Jurídica fueron desvinculados en abril de 2022. Cuando llegó a Jurídica, Corvalán estaba trabajando como asesora legal de Izkia Siches. El que fuera titulada de la Universidad de Chile, dice la publicación, fue un plus, pues compartía el alma mater con otros importantes asesores de gobierno.

Su llegada a Interior como asesora del Área Judicial de Interior a inicios de 2022 no pasó inadvertida, pues aunque no era coordinadora, críticos de su arribo aseguraron que hacía lo mismo que el desvinculado coordinador Carlos Flores (funcionario desde 2004), en quien recaía la presentación y seguimiento de las querellas en que el ministerio se hacía parte, entre ellas, las del estallido. Durante este gobierno se retiraron 139 acciones judiciales relacionadas a ese tiempo.

A noviembre de 2023, Corvalán figuraba en Transparencia como coordinadora de la División Jurídica de Interior, teniendo a su cargo la “tramitación, conducción y completa consecución de investigaciones criminales y causas judiciales” en que el ministerio o las delegaciones presidenciales intervengan.

Antes de llegar al gobierno en marzo de 2022 -cuando renunció a ser querellante de esta causa contra el general Yáñez- apoyaba con retuits la reforma de Carabineros, daba a conocer irregularidades y apoyaba la idea de que el Estado violó sistemáticamente los derechos humanos.


Deportes y feminismo

Natalia Bravo Peña también es abogada de la Universidad de Chile y trabajó en el gobierno de Gabriel Boric. Fue jefa de gabinete de la ministra del Deporte cuando ese cargo lo ostentaba la ex futbolista Alexandra Benado y el área no era desconocida para ella, pues en 2020 fue abogada de la Asociación Nacional de Fútbol Femenino, labor que compatibilizó con su rol de directora de la comisión de derecho al trabajo en Abofem.

A raíz de esa mezcla de fútbol con derecho laboral, escribió algunas columnas de opinión en medios.

Pero así como la gestión de Benado no estuvo exenta de críticas, el paso de Bravo por Deportes también lo fue, pues se levantaron voces que consideraban “excesivo su protagonismo”, lo que habría dificultado la relación de la ex ministra con las federaciones.

Durante el estallido social, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile convocó a Abofem a trabajar con la Defensoría Jurídica que habían levantado y en ese marco, Bravo fue la “coordinadora de comisarías”. En esa labor en terreno, dijo haber constatado “que los agentes del Estado nos vulneran. ¿A quiénes? a niños, niñas y adolescentes, mujeres, comunidades LGBTI e incluso hombres. En ese contexto, nosotras hemos constatado humillaciones, vejaciones, abusos sexuales, violaciones”.

Según su LinkedIn, actualmente sigue trabajando de manera independiente como socia principal de Bravo Abogadas.

Candidata a fiscal nacional y a relatora de la ONU

Tras incursionar en esta mediática querella, Karinna Fernández, que es abogada de la Universidad de Valparaíso, siguió trabajando en la materia a la que se ha dedicado durante toda su carrera: derechos humanos.

Sin embargo, tuvo una especial visibilidad en 2022, cuando postuló para ser la primera mujer de América Latina en ser Relatora de la ONU sobre tortura y fue una de las 17 candidatas a fiscal nacional. Lo primero no prosperó y a lo segundo terminó renunciando al tercer proceso que buscaba reemplazante para Jorge Abbott, acusando “guerra sucia”.

Al igual que Corvalán y Bravo, tuvo un paso por el gobierno, pero no en el actual, sino entre la administración de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera (2009-2010). “Cuando terminé mis estudios entré a trabajar en un Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y llevé causas de la dictadura, tratando de darle un enfoque vinculado a Valparaíso y el rol de la fuerza marítima en la dictadura”, contó en El Mostrador.

Durante el estallido defendió casos como el del Colectivo Las Tesis, que resultaron absueltas de atentados contra la autoridad y amenazas contra Carabineros. Ella sigue representando a Londres 38. El año pasado incluso le pidió una reunión a la ministra Carolina Tohá sobre las medidas que se adoptaron para que el general Yáñez fuera a declarar, “pero se me negó esa reunión”. Ayer, en tanto, opinó que Yáñez debía renunciar.

En su carrera ha representado a familiares y víctimas en casos como “Caravana de la muerte”, “Operación Cóndor”, “Calle Conferencia” y fue parte de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) de la Fiscalía Nacional. También es asesora jurídica de organismos internacionales como Forest Peoples Programme (Reino Unido), y asesoró la reforma policial que hubo en Ucrania, según ella misma contó en radio Bío Bío.

Fernández trabajó con otra de las querellantes contra el alto mando de Carabineros el año pasado en una causa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


Se trata de Magdalena Garcés Fuentes, también abogada de derechos humanos que sigue representando a Londres 38. La jurista de la Universidad de Chile y doctora en Derecho también trabajó en el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y en el Instituto Nacional de DD.HH, donde ejerció como abogada de la Unidad Jurídica y Judicial cuando el Instituto lo dirigía Lorena Fries (2011).

Es querellante en la causa Caravana Valdivia y Neltume 81. Fue parte del equipo técnico del GIEI Bolivia (Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes) creado por acuerdo de la Comisión Interamericana de DD.HH y el Estado Plurinacional de Bolivia para investigar hechos de violencia ocurridos en ese país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Abogado con breve paso por el INDH y una trabaja en el Ministerio Público
Sebastián Velásquez Díaz, que también representaba a Londres 38, entre enero y marzo de 2022 trabajó en el Instituto Nacional de Derechos Humanos como “profesional analista especialista en protección sede regional metropolitana”.

En diciembre de 2021 firmó una “Declaración de Abogad@s de DD.HH” en apoyo a la candidatura de Gabriel Boric, pues miraban “con extrema precaución la candidatura de Kast”. Junto a Karinna Fernández y Magdalena Garcés también aparece firmando una carta rechazando la ley antisaqueos en 2019.

En tanto, Miguel Astudillo, que se hizo parte de la querella representando al Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, fue presidente de esa organización entre 2020 y 2021, cuando se definía de izquierda y “frenteamplista”, pero no tuvo mayor connotación pública desde entonces.

Después del estallido, su compañera de la Universidad de Chile que también patrocinó la querella, Francisca Hernández, hizo su práctica en la Defensoría Penal Pública, una pasantía en el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, fue oficial de la IV Corte de Apelaciones y desde julio de 2023 es asesora de la Unidad Especializada en Género del Ministerio Público, donde colaboró en la factura del “Manual para la investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio)”.

En pandemia acusaba tiempos en que “el fracaso, ineficiencia y crueldad del modelo socio económico no pueden ser más explícitas” y cuestionaba criterios para aplicar prisión preventiva. En sus redes sociales no existen publicaciones del año 2019 y en 2021 renunció a ser querellante en la causa.



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