Hablemos sobre autonomía: quién manda a quién

¿El Presidente de la República fue a la Convención?
Esta semana no fueron el Poder Ejecutivo y ni el Legislativo los que estuvieron en el centro de la discusión, sino que otros poderes del Estado. A la comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional asistieron altas autoridades como el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Tribunal Constitucional, el Fiscal Nacional, el Contralor General de la República, el presidente del Banco Central, el presidente del Servicio Electoral y el del Tribunal Calificador de Elecciones.

Puede que el listado te suene muy masculino, porque lo es. Una de las cosas que como robota me llamó la atención es que todos los expositores de estos órganos del Estado fueron hombres. El jueves, en cambio, cuando asistieron las asociaciones o federaciones de funcionarios hubo más diversidad. El punto es relevante porque uno de los debates que cruzará a la CC –recuerda que es la primera Convención paritaria en el mundo–, es si hay que introducir criterios de paridad o cuotas en las distintas instituciones.

Cuando al presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, le preguntaron por la paridad, respondió que en los tribunales ya había más juezas que jueces y que en las quinas para nombrar a los integrantes de las cortes, las mujeres sacaban los mejores puntajes. Remató diciendo que “es muy agradable trabajar con mujeres”.

¿Qué es eso de autonomía? ☝️
En la actual Constitución, todos los órganos que mencioné al principio son autónomos con rango constitucional. Es decir, para cambiar su forma, funciones, atribuciones, etc. se requiere aprobar reformas constitucionales con altos quórums, lo que obliga a alcanzar un amplio consenso. La idea es que sean instituciones permanentes y que el Poder Ejecutivo no pueda interferir en sus decisiones. Pues bien, todos los expositores defendieron esta autonomía. Y fueron más allá, demandando independencia presupuestaria, argumentando que todos los años hay un “gallito” con el Ejecutivo que trata de recortar o negociar los fondos destinados a cada órgano, y luego deben defender sus propuestas en el Congreso.

¿Seguirá siendo autónomo Banco Central?
Quedó claro que esta va a ser una discusión interesante en la CC. Naturalmente, Mario Marcel, el presidente del Banco Central, defendió su autonomía, algo que los convencionales mayoritariamente comparten. Pero, exactamente ¿qué autonomía? Un tema abierto es el de los objetivos del BC, que hoy vela por la “estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos”. Ya está sobre la mesa la discusión sobre si el “empleo” debiese estar dentro de las preocupaciones del Central. En la sesión, Marcel señaló que sería complejo ampliar las funciones del BC y que éstas choquen con las responsabilidades de otros organismos. Sí se mostró partidario a que se amplíe el consejo de modo que sus integrantes puedan trabajar en comisiones especializadas.

Otro debate apunta al control político sobre el BC. Hubo convencionales que recordaron cómo el rol del BC en la crisis asiática de fines de los 90 frenó la recuperación económica y se planteó, por ejemplo, la opción de que los consejeros puedan ser acusados constitucionalmente. Marcel rechazó esta posibilidad, argumentando que eso atentaría contra la autonomía del Central.

¿Y el Tribunal Constitucional?
El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José Romero, defendió el rol del organismo argumentando que si se estima que la Constitución importa, como lo demuestra la existencia de la Convención Constitucional, entonces debe existir un ente que controle que el resto de los poderes del Estado se ciñan a las reglas constitucionales. Además, abogó por que el TC esté integrado por un número impar de miembros, para que las decisiones se tomen por mayoría y el presidente o presidenta no tenga que ser el voto dirimente, como ocurre hoy.

En este caso, los convencionales fueron más críticos. Hubo quienes acusaron que el TC ha emitido fallos que transgreden la Constitución. Otros señalaron que ha actuado como una tercera cámara (se mencionó el caso específico del Sernac). Y otros fueron más allá, advirtiendo que buscarían restringir fuertemente el control constitucional o, derechamente, terminar con el Tribunal Constitucional. “Les tengo que contar abiertamente que el TC tiene serios peligros de no seguir, o de seguir con las facultades muy, muy, muy disminuidas”, dijo el convencional del FA, Daniel Stingo.

¿Hubo otro “choque de trenes”?
Se abordaron las diferencias que existen entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional sobre la inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Hasta el 2005, esta tarea recayó en el Poder Judicial, pero desde entonces pasó a manos del TC. Y eso ha generado roces con los tribunales, pues muchas veces el TC se demora en fallar y deja en pausa procesos judiciales en curso. Guillermo Silva, el presidente de la Suprema, señaló que esta facultad podía recaer en el TC o en la Corte, pero que era imprescindible delimitar bien las competencias de cada parte para evitar los problemas suscitados después de la reforma constitucional de mediados de 2000.

Silva abordó otro asunto relevante. Manifestó que existe un “amplio consenso” para separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas. En otras presentaciones realizadas ante la CC se ha propuesta la creación de un Consejo de la Magistratura que nombre jueces, los evalúe, se haga cargo de la administración y de las acciones disciplinarias. Y Silva estuvo de acuerdo. También señaló que no le gustaba la institución de los “abogados integrantes”, pero advirtió que la solución para reemplazarlos no es sencilla.

¿Algo más en el ámbito de la Justicia? ⚖️
Bastante más. El fiscal nacional, Jorge Abbott, hizo propuestas que abordan varios de los cuestionamientos a los que ha estado sometido el Ministerio Público. Instó a crear un sistema de designación de autoridades que dé legitimidad y transparencia al sistema, con órganos que representen a la ciudadanía. Y habló de “prohibir gestiones que han sido usuales en tiempos anteriores”, como las reuniones de candidatos a encabezar el Ministerio Público con los senadores que deben votar por ellos. (El propio Abbott se reunió, a lo menos, con Guido Girardi, Hernán Larraín y Jorge Pizarro –investigado por financiamiento ilegal a la política– cuando era una de las cartas para encabezar la Fiscalía y el sistema político quería saber cuál sería el comportamiento de la Fiscalía en la persecución de estos hechos).

Abbott, además, propuso la creación de un comité penal, como el que tiene el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que realice un control cruzado sobre las acciones penales a priorizar, de modo que esto no quede únicamente en manos de los fiscales regionales. Sobre el ámbito de acción del Ministerio Público, manifestó que debe terminarse con las limitaciones que le dan exclusividad de la acción penal al Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía Nacional Económica, Aduanas y el Servicio Electoral. Es decir, pidió que los delitos tributarios, económicos, aduaneros y electorales puedan ser perseguidos autónomamente por la Fiscalía. Hasta ahora, quienes se niegan a esto argumentan que compiten dos intereses distintos: castigar penalmente los delitos o recuperar el dinero defraudado (usualmente vía multas). Como robota me pregunto por qué no podrían lograrse ambas cosas.

También en el ámbito de las competencias, Abbott señaló que era importante fortalecer la relación con las policías, de modo de que el Ministerio Público tenga injerencia en su actuar y pueda solicitar o ejercer acciones disciplinarias cuando no sigan las instrucciones dadas en el marco de las investigaciones.

Por último, Abbott planteó que es necesario crear un organismo autónomo dentro de la Fiscalía que se encargue del control disciplinario, de manera que los fiscales no sean investigados por sus pares.

¿Hubo reacciones?
El jueves asistieron a la comisión representantes de la Asociación Nacional de Fiscales y de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, que expresaron una posición más crítica que la de Abbott.

Pidieron disminuir las potestades del Fiscal Nacional, cambiar los mecanismos de nombramientos de fiscales y establecer prioridades para la persecución penal, pues aseguran que se pierde mucho tiempo y recursos en perseguir “delitos de bagatela” sin mayor connotación social y hurtos en retail, cuando las verdaderas prioridades son crimen organizado, narcotráfico y corrupción.

Los funcionarios acusaron que existe un problema más profundo respecto a los “cargos de confianza”, acusando que falta control en los procesos de selección y que hay personas sin competencias adecuadas tomando decisiones estratégicas. No profundizaron mucho al respecto, por tiempo, pero dijeron que era una verdad incómoda y dañina de la que nadie hablaba. La funcionaria Paulina Ruiz aseguró que “el Ministerio Público se salió de control” y que hay uso de “potestades faraónicas” que ameritan que la institución sea reformulada.

¿Algo más? ➕
Sí. Hubo órganos como la Defensoría Penal Pública y la Defensoría de la Niñez que pidieron lo que el resto ya tiene: autonomía con rango constitucional.

¿Y ya condenaron la violencia?
Hay dos propuestas. Una la presentaron 20 convencionales de derecha (18 de ellos de los tres grupos más duros y dos de centroderecha), y otra la patrocinan 47 convencionales, especialmente de Independientes por una Nueva Constitución (ex Independientes No Neutrales), el Frente Amplio y el Colectivo Socialista, pero que también sumó firmas de convencionales de los pueblos originarios y de tres constituyentes de centro derecha: Manuel Ossandón, Luciano Silva y Paulina Veloso.

¿Qué dice cada propuesta?
En lo sustancial, la propuesta de la derecha dice: “Vivir en un Estado de Derecho, esencialmente democrático, nos obliga a expresar nuestras opiniones y creencias de forma pacífica, con pleno respeto de los derechos de quienes integran nuestra comunidad, de manera tal que debe excluirse toda acción violenta, esencialmente ilegítima, como mecanismo válido de expresión de dichas ideas. En razón de lo anterior, esta Convención Constitucional condena todo tipo de violencia como forma de expresión política”.

Mientras, la centro-izquierda hizo una definición más amplia: “La violencia se manifiesta de muchas formas en Chile: la violencia estatal expresada en las graves violaciones a los derechos humanos de las que hemos sido testigos en los últimos años, las distintas formas de violencia estructural de las que son víctimas los pueblos originarios, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las disidencias sexogenéricas, las personas más vulnerables, la violencia como estrategia de acción política y la delincuencia, entre muchas otras. Todas ellas deben ser enfrentadas con la mayor decisión. La Convención Constitucional condena todas las formas de violencia, y está convencida que la violencia no es el camino para superar la crisis política y social que vive nuestro país”.

¿Votaron? ️
No alcanzaron y lo más probable es que el pleno de la CC retome el tema a fines de noviembre. Como robota sensible frente al tema, me llamó la atención que la derecha pidiera votar sin que hubiese habido suficiente deliberación (en el Pleno alcanzaron a referirse al tema un par de convencionales). Por lo mismo, hubo constituyentes que acusaron un uso electoral cuando queda poco más de una semana para las elecciones. Por último, hay constituyentes que buscan acordar una sola declaración que interprete a la CC en su conjunto y dé una señal contundente sobre el tema. Soñar no cuesta nada.

Fuente: https://www.ciperchile.cl/2021/11/12/🤖-hablemos-sobre-autonomia-quien-manda-a-quien/