Destacado Se investiga fraude al Fisco: la desconocida incautación del computador de exjefe de Educación

Se investiga fraude al Fisco: la desconocida incautación del computador de exjefe de Educación de Hassler

La acción, efectuada por funcionarios de la PDI, es por una causa penal que se abrió tras una querella presentada por la administración de Mario Desbordes. El caso incluye contratos sin respaldo, pagos improcedentes y proyecciones presupuestarias infladas que habrían generado un daño millonario.

21 de Julio del 2021/ SANTIAGO Rodrigo Roco, director de educación en la comuna de santiago, posa para entrevista de la tercera FOTO: LUIS ENRIQUE SEVILLA FAJARDO/ LA TERCERA RODRIGO ROCO FOSSA - DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACION - RETRATOS LUIS EENRIQUE SEVILLA FAJARDO
El pasado 9 de junio, en dependencias de la Dirección de Educación Municipal (DEM) de Santiago -ubicadas en el piso 13 de Teatinos 950-, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) incautaron el computador que utilizó hasta diciembre pasado Rodrigo Roco Fossa, exdirector de Educación de la comuna durante la gestión de la exalcaldesa Irací Hassler (PC). La diligencia se efectuó entre las 10:40 y las 10:55 horas y la entrega del equipo fue realizada por la actual directora de la DEM,Pilar Sazo.

Según información a la que accedió La Tercera, el equipo incautado fue un notebook marca Asus Vivobook modelo D4331, color gris y sin clave de acceso, el que Roco utilizó en funciones oficiales desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 5 de diciembre de 2024.

Según detallan fuentes ligadas al proceso, el procedimiento se enmarca en la investigación penal iniciada a raíz de la querella presentada por la actual administración del alcalde Mario Desbordes (RN), quien busca esclarecer responsabilidades en torno al que describe como un millonario déficit en el área de educación municipal.

Aunque la acción todavía no ha sido notificada al exdirector de la DEM. Incluso, al ser consultado por este medio, Roco afirma en todo caso que “el computador que usaba como director de Educación Municipal está en poder del municipio desde el día en que dejé de ser director”.


Frente a la incautación en sí, el exdirector sostuvo que “todos los funcionarios públicos somos/son sujeto de fiscalización por parte de todas las instancias que corresponda (Superintendencia, Contraloría, Ministerio Público, etc.), y está muy bien que así sea; sin embargo, me parece que esta acción legal no tiene ningún sustento real. La falta de gestión del alcalde, en educación y también en otras áreas, es lo que a mi juicio está detrás de esta acción“.

La acción judicial fue interpuesta ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y apunta a la existencia de un presunto delito de fraude al Fisco. La denuncia detalla que al asumir el nuevo gobierno comunal en diciembre de 2024 se estimaba un saldo de caja en Educación de $1.300 millones.

Sin embargo, tras aplicar la metodología exigida por Contraloría, la cifra real era negativa: –$508 millones. El déficit proyectado por la actual administración supera los $1.800 millones, más del 10% del total del aporte municipal anual al área educativa, incluso tras un aporte extraordinario de $6.180 millones a fines del año pasado.

De acuerdo con la querella, la diferencia se explicaría por una combinación de gastos subestimados e ingresos sobreestimados. Las áreas más críticas serían las contrataciones de personal, el pago de arriendos y la recaudación de ingresos.


Uno de los puntos más graves detectados por el actual municipio es la existencia de 4.646 contratos de personal docente y asistente de la educación entre 2022 y 2024 que no fueron formalizados administrativamente. Esto obligó a la actual administración, según dice, a regularizar retroactivamente dichos vínculos laborales.

En concreto, señalan que el gasto real en remuneraciones ascendió a $21.360 millones, mientras que en el presupuesto solo se habían considerado $12.235 millones, lo que implica un incremento del 74,58%. Además, parte de esos contratos correspondían a funcionarios que ya no estaban prestando servicios, lo que -a juicio del municipio- complica la verificación efectiva de los servicios supuestamente prestados.

La querella también denuncia pagos por arriendos de inmuebles que no estaban en uso o carecían de contrato vigente. Uno de los casos más emblemáticos es el del Liceo Miguel de Cervantes, cuyo edificio original fue declarado inviable tras el terremoto de 2010, pero cuyo arriendo se mantuvo en pago hasta 2024 por un valor mensual de $5.296.000. En paralelo, se arrendaba un segundo inmueble para el funcionamiento efectivo del liceo.


También se menciona el arriendo de las oficinas centrales de la DEM en Teatinos 950, el cual siguió pagándose incluso después de la expiración del contrato en marzo de 2024. Esto generó pagos que el municipio califica como “ilegales” por al menos cinco meses, acumulando una deuda de $45 millones.

En cuanto a ingresos sobreestimados, la querella detalla que se proyectó recuperar $733 millones por licencias médicas rechazadas, pero solo se recaudaron $44 millones. Además, la falta de gestión arriesga la prescripción de más de $493 millones correspondientes a los años 2019 y 2020. A esto se suma la baja recaudación por concepto de quioscos escolares: de los $60 millones presupuestados para 2024, apenas se ingresaron $17 millones, y hay una deuda acumulada de $44 millones por parte de los concesionarios.

La querella no individualiza imputados, pero solicita que el Ministerio Público investigue penalmente a Irací Hassler y a Rodrigo Roco, además de citar como testigos a otras cuatro exautoridades técnicas del área. También se pide que la Brigada de Delitos Económicos de la PDI realice una investigación amplia.

Desde la administración de Desbordes afirman que lo denunciado constituye una posible “gestión desleal del patrimonio público”, en contravención del deber de probidad, y podría configurar un fraude al Fisco conforme al artículo 239 del Código Penal.

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