Refichaje ilegítimo de partidos: el blanqueo de la corrupción política que nadie quiere tocar

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Hace algunas semanas, la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, se refirió a las denuncias que vinculan a militantes del Partido Socialista (PS) con narcotraficantes en la comuna de San Ramón, municipio de la zona sur metropolitana. Sus palabras generaron polémica y el congelamiento de las relaciones entre el gobierno y el PS, cuyos parlamentarios se negaron a recibir a autoridades del Ejecutivo en las comisiones legislativas. Como ocurre habitualmente, la prensa le ha dado más importancia a estas escaramuzas políticas menores, a este quiebre de nivel colegial entre la Moneda y el Partido Socialista, que al verdadero y gravísimo problema que subyace detrás de estas denuncias sobre lo que ocurre en San Ramón: el refichaje ilegítimo de los partidos y, por consiguiente, la ilegitimidad del sistema político chileno.

El problema real del PS en San Ramón es un padrón de militantes a todas luces abultado: los 3.965 militantes que tiene en esa comuna equivalen al 19% del padrón nacional total del partido. La ilegal normativa que reguló el reciente proceso de refichaje de los militantes de partidos políticos fue el caldo de cultivo ideal para que en San Ramón se inscribiera a cualquier persona que se beneficie –o aspire a beneficiarse– del clientelismo desarrollado por las autoridades de la comuna. Pero eso es algo que no afecta solo al PS, sino al conjunto de los partidos políticos que operan en Chile.

¿Sabía usted que el Servicio Electoral (Servel) determinó que los partidos podían refichar a sus antiguos militantes enviando solo una fotocopia de Carné de Identidad del supuesto interesado por correo electrónico? Esto, a pesar de que las normas originalmente establecían que el refichaje debía hacerse por medio de dos mecanismos bastante más complejos y seguros:

• Validándose una clave única por cada militante (la de ChileAtiende).
• Mediante la intervención de un ministro de fe.

Estas dos fórmulas permiten certificar el proceso mediante un criterio de verificabilidad, algo que exigen las autoridades electorales de los países democráticos serios. Pero en Chile alguien decidió que no se haría así, sino con una fotocopia enviada por correo, porque los partidos corrían riesgo de no alcanzar a cumplir sus metas de refichaje si se seguía esta dura normativa nueva. Esa persona es el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, quien al mismo tiempo es militante DC y que, con su decisión, le ahorró el problema a su partido –y a todos los demás– para que resultara más fácil el proceso de refichaje.

¿Y por qué los partidos estaban obligados al refichaje? Entre 2014 y 2018 conocimos en detalle el gran escándalo del financiamiento ilegal de la política a través de boletas y facturas falsas, del que se benefició desde la UDI hasta la campaña presidencial de Michelle Bachelet. En medio de esa polémica, en 2015 el segundo gobierno de Bachelet creó una comisión encabezada por el economista Eduardo Engel para que elaborara un conjunto de normas contra la corrupción política. La llamada Comisión Engel resolvió que, para evitar que los partidos se corrompieran buscando financiamiento entre empresarios del mundo privado, era mejor que contaran con financiamiento público. Para acceder a esos recursos públicos, las colectividades debían iniciar un proceso de “refichaje” de sus militantes, para limpiar y ordenar sus padrones, como una forma de pasar la prueba de la confianza ciudadana después de todos los casos de corrupción que se habían conocido (Penta, SQM, Corpesca, etc.).

El 14 de abril de 2016 se dictó la ley que estableció un plazo de un año, hasta abril de 2017, para que los partidos reficharan a sus miembros. Si no cumplían con este trámite quedarían obsoletos, sin poder actuar como patrocinadores de candidatos presidenciales o parlamentarios y sin acceso al financiamiento con fondos públicos.

La exigencia que originalmente impuso cumplir con un criterio “verificable” (clave única o ministro de fe) puso a los partidos en la agonía. Avanzaba el plazo y no podrían cumplir. Así, de manera transversal, dirigentes de izquierda a derecha comenzaron a presionar primero por una “ley corta” –es decir, un traje a la medida– que les evitara aquel riguroso requisito. Luego, pasaron a otra estrategia: presionar al Servel. El Servicio Electoral es un organismo definido por ley como autónomo, precisamente para que pueda oficiar como árbitro garante. Pero esta vez el árbitro comenzó a ser presionado por los jugadores que estaban perdiendo el partido y quedando fuera de la liga que repartiría alrededor de $7 mil millones por año para financiar a los partidos.

El árbitro decidió, entonces, cambiar las tarjetas amarillas y rojas por una verde, para dejar que los jugadores pudiesen hacer trampa. ¿Qué trampa?… refichar a los militantes de forma ilegítima.

Recordemos que la ley inicialmente exigía “clave única” o “ministro de fe”, pero el organismo que preside Patricio Santamaría argumentó que la norma obligaba a utilizar “medios electrónicos”, por lo que a juicio del Servel bastaba con una fotocopia enviada por e-mail para cumplir con ese criterio.

El objetivo de la “clave única” o “ministro de fe” era establecer un sistema verificable, por medio de mecanismos seguros y confiables. Solo los medios electrónicos que cumplan con esas características pueden ser considerados legales. Y esto es muy simple: una fotocopia adjunta a un correo no garantiza de manera sistémica la verificación de los datos. Para que me entienda, no hay banco en el mundo que verifique identidad solo de esta forma para entregar dinero. Pero al Servel le basta esta fórmula para abrir a los partidos la bóveda de los recursos públicos.

Siguiendo con el ejemplo del PS y San Ramón, con una norma tan laxa –fotocopia por correo– un adversario de un partido político podría conseguirse una nómina de personas procesadas o condenadas por narcotráfico (o cualquier otro delito) en los últimos años y reinscribirlas como militantes de la colectividad que desea perjudicar. ¿Quién puede certificar que las personas inscritas por esta vía realmente hicieron el trámite o que sus nombres fueron usados por un tercero sin autorización?

Lo más grave de todo esto es que hoy están sentados en la Cámara de Diputados y en el Senado, personas que representan a partidos que no debiesen tener existencia legal. En síntesis, nuestro sistema político y legislativo es ilegítimo. Pero oficialismo y oposición están envueltos en esto, gozando de los privilegios que les otorga esta farsa. Por lo mismo, son las organizaciones sociales las que deben impulsar la denuncia y corrección.

Son cada vez más los movimientos y comunidades que están acusando esta situación, aunque lo hacen marginalmente, tratando de romper el cerco mediático de una prensa que ha amparado este escándalo. Hace algunas semanas, por ejemplo, al presentar los resultados del plebiscito contra el TPP-11 y al hacer una crítica a la UDI, la activista Patricia Núñez abordó el tema de los refichajes ilegítimos. Agrupaciones territoriales, la Cumbre Pluricultural de Movimientos Sociales, el Consejo Ciudadano Nacional e Indignados Chile, también han tocado esta materia. Usted puede ver aquí más información sobre pronunciamientos públicos relacionados con esta denuncia.

Los medios de prensa que aún tengan algún aire ético que respirar tendrán que asumir la comunicación de este importantísimo tema, si quieren en verdad aportar al debate político en Chile sin ser simples títeres de las dirigencias políticas.

Fuente

*El artículo es de hace un año, pero dado que el tema sigue vigente (hasta donde sé; de lo contrario, que alguien, por favor, aporte más información), y dado que no encuentro hilos respecto del mismo, he decidido crearlo (al menos para dejarlo como constancia, en caso de no desaparecer).

 

REFICHAJES ILEGÍTIMOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS​

¿Sabías que el actual Presidente de la República fue elegido de manera fraudulenta? ​

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Si, así es. Al igual que la mayoría de los parlamentarios actuales. Un fraude del que todos los partidos políticos y la gran mayoría de los medios de comunicación son cómplices.

El año 2017 hubo en Chile un Golpe de Estado Blando, ejecutado por los Partidos Políticos, que estuvieron a punto de desaparecer. Éstos al no lograr refichar a sus militantes, por los mecanismos legales para ello (firma ante notario o vía clave única), presionaron al Servicio Electoral, para refichar ilegalmente, mediante la fotocopia del carnet de identidad. Así fue como inscribieron a gente que ya no tenía intención de militar, o que incluso habían fallecido.
Todo comenzó el año 2014, cuando se destaparon los casos de financiamiento ilegal de campañas políticas, a través de boletas falsas, vinculados a los casos PENTA y SQM, en los que se vieron involucrados Partidos Políticos tanto de Derecha como de Izquierda.

En ese contexto fue que el año 2015, bajo el segundo gobierno de Bachelet, nace el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, más conocido como Comisión Engel. Con el objetivo de diseñar y proponer un marco institucional que regule los negocios y las actividades políticas.

El 28 de abril de 2016, Bachelet promulga con bombos y platillos dos leyes: La Ley de Partidos que convierte estas colectividades en entidades jurídicas de derecho público. Y la Ley de fortalecimiento y transparencia de la democracia, que prohíbe los aportes de personas jurídicas o empresas. Como contraparte, los partidos recibirán un financiamiento estatal de $6 mil millones, mientras estén legalmente constituidos y cumplan con las exigencias de refichaje y transparencia. El requisito, afirmó la presidenta, era la reinscripción total de los militantes de los partidos para “sincerar los registros” en un plazo inicial de un año desde dictada la norma.

Aca puedes revisar el manual de reinscripcion de afiliados a partidos politicos:
https://www.servel.cl/wp-content/up...ripcion_de_afiliados_a_partidos_politicos.pdf

Ocurrió entonces que ninguna de las coaliciones logró cumplir con las exigencias establecidas en la nueva ley de fortalecimiento de la democracia para poder seguir existiendo. En enero de 2017 faltaban solo 3 meses para que expirara el plazo para cumplir con la exigencia legal de constituir un nuevo padrón, los partidos políticos estaban desesperados, ya que no había logrado refichar ni un tercio de la meta, y presionaron al SERVEL, faltando a la Ley que dispone su autonomía. Aqui la Contraloría General de la República también faltó a su deber fiscalizador.

El 31 de enero de 2017 se permitió el refichaje electrónico, que consistió en el envío de la fotocopia del carnet por vía email al Servel. Faltando a la Ley 20.915 que los mismos parlamentarios habían aprobado en el congreso.

Fue así como los partidos en menos de un mes lograron lo que no habían conseguido durante un año. Enviando solo fotocopia de carnet, los partidos políticos cometieron este fraude, refichando a miles de chilenos que ya no tenían la menor intención en militar en partidos políticos, o que incluso habían fallecido hacía años, consiguiendo millonarias cifras para su financiamiento y elevando candidaturas que terminaron con Autoridades ilegítimas, así es como muchos Parlamentarios electos el 2018, e incluso el mismo Presidente Piñera, son totalmente ilegítimos, y todas las decisiones que han tomado deberían ser Derogadas.

Los medios de comunicación han sido cómplices de este fraude, el cual ha sido denunciado solo por unos pocos, incluyendo a la Abogada y ex candidata presidencial Carola Canelo, que interpuso una demanda contra el Servel, Recurso que fue rechazado por la Corte de Apelaciones. El Psicólogo Javier Calzada Montealegre, Gino Lorenzini de Felices y Forrados, Jorge Zamora, investigador y promotor de la Democracia Directa, y La Cumbre Plurinacional de Movimientos y Territorios Apartidistas, a la cual adhiere el Movimiento Conciencia Ciudadana.

Mientras que todos los partidos políticos, incluso los partidos nuevos, el Frente Amplio y el PC, todos ellos HACEN LA VISTA GORDA, demostrado COMPLICIDAD, y que todos sirven a la OLIGARQUIA CHILENA.

El FRAUDE político del SIGLO quita toda legitimidad al PLEBISCITO del 25 de octubre 2020
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