Destacado sindicato del Conservador de Santiago admite pago a asesores con influencia en el Congreso

Radio Bío Bío accedió a un audio revelador donde Maggie Bustos, presidenta del Sindicato N°2 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, admite —a fines de marzo, previo a su salida— la contratación de asesores con vínculos en el Congreso para frenar el proyecto que busca dividir dicha entidad. En el registro también reconoce que se paralizó, por instrucción, la inscripción de la compraventa de la ex Clínica Sierra Bella. Las declaraciones exponen vínculos con estudios jurídicos e incluso posibles pagos realizados por fuera del sistema tributario, mientras que los aludidos niegan que se haya hecho algo irregular y defienden su “legítimo derecho a contar con asesoría legal”.


Horas clave vive en el Congreso el proyecto de reforma al sistema registral y notarial de Chile. Se trata de una iniciativa del Ejecutivo, presentada hace siete años, que busca modernizar, transparentar y limitar la discrecionalidad en el nombramiento, fiscalización y operación de notarios, conservadores y archiveros judiciales. El proyecto está ad portas de convertirse en ley, pero enfrenta una fuerte resistencia desde el interior de los propios registros.
No es un misterio: el sistema actual ha sido objeto de severos cuestionamientos. El mecanismo de nombramientos ha derivado, en la práctica, en beneficios para familiares de jueces y políticos, con sueldos millonarios. A ello se suma el modelo laboral de notarías, conservadores y archiveros, donde el personal está regido por el Código del Trabajo, y no por el Estatuto Administrativo. Esto ha permitido contrataciones arbitrarias, sin concursos ni control efectivo, consolidando redes familiares en oficinas estratégicas como el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS).
En este contexto, de aprobarse el proyecto, el Conservador de Santiago sería uno de los más impactados, ya que se dividiría en cuatro registros distintos. A la luz de los hechos, esto mantiene en pie de guerra a los trabajadores, quienes —según han declarado— temen perder sus empleos y, aparentemente, sería la base de la ofensiva con tintes de posible delitos.
Actualmente, el Conservador cuenta con tres titulares en una sola entidad: Luis Maldonado Croquevielle (80), a cargo del Registro de Propiedad y Comercio desde 1997; Kamel Saquel Zaror (89), responsable del Registro de Interdicciones desde 1998; y Carlos Miranda (58), designado por el Presidente Boric en 2022, quien lidera el Registro de Hipotecas. Los tres se reparten equitativamente el 23% de los ingresos totales del conservador, cifra que puede superar los $150 millones mensuales para cada uno. El 77% restante va a los funcionarios sindicalizados, formando un pozo millonario que otorga poder, lealtades y capacidad de lobby.
Radio Bío Bío accedió a un audio grabado a fines de marzo en una reunión del Sindicato N°2 –uno de los dos gremios que conviven en el CBRS– liderada por Maggie Bustos, la entonces presidenta de aquel sindicato e hijastra del ministro de la Corte Suprema Mario Carroza, junto al técnico jurídico y tesorero de la misma organización, Diego Arriagada. En la grabación, ambos, ad portas de entregar sus cargos, admiten haber contratado asesorías jurídicas con vínculos políticos para influir directamente en el Congreso y frenar el avance del proyecto de ley.
Escucha los audios de la reunión:
Bustos lo afirma sin reparos: “Quiero ser transparente en esto: desde la huelga estamos trabajando unidos por el tema legislativo. Estamos pagando a medias asesorías jurídicas con dos estudios jurídicos diferentes, donde cada uno trabaja con asesores políticos de diferentes bancadas”.
Agregó: “Hemos acercado toda nuestra problemática a la no división de Santiago, ponerle más trabas a esto, con una perspectiva no solo laboral, sino también respecto a los usuarios, a las discusiones, a la protección”.
Pero eso no es todo. En el mismo audio, Bustos y Arriagada reconocen haber pagado a un abogado por fuera del sistema tributario, es decir, supuestamente sin respaldo contable, y con registros limitados a correos electrónicos.
La interacción entre ambos en dicha reunión se dio cuando el primero explicaba cómo estaban pagando a al jurista Sergio Morales, asesor permanente de temas internos del sindicato:
“Yo digo que, increíblemente, no es 300 mil pesos” —interrumpe Bustos— “es 300 mil pesos mensuales”. Retoma Arriagada: “Eso está conversado y pactado, como se hizo antes con Cristian Meliz, un abogado que trabajaba en la directiva que también integró Mauricio. Siempre fue pactado. No hay boleta detrás. Solo quiero transparentar eso, ya que lo hace más fácil para él y para nosotros. Es la forma en que lo pactamos hoy”.
Bustos complementa: “Pero sí hay emails de respaldo, donde se le pide asesoría, él fija el monto y nosotros aceptamos. Este traspaso va a ser completamente transparente. Cuando se elija la nueva directiva, habrá entrega formal con carpeta de tesorería. Yo, como presidenta, voy a entregar todo lo que tenemos”.
Además, Bustos detalló que se paralizó aparentemente de forma intencional la inscripción de la ex Clínica Sierra Bella. “En el caso Sierra Bella —por mucho que sepamos internamente cómo fue que se paralizó o no, y que en definitiva se paró esa inscripción— eso no fue por bolitas de dulce”.
En la misma reunión, también se refirió a la posible inscripción de la casa del expresidente Salvador Allende. Afirmó que, al igual que en el caso Sierra Bella, se instruyó a la sala que cualquier movimiento debía ser visado directamente por Luis Maldonado y el oficial primero, Francisco Barriga. “Si no, tampoco se podía dar curso”, sostuvo, reconociendo que se reciben instrucciones directas que contravienen el carácter técnico y no deliberativo que debe tener el cargo.
Escenario legal
Si bien un sindicato puede contratar asesorías legales y comunicacionales —lo que está permitido por ley—, la contratación de estudios jurídicos con vínculos directos con asesores parlamentarios, e incluso con diputados o senadores, podría configurar delitos como tráfico de influencias, cohecho o negociación incompatible, según explicaron abogados penalistas consultados por Radio Bío Bío.
Toda gestión destinada a frenar o modificar un proyecto de ley, como en este caso la división del Conservador de Santiago, debe realizarse de forma transparente y registrarse conforme a lo establecido en la Ley de Lobby, en ningún caso pagando vía estudios jurídicos asesores que son escuchados por parlamentarios.
Por otra parte, si se acredita que existió una concertación irregular solicitada por terceros para no inscribir la ex Clínica Sierra Bella, el Conservador de Santiago podría haber incurrido en denegación de servicio e incluso en prevaricación administrativa, al tratarse de un órgano auxiliar de justicia que habría sobrepasado las facultades expresamente otorgadas por la ley al CBRS.
En tanto, parte de lo que ocurre puertas adentro del CBRS debería ser analizado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, José Pablo Rodríguez, que está para el año 2025 como ministro visitador de dicho oficio.
Respuestas involucrados
Consultados por Radio Bío Bío, desde el Conservador de Bienes Raíces de Santiago señalaron que no se referirán al tema, por tratarse de asuntos autónomos del sindicato. Añadieron que no existe ninguna denuncia interpuesta ni tienen conocimiento de la eventual comisión de algún tipo de delito.
Quienes sí respondieron parte de las consultas fueron los protagonistas del audio: Maggie Bustos y Diego Arriagada, quienes —hasta el 11 de abril— encabezaron la directiva del Sindicato N°2. Ambos anunciaron que evalúan presentar acciones legales por la grabación y difusión del audio, ya que —según plantean— ello constituye una vulneración al derecho a la libertad sindical.
Respecto a la asesoría del abogado Sergio Morales, y frente a lo indicado en el audio sobre que —por comodidad de las partes— se habría acordado un pago sin respaldo tributario, afirmaron:
“La asesoría se ha realizado mensualmente con el acuerdo de emitir una sola boleta de honorarios al final de los servicios, los cuales aún no han concluido porque existen juicios pendientes de resolución”.
Sobre las asesorías jurídicas vinculadas al proyecto legislativo en trámite, los integrantes del CBRS sostuvieron que tienen el legítimo derecho a contar con representación legal en materias que afectan directamente a los trabajadores, como es la tramitación de leyes.
“Efectivamente, existen asesorías para hacer seguimiento del proyecto de ley y visualizar los impactos que esto puede acarrear a los más de 500 trabajadores del CBRS. Esto es absolutamente legítimo, porque el proyecto atenta contra la estabilidad laboral de quienes trabajamos en el Conservador de Bienes Raíces. Así lo hemos manifestado de forma transparente cada vez que hemos sido invitados al Congreso. La modalidad de pago y contratación de nuestros asesores jurídicos es parte de la relación abogado-cliente, vínculo protegido por ley, lo cual no puede ser desconocido por este medio”.
Añadieron que “todas las asesorías están debidamente documentadas” y que no pueden revelar más información, ya que su contenido es sensible y estratégico para sus socios, especialmente considerando que aún existe una causa pendiente por prácticas antisindicales.
Respecto al caso Sierra Bella, y sin confirmar si existió una instrucción directa para impedir su inscripción —como se sugiere en el audio con la frase “eso no fue por bolitas de dulce”— respondieron:
“Es una obligación legal de los conservadores impedir el acceso de actos nulos al registro. En este caso, se detectaron vicios que anulaban absolutamente la escritura, por lo que se cumplió con el mandato legal. Es justamente eso lo que da estabilidad al sistema: que los actos impugnables sean saneados antes de ser registrados”.
“La parte afectada siempre puede subsanar los vicios del acto, y una vez corregido, ingresar al registro. Si no se está de acuerdo con el criterio del conservador, la última palabra la tiene el juez competente”, complementaron.
Al consultar a los involucrados respecto de cuáles son los estudios jurídicos contratados, negaron entregar la información por temas de confidencialidad
Por su parte desde el Sindicato N°1 descartaron cualquier imputación sobre presiones a congresistas y pagos a parlamentarios. “Somos un sindicato de trabajadores, nuestra defensa es y será siempre nuestros acuerdos colectivos vigentes, nuestros derechos legítimamente ganados, beneficios y remuneraciones. Esto es un acto de desprestigio a nuestra labor sindical y es en respuesta a nuestra preocupación sobre conflictos de intereses de quién preside la comisión mixta”.
Respecto a sus pagos, el abogado Sergio Morales explicó a Radio Bío Bío que no se le ha realizado boleta mensualmente por un tema de simplificación de gastos, y que se le hará una sola boleta por el total cuando terminen las causas sobre las que se encuentra trabajando y que aún están vigentes en tribunales, práctica común en abogados, indicó.
¿Técnico o deliberativo?
Ante la duda sobre el rol que cumplen los Conservadores de Bienes Raíces —particularmente si pueden pronunciarse sobre vicios relacionados al precio de una compraventa, como la lesión enorme, u otros defectos que deben ser declarados por tribunales civiles— Radio Bío Bío conversó con abogados especialistas en la materia, con el objetivo de esclarecer si su función es deliberativa o meramente técnica y registral.
José Luis Herrera García, abogado civil de la Universidad de Chile, comentó que “el conservador de bienes raíces no es un órgano deliberativo. Es el encargado de llevar el sistema registral de su jurisdicción, de acuerdo con la ley y el reglamento que establece sus funciones. Sin perjuicio de que puede negarse a inscribir un bien raíz, una prohibición de enajenar u otra limitación al dominio, siempre que entregue fundamentos claros, su función es mucho más técnica que deliberativa”.
Aclaró que “no puede tomar decisiones como un tribunal, ya que no tiene una función jurisdiccional. Los tribunales de justicia son un poder del Estado independiente del Ejecutivo y del Legislativo, mientras que el conservador de bienes raíces es un órgano encargado de llevar los registros de propiedad, hipotecas y gravámenes, comercio, aguas, entre otros, dentro de su jurisdicción”.
Por su parte, el abogado Felipe Nazar Massuh señaló que el rol del conservador “es eminentemente técnico y su actuar debe ajustarse a la ley y al respectivo reglamento. Se trata de funcionarios auxiliares de la administración de justicia y, conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico de Tribunales, tienen además la calidad de ministros de fe”.
Agregó que su rol técnico “los obliga a inscribir en el respectivo registro los títulos que se les presentan, en el más breve plazo posible”.
No obstante, explicó que el reglamento que los regula —en sus artículos 13 y 14— establece la posibilidad de negarse a realizar una inscripción “en caso de que esta sea legalmente inadmisible, tenga defectos formales o si del título aparece de forma manifiesta un vicio o defecto. Es decir, la negativa puede fundarse, tal como lo ha reconocido nuestra jurisprudencia mayoritaria, en aspectos formales (muchas veces subsanables) o en aspectos de fondo evidentes que provoquen una nulidad mayor, como la nulidad absoluta. No puede, en cambio, el conservador negar la inscripción pretextando el mérito de aspectos de fondo no evidentes en el título, sin perjuicio de los derechos de las partes o potenciales afectados para efectuar las reclamaciones ante el tribunal correspondiente”.
Finalmente, Rosa Rojas Cabello, directora del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales, afirmó que los conservadores “cumplen múltiples roles. No solo son custodios de la historia jurídica de un inmueble, sino que también cumplen una importante labor en la seguridad del mercado inmobiliario, otorgando confianza de que los actos inscritos están libres de vicios y se mantendrán estables una vez que nazcan a la vida del derecho”.
Según explicó Rojas, “el conservador cumple claramente una función técnica. Debe verificar que el acto o contrato esté en condiciones de ingresar al registro correspondiente y minimizar las posibilidades de que esa actuación sea posteriormente impugnada o anulada. Por eso se ha dicho que esta clase de revisión preliminar ayuda a construir lo que se conoce como justicia preventiva, evitando así llegar a juicios posteriores que suelen ser más largos y costosos”.
Agregó que Chile “ocupa el lugar 38 a nivel mundial —de 125 países revisados— y el segundo lugar en Latinoamérica, según el Índice Internacional de Derechos de Propiedad publicado en 2024. En cuanto a lo que se revisa, hay cierta discusión doctrinaria y jurisprudencial”.
Concluyó señalando que “un conservador no actúa como si fuera un tribunal. Lo cierto es que no pueden tomar ese tipo de decisiones. Esta es una cuestión que la mayoría de los conservadores del país tiene bastante clara”. Y precisó: “Cuando se presentan problemas que requieren resolver un punto de derecho o existe algún riesgo para un derecho de propiedad o una posible afectación a terceros, lo que normalmente hacen los conservadores es rechazar la inscripción. Si el acto no ingresa al registro, la parte afectada por esa negativa puede recurrir a un tribunal de la República, para que sea este el que dirima la controversia”.



En audio: sindicato del Conservador de Santiago admite pago a asesores con influencia en el Congreso
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