Bachelet promulgó ley que pone fin al cheque en garantía

FUENTE AGENCIAS

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La Presidenta Michelle Bachelet afirmó este martes que “todo chileno tendrá la seguridad de que su salud estará en primer lugar” al promulgar la ley que prohíbe condicionar la atención de salud al otorgamiento de cheques o dinero en efectivo.
“Todo chileno tendrá la seguridad de que su salud estará en primer lugar, que tiene el derecho a exigir una atención profesional en el sector público y privado y que su obligación de contribuir a su financiamiento según sea el caso no va a ser fruto de coacción o prácticas abusivas”, resaltó la Mandataria.


La nueva normativa modificó la Ley de Isapres y la Ley de Fonasa 18.469 que regula el ejercicio del derecho constitucional a la salud estableciendo en su artículo central que: “En ningún caso se podrá exigir a los beneficiarios de esta ley dinero, cheques u otros instrumentos mercantiles en garantía de pago o condicionar de cualquier otra forma la atención de salud”.

Para garantizar el cumplimiento de la normativa “se requiere de una fuerte y decidida acción de la autoridad pública para que la ley no sea letra muerta”, añadió.
La norma da nuevas atribuciones a la Superintendencia de Salud para que pueda fiscalizar y dar una “sanción oportuna”, aseguró la Jefa de Estado.


Esta ley, cuyo “fundamento es que los medios normales de aseguramiento del pago son suficientes para cumplir el objetivo de que la institución prestadora del servicio reciba justamente lo que corresponde”, explicó Bachelet, se originó en un proyecto de los senadores José Antonio Gómez, Alejandro Navarro, Mariano Ruiz-Esquide y Guido Girardi.
El superintendente de Salud, Manuel Inostroza, informó que las que las clínicas privadas y hospitales públicos que persistan en la exigencia del cheque de garantía para condicionar la atención arriesgan multas de hasta 134 millones de pesos.

“Estas multas pueden ir desde $360.000 hasta $36 millones y en el caso de que una clínica u hospital público reincida puede repetirse hasta por $134 millones”, explicó la autoridad.


Inostroza dijo confiar que se trata de “multas bastante disuasivas, nosotros vamos a fiscalizar mediante el cliente incógnito a fin de corroborar que efectivamente las clínicas y los hospitales públicos estén cumpliendo con esta normativa que lo que busca proteger los derechos de loas personas”.


La autoridad precisó que “la ley contempla además otro tipo de sanciones como por ejemplo que una clínica privada o un hospital público pueda ser eliminada de la acreditación de hospitales o clínicas lo cual le impediría dar prestaciones AUGE, hasta por un año y medio”.


El Superintendente explicó que por la ley de presupuesto se incrementó en 12 personas el personal de la entidad que “ejerce el rol de fiscalización sobre Fonasa e Isapres con más de 250 personas, así que estamos perfectamente habilitados para fiscalizar de Arica a Punta Arenas”.

 

esperemos que se haga justicia no mas